PROYECTO DE LEY 184 DE 2017 CÁMARA.

por medio de la cual se amplían los Derechos de los directivos y dignatarios de los organismos de acción comunal.

El Congreso de Colombia

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ARTICULADO

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto ampliar los Derechos de los directivos y dignatarios de los organismos de acción comunal contenidos en el artículo 35 de la Ley 743 de 2002.

Artículo 2°. Adiciónese el artículo 35 de la Ley 743 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 35. Derechos de los dignatarios. A más de los que señalen los estatutos, los dignatarios de los organismos de acción comunal tendrán los siguientes derechos:

(...)

b)    Los Distritos y municipios establecerán programas especiales para garantizar el acceso a la seguridad social en salud de los directivos de las Juntas de Acción Comunal.

Parágrafo. El Gobierno nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley, reglamentará el acceso a la seguridad social en salud de los directivos y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal.

c)    Los Distritos y municipios otorgarán a los directivos y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal un descuento del cinco por ciento (5%) en el impuesto predial, adicional a los descuentos aplicables por pronto pago. El descuento será aplicable exclusivamente al inmueble en que resida el dirigente comunal.

El descuento tendrá vigencia durante el tiempo que el directivo o dignatario pertenezca a la Junta Comunal. Los organismos de control y vigilancia remitirán anualmente a las secretarias de hacienda la relación de directivos o dignatarios.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir del momento de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Atentamente,

 

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley tiene por objeto fomentar la participación ciudadana en las Juntas de Acción Comunal, mediante la ampliación de los derechos de los directivos y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal establecidos por el artículo 35 de la Ley 743 de 2002.

El 25 de noviembre de 2018 las Juntas de Acción Comunal cumplirán 60 años de contribuir, mediante la cooperación y la autogestión, a la solución de las necesidades y problemáticas de las comunidades, así como al fortalecimiento y materialización de la democracia participativa en su calidad de organizaciones sociales de base.

Esas organizaciones comunitarias fueron institucionalizadas mediante el artículo 22 de la Ley 19 de 1958, e inicialmente su finalidad se ajustó a lo señalado por el artículo 23 de la misma norma que estableció que el Gobierno fomentaría la cooperación de los vecinos con el objeto de: Aumentar y mejorar los establecimientos de enseñanza y los restaurantes escolares; Aumentar y mejorar los establecimientos de asistencia pública y los restaurantes populares, y difundir prácticas de higiene y prevención contra las enfermedades; Administrar equitativamente las aguas cuyo uso pertenezca a varios riberanos, y establecer adecuados sistemas de riego y drenaje; Mejorar los sistemas de explotación agrícola; Construir viviendas populares y mejorarlas; Construir y mantener carreteras, puentes y caminos vecinales; Organizar cooperativas de producción, de distribución y de consumo; Organizar bolsas de trabajo; y para Fomentar la difusión del deporte y de espectáculos de recreación y cultura.

En el año 2002, en desarrollo de la garantía constitucional del artículo 38 de la Carta Política de 1991, que garantiza el derecho de libre asociación, el Gobierno promulgó la Ley 743 de 2002 para regular el derecho de asociación en lo referente a los organismos de acción comunal, norma que en su artículo Octavo define a las Juntas de Acción Comunal como una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.

La Ley 743 de 2002 reorientó los objetivos de las Juntas de Acción Comunal, entre los que se destacan: la promoción y fortalecimiento en el individuo, del sentido de pertenencia frente a su comunidad, localidad, distrito o municipio a través del ejercicio de la democracia participativa; la creación y desarrollo de procesos de formación para el ejercicio de la democracia; la celebración de contratos con empresas públicas y privadas del orden internacional, nacional, departamental, municipal y local, con el fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales de desarrollo; la creación y desarrollo de procesos económicos de carácter colectivo y solidario para lo cual podrán celebrar contratos de empréstito con entidades nacionales o internacionales; y divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos, fundamentales y del medio ambiente consagrados en la Constitución y la ley.

