PROYECTO DE LEY 173 DE 2012 SENADO.

por medio de la cual se dictan disposiciones en materia salarial de los miembros de la Fuerza Pública.

Congreso de la República

Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley busca establecer disposiciones acerca en materia salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo como los pertenecientes a la reserva.

Artículo 2°. Créase una prima de permanencia anual para los miembros del Nivel Ejecutivo y agentes de la Policía Nacional que tengan más de cinco (5) años de servicio continuo, equivalente al diez por ciento (10%) del sueldo básico mensual incrementado en uno (1%) por ciento anual hasta 19 años.

Artículo 3°. La prima de permanencia será otorgada anualmente a los miembros de la Policía de que trata el artículo que precede anualmente luego del cumplimiento de los cinco (5) años de pertenecer a la Institución.

Artículo 4°. El Gobierno Nacional mediante decreto reglamentará los aspectos procedimentales para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 5°. Las disposiciones aquí contenidas referidas a la prima de permanencia aplicarán tanto para los miembros en servicio activo como para los miembros de la reserva y beneficiarios, quienes a partir de la vigencia de la presente ley recibirán los beneficios de la prima de permanencia en sus asignaciones de retiro .

Artículo 6°. El soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más el valor total de la prima de antigüedad.

Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación vigente.

Artículo 7°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Juan Lozano Ramírez,

Senador de la República.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley busca mejorar las condiciones laborales de aquellos miembros de la Policía Nacional que a diario exponen sus vidas por el bien de la comunidad colombiana mediante el otorgamiento de una prima de permanencia que incentiva la constancia de estas personas en favor de la institución y corrige un error de Estado al crear el nivel ejecutivo en la Policía Nacional.

Al respecto, es importante mencionar que dentro de la Policía Nacional existe un elevado nivel de represamiento de ascensos en los niveles ejecutivo y de agentes, lo cual ocasiona crecientes malestares laborales que pueden incidir en la eficacia de la labor policial.

En efecto dentro de las fuerzas armadas existen diferente regímenes laborales para cada fuerza y no obstante que cada una cumple unos fines diferentes para el Estado es cierto que cuando dos colombianos entran al mismo tiempo a una fuerza determinada al cabo de unos años, el que entró en las Fuerzas Militares tiene un mayor rango dentro de su fuerza y un mayor salario. Lo que no solo genera una desigualdad con referencia a las fuerzas armadas de la defensa y seguridad nacional, sino que puede ocasionar un desincentivo en el reclutamiento y permanencia de los colombianos en esta importante institución.

En el último año, se ha venido discutiendo este problema en largas sesiones de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Congreso de la República, se ha citado a todos los integrantes del Gobierno Nacional para tratar de buscar una salida que permita ascender a estos compatriotas que ingresaron a la institución con una meta clara, consistente en que cada vez que va completando años dentro de la institución va acumulando experiencia valiosa para su carrera y con base en ello puede ser ascendido grado a grado, sin embargo se encuentran con una realidad procedimental y es que luego de 10 años o más de estar dentro de la institución su experiencia no la ha valido para mejorar su nivel de vida ni el de su familia.

La imposibilidad del ascenso, viene con agravante aun mayor y es que una persona que se encuentra estancada en un determinado grado policial no tiene posibilidades de ver un incremento real y sustantivo en su salario, luego está condenado a vivir siempre con el mismo salario con el que entró, sin importar, como ya se mencionó su recorrido profesional.

Actualmente y de acuerdo con las cifras dadas por el Ministerio de Defensa Nacional el represamiento de asensos es un problema que afecta a más de ochenta mil (80.000) familias, pues en general los miembros de la Fuerza Pública son cabeza de hogares y responsables de sus hijos o padres. Al respecto, en los últimos diez años a la Policía Nacional ha ingresado más de ciento diecisiete mil (117.000) miembros del nivel ejecutivo, de los cuales ochenta y ocho mil (88.000) son patrulleros. Existe un total de treinta y cinco mil (35.000) asensos, de los cuales catorce mil (14.000) corresponden a patrulleros promovidos.

Después de múltiples debates dados en el seno de la Comisión Segunda y en la Comisión Accidental creada para los problemas salariales y prestacionales de la Fuerza Pública, es necesario concluir que los errores de planificación en los que incurrió el Estado Colombiano a través del Departamento de Planeación Nacional, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Hacienda y la propia Policía Nacional, al momento de crear el nivel ejecutivo deben ser resueltos sin causarles más perjuicios a los miembros de la Institución que han entregado sus vidas y los mejores años de sus carreras a servirle a una Institución que no previó un régimen adecuado de ascensos y una compensación justa para quienes permanecen vistiendo el uniforme de la Policía, arriesgando su vida en cada jornada.

