PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2016 SENADO.

por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

El Congreso de Colombia, en virtud del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz,

El Congreso de Colombia, en virtud del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz,

DECRETA:

Artículo 1°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio así:

Artículo transitorio xx. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

Artículo 2°. El presente Acto Legislativo deroga el artículo 4° del Acto Legislativo número 01 de 2016 y rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final.

De los honorables Congresistas,

 

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como es de público conocimiento el 12 de noviembre del presente año se llegó a un nuevo Acuerdo Final entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, luego del resultado de las votaciones del plebiscito del 2 de octubre. Dicho Acuerdo fue firmado el 24 de noviembre del año en curso en la ciudad de Bogotá e incorpora múltiples modificaciones que responden a las propuestas hechas por los distintos sectores que no apoyaron el Acuerdo Final del 24 de agosto de 2016, y que participaron en el amplio proceso deliberativo que condujo al Nuevo Acuerdo Final.

Dentro de las modificaciones se encuentra un nuevo mecanismo para garantizar la seguridad jurídica frente al nuevo Acuerdo alcanzado. En un principio, la fórmula era el reconocimiento del Acuerdo Final como un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3° común a los Convenios de Ginebra y, a partir de esto, la incorporación del Acuerdo Especial en una ley de la República que entraba a hacer parte del bloque de constitucionalidad por mandato del artículo 4° del Acto Legislativo número 01 de 2016. Es decir, se incluía el Acuerdo Final, en su integridad, al bloque de constitucionalidad. El objetivo del mecanismo incorporado en el Acto Legislativo número 01 de 2016 fue avalado por el Congreso de la República, en las discusiones que dieron lugar a dicho Acto Legislativo. Por lo tanto, es claro que la seguridad y estabilidad jurídica del Acuerdo Final no es solamente una propuesta de la Mesa de Conversaciones de La Habana, sino un reconocimiento de la necesidad de que existan elementos jurídicos que permitan consolidar un apuesta de construcción de paz hacia el futuro[1][1].

En el nuevo Acuerdo Final la fórmula varió y se plasmó en el Acuerdo del 7 de noviembre de 2016; si bien se mantiene el reconocimiento del Acuerdo Final como un Acuerdo Especial, este ya no se incorpora al bloque de constitucionalidad en tanto se acordó derogar expresamente el artículo 4° del Acto Legislativo número 01 de 2016 y, por otra parte, se propone un artículo transitorio de la Constitución que reconoce que los contenidos del Acuerdo Final que correspondan a normas de Derecho Internacional Humanitario o Derechos Fundamentales definidos en la Constitución y otros conexos, serán parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, únicamente por los tres periodos presidenciales posteriores. Es decir, se limitó temporalmente de manera expresa la inclusión de una norma constitucional; se restringió el carácter supralegal de los contenidos del Acuerdo, exclusivamente a los que están relacionados con DIH y Derechos Fundamentales; y se logró una fórmula menos compleja pero que, en todo caso, da seguridad jurídica y se constituye como g arantía de cumplimiento de lo acordado. Adicionalmente, se incluyó el deber de todas las autoridades públicas de cumplir de buena fe lo acordado.

Entonces, la derogatoria al artículo 4° del Acto Legislativo número 01 de 2016 implica: i) que el Acuerdo Final como Acuerdo Especial, en los términos del artículo 3° común a los Convenios de Ginebra, ya no se incorporará como ley de República; ii) el Acuerdo Especial no entrará al bloque de constitucionalidad; y en consecuencia, iii) no se incorpora el Acuerdo Final al ordenamiento jurídico colombiano, si no que se garantizarán unas precisas condiciones de estabilidad y seguridad jurídica.

La importancia de garantizar seguridad y estabilidad jurídica a contenidos fundamentales del Acuerdo Final no es menor. Si bien el compromiso adquirido por parte del Gobierno nacional es contundente, también es cierto que la implementación del Acuerdo Final, en tanto que será un proceso de largo alcance, necesita de mayores garantías de estabilidad. Asimismo, en virtud de que varios componentes del Acuerdo requieren desarrollos legales, es necesario que tengan un sustento normativo que los dote de validez jurídica. Adicionalmente, no es suficiente con que se implementen medidas que se señalen como relacionadas con la implementación sino que, deben respetar lo acordado. Por eso es que algunos contenidos del Acuerdo Final deben ser parámetros de interpretación y referente de desarrollo, y el deber de observar y mantenerse en lo acordado, se establece como un mandato expreso no solamente para el Gobierno nacional, si no para otras entidades del Estado, en tanto que la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera se espera que se constituyan como políticas de Estado.

A partir de esta nueva fórmula propuesta en el presente proyecto de Acto Legislativo, se logra armonizar las necesidades de seguridad y estabilidad jurídica, con el respeto por la institucionalidad representada en la Constitución Política. En virtud de las anteriores consideraciones, sometemos al conocimiento del Congreso de la República el presente Proyecto de Acto Legislativo.

De los honorables Congresistas,

 

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SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General (arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 19 del mes de diciembre del año 2016, se radicó en este Despacho el Proyecto de Acto Legislativo número 01, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales, por el Ministerio del Interior, doctor Juan Fernando Cristo.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.



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[1][1]  Gaceta del Congreso número 366 de 2016, 412 de 2016 y 558 de 2016.