PROYECTO DE LEY 217 DE 2018 CÁMARA.

por medio de la cual se modifica la Ley 44 de 1990 en relación con el cobro del impuesto predial.

El Congreso de Colombia,

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es establecer los requisitos para el ajuste anual del cobro del impuesto predial, en los departamentos y distritos que sean capitales de departamento, así como el Distrito Capital de Bogotá.

Artículo 2°. Ajuste anual de la base. Adiciónese un parágrafo, al artículo 8° de la Ley 44 de 1990, modificado por el artículo 6° de la Ley 242 de 1995, así:

Parágrafo 3°. Los municipios y distritos, que sean capitales de departamento, para poder ajustar la base gravable anual del impuesto predial, deberán cumplir con los indicadores de seguridad y movilidad, garantizar una cobertura y continuidad en la prestación de servicios públicos superior al ochenta por ciento y tener un desempeño fiscal eficiente.

Para los efectos de este artículo se entenderá que se cumple con los indicadores de seguridad, si la tasa de hurtos y homicidios se encuentra por debajo de la media nacional. Los indicadores de movilidad se entienden cumplidos si existe un tiempo eficiente de desplazamiento periferia centro, existe acceso a medios de transporte alternativos, así como bajas emisiones de CO2.

Para la definición del desempeño fiscal, el puntaje de desempeño debe ser igual o superior al promedio nacional, de conformidad con el índice definido por el Departamento Nacional de Planeación.

Estos indicadores, así como los demás requisitos, deberán cumplirse el año inmediatamente anterior a la vigencia fiscal para la cual se realice el ajuste del impuesto.

De no cumplirse con los indicadores y requisitos establecidos en este parágrafo, se deberá suspender el ajuste anual de la base del impuesto predial, hasta por cinco años.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a part ir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,

 

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El impuesto predial es un tributo de carácter municipal y distrital que grava la propiedad raíz, con base en los avalúos catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y por las oficinas de catastro de algunas ciudades del país.

Este impuesto tuvo su origen en 1920, a través de la Ley 34 que reguló la tarifa establecida en el numeral 37 del artículo 97 de la Ley 4ª de 1913, que le otorgó a las Asambleas la competencia para reglamentar el impuesto sobre la propiedad raíz.

De acuerdo con Martínez Vásquez[1][1], se espera que, a mayor autonomía presupuestal, se lleven a cabo mayores inversiones que generen escenarios para el desarrollo, tanto a nivel nacional como subnacional. Sin embargo, es preciso señalar que esta situación lleva intrínsecamente supuestos como el buen gobierno y la transparencia en el recaudo de impuestos y la ejecución de los recursos públicos, así como políticas adecuadas de administración de estos que garanticen el buen funcionamiento de los mecanismos de transferencia.

En el caso colombiano, el manejo del impuesto predial siempre ha estado a cargo de las entidades territoriales y de conformidad con lo fijado por la ley, los Concejos Municipales y Distritales fijan la tarifa de este impuesto, que actualmente se cobra y se ajusta de forma anual.

En este sentido, el objetivo de este proyecto de ley es establecer los requisitos e indicadores que deberá cumplir el respectivo municipio o distrito que sea capital de departamento, así como el Distrito Capital de Bogotá, para poder hacer el ajuste anual de la base gravable del impuesto y de no cumplirse con los indicadores y los requisitos establecidos, no se podrá hacer el respectivo ajuste hasta por cinco años.

En el año 2007, la Corte Constitucional reiteró la potestad que tiene el legislativo para definir los tributos que se cobran en todos los niveles de la administración y fijar los parámetros a los que deben ceñirse los respectivos Concejos Municipales y Distritales, en los siguientes términos:

El legislador tiene competencia para establecer contribuciones y, como esa previsión incluye toda clase de tributos, es evidente que la Constitución no solamente prevé la participación directa de la ley en la regulación de los tributos, sino que, además, hace de ella una fuente esencial en la materia, con facultad para configurar tambié n las contribuciones que afecten la propiedad inmueble. Las atribuciones que la Constitución le otorga a los concejos municipales en materia tributaria. No se remite a dudas de ninguna índole que las mentadas corporaciones de representación popular tienen asignadas competencias de orden tributario, pero se debe puntualizar que la propia Carta, en el numeral 4 de su artículo 313, les atribuye a los concejos municipales la competencia para votar los tributos y los gastos locales ¿de conformidad con la Constitución y la ley¿. Así las cosas, la Constitución señala una pauta acerca de la manera como los concejos deben ejercer sus atribuciones en materia tributaria y al hacerlo se refiere en forma expresa a la ley e indica que la corporación municipal debe conformarse a ella y a la Constitución cuando se trate de votarlos tributos locales[2][2].