Simple y llanamente no puede volver a suceder, nunca más, que un miembro del nivel ejecutivo ejemplar en el cumplimiento del deber pueda requerir de más de 12 años para ascender al siguiente nivel y tampoco puede repetirse jamás que un hombre que lleva 12 años de tarea abnegada reciba la misma paga de un muchacho recién salido de la escuela. Así mismo esto deberá servir, para racionalizar los ascensos, para hacerlos más justos y menos arbitrios, ¿para respetar la jerarquía? la antigüedad y el mérito.

Consideramos que no puede ser justificable el reposo absoluto de un sueldo mensual, pues esto no sólo contraría la confianza legítima que deposita el colombiano que se enlista en la Policía Na cional al pesar de que tiene posibilidades reales, que a medida que pasa el tiempo pueda ir mejorando su salario que permita mayores posibilidades de sustento a sus familias.

En efecto es entendible de cierto modo la restricción en los ascensos de la Policía Nacional, pero este no debe ser óbice o razón para que el sueldo de los afectados no sea dinámico como es el derecho de cualquier ciudadano en materia laboral.

Por ello, el presente proyecto de ley busca en cierto modo acabar con un vacío, separando las restricciones procedimentales en materia de asensos y en pro de los derechos y expectativas laborales de los miembros de una fuerza a quien el país le debe una gran parte de la prosperidad económica en que se encuentra.

Al respecto es pertinente mencionar que estas disposiciones están encaminadas a garantizar la prevalencia de los derechos personales que tienen los uniformados como sujetos de derechos laborales universalmente reconocidos. Así el artículo 53 de la Constitución Nacional reconoce ampliamente la obligación del legislador de observar en favor de los trabajadores una remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo desarrollado, como garantía de los derechos de la persona.

En el caso de los miembros del nivel ejecutivo es claro que esta norma apunta a que se respete el derecho al salario mínimo vital, como fundamento constitucional. Consideramos que durante los últimos años se ha respetado el derecho al salario básico que garantiza el incremento decretado anualmente por el Gobierno Nacional en virtud del literal d) del artículo 2° de la Ley 278 de 1996, dejando de lado el concepto sobre salario mínimo que implica que el trabajador pueda suplir todas las necesidades básicas.

Así mismo los miembros de la Fuerza Pública realizan una tarea de vital importancia para la seguridad nacional, en consecuencia su trabajo no sólo es considera do de alto riesgo, sino que su desempeño asegura la convivencia pacífica de los colombianos. En virtud a esta particular tarea su salario debe ser muy bien recompensado en comparación con otras muchas profesiones, muy respetadas, pero que no guardan una reciprocidad comparable con la que ejerce la Policía, dado el riesgo que se ejerce día a día sobre su propia humanidad.

La Corte Constitucional en una interpretación razonable de la intención del constituyente de 1991 ha mencionado que la remuneración no sólo debe ser móvil, sino que debe guardar una proporcionalidad con la cantidad y calidad del trabajo desempeñado, así en Sentencia C-1433 de octubre de 2000 con ponencia del doctor Antonio Barrera Carbonell mencionó:

¿Estima la Corte que el ajuste del salario, desde la perspectiva señalada, no corresponde propiamente a su incremento, pues, para que exista un incremento en la remuneración, verdadero y efectivo, se requiere que esta se revise y modifique, aumentándola, luego del ajuste de inflación, teniendo en cuenta los factores reales de carácter socioeconómico que inciden en su determinación y, específicamente, la necesidad de asegurar el mínimo vital y la equivalencia con lo que corresponde al valor del trabajo. Esta equivalencia debe ser real y permanente, conseguirla supone necesariamente mantener actualizado el valor del salario, ajustándolo periódicamente en consonancia con el comportamiento de la inflación, con el fin de contrarrestar la pérdida de su poder adquisitivo, y asegurar que aquél en términos reales conserve su valor¿.

Y en la misma Jurisprudencia dice la Corte:

