CONCEPTO JURÍDICO AL PROYECTO DE LEY 13 DE 2016 SENADO.

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 13 DE 2016 SENADO ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 10 DE 2016 SENADO por medio de la cual se incrementan las pensiones de forma anual en el mismo porcentaje en que se incrementa el salario mínimo legal mensual vigente.

1

1.1

Bogotá, D. C.

Honorable Representante

ÉDINSON DELGADO RUIZ

Comisión Séptima de Senado

Congreso de la República

Bogotá, D. C.

Asunto: Consideraciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público frente al informe de ponencia para Primer Debate al Proyecto de ley número 13 de 2016 Senado, acumulado con el Proyecto de ley número 10 de 2016 Senado, por medio de la cual se incrementan las pensiones de forma anual en el mismo porcentaje en que se incrementa el salario mínimo legal mensual vigente.

Respetado Presidente:

De manera atenta, me permito presentar los comentarios y consideraciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público frente al informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley del asunto, en los siguientes términos:

El proyecto de ley de iniciativa parlamentaria tiene por objeto que ¿las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes inferiores a tres salarios mínimos en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, se reajustarán anualmente de oficio el 1° de enero de cada año, según el incremento del salario mínimo legal mensual vigente (smlv)¿.

Según la exposición de motivos ¿más de un millón de pensionados beneficiarios del actual sistema pensional estarían asumiendo de forma progresiva y permanente un deterioro a lo largo de los últimos años de su capacidad adquisitiva en relación con el incremento del slmv respecto de l índice del IPC¿.

Sea lo primero decir con respecto a la pérdida de valor adquisitivo de las pensiones que estas en un inicio solo se reajustaban por decreto y no de oficio, por lo que podían pasar varios años sin que fueran reajustadas. Ante dicha circunstancia, tanto el Gobierno nacional como el Legislador buscaron compensar esa pérdida, por lo que se expidió la Ley 4ª de 1976[1][1] y la Ley 6ª de 1992[2][2], reglamentada por el Decreto número 2108 de 1992.

Ahora bien, en lo que respecta al Régimen de Prima Media (RPM) y al Régimen de Ahorro Individual (RAIS), se expidió la Ley 100 de 1993 conforme a la cual todas las pensiones se reajustan anualmente de oficio el 1° de enero, según el monto de las mismas de la siguiente manera: (i) las pensiones cuyo monto es superior a un salario mínimo legal mensual vigente son ajustadas, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor IPC certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el año inmediatamente anterior; (ii) las pensiones cuyo monto es igual a un salario mínimo legal mensual vigente serán reajustadas en el mismo porcentaje en que se incrementa dicho salario por el Gobierno nacional.

De otra parte, el reconocimiento de la mesada adicional a que se refiere el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, estaba inicialmente orientada a las pensiones reconocidas antes de 1988, precisamente como un mecanismo de recuperación de poder adquisitivo, que cumplió en ese caso su función. Sin embargo, mediante la Sentencia C-409-95 la Corte Constitucional extendió este beneficio a todos los pensionados, incluidos aquellos cuyas pensiones fueron reconocidas a partir de 1988, con lo cual en la mayoría de los casos más que una recuperación de poder adquisitivo se configuró un aumento del mismo por encima del nivel inicial de las pensiones.

Finalmente y con relación al Régimen de Prima Media, se expidió la Ley 445 de 1998, la cual establece que su reajuste se aplicará a ¿Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes del sector público del orden nacional, financiadas con recursos del presupuesto nacional del Instituto de Seguros Sociales, así como de los pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, conservando estos últimos su régimen especial¿.[3][3] Del mismo modo, se debe recordar que la entidad encargada de realizar el reconocimiento y cálculo de la mesada pensional, en el caso de detectar que el valor de la pensión era inferior al salario mínimo legal vigente a la fecha del goce de la misma, de manera automática la reajustaba al monto del salario mínimo.

Conforme a lo expuesto, las pensiones de todos los trabajadores públicos y privados de todos los órdenes[4][4] han sido reajustadas con el paso del tiempo.

