PROYECTO DE LEY 251 DE 2013 SENADO.

por medio de la cual se declara una Política de Campesinidad agrorrural en Colombia y se reconoce la actividad del campesino.

El Congreso de Colombia

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. El presente proyecto busca garantizar el acceso a los beneficios sociales, educativos, y de capacitación para la productividad de los campesinos colombianos, buscando la sostenibilidad del campo mediante el bienestar de sus pobladores.

Artículo 2°. Definición de campesino. Un campesino es un hombre o una mujer, que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producci ón de alimentos y otros productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen sobre todo de la mano de obra familiar y otras formas artesanales de organización del trabajo.

Artículo 3°. Censo, diagnóstico y certificación. El Gobierno Nacional contará con un Censo, Diagnóstico y Certificación de los campesinos colombianos, zonas agropecuarias entre otras. Se creará el certificado campesino como medio de acreditación. Estas medidas permitirán el establecimiento de una línea base que determine las condiciones sociales, educativas, productivas y de bienestar general, y dará garantía de acceso a los beneficios que brinda la presente ley.

El Censo se deberá actualizar en un periodo máximo de 5 años y los respectivos informes, deberán ser presentados al Congreso de la República en su respectiva comisión agraria.

Parágrafo 1°. Las condiciones de Certificación serán reglamentadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, máximo 6 meses después de promulgada la presente ley.

Artículo 4°. Especiales derechos de los campesinos. Los campesinos tienen los mismos derechos que todos los hombres y mujeres reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, el Estado garantizará especialmente:

1. El derecho a no sufrir discriminaciones en función de su situación económica, social y cultural.

2. Los campesinos tienen derecho a parti cipar en el diseño de políticas, toma de decisiones, ejecución y seguimiento de cualquier proyecto, programa o política que afecte sus tierras y territorios.

3. Los campesinos tienen derecho a la soberanía alimentaria, que comprende el derecho a la alimentación saludable y culturalmente adecuada producida con métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.

4. Los campesinos tienen derecho a vivir con dignidad, que incluye el derecho de unos ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias.

5. Los campesinos tienen derecho a una alimentación adecuada, sana y nutritiva, y alimentos a precios asequibles, y para mantener sus culturas alimentarias tradicionales.

6. Los campesinos tienen derecho al agua potable, el saneamiento, medios de transporte, y al acceso a servicios públicos domiciliarios de calidad.

7. Los campesinos tienen derecho a vivir una vida sana, y no se verán afectadas por la contaminación de agroquímicos, como plaguicidas y fertilizantes químicos.

8. Las campesinas tienen derecho a ser protegidas de la violencia doméstica, física, sexual, verbal y psicológica.

9. Los campesinos tienen derecho a determinar las variedades de las semillas que quieren plantar, y el derecho a rechazar las variedades de plantas que se consideren peligrosas económica, ecológica y culturalmente.

10. Los campesinos tienen derecho a obtener asistencia técnica, herramientas de producción y otras tecnologías apropiadas para aumentar su productividad, de manera que respeten sus valores sociales, culturales y éticos.

11. Los campesinos tienen derecho a obtener información adecuada con su actividad, incluyendo economía, mercado, políticas, precios y la tecnología.

12. Los campesinos tienen derecho al reconocimiento y protección de la cultura y los valores de la agricultura local.

13. Los campesinos tienen derecho a rechazar todas las formas de explotación en su tierra que pueda causar daños ambientales.

Artículo 5°. Actualización UAF. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 39 de la Ley 160/94:

Parágrafo. Las Unidades Agrícolas Familiares se actualizarán máximo cada 5 años, de acuerdo a las condiciones de los pobladores y necesidades de los campesinos; conforme a la información suministrada por el artículo 2° de la presente ley.

CAPÍTULO II

Acciones afirmativas en el sector educativo y de investigación

Artículo 6°. Educación en campesinidad. Las instituciones educativas públicas y privadas, ubicadas en zonas mayoritariamente campesinas incluirán dentro de su currículum la formación en la cultura campesina y la importancia del sector agropecuario para la nación.

Las instituciones educativas de educación básica y media, tanto del sector público como del sector privado, deberán adecuar sus currículos, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, para contemplar cátedras, cursos o los contenidos transversales descritos en el presente artículo.

Artículo 7°. Capacitación campesina. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), diseñará programas de capacitación, técnicos y tecnológicos especiales agrorrurales, que incluyan biodegradación, separación y manejo de productos agrícolas, en concordancia con los planes de competitividad de cada territorio.

