CONCEPTO JURÍDICO AL PROYECTO DE LEY 123 DE 2016 SENADO, 082 DE 2015 CÁMARA

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE SALUD AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 082 DE 2015 CÁMARA, 123 DE 2016 SENADO por medio de la cual se incluyen las técnicas de reproducción humana asistida para el tratamiento de la infertilidad, en el plan de beneficios del Sistema de Seguridad Social en Salud, se establecen los lineamientos para la política pública en dichos tratamientos y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D

Bogotá, D. C.,

Doctor

JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA

Comisión Séptima Constitucional

Senado de la República

Carrera 7ª Nº 8-68

Ciudad

Asunto: Concepto sobre el Proyecto de ley número 082 de 2015 Cámara, 123 de 2016 Senado, por medio de la cual se incluyen las técnicas de reproducción humana asistida para el tratamiento de la infertilidad, en el plan de beneficios del Sistema de Seguridad Social en Salud, se establecen los lineamientos para la política pública en dichos tratamientos y se dictan otras disposiciones.

Señor Secretario:

Teniendo en cuenta que la iniciativa de la referencia está pendiente de surtir primer debate en esa Corporación, tercero en el iter legislativo, se hace necesario emitir el concepto institucional desde la perspectiva del Sector Salud y Protección Social. Para tal cometido, se toma como fundamento el texto publicado en la Gaceta del Congreso número 658 de 2016.

Al respecto, este Ministerio, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales que le asisten, en especial las previstas en el inciso 2º del artículo 208 de la Constitución Política y el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, sin perjuicio de los comentarios que estimen pertinente realizar otras autoridades para las cuales este tema resulte sensible, formula las siguientes observaciones[1][1]:

1. Contenido

La iniciativa se compone de diez artículos relacionados con: objeto (artículo 1º), definiciones (artículo 2º), campo de aplicación y requisitos para ser beneficiario (artículo 3º), entidad responsable (artículo 4º), determinación del impacto fiscal (artículo 5º), inclusión en el Plan de Beneficios (artículo 6º), investigación y prevención (artículo 7°), registro único (artículo 8º), asociaciones público-privadas (artículo 9º) y vigencia (artículo 10).

2. Consideraciones

Es pertinente manifestar que dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo dado por el Conpes 3729 de 2012 y la Ley 1473 de 2011[2][2], se estipulan ¿[...] los techos previstos para los gastos de funcionamiento y de inversión para cada uno de los sectores que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) [...]¿, de donde se expresa que de conformidad con el artículo 4°[3][3] de la Ley 1473 de 2011 el MFMP ¿[...] constituye la base para la formulación del proyecto de ley de PGN de la vigencia fiscal siguiente, que el Gobierno nacional somete a consideración del Congreso de la República al inicio de cada legislatura, y debe ser consistente con la regl a fiscal establecida en la Ley 1473 de 2011 [...]¿.

Bajo esa perspectiva, el artículo 8º de la Ley 1473 de 2011, dispone:

Artículo 8º. Marco de Gasto de Mediano Plazo. El Marco de Gasto de Mediano Plazo contendrá las proyecciones de las principales prioridades sectoriales y los niveles máximos de gasto, distribuidos por sectores y componentes de gasto del Presupuesto General de la Nación para un período de 4 años. El Marco de Gasto de Mediano Plazo se revisará anualmente.

El Gobierno nacional reglamentará el Marco de Gasto de Mediano Plazo y definirá los parámetros y procedimientos para la cuantificación del gasto y la forma como concurrirán los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Cada propuesta de presupuesto de gastos deberá proveer la motivación, cuantificación y evaluación de los programas allí incluidos.