Ahora bien, se debe precisar que las pensiones no sufren pérdida de poder adquisitivo, por cuanto en virtud de los dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 se reajustan de oficio con la variación del IPC del año inmediatamente anterior, a excepción de las pensiones cuyo monto sea equivalente al salario mínimo, las cuales se reajustan en el mismo porcentaje en que se incremente el salario mínimo del año respectivo.

Esta norma fue demandada en acción de inconstitucionalidad, la cual fue resuelta mediante la Sentencia C-387 de 1994, que la declaró exequible dado que la desigualdad mencionada está plenamente justificada en el ordenamiento indicando lo siguiente:

¿...Ciertamente el artículo citado consagra un trato diferencial, mas no discriminatorio, en materia de reajuste de pensiones, pues quienes reciben pensión superior al salario mínimo legal mensual, tienen derecho a que se les reajuste esta según la variación porcentual del índice de precios al consumidor; mientras que para las personas cuya pensión sea igual al salario mínimo legal mensual, se les incrementa en la misma proporción en que se aumente dicho salario. Sin embargo no se puede hablar de discriminación por que el reajuste pensional cobija a ¿todos¿ los pensionados sin importar la cuantía de su pensión.

Para la Corte es evidente que ese tratamiento distinto ante situaciones iguales, a la luz de los cánones constitucionales, tiene una justificación clara y razonable, cual es la de dar especial protección a aquellos pensionados que por devengar una pensión mínima se encuentran, por razones económicas, en situación de debilidad manifiesta frente a los demás. En consecuencia, ha decidido el legislador que el valor de la pensión para esas personas se reajuste en un porcentaje igual al del salario mínimo legal mensual, con el fin de que dicho ingreso conserve su poder adquisitivo y así pueda el beneficiario satisfacer sus necesidades básicas y llevar una vida digna¿¿.

Así las cosas, lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 tiene como objetivo hacer efectivo el derecho a reajuste de las pensiones y la diferenciación realizada respecto de los pensionados cuya pensión es igual a un salario mínimo, está constitucionalmente justificada en la medida que ¿las instituciones del salario mínimo y de la pensión mínima, se enmarcan dentro de aquellas políticas destinadas a lograr una justicia social, pues son medidas especiales de protección a quienes por su condición económica se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Busca así el legislador menguar la desigualdad y de esta manera cumplir con el propósito señalado por el constituyente en el artículo 13 de la Carta, que ordena al Estado promover las condiciones requeridas para que la igualdad sea real y efectiva.¿[5][5] (Negrillas fuera de texto).

Al respecto, se debe tener en cuenta que ¿El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso¿[6][6]. Este índice se construye por medio del seguimiento que el DANE hace a los bienes adquiridos por la población, dependiendo de la proporción del ingreso que en promedio las personas dedican a cada uno de los bienes de consumo, para lo cual se determina una canasta básica de consumo con unas determinadas ponderaciones, como se refleja en la siguiente tabla:

Código

Grupo

Grupo

Ponderación

(%)

1000000

Alimentos

28,21

2000000

Vivienda

30,10

3000000

Vestuario

5,16

4000000

Salud

2,43

5000000

Educación

5,73

6000000

Diversión

3,10

7000000

Transporte

15,19

8000000

Comunicaciones

3,72

9000000

Otros gastos

6,35

Total

 

100

 

Por lo anterior, resulta claro que el poder adquisitivo se mide con el IPC y no con el salario mínimo. Las actualizaciones monetarias, conforme a este criterio, han sido avaladas en el ordenamiento jurídico para las condenas al pago o devolución de una suma liquida de dinero[7][7], la actualización de cánones de arrendamiento[8][8] y la actualización o indexación de la primera mesada pensional de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional[9][9], entre otros.

De otra parte, el Salario Mínimo ha sido definido por la ley colombiana como el salario ¿que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural¿[10][10]. La determinación del nivel del salario mínimo existe en Colombia desde 1955 y el artículo 8° de la Ley 278 de 1996[11][11] establece que para fijar el salario mínimo legal se debe tener en cuenta: (i) La meta de inflación del año siguiente, fijada por el Banco de la República, (ii) la productividad acordada por el comité tripartito de productividad, (iii) la contribución del salario al ingreso nacional, (iv) el incremento del Producto Interno Bruto y (v) el IPC.