En este caso, se requiere prever unos estándares mínimos de bienestar para la sociedad, como requisito sine qua non para el ajuste anual del impuesto predial, con el objetivo de generar una inversión eficiente de los recursos de los contribuyentes, a los que anualmente se les grava su propiedad inmueble.

En materia de seguridad, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)[3][3], en la encuesta de percepción de abril a junio de 2017, se encontró que la tasa de ciudadanos afectados por un delito es del 16,2%, siendo los delitos más frecuentes el denominado hurto callejero, el hurto a residencias, el hurto de celulares y el hurto a vehículos.

En este mismo informe se señala que las ciudades más afectadas fueron Bogotá, Pasto, Cali, Valledupar, Neiva, Cúcuta, Riohacha, Medellín, Tunja, Quibdó y Armenia, todas estas capitales de departamento, que efectúan siempre el ajuste de la base gravable del impuesto.

Ahora bien, en lo relativo a la movilidad, de acuerdo con un estudio de la Red Ciudades Cómo Vamos[4][4], el tráfico en las principales ciudades del país se ha complicado, la congestión se debe en parte a la falta de vías; la disminución del uso de los sistemas de transporte público y la realización de obras, pero, principalmente, al incremento del uso de vehículos particulares (carros y motos), medidas como el Pico y Placa, no han sido suficientes para mejorar la movilidad de las ciudades.

En lo relacionado con la prestación de los servicios públicos, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación[5][5], en las capitales del país la cobertura supera el 80%, pero no se ha garantizado plenamente la continuidad en la prestación de los servicios.

Finalmente, en lo relacionado con el desempeño fiscal, el Departamento Nacional de Planeación[6][6], estableció en el índice de Desempeño Fiscal, concluyendo que de 2015 a 2016, este desempeño disminuyó en cinco puntos, ¿en los territorios (departamentos y municipios) el gasto de inversión disminuyó 14% entre 2015 y 2016 (de $88,9 billones a $76,4 billones). La inversión entre final y principio de gobiernos se reduce, en especial por las formulaciones de los nuevos planes de desarrollo y los tiempos de contratación que se toman las nuevas administraciones.

El ranking de los mejores cinco municipios con su respectivo puntaje, son: Rionegro, Antioquia (91,25), Monterrey, Casanare (90,74), Cajicá, Cundinamarca (88,78), Nobsa, Boyacá (88,67) y Tenjo, Cundinamarca (88,18). Los municipios con más bajo desempeño fiscal fueron: Tadó, Chocó, en el puesto 1.101 (34,55 puntos); Topaipí, Cundinamarca en la posición 1.100 (36,29 puntos); Cunday, Tolima es el 1.099 (36,87 puntos); Curillo, Caquetá se ubica a 1.098 (42,29 puntos) y Fredonia, Antioquia, es el 1.097 (42,32 puntos).

Vale la pena destacar, que solo después de los primeros cinco municipios, aparecen las primeras capitales dentro de ese ranking, empezando por Bogotá con 82,5 puntos, seguido de Medellín, Pereira y Santa Marta.

Así las cosas, bajo estos precisos puntos de búsqueda de un mejor bienestar y unas inversiones más eficientes, en los municipios y distritos, capitales de departamento, a través de esta iniciativa legislativa se buscan establecer unas exigencias específicas, para poder hacer el ajuste anual de la base gravable del impuesto predial, que de no cumplirse, el ajuste quedará congelado, hasta por cinco años.

Cordialmente,

 

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CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL

El día 27 de febrero del año 2018 ha sido presentado en este despacho el Proyecto de ley número 217 de 2017, con su correspondiente exposición de motivos, por el honorable Representante Roy Barreras Montealegre.

El Secretario General,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.



 



[1][1]  El Impuesto a la Propiedad en la Práctica, Cambridge , 2008.

 

[2][2]  Corte Constitucional, Sentencia C-517-07.

 

[3][3]  https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/convivencia/2017/Presentacion_ECSC_2017.pdf

 

[4][4]  Redcomovamos.org

 

[5][5]  Sistema de Indicadores Sociodemográficos (SDS).

 

[6][6]  https://www.dane.gov.co/Paginas/Desempe%C3%B1o-discal-de*los-municipios-disminuy$C3%N3--entre-2015-y-2016.aspx