El artículo 50 de la misma Ley 743 determina la competencia para la vigilancia y control sobre el manejo del patrimonio de los organismos de acción comunal y la posibilidad de instaurar acciones judiciales, administrativas o fiscales. Desde luego que la responsabilidad puede llegar a recaer en los directivos o dignatarios comunales porque no existe ninguna restricción para imponerles sanciones de tipo civil o penal, quienes además de acuerdo con el artículo 9° del Decreto 890 de 2008 pueden ser objeto de las sanciones de suspensión o desafiliación del organismo de acción comunal.

En relación con los derechos o beneficios de los directivos o dignatarios comunales, la Ley 743 de 2002 solo contempla la posibilidad de reconocer gastos de representación para los representantes legales de los organismos de acción comunal, beneficio que en la práctica es inexistente, porque las Juntas de Acción Comunal, en general logran recaudan los fondos suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento, sin importar el estrato socioeconómico al que pertenezca la comunidad.

No hay duda de que el voluntariado comunal constituye una actividad en la que los directivos o dignatarios comunales, bajo su exclusiva responsabilidad, asumen la decisión de prestar un servicio a sus comunidades sin que exista disposición legal o contractual que los obligue. Pero como se reseñó anteriormente, resulta que el Gobierno, se dio a la tarea de regular los objetivos de los organismos de acción comunal y de establecer un completo sistema de vigilancia, inspección y control de las actuaciones de las organizaciones comunales y por consiguiente de sus directivos, lo que además complementó con un régimen sancionatorio, al tiempo que limitó a su mínima expresión los derechos de los directivos y dignatarios, dejando finalmente de lado la creación de estímulos para quienes lideran la actividad comunal cuando precisamente era lo que debería haber desarrollado de manera más amplia en la Ley 743 de 2002 y en el Decreto Reglamentario 890 de 2008, si lo que pretendía era garantizar el libre derecho de asociación amparado por el artículo 38 de la Carta Política.

Las Juntas de Acción Comunal y la actividad comunal no pueden seguir siendo vistas como algo menor, porque ha sido importante su contribución en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la comunidad y su intermediación ante el Estado, que para la satisfacción de necesidades básicas y para el trámite de muchas de sus demandas se debe hacer a través de las juntas de acción comunal como organizaciones que cuentan con su reconocimiento legal y que considera como las más idóneas para canalizar esa relación. (Osorio, 2009)[1][1].

En los casi 60 años de existencia, las juntas de acción comunal pueden mostrar sus logros a lo largo de todo el territorio nacional, que en materia de obras incluye la construcción de vías, escuelas, iglesias, acueductos, igualmente, se resaltan actividades comunales en el campo social en aspectos como el deporte, la educación y la salud, además de su importante contribución a la materialización de la democracia participativa. En general un análisis a fondo de la actividad comunal debe incluir una diversidad de aspectos relacionados con sus objetivos y realizaciones, pero que no tratarán al no ser el objeto específico de este proyecto de ley.

En su lugar, la finalidad del proyecto se centra en el capital humano de las organizaciones comunitarias y en la necesidad de crear estímulos que contribuyan a fomentar la participación ciudadana en las juntas de acción comunal.

Es de público conocimiento que los líderes comunales, en su diario vivir, están sometidos a permanentes peligros y que desde hace años se han convertido en objetivo de la delincuencia común y de organizaciones criminales, situación que ha sido denunciada en diferentes regiones del país por parte de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, un ejemplo lo constituyen la denuncia pública, realizada en la ciudad de Cúcuta, el pasado mes de agosto, por parte de la ONG Progresar que manifestó la preocupación por los hechos que han venido rodeado la actividad de líderes comunales cuyas vidas se encuentran en peligro, sin que las autoridades hayan dimensionado esa problemática. (Caracol, 2017). [2][2]