La Corte Constitucional en sentencia C-815 de 1999 consideró que el IPC es el mecanismo para garantizar que no haya pérdida de poder adquisitivo y por esa razón es el porcentaje mínimo en que puede subir el salario de los trabajadores. Sin embargo, hay una serie de variables adicionales que se deben tener en cuenta para la definición de este último, las cuales se relacionan con el comportamiento de la economía y su dinamismo, al considerar que el salario es la remuneración de la población trabajadora activa[12][12].

En este sentido, en la sentencia en comento la Corte Constitucional manifestó la especial naturaleza del Salario Mínimo y el cual se estructura por factores que permiten no solo que no se pierda el poder adquisitivo, sino que el mismo sea incrementado. Al respecto señaló:

¿¿ Es decir, no puede ser la inflación esperada para el año siguiente el único factor en que se funde la motivación del Gobierno para fijar el monto del nuevo salario mínimo. Este debe progresar, para mantener e incrementar el poder adquisitivo de la moneda en manos de los trabajadores, teniendo en cuenta, con la misma importancia e incidencia, los demás parámetros que el artículo acusado contempla: la inflación real del período que culmina, medida a través del Índice de precios al consumidor (IPC), que señala el mínimo del aumento, según lo dicho; la productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad que coordina el Ministerio del Trabajo; la contribución de los salarios al ingreso nacional y el incremento del producto interno bruto (PIB); todo ello debe incluirse en la motivación expresa con apoyo en la cual se expida el decreto del Gobierno y orientarse a la luz de los principios constitucionales que ya se han recordado...¿[13][13] (Negrillas fuera de texto).

Así las cosas, el cálculo de la productividad de la economía es una de las variables claves del ejercicio que debe realizarse para definir el incremento del salario mínimo. Este análisis permite revisar la relación existente entre la producción y los insumos que han sido empleados para conseguirlo.[14][14] De tal manera que su cuantificación permita contabilizar la cantidad de producto resultante de contratar un empleado más y de ser favorable la contratación de este, su remuneración se ajustará de acuerdo a la cantidad de producto adicional que fabrique este.

Para el desarrollo del análisis de la función de producción, se tienen en cuenta los factores empleados para llevar a cabo la producción de bienes o servicios, es decir, tierra, capital y trabajo. Esto con el fin de establecer cómo el pago a cada factor se realiza de acuerdo al aporte adicional que cada uno de estos puede hacer a la producción del bien o servicio en cuestión, esto es, para el caso del trabajo, que la remuneración será el salario definido como la cantidad de producto adicional que sería realizado por una persona contratada. En otras palabras el salario será igual a la variación de la producción total ante la variación de la cantidad de trabajo de una unidad.

El cálculo referido es uno de los temas que ocupa a la Subcomisión de Productividad, conformada con antelación al inicio de la negociación de salario mínimo por parte de la Comisión de Concertación Laboral[15][15] y es a partir de lo que allí se establece que se define esta variable a tener en cuenta para la definición del salario mínimo de la población trabajadora. De hecho, no sería correcto que a un pensionado que gana más de un salario mínimo se le ajustara la pensión con el salario mínimo, en la medida en que ya no contribuye a la productividad del país, pues está gozando del retiro de la actividad laboral, por lo cual solo queda la opción de incrementar su mesada pensional con el IPC anualmente, con el objeto que no pierda su poder adquisitivo.

Así las cosas, no es posible comparar el ajuste de las pensiones superiores al salario mínimo que se realiza conforme a la variación porcentual del IPC con el salario mínimo, puesto que este último tiene un ámbito de protección reforzada y su crecimiento atiende a diversos factores y no solo a la inflación. Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que ¿...No tiene que ser igual, ni fáctica ni jurídicamente, el tratamiento de quienes reciben el salario mínimo de aquél previsto para quienes reciben salarios superiores al mínimo. El mantener el poder adquisitivo de los salarios bajos, ha dicho esta Corporación, tiene el carácter de intangible, en razón a la protección constitucional reforzada que la Constitución les dispensa. Por el contrario, quienes ganan salarios más altos no son necesariamente sujetos de una protección salarial reforzada y su derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario puede recibir distinto tratamiento, siempre que sea razonable...¿[16][16] (Negrillas fuera de texto).