Artículo 8°. Línea especial de crédito para estudios superiores de campesinos. El Icetex contará con una línea especial de crédito condonable hasta en 100% para campesinos censados que accedan a educación superior en Ciencias Agropecuarias.

El Gobierno reglamentará las condiciones y características que debe cumplir la institución educativa, los requisitos que debe acreditar el aspirante, las causales de pérdida del crédito, y las formas de retorno del valor de lo prestado.

Artículo 9°. Financiación de investigaciones sobre campesinidad. Colciencias, y de las demás entidades encargadas de la promoción y desarrollo de la investigación científica y de la investigación formativa en Colombia, crearán un rubro específico para la financiación de investigaciones sobre campesinidad en Colombia, especialmente tendientes al fortalecimiento de los actores dentro del sector agrícola de la economía colombiana.

Los estudios podrán hacerse desde las distintas áreas del conocimiento y deberán estar avalados por institutos de investigación, grupos de investigación acreditados ante Colciencias o por universidades oficialmente reconocidas.

Artículo 10. Servicio Social Agrario. Créase el Servicio Social Agrario, como una opción para jóvenes campesinos; que deseen permanecer en sus territorios y contribuir a la sostenibilidad del campo. Este servicio sustituirá el servicio militar obligatorio conforme a la regulación que expida el Gobierno Nacional en esta materia.

CAPÍTULO IV

Acciones afirmativas en el ámbito laboral, empresarial y de desarrollo social y económico

Artículo 11. Igualdad de remuneración. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo, garantizarán que los campesinos tengan una remuneración mínima igual o superior al Salario mínimo legal vigente, para lo cual dispondrán de indicadores anuales de seguimiento y monitoreo de los sectores rurales colombianos.

Artículo 12. Caja de Compensación Familiar Campesina. El Gobierno Nacional propiciará la creación de una Caja de Compensación Familiar Campesina, para propiciar el acceso de los campesinos a la misma. Esta tendrá como objeto social el recaudo de los aportes del 4%, el pago del subsidio familiar a los afiliados beneficiarios y la prestación de actividades de servicios sociales, conforme a las disposiciones legales vigentes que rigen el Sistema del Subsidio Familiar.

La Caja de Compensación Familiar Campesina ofrecerá a sus afiliados y terceros beneficiarios, diferentes programas de servicios sociales de acuerdo con sus necesidades y las zonas geográficas en las que están ubicados, tendientes al fortalecimiento de la educación, capacitación, cultura, recreación y vivienda para contribuir con su bienestar.

Artículo 13. Política de ayuda y subsidios. El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presentará lineamientos para el establecimiento de una política de ayudas y subsidios agrarios sectorizados, que podrá incluir la compra de cosechas a pequeños productores. Esta será desarrollada por los entes territoriales, mediante previa aprobación de sus concejos y/o asambleas, sujetándose a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y de competitividad.

Artículo 14. Acceso a recursos agrícolas. El Gobierno Nacional desarrollará una política de regulación de precios en insumos y recursos de producción agrícola para aquellos que estén certificados como lo señala la presente ley. Adicionalmente podrá desarrollar alianzas o convenios públicos-privados, para el mejoramiento de la competitividad del campo.

Artículo 15. Logística agraria. El Gobierno Nacional establecerá el plan de Logística Agraria en concordancia con los planes de competitividad; desarrollando centros de acopio, canales de transporte y mercados campesinos, que garanticen condiciones de comercialización para los pequeños y medianos campesinos.

Parágrafo. El Gobierno podrá otorgar subsidios o créditos blandos para la comercialización que permita resolver aspectos logísticos de transporte, empaque y manipulación.

Artículo 16. Investigación, desarrollo y tecnología. Corpoica auspiciará por parte de los entes administrativos nacionales, municipales, distritales y departamentales los vínculos con las universidades para la consolidación de la transferencia tecnológica para los pequeños y medianos campesinos.

Parágrafo 1°. Incentivar la conectividad campo ciudad mediante TIC. Lograr que en el año 2015 la totalidad del territorio rural de Colombia cuente con el servicio de las TIC.

Parágrafo 2°. Estimular y apoyar con incentivos tributarios, subsidios, créditos blandos, mejoramiento de vivienda, semilleros y semillas, fomento de la producción agroecológica, entre otros a las familias que se comprometan con la protección y conservación de los recursos naturales e hídricos.

