PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 83 DE 2001 SENADO.

por medio de la cual se expiden normas relacionadas con el tratamiento debido a los cultivadores de coca.

Bogotá, D

Bogotá, D. C., 13 de noviembre de 2001

Doctor

JOSE RENAN TRUJILLO

Presidente Comisión Primera

Honorable Senado de la República

Ciudad

Referencia: Ponencia para primer debate del Proyecto de ley número 83 de 2001 Senado, ¿por medio de la cual se expiden normas relacionadas con el tratamiento debido a los cultivadores de coca¿.

Señor Presidente:

En mi condición de ponente del proyecto de ley de la referencia me permito rendir informe con el objeto de que la Comisión Primera del honorable Senado de la República se sirva discutir, solicitándole, por su intermedio, archivar el proyecto por ser de inconveniencia económica, jurídica, política y diplomática actual y por ser contraproducentes para la estabilidad de las relaciones que requiere el país para encausar bajo un orden jurídico coherente su desarrollo colectivo, su respetabilidad como nación en la comunidad internacional y porque de hecho, la súbita despenalización del proceso global que implica a las drogas psicotrópicas sudvierte el orden de valores en que se ha sustentado el sacrificio de tantos hombres y mujeres, y se convierte en una fuente de impunidad para quienes cometieron en el pasado delitos relacionados con los estupefacientes e hicieron con ellos asombrosas fortunas la petición para que no se acoja el proyecto referido se sustenta así:

Dentro de la teoría académica que se ocupa del problema de la producción, comercialización y consumo de sustancias psicotrópicas, los pequeños cultivadores de plantas susceptibles de extraer dichas sustancias, dada su debilidad económica y social y su incapacidad orgánica dentro de la cadena delictiva, han sido considerados como sujetos pasivos y constantes perdedores, tanto de las políticas y programas estatales como de la manipulación de los agentes dominantes del mercado ilícito. Por esta razón en distintas asambleas especializadas realizadas en el continente, en las que se ha contado con la presencia de países productores de cultivos ilícitos de Asia y de países europeos que trabajan desde la cooperación internacional para el análisis y erradicación del comercio de los estupefacientes, el pequeño productor, el campesino pobre, el cosechador temporativo o ¿cosechero¿ ha sido señalado como el eslabón débil, la pieza explotada que merece ser socorrida y tratada con criterios de cubrimiento social no punitivo.

Conforme con esta visión socioló gica, en Colombia ha crecido la opinión de tratar al pequeño productor o al ¿cosechero¿, trátese de marihuana, coca o amapola, con políticas diferentes a las que merecen los agentes promotores, financistas y comercializadores en el mercado interno o en el externo. Tanto es así, que se ha llegado a admitir en el caso de la coca que tres (3) hectáreas podría ser la unidad máxima de extensión que permite distinguir al pequeño productor.

Igualmente, las autoridades estatales han comenzado a mostrarse permeables para la adopción de estrategias de erradicación de los cultivos ilícitos, consistente en admitir, como lo sugirieron entes no oficiales en el pasado, que en el caso de estos pequeños productores la erradicación a mano, a cambio del pago de los jornales, era la política adecuada. Ello en el entendido de persuadir y no perseguir penalmente, esto con el propósito de producir ingresos a esta clase de familias e incentivar la adopción de ofertas agrícolas paralelas.

Este ponente está de acuerdo, desde luego, que múltiples factores por los cuales no es responsable el campesino pobre que siembra esta clase de cultivos, ha sido abocado a hacerlo por las condiciones económicas injustas y endémicas de nuestro país, y presionado por los agentes delictivos que promueven la función de estos cultivos. En ese sentido hubiese sido deseable que el proyecto en mención se refiere exclusivamente a lo que pudiera ser ¿el tratamiento debido a que los pequeños cultivadores de coca¿, en lugar de proponer, como lo hace sin tratamiento para todos los cultivadores.