De otro lado, la propuesta contenida en la iniciativa es contraria al principio de progresividad el cual fue definido por la Corte Constitucional al considerar ¿...El principio de progresividad y la prohibición de regresividad representa un componente esencial de la garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y dentro de ellos los derechos de seguridad social. La exigibilidad judicial de la protección de un derecho social, debe ser complementada con la posibilidad de conformar contenidos o estándares mínimos constituidos por prestaciones concretas, cuya garantía se pueda posicionar de manera general como un punto sobre el cual avanzar, y de no retorno en cuanto al carácter incuestionable de su satisfacción. El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial estricto. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional¿¿[17][17] (Negrillas fuera de texto).

Frente al particular, se debe tener en cuenta que el RAIS tiene una naturaleza diferente al RPMD y, por ende, pretender reajustar las pensiones en la misma proporción que este, afecta directamente el valor requerido en las cuentas de ahorro individual y las primas de los seguros previsionales, lo cual genera una inestabilidad estructural en ese Régimen, haciendo más difícil para una persona acceder a una pensión en dicho Sistema.

Conforme a lo anterior, el objeto de la presente iniciativa trae como consecuencia regresividad constitucional, por cuanto se desmejoraría la situación de todos los afiliados al RAIS que deben procurar un capital suficiente para su pensión, que en el evento que sea aprobada la propuesta normativa, obligaría a los afiliados a ahorrar más recursos para obtener una pensión mínima; además no existiría en el RPMD la totalidad de recursos suficientes para satisfacer el pago de esas pensiones, ya que ese incremento con el salario mínimo implica un mayor número de recursos, pero no la ampliación de cobertura.

Esta medida vulnera el derecho a la igualdad, como quiera que pretende reajustar con el salario mínimo las pensiones del RAIS que han sido reconocidas y las futuras sin tener presente el efecto que genera la medida, por cuanto, como se indicó anteriormente, obliga al afiliado a tener un saldo mayor en su cuenta individual en contradicción con el capital que se requiere cuando el reajuste obedece al IPC.

Por ejemplo, una renta de 13 mesadas al año que inicia en $1.000.000, para un hombre de 62 años y su cónyuge de 57 años, se estima en $228.013.992 si su incremento anual es atado al IPC estimado en 3% y una tasa real del 4%; no obstante, si el incremento es el del salario mínimo de cada año, asumiendo que es 1% superior al IPC, la estimación asciende a $259.356.856, lo que representa un incremento cercano al 14%. Es bueno precisar que los incrementos pueden variar según la edad de los rentistas y el valor de la renta en salarios mínimos, pero hay una afectación significativa en el valor de los pasivos actuariales y, por tanto, la posibilidad de que menos personas se pensionen en el RAIS, o lo hagan con una pensión de menor valor, pues recordemos que en dicho régimen la persona se pensiona solo si tiene el capital necesario para hacerlo y el valor de su pensión depende del capital ahorrado.

Ahora bien, frente a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, se debe tener en cuenta que el artículo 48 de la Constitución Política reserva a la ley la facultad de definir los medios para que los recursos destinados a las pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, sin embargo, la actividad legislativa en esa materia debe tener en cuenta otras variables constitucionales importantes, como el principio constitucional de sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, que exige conciliar los intereses individuales de los pensionados con los intereses de la Seguridad Social, cuyos recursos no son ilimitados, como lo expresó la Corte Constitucional, en la sentencia C-526 de 1996 en la cual consideró:

¿El estado debe garantizar el reajuste periódico de las pensiones y que los recursos en este campo mantengan su poder adquisitivo (CP Arts. 48 y 53). Sin embargo, lo cierto es que la concesión de estos reajustes debe tener en cuenta una realidad de gran trascendencia en este examen: los recursos económicos para satisfacer ese pago de las pensiones no son infinitos sino que son limitados. Por ello, la Corte tiene bien establecido que, dentro de ciertos límites, el Legislador tiene cierta libertad para determinar el monto y los alcances de estos reajustes a fin de lograr el mejor uso de los recursos en este campo¿[18][18] (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Respecto a la sostenibilidad financiera del Sistema, la Corte Constitucional en Sentencia SU 1073 de 2012 ha dicho lo siguiente:

¿Según la Exposición de Motivos de la reforma constitucional del artículo 48 de la C.P. su finalidad consistió en procurar la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social, con miras a asegurar su efectividad y eficiencia. En este sentido, el acto legislativo conservó los principios de universalidad, progresividad, eficiencia y solidaridad, e introdujo los criterios de equidad y sostenibilidad financiera del sistema.