Artículo 17. Asesoría en comercio exterior. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo creará las Agencias de Competitividad Agrícola en las principales zonas de concentración campesina, para asesorar a los mismos en un plan de negocio y formulación de plan estratégico, incluyendo posibles productos a producir según demanda, rutas de comercio, posibles negocios en comercio exterior entre otros.

Estas agencias servirán para impulsar la producción, comercialización y consumo de los productos del campo, los cuales presentarán planes agrícolas a corto, medio y largo plazo, así como informes de seguimiento y alertas tempranas.

CAPÍTULO X

Disposiciones finales

Artículo 18. Seguimiento. El Departamento Nacional de Planeación generará un sistema de seguimiento de avances de cumplimiento de la presente ley y de la Ley 731 de 2002 ¿por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales¿.

Artículo 19. Apoyo a organizaciones no gubernamentales. El Gobierno promoverá y fortalecerá las organizaciones no gubernamentales, que trabajen por los y las campesinas.

Artículo 20. Servicios públicos. Las entidades territoriales junto con el Gobierno Nacional, garantizarán el acceso a los servicios públicos domiciliarios en las zonas rurales, teniendo en cuenta la Ley 142/94 y las condiciones de prestación que establece la ley.

Parágrafo. El Censo que establece el artículo 2° de la presente ley, dará cuenta de la situación en la cual se encuentran los campesinos frente a los servicios públicos.

Artículo 21. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

Bogotá, D. C., mayo de 2013

 

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONTEXTO Y CONVENIENCIA

La Constitución Política Colombiana de 1991 excluyó e invisibilizó al campesinado colombiano, ¿olvidó¿ a uno de los actores principales del país y eje central de la sociedad rural. El campesinado colombiano es un actor importante en el sustento de la soberanía alimentaria, la preservación de los recursos naturales. En la actual ruralidad, los campesinos y campesinas son uno de los sectores vulnerables más abandonados y discriminados[1][1] de Colombia.

El estudio de la economía campesina siempre se ha visto relegado a un segundo plano[2][2] sin ver la importancia que este presenta en el desarrollo económico de nuestro país; se ha podido establecer la situación y el pensamiento del campesinado en Colombia durante la última década, donde se pudo analizar que existe la creencia general que a mayor desarrollo, menor importancia del sector agropecuario y menor población rural. Sin embargo, a diferencia del nuestro, otros países desarrollados tienen un sector agrario fuerte, que les asegura la provisión de alimentos y genera efectos multiplicadores importantes en otros sectores.

En el año 2007, un estudio de Planeación reveló que el 62% de la población rural del país es pobre, mientras que el 25.5% está en condición de indigencia. De cada 100 personas que vive en el campo, 62 son pobres y 25 se defienden o sobreviven en el escenario de la indigencia. Las cifras diariamente van en aumento, alcanzando aproximadamente 4 millones de desplazados, en su gran mayoría de origen y vocación campesina, los cuales no cuentan con garantías reales en materias de protección social y educación. La situación de los campesinos colombianos no es mejor:

 

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Los campesinos necesitan que el Estado incentive la pertenencia por sus parcelas, por sus raíces, por su arraigo hacia el campo; así estos no tienen que salir de su tierra a aventurar en el área urbana. La situación precaria se refleja incluso en el déficit de vivienda campesina que alcanza a 68,25%, gráficamente lo podemos mostrar así (Elaboración propia fuente DANE):

 

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En Colombia, hay una disminución de la población rural propiamente dicha, y a pesar del movimiento de la población hacia zonas urbanas, la población depende fundamentalmente del sector agropecuario, a tal punto que el 72% de la población vive en municipios con menos de 50.000 habitante, que en la actualidad son cerca de 900 municipios, en los cuales aproximadamente el 55% de los habitantes reside en zonas rurales.

Se debe iniciar un proceso de productividad agropecuaria, con la restitución de tierras a sus legítimos dueños, y el encausamiento de los procesos de desarrollo rural con los verdaderos actores del sector; no podemos empezar a construir este futuro sobre bases falsas e inciertas. Al campesino y a sus labores, hay que darles consistencia y perdurabilidad jurídica, para que en adelante sepan a qué atenerse con su desempeño, señalándoles con precisión cuáles son sus deberes, derechos y obligaciones. Estas decisiones no deben ser políticas de Gobierno, deben ser políticas de Estado. Ser campesino en Colombia es sumamente fácil, basta con decirlo.