Adicionalmente, la Ley 100 de 1993 contempló en el parágrafo 2º del artículo 162 determinados criterios - elementos, a saber:

[...] Parágrafo 2º. Los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud serán actualizados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los cambios en la estructura demográfica de la población, el perfil epidemiológico nacional, la tecnología apropiada disponible en el país y las condiciones financieras del sistema. [Énfasis fuera del texto].< /span>

Así mismo, el parágrafo 3° del artículo 7° de la Ley 1122 de 2007 estableció que la Comisión de Regulación en Salud[4][4] cuando tome decisiones referidas al régimen contributivo deberá cumplir el equilibrio financiero del sistema y las referidas al régimen subsidiado serán compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo:

[...] Parágrafo 3º. Las decisiones de la Comisión de Regulación en Salud referidas al régimen contributivo deberán consultar el equilibrio financiero del sistema, de acuerdo con las proyecciones de sostenibilidad de mediano y largo plazo, y las referidas al régimen subsidiado, en cualquier caso serán compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. [Énfasis fuera del texto].

Entre tanto, el artículo 25 de la Ley 1122 de 2007 especificó la regulación de la prestación de los servicios de salud:

Artículo 25. De la regulación en la prestación de servicios de salud. Con el fin de regular la prestación de los servicios de salud, el Ministerio de la Protección Social[5][5] definirá:

a) Los requisitos y el procedimiento para la habilitación de nuevas instituciones prestadoras de servicios de salud teniendo en cuenta criterios poblacionales, epidemiológicos, financieros, socioeconómicos y condiciones del mercado. Toda nueva Institución Prestadora de Servicios de Salud, habilitará en forma previa al inicio de actividades, ante el Ministerio de la Protección Social los servicios de salud que pretenda prestar. El Ministerio podrá delegar la habilitación en las entidades territoriales [...]. [Énfasis fuera del texto].

Es más, en el Capítulo VI de la Ley 1122 de 2007 se contempla el tema de salud pública, y en su artículo 32 se indica:

Artículo 32. De la salud pública. La salud pública está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad. [Énfasis fuera del texto].

Desde luego el artículo 33 previó, que el Gobierno nacional definiera el Plan Nacional de Salud Pública, plan que debe incluir entre otros aspectos los señalados en los literales a), e) y g):

a) El perfil epidemiológico, identificación de los factores protectores de riesgo y determinantes, la incidencia y prevalencia de las principales enfermedades que definan las prioridades en salud pública. Para el efecto se tendrán en cuenta las investigaciones adelantadas por el Ministerio de la Protección Social y cualquier entidad pública o privada, en materia de vacunación, salud sexual y reproductiva, salud mental con énfasis en violencia intrafamiliar, drogadicción, suicidio y la prevalencia de la epilepsia en Colombia [...].

[...] e) Las coberturas mínimas obligatorias en servicios e intervenciones de salud, las metas en morbilidad y mortalidad evitables, que deben ser alcanzadas y reportadas con nivel de tolerancia cero, que serán fijadas para cada año y para cada período de cuatros años [...].

[...] g) Las prioridades de salud pública que deben ser cubiertas en el Plan Obligatorio de Salud y las metas que deben ser alcanzadas por las EPS, tendientes a promover la salud y controlar o minimizar los riesgos de enfermar o morir. [Énfasis fuera del texto].

Posteriormente, con la expedición de la Ley 1438 de 2011: por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, se ordenó en su artículo 2º la orientación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así:

Artículo 2º. Orientación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Sistema General de Seguridad Social en Salud estará orientado a generar condiciones que protejan la salud de los colombianos, siendo el bienestar del usuario el eje central y núcleo articulador de las políticas en salud. Para esto concurrirán acciones de salud pública, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y demás prestaciones que, en el marco de una e strategia de Atención Primaria en Salud, sean necesarias para promover de manera constante la salud de la población. Para lograr este propósito, se unificará el Plan de Beneficios para todos los residentes, se garantizará la universalidad del aseguramiento, la portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país y se preservará la sostenibilidad financiera del Sistema, entre otros.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Gobierno nacional definirá metas e indicadores de resultados en salud que incluyan a todos los niveles de gobierno, instituciones públicas y privadas y demás actores que participan dentro del sistema. Estos indicadores estarán basados en criterios técnicos, que como mínimo incluirán:

2.1 Prevalencia e incidencia en morbilidad y mortalidad materna perinatal e infantil.

2.2 Incidencia de enfermedades de interés en salud pública.

2.3 Incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles y en general las precursoras de eventos de alto costo.

2.4 Incidencia de enfermedades prevalentes transmisibles incluyendo las inmunoprevenibles.

2.5 Acceso efectivo a los servidos de salud.

Cada cuatro (4) años el Gobierno nacional hará una evaluación integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud con base en estos indicadores. Cuando esta evaluación muestre que los resultados en salud son deficientes, el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de salud evaluarán y determinarán las medidas a seguir. [Énfasis fuera del texto].

A la par, la Ley 1438 de 2011 fija en su artículo 25 la Actualización de los Planes de Beneficios que se debe hacer integralmente cada dos años:

Artículo 25. Actualización del Plan de Beneficios. El Plan de Beneficios deberá actualizarse integralmente una vez cada dos (2) años atendiendo a cambios en el perfil epidemiológico y carga de la enfermedad de la población, disponibilidad de recursos, equilibrio y medicamentos extraordinarios no explícitos dentro del Plan de Beneficios.

Las metodologías utilizadas para definición y actualización del Plan de Beneficios deben ser publicadas y explícitas y consultar la opinión, entre otros, de las entidades que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud, organizaciones de profesionales de la salud, de los afiliados y las sociedades científicas, o de las organizaciones y entidades que se consideren pertinentes.

El Plan de Beneficios solo podrá ser actualizado por la autoridad administrativa competente para ello.

Parágrafo. El Plan de Beneficios deberá actualizarse de manera integral antes del primero (1º) de diciembre de 2011. [Énfasis fuera del texto].

Igualmente, la Ley 1438 de 2011 incorporó parámetros basados en evidencia científica, en el artículo 94:

Artículo 94. Referentes basados en evidencia científica. Son los estándares, guías, normas técnicas, conjuntos de acciones o protocolos que se adopten para una o más fases de la atención como promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, para la atención de una situación específica de la salud, basados en evidencia científica. Incluyen principalmente las evaluaciones de tecnologías en salud y las guías de atención integral que presentan el conjunto de actividades, procedimientos, intervenciones, medicamentos e insumos o dispositivos que procuran que la atención sea de calidad, segura y costo-efectiva. [Énfasis fuera del texto].

Dicho lo anterior, se colige que el Estado garantiza el acceso a tecnologías en salud a través principalmente de dos mecanismos que permiten garantizar el derecho a la salud:

1) El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC (PBS-UPC) y, 2) el mecanismo de reembolso (recobro/cobro). En otras palabras el actual mecanismo dispone de todas las tecnologías en salud (autorizadas en el país, no experimentales) para la atención de la enfermedad.

Es así como: A) existe bastante regulación sobre el aspecto relacionado, teniendo en cuenta la normatividad que hace parte del ordenamiento jurídico con repercusiones de carácter fiscal, equilibrio y sostenibilidad del sistema. En lo que tiene que ver con el componente técnico, este se respalda tanto en estudios y disposiciones de carácter nacional como de índole internacional, bases sobre las que se establece la infertilidad como enfermedad, de ahí que, en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC existan tecnologías en salud que el médico tratante puede prescribir y su indicación puede ser utilizada para tratamiento.

B) El artículo 132 de la Resolución 5592 de 2015 consagra las prestaciones no financiadas con la UPC, esto es, que no serán reconocidas con cargo a ella. Así las cosas, se tiene que las técnicas como tratamiento de infertilidad son las que claramente se encuentran señaladas en el ordenamiento jurídico como servicios o tecnologías en salud (v. gr. conjunto de actividades, servicios, procedimientos, medicamentos o sistemas organizativos) que no corresponden a una fuente de financiación clara y expresa como es la UPC, la que de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993 constituye un valor per capita con destinación específica , alejándose de ser una exclusión del Sistema.