En este orden de ideas, es el principio de eficiencia, el sustento para que se tenga como criterio orientador la sostenibilidad financiera autónoma del sistema integral de seguridad social en pensiones, en aras de garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales, en los términos previstos en el artículo 53 del Texto Superior¿. (Negrillas fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso de la propuesta de ley, la eficiencia y la efectividad del Sistema de Pensiones se ve afectada al demandar unos recursos que no se tenían previstos, con el fin de soportar el pago de unos beneficios pensionales que no estaban contemplados en los instrumentos legales de gasto y planeación financiera y fiscal, tales como el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en razón al reajuste por salario mínimo de todas las pensiones reconocidas o por reconocer. Por lo anterior, el solo hecho de requerirse más recursos para incrementar las pensiones con unas mesadas entre 1 y 3 SMLMV, de acuerdo al crecimiento del salario mínimo, implicaría un gasto adicional acumulado de 9,16% del PIB de 2016, es decir, $77,8 billones de valor presente neto a 2050, que afecta la Sostenibilidad Financiera del Sistema de Pensiones y, por ende, pone en peligro el pago y el reajuste de las mesadas que debe pagar el Gobierno en virtud de la asunción constitucional de los pasivos pensionales de varias entidades.

En la siguiente gráfica puede verse el impacto fiscal que tendría el proyecto de ley, que sería cercano a $151 mil millones de pesos en el año 2017, llegando a $3,4 billones en 2030 y tendría una senda ascendente que superaría los $15,2 billones en el año 2050, todas estas cifras a precios de 2016. Estamos hablando de un impacto de 0,0017% del PIB en 2017 llegando a 0,495% del PIB en el año 2050, valor último que implicaría un aumento del 10,2% de los gastos de pensiones, sin que ello traiga aumento de la cobertura en pensiones y demandando recursos que se pueden destinar a la inclusión de personas en esquemas de protección en la vejez, tales como los Beneficios Económicos Periódicos o los auxilios para adultos mayores.

 

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En consecuencia, el presente proyecto de ley no asegura la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, y no se ajusta a lo dispuesto en el inciso primero del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual señala:

¿... Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas¿.

Finalmente, la iniciativa no indica la fuente de recursos o sustituta que financiará el gasto adicional que se genera por cuenta de la propuesta de ley, lo que contraviene el deber de previsión de financiación de todo proyecto que presente el legislador, según el artículo 7° de la Ley 819 de 2003.

Por las razones antes expuestas, este Ministerio se abstiene de emitir co ncepto favorable al proyecto de ley en estudio, y, en consecuencia, de manera respetuosa, solicita considerar la posibilidad de su archivo, no sin antes manifestarle muy atentamente la voluntad de colaborar con la actividad legislativa.

Cordialmente,

 

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C.C.: Honorable Senadora Nadia Blel Scaff ¿ Ponente

Honorable Senador Luis Évelis Andrade C. ¿ Ponente

Honorable Senador Jesús Alberto Castilla S. ¿ Ponente

Honorable Senador Alexánder López Maya ¿ Autor

Honorable Senador Senén Niño Avendaño ¿ Autor

Doctor Jesús María España ¿ Secretario General Comisión Séptima de Senado

 

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a los veintitrés (23) días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis (2016).

En la presente fecha se autoriza la publicación en Gaceta del Congreso de la República, las siguientes Consideraciones.

Consideraciones: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Refrendado por: Andrés Escobar Arango

Al Proyecto de ley número: 10 y 13 de 2016 Senado

Título del Proyecto: por medio de la cual se incrementa las pensiones de forma anual, en el mismo porcentaje en que se incrementa el salario mínimo legal mensual vigente, Acumulado al Proyecto de ley número 013 de 2016 Senado, por la cual se establece el reajuste anual pensiones.

Número de folios: ocho (8)

Recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado el día: veintitrés (23) de septiembre de 2016.