Porque el proyecto no distingue entre pequeños y grandes cultivadores, la política de declarar lícitos los cultivos de coca es inequitativa aparte de que no logra por sí misma los objetivos que anuncia la exposición de motivos. No se entiende cómo a la sombra del tratamiento especial que pueden merecer los campesinos pobres o los cultivadores de tierra ajena o los cosecheros, puede llegar a proponerse la declaración legal para el cultivo de la coca sin consideración a la independencia económica y social que el cultivador pueda tener por sí mismo, ni del papel de responsabilidad que le corresponda en la comercialización de los productos derivados de la hoja. De allí que no cabe admitir que se prohíba (como lo hace el parágrafo del artículo 3°, la aspersión aérea con cualquier sustancia para la erradicación de los cultivos de coca. Esta prohibición está consagrada en beneficio directo de los grandes cultivadores que, son a un mismo tiempo, los agentes manipuladores del resto de las fases del comercio ilícito.

El proyecto es abiertamente inconveniente para la estabilidad jurídica nacional porque declara que a partir de la fecha tales cultivos no constituyen ni delitos ni contravención, se está dando lugar a que por aplicación de la ley posterior favorable, se derrumbe toda la política criminal que con tanta sangre y esfuerzo de los colombianos de bien y de las autoridades, ha construido el país. Por vía del principio de favorabilidad del artículo 1° del Proyecto de ley 083 de 2001, que despenaliza el cultivo de la coca sin establecer ninguna restricción en la extensión pasarán inmediatamente a reclamar la inaplicación de la investigación penal y de la pena, no sólo porque la ambigüedad de la redacción del precepto citado permitiría legitimar los cultivos existentes, aunque pareciera que la intención es la de despenalizar los cultivos futuros. Adoptar esta decisión legal es causar el fracaso de los esfuerzos estatales para reducir la posibilidad de maniobra de los narcotraficantes y sus socios necesarios: los grande cultivadores de coca.

Hay además, un segundo argumento para solicitar que no se acoja como ley de la República el Proyecto 083 de 2001. Este consiste en la ilusoria fórmula propuesta de comercializar a través de canales dirigidos el producto natural (hoja de coca) con empresas que puedan dedicarse ¿a la producción lícita de derivados de estas plantas¿ tal como lo consagra el literal b) del artículo 2°. El proyecto supone en los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° que se instalarán agroindustrias capaces de adquirir la hoja de coca a los cultivadores reglamentados por el Gobierno e inscritos por los alcaldes, empresas que estarían en capacidad de producir derivados de la coca con autorización del Ministerio de Salud. No se entiende ni puede entenderse qué clase de derivados diferentes a los de la marihuana, la cocaína, la heroína pueda producir este tipo de industrias y tampoco se comprende a qué tipo de mercado estarían destinados estos productos. Deduciendo que en ningún caso se sugiere que esos productos tengan destino externo, se colige que su propósito sería el de cubrir las necesidades del mercado de consumidores nacionales.

En este punto, para ser coherente, la ley carece de previsiones sobre la despenalización del consumo y del porte y comercialización del producto. Es en este sentido que es ilusorio el proyecto, al desconocer que nadie puede producir una oferta en el mercado si no tiene una demanda prevista. Y esa demanda no puede estar prevista mientras el comercializador y consumidor no cuenten con la impunidad penal que el proyecto de ley le concede al cultivador. El proyecto carece de estas previsiones. Lo cual es una incoherencia y una señal de que no consulta la realidad que se presenta y se presentaría en caso de que llegase a convertirse en ley.

Sería comprensible y digno de considerar el proyecto, si se tomase en consideración el cuidado que a los adictos o consumidores consuetudinarios el estado puede o debe ofrecer por medio del suministro de su dosis respectiva, como parte de un programa de salubridad pública dirigido por las autoridades correspondientes. Aún así, y considerando el tema como un problema de conveniencia colectiva por ser un asunto de salud pública, la producción de la cocaína para ser suministrada con prescripción médica a los adictos, exige restricciones para el cultivo y la producción del estupefaciente final.