En ese sentido, no se debe pasar por alto que los estudios y referentes de inclusión deben cumplir con los criterios y requisitos de seguridad, efectividad, costo efectividad, al igual que las necesidades en salud, el perfil epidemiológico, la carga de enfermedad, entre otros criterios.

3. COMENTARIOS ESPECÍFICOS

¿ En lo concerniente al artículo 1º, cabe enunciar que actualmente se realiza cobertura a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción y a las técnicas de fertilización homólogas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) acorde con lo expuesto ut supra.

¿ Frente al artículo 2° que define la infertilidad como enfermedad, es dable reiterar que en varios preceptos ya se encuentra reconocida como tal, a la par que se han establecido tratamientos para dicha patología, los cuales han sido reconocidos por la OMS (v. gr. CIE 10 de la OMS - Clasificación Internacional de Enfermedades) en concordancia con el artículo 162 de Ley 100 de 1993 que prevé la cobertura de todas las patologías.

¿ En lo atinente al artículo 3°, se debe tener presente que el Sistema de Salud en Colombia es un Sistema General de Seguridad Social en Salud, con énfasis en aseguramiento dado por la Ley 1438 de 2011, la Ley 100 de 1993 y demás normatividad complementaria, y contiene un componente importante dentro de la política pública de salud dentro de lo que se destaca el Plan Decenal de Salud Pública y otras políticas afines.

¿ Con relación al artículo 4°, es de resaltar que cláusulas restrictivas de la potestad reglamentaria como las que se acogen en el mismo han sido catalogadas contrarias a nuestro ordenamiento. En cuanto al límite en el tiempo de dicha facultad, la Corte Constitucional ha indicado:

[...] 48.- Respecto del primer tópico, debe la Sala recordar cómo la jurisprudencia constitucional ha insistido en que someter la potestad reglamentaria a una limitación de orden temporal signifi ca desconocer lo establecido en el artículo 189 numeral 11, superior[6][6]. Según lo previsto en el referido precepto constitucional, la potestad reglamentaria no solo radica en cabeza del Presidente de la República como suprema autoridad administrativa sino que el Presidente conserva dicha potestad durante todo el tiempo de vigencia de la ley con el fin de asegurar su cumplida ejecución. En otras palabras: el legislador no puede someter a ningún plazo el ejercicio de la potestad reglamentaria. Al haber sujetado el artículo 19 el ejercicio de tal potestad a un plazo, incurrió en un práctica que contradice lo dispuesto por el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Nacional, motivo por el cual la Sala declarará inexequible el siguiente aparte del artículo 19 de la Ley 1101 de 2006: ¿en un plazo no superior a seis (6) meses contados a partir de su entrada en vigencia¿[7][7].

Se insiste, en consecuencia, que por la naturaleza de la potestad reglamentaria, la misma no es susceptible de esta clase de restricciones y así lo ha reiterado la Alta Corporación.

Adicionalmente, en la sentencia C-765 de 2012, se dictaminó:

[...] Sin embargo, recordando que el poder reglamentario es una facultad presidencial autónoma, la Corte ha precisado que su ejercicio frente a las leyes cuya aplicación corresponde a la Rama Ejecuti va no depende de una pretendida habilitación legislativa, como también que en ningún caso se extingue esta facultad por el agotamiento del término que hubiere señalado en la ley. Así, la suprema autoridad administrativa tiene entonces competencia para expedir decretos reglamentarios respecto de cualquier ley que deba ser cumplida por sus subalternos, y puede hacerlo sin límite de tiempo, pudiendo incluso modificar, reemplazar o derogar las normas que con anterioridad hubiere dictado[8][8] [...][9][9].

En lo pertinente este comentario se hace extensivo al artículo 6º.

¿ Respecto al artículo 5°, es oportuno expresar que en virtud del impacto financiero que puede ocasionar la iniciativa, tal decisión debe contar con la aquiescencia o, por lo menos, concepto del Ministro de Hacienda y Crédito Público, teniendo en cuenta lo previsto en las Leyes 819 de 2003, marco fiscal, 1473 de 2011, regla fiscal, y 1695 de 2013, acerca del incidente de impacto fiscal, y, naturalmente, el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal[10][10].