Hora: 9:11 a. m.

Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 5 del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

 

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[1][1]  Esta norma en su artículo 1° ordenó el reajuste de oficio cada año para las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, del sector público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado, así como las que eran pagadas por el extinto Instituto de los Seguros Sociales, el cual se realizaba con base en el salario mínimo. Al respecto se debe precisar que el incremento para el SMLV por muchos años fue inferior al IPC.

[2][2]  Su artículo 116 dispuso: ¿Para compensar las diferencias de los aumentos de salarios y de las pensiones de jubilación del sector público nacional, efectuados con anterioridad al año 1989, el Gobierno nacional dispondrá gradualmente el reajuste de dichas pensiones, siempre que se hayan reconocido con anterioridad al 1° de enero de 1989. Los reajustes ordenados en este artículo comenzarán a regir a partir de la fecha dispuesta en el decreto reglamentario correspondiente y no producirán efecto retroactivo. Este artículo fue declarado inexequible po r la Corte Constitucional mediante Sentencia C-531 de 1995 por unidad de materia, toda vez que un asunto de pensiones no debe estar incluido en una norma tributaria, como consecuencia de ello su Decreto Reglamentario (Decreto número 2108 de 1992) no era susceptible de ser aplicado, sin embargo, surtió efectos durante tres años, tiempo durante el cual se hizo efectivo el reajuste ordenado.

 

[3][3]  Esta norma fue declarada exequible mediante Sentencia C-067 de 1999, en la cual se consideró.

 

[4][4]  Nacional y territorial.

 

[5][5]  Corte Constitucional. Sentencia C-387 de 1994.

 

[6][6]  http://www .banrep.gov.co/es/ipc.

 

[7][7]  Artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 CPACA.

 

[8][8]  Ley 820 de 2003.

 

[9][9]  Así en la Sentencia T-652 de 2012 considero. ¿¿ A partir de dichas consideraciones, se ha derivado que la actualización se deba realizar con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE por ser la constancia nacional del cambio de valor de la moneda, que al ser un hecho notorio no requiere de prueba¿¿.

 

[10][10]        Artículo 145 Código Sustantivo del Trabajo.

 

[11][11]        Sobre el cual se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-815 de 1999.

 

[12][12]        Se incluyen factores como la productividad el crecimiento del PIB entre otros. Al respecto, consideró¿ ¿ la Corte coincide con lo expuesto por el Procurador General de la Nación en el sentido de que el Gobierno, en la hipótesis de la norma debe ponderar los factores contenidos en ella pero que, en todo caso el reajuste salarial que decrete nunca podrá ser inferior al porcentaje del IPC del año que expira. Y ello por cuanto como el Ministerio Público lo dice, el Gobierno está obligado a velar por que el salario mantenga su poder adquisitivo, de tal forma que garantice el mínimo vital y móvil a los trabajadores y a quienes de ellos dependen. De lo contrario vulnera el artículo 53 de la Constitución¿¿.

 

[13][13]        Corte Constitucional Sentencia C-815 de 1999.

 

[14][14]        Mano de obra, materiales, energía, etc.

 

[15][15]        file:///C:Users/Idpabon/Downloads/ABECE%CC%81%20Comisio%CC%81n.pdf.

 

[16][16]        Corte Constitucional. Sentencia C-911 de 2012.

 

[17][17]        Sentencia C-228 de 2011.

 

[18][18]        Este criterio fue reiterado en las Sentencias C-155 de 1997 C-258 de 2003 y C-155 de 1997 al considerar ¿¿el Estado debe garantizar el reajuste periódico de las pensiones y de los recursos en este campo, los cuales deben mantener su poder adquisitivo razón por la cual es menester que el Legislador tenga en cuenta una realidad de trascendencia en este examen, los recursos económicos para satisfacer el pago de las mesadas pensionales, los cuales no son infinitos, sino que ellos son limitados, el Legislador puede por razones de política legislativa señalar cuáles son los límites máximos y mínimos que deben implantarse para que las reservas de dinero destinadas al pago de las pensiones tanto en el sector público como en el privado no pierdan por un lado su capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan los recursos existentes para el pago de las pensiones (C.P. artículos 48 y 53)¿¿ (Negrillas fuera de texto).