No es de ninguna manera lógico ni conveniente, autorizar universalmente a toda persona a cultivar la planta de coca, si a un mismo tiempo se le impone a ciertas agroindustrias o entidades estatales la obligación de comprar la hoja de coca. Esta idea distorsionaría el probable propósito altruista del proyecto, al crear nuevas e inesperadas responsabilidades estatales al echarle encima la obligación a unas y a otras de comprar al campesino innumero la cosecha igualmente innumera. Nos veríamos en la hipotética situación de crear precios de sustentación para no arruinar a los productores de la coca. Esta absurda idea sobre un hipotético mercado de la hoja de coca sólo anuncia traumatismos y ningún beneficio real para el pequeño productor, que es quien merece consideración moral, ética, política y social del Estado que aparentemente sería a quien el proyecto desearía beneficiar.

El verdadero beneficio para el pequeño agricultor y campesino que por las circunstancias ya mencionadas tiene que dedicarse al cultivo de coca o de amapola por ser el único producto rentable y con mercado garantizado que hoy puede obtener de sus tierras es el de proponerle cultivos sustitutivos como se viene haciendo a través del programa plante, pero más que eso es garantizarle un mercado para esos productos sustitutos, lo que se lograría si se constituyera cadenas productivas que lleguen hasta esos territorios marginados de la geografía colombiana y allá les compren a ellos los productos y a través de un sistema de transporte adecuado que no podría ser sino el aéreo con cadenas de frío adecuadas para garantizar la conservación de los producto perecibles los traigan hasta los centros de consumo y los comercialicen en ellos, con lo cual podrían producir un impacto notable en la economía nacional en el costo de vida y en la garantía alimentaría de la Nación. Así lo hemos planteado e incluso creemos llegada la hora de que se revisen el programa de fumigación aérea que según informaciones fidedignas tiene un costo de 500 dólares por hectárea y se destine ese millón que en total representa una cifra cercana a los (2) dos billones de pesos en tres años a constituir dichas cadenas productivas y las correspondientes red de transportes para que de esa manera así los productos sustitutos tengan mercado y puedan ser económicamente rentables para el campesino que hoy por hoy principalmente por falta de mercadeo para productos distintos tiene que dedicarse a cultivar la coca.

Dentro del contexto de la realidad nacional e internacional como ya lo había mencionado no es oportuno ni conveniente que el Estado colombiano asuma unilateralmente el compromiso y la decisión de legalizar el cultivo, producción, tráfico y consumo de la droga, tal como lo propone la autora del proyecto.

Los instrumentos internacionales debidamente suscritos e incorporados a nuestra legislación son la prueba del compromiso adquirido por Colombia con la Comunidad Internacional de combatir en forma decidida el flagelo mundial de las drogas ilícitas, por tal razón, no puede el Congreso de la República aprobar un proyecto de ley que implique la adopción unilateral de una política de legalización de la producción, fabricación de las drogas ilícitas.

Una decisión de esa magnitud debe ser adoptada en la misma forma que se adoptó la política internacional de control y represión al narcotráfico contenido en la convención de Viena de 1988 y en todos aquellos instrumentos bilaterales o multilaterales que versen sobre el tema, puesto que este es un problema que no afecta solo a los países productores, sino también a los de tránsito y a los consumidores.

Teniendo en cuenta que la problemática de las drogas psicotrópicas es de carácter mundial no puede un determinado país, como Colombia en su condición despenalizar el cultivo de coca en su territorio, sin considerar los efectos que tal decisión conlleva para los otros países de la comunidad internacional afectados por esa problemática. La despenalización nos llevaría a un aislamiento internacional.

Los países que han tomado la decisión de legalizar las drogas ilícitas hoy en día están evaluando esa política por las consecuencias nefastas que ha generado. Este es el caso de Holanda, el cual afronta serios problemas derivados del tráfico de drogas, no sólo es el líder mundial de producción de drogas sintéticas sino un importante centro de distribución de heroína, cocaína, éxtasis, anfetaminas y cannabis, debido a la infraestructura portuaria y de negocios que bien se concibió para actividades lícitas es aprovechada por las organizaciones criminales, en cierta manera también su política flexible en cuanto a las drogas suaves ha estimulado alguna tolerancia que igualmente es aprovechada por las redes de narcotraficantes.