Por esto valdría la pena proponerse un programa de desarrollo del sector rural y agrícola que implique no sólo la unión de esfuerzos del Estado y de todos los sectores, sino también un cambio de mentalidad con relación a la propiedad y explotación de la tierra. Dentro de los principales cuellos de botella del sector está el volumen de producción y los esfuerzos individuales que no permiten la inversión de recursos significativos ni una intervención agresiva en el mercado; se expone además la necesidad de desarrollar aldeas agrícolas vinculadas a grandes extensiones y con objetivos específicos de producción, transformación y para obtener un mayor valor agregado a los productos agrícolas, buscando no sólo el manejo empresarial del sector a todos los niveles, sino también los mercados internacionales. Aunque los resultados sólo se podrían ver en el largo plazo, es necesario que el país modifícase su enfoque y sus instrumentos de política utilizados por varios lustros que, hasta el momento, no han podido crear un sector rural y agrícola fuerte y que sólo han llevado a la crisis estructural económica y social que se vive.

El objetivo es convertir al productor agrario, pequeño y mediano, en empresarios agrícolas a través de su participación activa en toda la cadena productiva, generar mayor valor agregado y obtener mayores retornos a su actividad. Además, proporcionar el acceso equitativo de los productores a los recursos de producción, y a los instrumentos de política para impulsar la producción y mejorar la calidad de vida de la población rural.

Lo que se debería buscar es que la política de desarrollo rural esté integrada al agropecuario, a través de aldeas agrícolas, donde la población rural tenga acceso a vivienda con servicios públicos y a tierras para su explotación, teniendo como objetivo la producción y transformación de un producto predeterminado por la necesidad del mercado y el potencial del suelo y con el manejo empresarial de dicha producción. Se busca que el productor se convierta en un pequeño empresario que, individualmente o a través de la asociación empresarial, produzca no sólo la cosecha, sino también productos agroindustriales y, por consiguiente, obtenga un mejor retorno a su actividad y a su calidad de vida. Es mirar al sector desde la demanda en contraposición a la oferta.

La política agraria, en su principio básico, debe conocer las características y composición de la demanda. El crecimiento de las ciudades crea cambios en las costumbres alimenticias de la población, segmenta el mercado y, por consiguiente, crea la necesidad de nuevas técnicas de producción, de transformación y de comercialización de los productos agropecuarios. El productor agropecuario debe tener acceso a estas tendencias con el fin de que su producción se adapte a estos cambios.

En general, se debe capacitar al productor pequeño y mediano, en forma individual y comunitaria, con el fin de crear empresarios a escala y, a través de asociación o individualmente, dinamizar la producción. Para esto, es necesario fomentar la transferencia de tecnología a nivel municipal y regional tanto en producción agropecuaria, como en el manejo de productos de cosecha, en la transformación primaria y en aspectos económicos y administrativos. Programas y proyectos que permitan el acceso a la información tecnológica y de lineamientos de política y otros programas del Estado, son fundamentales para la igualdad de oportunidades de la población rural.

Sólo a través de la capacitación en producción, en el manejo de poscosecha, en la transformación primaria, en aspectos económicos y administrativos, y del acceso a la información de mercado y de los instrumentos de política agropecuaria, la población rural podrá elevar su productividad y, por consiguiente, lograr competitividad de sus productos.

El quehacer del campesino en Colombia, es un oficio digno de reconocimiento debido a su trayectoria y el esfuerzo que el desarrollo de esa actividad implica. Según el profesor Richard Barker de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, una Profesión ¿Es el resultado de una categoría particular de las personas a las que pedimos consejo o contratamos servicios, porque ellos tienen el conocimiento y las habilidades que nosotros no poseemos¿. Al interior de la sociedad una profesión es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad; quien ejerce dicha actividad se le denomina profesional.

El objetivo del presente proyecto es crear una Ley de Campesinidad, en la cual se reúnan las principales necesidades de los campesinos y se establezcan lineamientos específicos para tales problemáticas, dentro de las cuales se destaca la insuficiencia en temas como salud, pensión, educación, entre otros.

Las poblaciones campesinas deben gozar en plenitud de sus derechos, dado que eso genera como consecuencia automática el mejor desempeño en la labor agrícola; sin desconocer que un trabajador campesino en condiciones óptimas de trabajo va a aumentar sus ingresos, porque tiene factores de motivación que aumentan su desempeño, estimulando por ende la tecnificación en la labor que desarrollan.