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha indicado:

[...] Encuentra la Sala que a este respecto el Acto Legislativo replica otras modalidades de análisis fiscal de decisiones estatales, como sucede con los lineamientos que las normas orgánicas sobre marco fiscal de mediano plazo fijan al legislador, respecto de proyectos de ley con incidencia fiscal. A este respecto la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que si bien el Congreso debe contemplar la incidencia fiscal de la medida, en todo caso quien tiene la competencia general para evidenciar la incompatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo es el Gobierno. Por ende, en caso que el Ejecutivo dé concepto favorable a esas regulaciones o simplemente no cuestione las razones dadas por el Congreso sobre la materia, no es viable concluir la afectación de la regulación orgánica de índole presupuestal [...][11][11]

Bajo esta perspectiva, se tiene que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ya se ha pronunciado sobre la propuesta legislativa sub examine en los siguientes términos:

[...] Sin perjuicio de la competencia del Congreso de la República de hacer las leyes, esta cartera no comparte la inclusión de servicios y tecnologías en salud mediante leyes, tal como se pretende hacer mediante el proyecto de ley del asunto, en tanto esta práctica disiente de la filosofía que inspira al SGSSS la cual exige que la ejecución de la labor de inclusión requiera especialidad y un estudio técnico de la cobertura en razón a los criterios mencionados y los componentes que se encuentran en juego como la sostenibilidad del sistema articulado bajo un esquema de prestación que comprende la participación de los particulares y la solidaridad en su financiación [...]

[...] El equilibrio financiero no es un asunto menor ni es un elemento ajeno al ejercicio efectivo del derecho a la seguridad social. De hecho ningún proyecto de ley debe obviar esta consideración, pues de acuerdo con el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 toda iniciativa de ley debe prever la fuente de financiación o sustituta de las medidas que se pretendan incorporar que generen gasto, además de ser compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que en el presente proyecto se omite [...].

[...] Finalmente, cabe señalar que la sostenibilidad financiera del sistema de salud se ve afectada por la propuesta de ley, estimación suficiente para considerar inapropiado un estudio de impacto fiscal con posterioridad a la actividad legislativa como se pretende en la iniciativa, por lo que a juicio de esta cartera deben tenerse en cuenta los presentes comentarios en el marco de lo dispuesto en el artículo 7º de Ley 819 de 2003.

Por las razones antes expuestas, este Ministerio se abstiene de emitir concepto favorable al proyecto de ley en estudio, y, en consecuencia, de manera respetuosa, solicita considerar la posibilidad de su archivo (...)[12][12] [Énfasis fuera del texto].

¿ En cuanto al artículo 6°, relativo a la inclusión en el Plan de Beneficios, debe reiterarse la necesidad de que existan requisitos de seguridad, efectividad, costo efectividad, estudios sobre el perfil epidemiológico, la carga de enfermedad, entre otros criterios, acorde con lo descrito en el acápite número 2 de este escrito.

¿ En lo que tiene que ver con el artículo 7°, se debe observar las competencias del Ministerio de Salud y Protección Social según el Decreto-ley 4107 de 2011 y el Decreto 2562 de 2012, igualmente las competencias que son propias de la órbita del Instituto Nacional de Salud (INS), la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS).

¿ Frente al artículo 8°, cabría especificar las condiciones bajo las cuales se deban prestar los servicios y procedimientos antes de proceder a evaluar la viabilidad del denominado ¿Registro único¿, lo cual de conformidad con lo que se viene tratando no se divisa factible.

¿ Sobre el artículo 9°, es oportuno reseñar que las técnicas de reproducción asistida, no tienen suficientes estudios de evidencia científica, coste - efectividad, eficacia, eficiencia y seguridad, de ahí que los aspectos adversos que se pueden presentar en la realización de dichas prácticas o técnicas sean considerables, tal es el caso de embarazos múltiples, riesgo aumentado de cáncer de seno o cerviz, embriones sobrantes, entre otras problemáticas que sin duda ameritan especial atención.