Desde la perspec tiva de la aceptación al cultivo, producción y distribución, la experiencia acerca de grados de permisividad en otras áreas ha demostrado de un lado, un incremento en la criminalidad oculta, y de otro, una notable tendencia a la corrupción. Sin duda, el margen de clandestinidad y por ende de rentabilidad en tales actividades permanecerá en tanto se mantenga un alto índice de demanda del exterior y ésta siga siendo tratada por los demás países con instrumentos represivos como un crimen.

El proyecto propone pasar de un escenario de prevención, control y represión de las drogas psicotrópicas a un extremo de permisividad donde nos encontraríamos en un ¿paraíso de drogas ilícitas¿ y un ¿paraíso fiscal¿, pero totalmente aislados del mundo y condenados por la humanidad.

Otra cosa bien distintita como lo hemos propuesto que Colombia lidere el proceso de concientización de la comunidad internacional para que un día hoy todavía lejano la comunidad internacional entera decida tratar el asunto más como un problema de salud pública que de política criminal y hemos creído y sostenido que Colombia tiene la autoridad moral para liderar ese proceso después de todo lo que ha hecho en la lucha represiva contra la droga. Pero somos consientes de lo que hace tres meses parecía posible dentro de una perspectiva de largo plazo y de política internacional del Estado hoy ya no lo es, como consecuencia de las definiciones y posiciones que ha tomado la comunidad internacional frente al narcotráfico como principal financiador del terrorismo que tantos estragos nos ha causado en Colombia, pero que ahora adquiere una nueva dimensión cuando causa estragos en Nueva York y Washington y amenaza de semejante manera a la civilización entera.

Por las anteriores consideraciones presento ponencia negativa solicitando con todo respeto a esta célula Congresional que se archive el proyecto 083 de 2001 Senado ¿por medio del cual se expiden normas relacionadas con el tratamiento debido a los cultivadores de coca¿.

Del señor Presidente,

El Senador de la República,

Carlos Holguín Sardi.

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 83 DE 2001 SENADO

por medio de la cual se expiden normas relacionadas
con el tratamiento debido a los cultivadores de coca.

 Bogotá, D. C., 15 de noviembre de 2001

JOSE RENAN TRUJILLO

Presidente Comisión Primera

Honorable Senado de la República

Ciudad

Referencia. Ponencia para primer debate del Proyecto de ley número 83 de 2001 Senado, ¿por medio de la cual se expiden normas relacionadas con el tratamiento debido a los cultivadores de coca¿.

Señor Presidente:

Hechas algunas consultas políticas a muy alto nivel y después de hacer una profunda reflexión sobre el cambio de esquema de las relaciones internacionales con motivo de los sucesos acaecidos en los Estados Unidos que han cambiado los derroteros y la historia de la humanidad y las consecuencias negativas frente a la Comunidad Internacional, de aprobarse este proyecto; debo expresarle que muchas consideraciones de mi ponencia fueron válidas en otro escenario y circunstancias, pero que a la luz de los nuevos hechos que vinculan el terrorismo universal con el narcotráfico, han perdido vigencia.

No obstante estar convencido de la necesidad de darle un tratamiento diferencial en lo punitivo, social, económico y político a los pequeños cultivadores de coca frente a las nuevas realidades que han cambiado el mundo en cuestión de días y horas, debo aceptar que este es el peor momento para avanzar en una legislación como lo propone la autora del proyecto de ley.

En consecuencia y por las razones anotadas, le solicito abstenerse de considerar mi informe de ponencia y darle curso al proyecto con base en la ponencia negativa presentada por el Senador Carlos Holguín Sardi, la cual apoyo. Mi referido documento, quedará como constancia en el curso del debate.

Atentamente,

Darío Martínez Betancourt,

Senador de la República, Coponente.

C. C. Senadores Coponentes: Carlos Holguín Sardi, Jesús Piñacué.