PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 204 DE 2015 CÁMARA.

por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua.

El Congreso de Colombia

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º: Modifíquese el artículo 34 de la Constitución Política, el cual quedará así:

Artículo 34. Se prohíben las penas de destierro y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social.

De manera excepcional, se podrá imponer pena de prisión perpetua en los eventos en los que la gravedad del delito lo amerite. En todo caso, la pena será revisable en los términos y condiciones que establezca la ley.

Artículo 2º: El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación.

 

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Objeto del proyecto

Por medio del presente proyecto de acto legislativo, se pretende la supresión de la prohibición de la pena de prisión perpetua, dotando con ello al legislador de una nueva herramienta dentro del abanico de posibilidades que tiene para la elaboración de la política criminal, concretamente en la elaboración y actualización de las penas a imponer a las personas transgresoras de las normas punitivas que se encuentran dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

2. Situación actual y justificación del proyecto

Los recientes acontecimientos como el asesinato de los cuatro menores de edad de la familia Vanegas-Grimaldo; así como los de Luis Alfredo Garavito; Rosa Elvira Cely; Manuel Octavio Bermúdez `El Monstruo de los Cañaduzales¿[1][1]; el peor asesino de la historia del mundo, Pedro Alonso López, `El Monstruo de los Andes¿, culpable de más de 300 muertes[2][2]; Eduardo C. T. con presuntamente alrededor de 52 crímenes contra menores de edad[3][3], entre muchos otros, han generado el total repudio de la sociedad colombiana, así como de los medios de comunicación, donde justificadamente se han alzado las voces de todos los estamentos presentes en nuestro país reclamando justicia, junto con penas ejemplares para este tipo de delincuentes, que no guardan respeto por la integridad y dignidad de las demás personas que conviven junto con ellas en nuestra sociedad. Lo más preocupante de estos casos y lo que más indigna a la población es que muchos de estos delincuentes ya habían estado condenados a prisión, pagando unos pocos años de prisión intramural, y posteriormente dejados en libertad sin lograr una efectiva resocialización, lo que permitió posteriormente la comisión de gran cantidad de delitos.

Es por ello, que siguiendo con nuestra obligación constitucional contenida en el artículo 133 que reza: ¿Los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común¿¿, y cumpliendo con los postulados de la democracia representativa erigida como la principal función de los Congresistas en nuestro país, que nosotros, los representantes del pueblo necesariamente debemos cumplir con el clamor de la población en general que demanda penas más severas para los delitos más graves.

Muestra de ello fue la votación obtenida por la ex Senadora Gilma Jiménez para el periodo 2010-2014, que contó con alrededor de 217.000 votos[4][4], configurados en gran medida como votos de opinión respaldando su principal propuesta que consistía en la pena de prisión perpetua a los responsables de delitos de homicidio doloso, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometidos contra menores de edad.

De la misma manera, en el año 2009 se presentaba ante el Congreso por parte de un comité promotor, referendo para la modificación del artículo 34 de la Constitución, buscando con este la imposición de la pena de prisión perpetua a los responsables de delitos de homicidio doloso, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometidos contra menores de edad. Esta iniciativa ciudadana contó con el respaldo de 1.762.635 ciudadanos. Lastimosamente esta iniciativa fue declarada inconstitucional posteriormente por la Corte Constitucional por vicios de procedimiento en el trámite legislativo, a través de la Sentencia C-397 de 2010.

Consecuentemente, se trae a la casa de la democracia el presente proyecto de acto legislativo, convencidos a cabalidad de que es nuestro deber como representantes del pueblo, abrir el debate nacional en este tema en concreto, buscando con ello, modificar la Constitución Política, para dotar al legislador de un nuevo mecanismo para castigar de una manera más contundente las acciones más reprochables.

Así mismo, reiterar que la iniciativa se presenta debido a las manifestaciones sociales que son de público conocimiento y al clamor general de la población que reclama mayor severidad por parte del Estado en el castigo a los delincuentes.

Los autores de este proyecto de acto legislativo consideramos, que el derecho, como objeto cultural que es, debe responder a las necesidades sociales, por lo que las normas jurídicas deben propender por la adecuación con las realidades sociales, y es evidente, que actualmente la sociedad reclama con ahínco una mayor severidad en el trato a los delincuentes de nuestro país, lo que justifica la eliminación de la prohibición de la pena de prisión perpetua.

3. Análisis jurídico de la iniciativa

De la revisión de las Gacetas de la Asamblea Constituyente, se pudo observar que la restricción o prohibición de la prisión perpetua se previó dentro de nuestra Constitución Política como un principio rector o un principio mínimo del derecho penal, constitucionalizándose en este caso una garantía penal, aspecto que como se podrá observar más adelante, no es una máxima a nivel mundial, ni se trata de un derecho o garantía de las consideradas como fundamentales por las diferentes declaraciones de Derechos Humanos.