A todo esto, vale la pena agregar que tratándose de la enfermedad ¿infertilidad¿ es cobertura del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación-UPC todo lo referente al estudio del ciclo menstrual, sangrado y sus características, molestias, síntomas y signos (anamnesis), además del examen físico en consulta por medicina especializada. En esa medida, es oportuno destacar que:

¿ En el Plan de Beneficios se encuentran varias tecnologías en salud (v. gr. laboratorios) asociadas con: hemograma, citologías, estudios endocrinológicos, inter alia.

¿ Dentro de los ultrasonidos se encuentran las ecografías ginecologías y pélvicas, vía abdominal y transvaginal, entre otras.

¿ Los diagnósticos y tecnologías en salud para dicho fin se encuentran en armonía con lo señalado en el artículo 162 de la Ley 100 de 1993.

¿ La consulta médica general, especializada, ciertos procedimientos en Ginecobstetricia, y las psicoterapias se encuentran cubiertas según lo previsto en la Resolución 5592 de 2015 y sus anexos 01, 02 y 03 que hacen parte integral del acto administrativo.

¿ La salud reproductiva puede ser un programa de servicio (tecnologías en salud) que es cobertura del Plan de Beneficios por grupo interdisciplinario donde las consultas médicas especializadas (Ginecología, Psiquiatría, Urología, Endocrinología, Genética entre otras tienen cobertura).

¿ EL Método Creighton es un procedimiento, técnica o conjunto de ambos para determinar la causa de la infertilidad.

¿ Cabe enunciar que dentro del articulado no se especifican los marcadores biológicos (tecnologías en salud) para determinar la cobertura o NO del Plan de Beneficios y realizar la ETES de conformidad con la normatividad que rige.

Así las cosas, en el Plan de Beneficios en Salud vigente el cual está en consonancia con disposiciones constitucionales, desarrollos jurisprudenciales y con la Ley Estatutaria 1751 de 2015[13][13], se encuentran varias tecnologías en salud que se pueden aplicar para el diagnóstico de tal condición. Por ende, no debería promoverse la propuesta legislativa desconociendo lo contemplado en el ordenamiento jurídico y en contravía de los estudios de carga de enfermedad y perfil epidemiológico ordenados por la Ley 100 de 1993 y la Ley 1438 de 2011 junto con los mandatos jurisprudenciales de la Honorable Corte Constitucional (v. gr. Sentencia T-760 de 2008), sobre las condiciones de implementar un Plan de Beneficios cumpliendo las características de necesidades en salud, perfil epidemiológico, carga de enfermedad y sostenibilidad financiera.

El que no se dé prima facie prioridad como interés en salud pública no significa que no haya normatividad, más aún cuando es dable hacerlo de acuerdo con el número de enfermedades y condiciones de salud.

4. CONCLUSIÓN

Con base en todo lo descrito anteriormente se puede concluir que la Infertilidad ya está catalogada como enfermedad y que la OMS en su Clasificación Internacional de Enfermedades la enmarca dentro de sus códigos. Igualmente, es de anotar que el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), contenido en la Resolución 5592 de 2015, dispuso en el numeral 3 del artículo 7°: ¿3. La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud y sus respectivas modificaciones o actualizaciones¿.

Debe tenerse en cuenta que dentro del Plan de Beneficios se encuentran incluidas tecnologías en salud (actividades, procedimientos, medicamentos, dispositivos, servicios, etc.) para el diagnóstico de todas las enfermedades incluyendo la infertilidad, de ahí que se reconozca consulta médica especializada (endocrinología, genética, psiquiatría, urología, ginecobstetricia , entre otras), al tiempo que hay laboratorios clínicos, interconsultas, juntas médicas y se pueda contar con procedimientos como histerosalpingografia o histeroscopia.