Casos como el denunciado en la ciudad de Cúcuta se repiten a lo largo y ancho del territorio nacional, circunstancia que fue advertida en marzo de 2017, por parte de la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de los Derechos Humanos y el DIH. Sistema de Alertas Tempranas (SAT, en su Informe Especial de Riesgo VIOLENCIA Y AMENAZAS CONTRA LOS LÍDERES SOCIALES Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, en el que se indica:

¿El nivel de afectación sufrido por las organizaciones sociales y            comunitarias en el marco del conflicto armado interno en las últimas décadas da cuenta de un ejercicio generalizado de la          violencia contra este sector de la población, orientado a la desestructuración del tejido social a partir de la disolución de la capacidad de acción colectiva y la instalación de órdenes sociales basados en el miedo y la desconfianza. La magnitud del daño causado sobre las organizaciones comunales, campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles, entre otras, ha sido reconocida en        diferentes instancias a nivel nacional e internacional y ha    implicado que el Estado deba adelantar procesos de reparación colectiva en reconocimiento de las afectaciones causadas por los diferentes actores armados, por el fallo en el deber de protección del que es titular. (2017. pp. 44)[3][3].

Los riesgos contra la vida e integridad de los líderes comunales provienen de diferentes frentes, pero en general tienen sus orígenes en la oposición que realizan a las actividades que ejercen las organizaciones criminales, las pandillas y la delincuencia común en lo relacionado con el tráfico de estupefacientes, la extorsión y delitos comunes, así como del conflicto armado.

No obstante, las acciones del Gobierno para garantizar la vida de los líderes comunales y para facilitar el mejoramiento de su calidad de vida son mínimos, razón tiene Ramírez (2015)[4][4] al señalar que son ¿trabajadores de la ciudad y si un líder comunal no tiene bienestar, no puede transmitir bienestar a la comunidad. El compromiso de la administración también es buscarle solución a estos temas y buscar recursos que ayuden al líder y a su comunidad¿.

No se requiere profundizar en el análisis de cada una de las problemáticas, expuestas de manera general, que afectan la seguridad y la vida de los directivos y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal quienes por el accionar indiscriminado de la delincuencia común y organizada terminaron convertidos en un grupo vulnerable de ciudadanos, para concluir en que es necesario que el Estado proceda a establecer mecanismos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los directivos comunales, en aspectos básicos como la seguridad social en salud, así como el aumento de sus derechos con el objeto de incentivar la participación ciudadana en las Juntas de Acción Comunal, como se propone con el presente proyecto de ley.

 

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CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL

El día 2 de noviembre del año 2017 ha sido presentado en este despacho el Proyecto de ley número 184 de 2017 Cámara, con su correspondiente exposición de motivos, por el honorable Representante Édward Rodríguez Rodríguez.

El Secretario General,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.



 



[1][1]  OLGA ELENA JARAMILLO G., 2009, pp. 59 Universidad Javeriana. Obligatorias en la relación con el Estado y sus estructuras. Bogotá.http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/eambientales/tesis18.pdf

 

[2][2]  Caracol. Cúcuta, 2017. ONG denuncia riesgo para la actividad comunal en Cúcuta.

      http:/ /caracol.com.co/emisora/2016/08/17/cucuta/1471447068_873684.html

[3][3]  Defensoría del Pueblo. 2017. INFORME ESPECIAL DE RIESGO: VIOLENCIA Y AMENAZAS CONTRA LOS LÍDERES SOCIALES Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS. http://www.observatoriodetierras.org/wp-content/uploads/2017/05/INFORME-ESPECIAL-L%C3%8DDERES-30-03-17-1.pdf

 

[4][4]  EL UNIVERSAL. 2015, Cartagena. http://www.eluniversal.com.co/politica/estrategias-para-fortalecer-las-juntas-de-accion-comunal-186991