Los productores agrícolas pequeños y medianos, deben ser un elemento con participación activa, pero es el Estado quien debe garantizar las condiciones en materia de Seguridad Social, Economía, para activar dichos actores y así incentivar el trabajo del Campesino, evitando el desplazamiento a la zona rural y generando condiciones de estabilidad, que permitan que aquellos que han abandonado las labores agrícolas retornen al campo.

En Colombia es necesario establecer políticas perdurables, que proporcionen estabilidad jurídica, que protejan a los pequeños y medianos campesinos; con las cuales ellos se sientan identificados y protegidos por el Estado, generando sentido de pertenencia por su condición campesina.

La comunidad internacional tiene su mirada puesta en el campo, el Comité Asesor presentó a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas informe donde consta ¿a pesar del marco existente de derechos humanos, campesinos y otras personas viviendo en zonas rurales son víctimas de violaciones múltiples de derechos humanos que tienen por efecto la extrema vulnerabilidad frente al hambre y la pobreza¿. (Párrafo 63 - Documento A/HRC/19/753, traducción tomada de FIAN Internacional).

Sobre la necesidad de marcos normativos específicos de protección afirma ¿a pesar del marco existente de derechos humanos, campesinos y otras personas viviendo en zonas rurales son víctimas de violaciones múltiples de derechos humanos que tienen por efecto la extrema vulnerabilidad frente al hambre y la pobreza. Para superar esta situación y avanzar sus derechos, es necesario (a) mejorar la aplicación de las normas internacionales existentes, (b) colmar las lagunas normativas en el derecho internacional de derechos humanos, y (c) elaborar un nuevo instrumento legal sobre los derechos de las personas trabajando en zonas rurales.¿ (A/HRC/19/75, párr. 63).

El informe concluye con la recomendación que ¿el Consejo de Derechos Humsanos cree un nuevo procedimiento especial para mejorar la promoción y la protección de los derechos de los/as campesinos/as y otras personas que viven en zonas rurales¿, y que ¿desarrolle y adopte un nuevo instrumento internacional de derechos humanos sobre los derechos de los/as campesinos/as y otras personas que viven en zonas rurales¿. (Párr. 74). Esta recomendación fue adoptad a en la 21 periodo de sesiones determinando: ¿Decide establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de negociar, finalizar y presentar al Consejo de Derechos Humanos un proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en el área rural, sobre la base del proyecto presentado por el Comité Asesor y sin prejuzgar las posibles opiniones y propuestas pertinentes del pasado, el presente o el futuro¿. (A/HRC/RES/21/19).

Las disposiciones generales de la presente ley se fundamentan en las conclusiones y proyección de resolución propuesta en el informe del ¿Council Advisory Committee on the advancement of the rights of peasants and other people working in rural áreas¿, por lo cual se copian algunas de sus determinaciones por ser altamente pertinentes para el caso Colombiano.

OTRAS LEYES EN LA MATERIA

¿ LEY 160 DE 1994. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.

¿ LEY 811 DE 2003. Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones.

¿ LEY 731 de 2002. Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales.

De los honorables Congresistas,

 

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SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General

(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 7 del mes de mayo del año 2013 se radicó en este despacho el Proyecto de ley número 251 de 2013 Senado, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales, por los honorables Senadores Carlos Alberto Baena L., Manuel A. Virgüez Piraquive, Alexandra Moreno Piraquive; honorable Representante Gloria Stella Díaz Ortiz.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

 

SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes

Bogotá, D. C., 8 de mayo de 2013

Señor Presidente:

Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 251 de 2013 Senado, por medio de la cual se declara una Política de Campesinidad agrorrrural en Colombia y se reconoce la actividad del campesino, me permito pasar a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General por los honorables Senadores Carlos Alberto Baena López, Manuel A. Virgüez Piraquive, Alexandra Moreno Piraquive; honorable Representante Gloria Stella Díaz Ortiz. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Quinta Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

 

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 8 de mayo de 2013

De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el proyecto de ley de la referencia a la Comisión Quinta Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el fin de que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.

Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barreras Montealegre.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

 



 



[1][1]        Final study of the Human Rights Council Advisory Committee on the advancement of the rights of peasants and other people working in rural areas. United Nation. General Assembly. February 2012. Pág. 9.

 

[2][2]        Ibídem. Pág. 3.