Se insiste que de conformidad con los preceptos que hacen parte del ordenamiento jurídico y por los procesos que se han venido adelantado en aras de actualizar integralmente el Plan de Beneficios y las metodologías técnicas para la nominación, priorización e inclusión de tecnologías en salud en cumplimiento de los criterios de carga de enfermedad, perfil epidemiológico, eficacia, seguridad, sostenibilidad fiscal, etc. el proyecto de ley devendría inviable. No se debe pasar por alto lo consagrado en el artículo 4º de la Resolución 5592 de 2015 relativo a los referentes de inclusión, el procedimiento de nominación de tecnologías que se debe agotar y la discusión en el proceso de participación ciudadana con los diferentes actores del Sistema en el marco de interés de política pública.

En estos términos, se presenta la posición del Ministerio de Salud y Protección Social en lo relativo a la iniciativa legislativa de la referencia. Se advierte que por las razones expuestas ut supra, resulta Inconveniente, toda vez que recoge una serie de aspectos ya regulados en otras disposiciones de rango legal y reglamentario que hacen parte del ordenamiento jurídico a la vez que generaría un impacto negativo presupuestal, fiscal y financieramente de grandes proporciones en el SGSSS, por tanto, se sugiere al Honorable Congreso de la República, respetuosamente, su archivo.

Atentamente,

 

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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2016) - En la presente fecha se autoriza la publicación en Gaceta del Congreso de la República, las siguientes Consideraciones.

Concepto del: Ministro de Salud y Protección Social.

Refrendado por: Alejandro Gaviria Uribe. Ministro.

Al Proyecto de ley número: 123 de 2016 Senado, 082 de 2015 Cámara.

Título del Proyecto: por medio de la cual se reconoce la infertilidad como una enfermedad, se autoriza su inclusión en el plan de beneficios y se dictan otras disposiciones.

Número de Folios: Trece (13)

Recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado el día: Veintiséis (26) de septiembre de 2016.

Hora: 9:50: a. m.

Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

 

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[1][1]  En el caso de propuestas legislativas similares a la que ahora nos ocupa, a saber: Proyecto de ley número 109 de 2013 (C), por medio de la cual se reconoce la infertilidad como enfermedad y se establecen criterios para su cobertura médico asistencial por parte del Sistema de Salud del Estado, esta Cartera ya se había pronunciado mediante oficio 201411400582811 de 30 de abril de 2014, de ahí que se retomen algunos puntos por catalogarlos relevantes.

 

[2][2]  Cfr. Leyes 819 de 2003, marco fiscal, 1473 de 2011, regla fiscal, 1695 de 2013, acerca del incidente de impacto fiscal, y, naturalmente, el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal.

 

[3][3]  Ley 1473 de 2013. Artículo 4°. Coherencia. La regla fiscal se materializa a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo. El Plan de Inversiones del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, el Marco de Gasto de Mediano Plazo, El Plan Financiero, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, deben ser consistentes con la regla fiscal, contenida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

[4][4]  Cfr. Decreto 2562 de 2012.

 

[5][5]  Hoy Ministerio de Salud y Protección Social (Cfr. Decreto-ley 4107 de 2011).

 

[6][6]  Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-066 de 10 de febrero de 1999, MM. PP. Fabio Morón Díaz y Alfredo Beltrán Sierra.

 

[7][7]  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia. C-1005 de 15 de octubre de 2008, M. P. Humberto Sierra Porto.

 

[8][8]  Cfr., sobre este aspecto, entre otras, las sentencias C-805 de 2001 (M. P. Rodrigo Escobar Gil), C-508 de 2002 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra) y C-1005 de 2008 (M. P. Humberto Sierra Porto).

 

[9][9]  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-765 de 3 de octubre de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.

 

[10][10]        Disposición declarada exequible, cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-288 de 18 de abril de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

 

[11][11]        CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-288 de 18 de abril de 2012, citada.

 

[12][12]        Congreso de la República. Gaceta del Congreso número 173 de 2016.

 

[13][13]        CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-313 de 29 de mayo de 2014, M. P. Gabriel Mendoza Martelo.