Precisamente de la revisión de la Declaración Universal de Derechos Humanos[5][5], así como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica[6][6]), se concluye que en ningún evento se limita o se establece la prohibición de imponer penas de prisión perpetua.

De la misma manera, de la lectura del artículo 77 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, salta a la vista cómo este tipo de medida coercitiva es aceptada a nivel internacional, y no puede ser considerada como una medida que afecte o vaya en contra de la dignidad de las personas.

Artículo 77. Penas aplicables[7][7]

1. La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en el artículo 5° del presente Estatuto una de las penas siguientes:

a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años; o

b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. (Subrayas y negrilla fuera del texto original).

2. Además de la reclusión, la Corte podrá imponer:

a) Una multa con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas de Procedimiento y Prueba;

b) El decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Aunado a lo anterior, se puede observar que ya en el fuero interno de los países, la pena de prisión perpetua es aceptada e implementada por gran cantidad de los mismos, donde se pueden destacar democracias fuertes y estables como lo son los países de Argentina, Canadá, España, Holanda, EE.UU., Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Suiza, Perú y Chile, entre otros.

Ahora bien, una vez analizado el contexto internacional, es preciso resaltar, que a diferencia de las anteriores iniciativas similares tramitadas ante el Congreso, la presente propuesta de supresión de la prohibición de la prisión perpetua en nuestra Constitución Política, es respetuosa de las garantías penales, de la siguiente manera:

¿ Frente al principio de proporcionalidad: En este evento no se está imponiendo una sanción objetiva por determinada conducta, ya que solo se está habilitando la regulación de este tipo de sanción de manera excepcional, atendiendo la gravedad del delito y siempre con revisión de la medida en el término que señale el legislador.

¿ Frente a la función resocializadora de la pena: Al establecer que la medida tendrá que ser revisada en el término que señale el legislador, se está garantizando la función resocializadora de la pena, ya que esa revisión garantizará que en el caso de que se haya logrado la resocialización del individ uo de manera cabal, el mismo pueda ingresar nuevamente a la sociedad rehabilitado plenamente.

Este aspecto se replica de lo contenido en el artículo 77 del Estatuto de Roma, anteriormente enunciado.

¿ Frente a la dignidad humana: Como se puede observar la pena de prisión perpetua es respetuosa de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se encuentra prevista como sanción por parte de la Corte Penal Internacional. Igualmente, la misma se encuentra prevista por gran cantidad de Estados a nivel internacional, por lo que no se estima que esta medida sea violatoria del principio de la dignidad humana.

¿ Frente a una política criminal coherente: Con el proyecto de acto legislativo, no se está imponiendo de manera automática esta clase de pena perpetua, sino que se reitera, solo se está habilitando al legislador, para que de manera excepcional (no aplicará para todos los casos), haga uso de una herramienta viable dentro del abanico de opciones normativas.

Por último, de acuerdo a lo establecido por la honorable Corte Constitucional en Sentencias C-1200 de 2003, C-1040 de 2005, C-970 y 971 de 2004, no se está en presencia de una modificación que tenga tal magnitud o trascendencia, que pueda inferir o degenerar en una posible sustitución de la Constitución, ya que evidentemente, el cambio propuesto frente a la disposición actual, no evidencia una incompatibilidad con los elementos definitorios de la identidad de la Constitución, ni se está reemplazando un elemento definitorio de la misma.

Esta modificación que se plantea, es similar a la realizada por el Acto Legislativo 01 de 1997, donde se modificó el artículo 35 de la Constitución Política, en un sentido similar, ya que se eliminó la prohibición en su momento absoluta de la extradición de nacionales, por lo que los autores de esta iniciativa consideramos que la misma se ajusta a lo establecido por nuestra Constitución Política, así como nuestra honorable Corte Constitucio nal en materia de actos legislativos.

 

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CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL

El día 19 de febrero del año 2015, ha sido presentado en este Despacho, el Proyecto de Acto Legislativo número 204 con su correspondiente exposición de motivos, por los honorables Representantes Efraín Torres Monsalvo, y Ana María Rincón y otros honorables Representantes.

El Secretario General,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.



 



[1][1]        http://www.kienyke.com/historias/manuel-octavio-bermudez-el-monstruo-de-los-canaduzales/

 

[2][2]        http://www.kienyke.com/historias/manuel-octavio-bermudez-el-monstruo-de-los-canaduzales/

 

[3][3]        http://www.elespectador.com/noticias/judicial/un-segundo-garavito-colombia-articulo-543364

 

[4][4]        http://www.kienyke.com/historias/gilma-jimenez-la-senadora-que-si-penso-en-los-ninos/

 

[5][5]        La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en esta se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco de 1945.

 

[6][6]        Convención Americana sobre Derechos Humanos (Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos).

 

[7][7]        Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998.