¿De las normas de la Constitución surge el deber constitucional del Estado de conservar no sólo el poder adquisitivo del salario, sino de asegurar su incremento teniendo en cuenta la necesidad de asegurar a los trabajadores ingresos acordes con la naturaleza y el valor propio de su trabajo y que les permitan asegurar un mínimo vital acorde con los requerimientos de un nivel de vida ajustado a la dignidad y la justici a. En efecto, la exigencia de dicho deber surge:

i) De la necesidad de asegurar un orden social y económico justo (preámbulo);

ii) De la filosofía que inspira el Estado Social de Derecho, fundada en los principios de dignidad humana, solidaridad y de la consagración del trabajo como valor, derecho subjetivo y deber social (artículo 1°);

iii) Del fin que se atribuye al Estado de promover y garantizar la prosperidad y el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (artículos 2°, 334 y 366);

iv) Del principio de igualdad en la formulación y aplicación de la ley (artículo 13);

v) De la necesidad de asegurar la igualdad de oportunidades para todas las personas y la remuneración mínima, vital y móvil (artículo 53);

vi) Del reconocimiento de un tratamiento remuneratorio igual tanto para los trabajadores activos como para los pasivos o pensionados (artículos 48, inciso final y 53, inciso 2°);

vii) Del deber del Estado de intervenir de manera especial para asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos (ar-tículo 334), y

viii) De la prohibición al Gobierno de desmejorar los derechos sociales de los trabajadores, entre los cuales se encuentra naturalmente el salario, durante el estado de emergencia económica, lo cual indica que en tiempo de normalidad mucho menos puede disminuir los referidos derechos¿.

Con la tesis de la Corte transcrita anteriormente, es válido deducir que la Constitución ampara el derecho que tiene todo trabajador a que su salario sea reconocido en condiciones iguales y proporcionales a la labor desempeñada, teniendo como factores importantes para tazar el monto salarial, la jornada de trabajo, las condiciones del mismo y la labor desempeñada.

En el caso de los miembros de la Policía Nacional, es claro como lo mencionamos en líneas precedentes que su labor requiere un mayor riesgo al que normalmente ejerce otro trabajador, no obstante es importante otras particularidades que hacen de la labor policial una práctica más densa y complicada que justifica las normativas aquí planteadas tales como la jornada laboral y el lugar de trabajo. En efecto las jornadas laborales a que están obligados los policías en la práctica implican más de las ocho horas diarias y están sometidos a salirse de su domicilio cuando el servicio lo requiera.

Ahora bien, el proyecto también contempla la reactivación del subsidio familiar para los soldados Profesionales, eliminado por el Gobierno a través de los Ministerios de Defensa, Hacienda y el Departamento de la Función Pública mediante el Decreto 3770 de 2009, que derogó el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.< o:p>

En consecuencia, los Soldados Profesionales no tendrán derecho al Subsidio Familiar, cuestión que no sólo evidencia un desmejoramiento inconstitucional a la luz de las normas de protección laboral que mencionamos anteriormente, sino que representa una iniquidad absoluta, pues hoy por hoy aquellos colombianos que exponen sus cuerpos a las balas de los terroristas, son los únicos trabajadores en Colombia que no tienen un subsidio familiar para sus familias.

Con la disposición pertinente se espera no sólo cumplir con el ordenamiento constitucional colombiano, sino realizar un justo reconocimiento en condiciones de equidad e igualdad laboral a los soldados de nuestra patria.

TRÁMITE LEGISLATIVO

De acuerdo con el numeral 11 del artículo 142 de la Ley 5ª de 1992, el presente proyecto de ley es de iniciativa privativa del Gobierno Nacional, sin embargo al amparo del parágrafo de la misma disposición y con apoyo de la Sentencia número C-256 de 1997 expedida por la Corte Constitucional, cuyo extracto pertinente transcribimos a continuación; presentamos esta iniciativa con la certeza de que dada la relevancia y necesidad de estas disposiciones el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional avalaran la iniciativa:

¿Ciertos asuntos objeto de regulación legal solamente pueden ser sometidos al trámite legislativo si el proyecto de ley correspondiente es presentado por el Gobierno, o coadyuvado por este, en lo que se conoce coma iniciativa privativa del Gobierno. Para la Corte es claro que si una ley relativa a cualquiera de las enunciadas materias se dicta sin haber contado con la iniciativa o anuencia del Gobierno, es inconstitucional, pues la sanción, que es un deber del Presidente de la República no sanea el vicio que afecte al proyecto por razón de su origen. La coadyuvancia admitida por la Corte, para que pueda convalidar lo actuado, debe darse en el curso de los trámites legislativos que se surten en cualquiera de las etapas constitucionales, en comisiones y plenarias de las Cámaras, es decir, antes de que el proyecto pase al Presidente para su sanción y objeción¿.

De los honorables Senadores,

Juan Lozano Ramírez,

Senador de la República.

 

SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes

Bogotá, D. C., 4 de diciembre de 2012

Señor Presidente:

Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 173 de 2012 Senado, por medio de la cual se dictan disposiciones en materia salarial de los miembros de la Fuerza Pública, me permito pasar a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General del honorable Senador Juan Lozano Ramírez. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Séptima Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

 

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 4 de diciembre de 2012

De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el proyecto de ley de la referencia a la Comisión Séptima Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el fin de que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.

Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barreras Montealegre.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.