CONCEPTO JURÍDICO AL PROYECTO DE LEY 15 DE 2016 SENADO.

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 15 DE 2016 SENADO por la cual se modifica el Régimen de Seguridad Social de los Educadores.

Bogotá

Bogotá

Doctor

JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA

Secretario

Comisión Séptima

Senado de la República

Edificio Nuevo del Congreso

Bogotá, D. C.

Referencia: Concepto al Proyecto de ley número 15 de 2016 Senado.

Respetado doctor Jesús María:

Adjunto remito el concepto del Ministerio de Educación Nacional sobre el Proyecto de ley número 15 de 2016 Senado, por la cual se modifica el Régimen de Seguridad Social de los Educadores.

Solicito de manera atenta tener en cuenta las observaciones que el Ministerio hace sobre el proyecto de ley.

Cordialmente,

 

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CONCEPTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Proyecto de ley número 15 de 2016 Senado

por la cual se modifica el Régimen de Seguridad Social de los Educadores.

I. OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto de ley tiene como objeto establecer la base de cotización a salud de los educadores pensionados activos, al equivalente del salario mensual; y para educadores pensionados retirados un monto del 4% de una pensión cuando aquella no represente más de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes y que comprendería a todos los docentes, excepto los de educación superior.

II. CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL

1. Artículo 2°

¿Los Educadores Pensionados aportarán como base de c otización a salud, el equivalente al 4% de la pensión cuando aquella no represente más de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes, caso en el cual continuará aportando el 12%¿.

1.1. Consideraciones preliminares

Si bien en la exposición de motivos se indica que el objeto de la iniciativa es definir el ingreso base de cotización en salud, tanto para los educadores pensionados activos, como para aquellos ya retirados del servicio, observamos que el artículo 2° anteriormente transcrito no hace dicha distinción.

Luego, debemos entender que la disposición analizada hace referencia exclusivamente a los educadores pensionados retirados, bajo el entendido que: i) la exposición de motivos centra sus argumentos en la protección especial que debe brindar el Estado a las personas de la tercera edad en razón a la disminución que sufren de su capacidad laboral y ii) que por lo mismo, no se indican los motivos que permitan justificar el por qué a un educador activo no se le debe tener en cuenta su mesada como ingreso para determinar sus aportes al régimen especial de seguridad social en salud del cual es beneficiario, para lo cual se hacen extensibles las consideraciones que a continuación se exponen.

1.2. Iniciativa privativa por parte del Gobierno

Como se observó anteriormente, la iniciativa pretende reajustar (disminuir) el aporte como base de cotización a salud de la mesada pensional, aspecto que de acuerdo con lo establecido en el artículo 154 de la Constitución Política, debe corresponder en principio a una iniciativa del Gobierno nacional.

Conforme lo anterior, se hace necesario traer a colación el citado artículo de la norma superior para entender los alcances de la presente consideración:

¿Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

(...)

19. Dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos.

(¿)

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública¿.

En ese mismo sentido, el segundo inciso del artículo 154 cita:

¿(¿)

No obstante, sólo podrán ser dictadas o refor madas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a), b) y e), del numeral 19 del artículo 150;...¿. (Negrillas y Subrayas fuera de texto.)

Como puede observarse, el constituyente fue enfático en indicar las facultades del Gobierno nacional en relación con la definición del régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos, entre los que se comprenden los educadores oficiales, suponiendo así un límite para que se presenten propuestas legislativas sobre este tema.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en el siguiente sentido:

¿Sin embargo, la Constitución ha reservado la capacidad de presentar proyectos de ley sobre ciertos temas al Gobierno con el fin de asegurar el cabal cumplimiento de las funciones que le han sido otorgadas al Gobierno Nacional e igualmente lograr una colaboración armónica entre los poderes ejecutivo y legislativo. Con ello, se ha mantenido el criterio aplicado por el artículo 79 de la Constitución de 1886, emergido de la reforma constitucional de 1968, en el sentido de procurar mantener un cierto orden institucional que, en lo que toca con las competencias propias del Presidente de la República (C.P. artículo 189), facilite la continuidad y uniformidad de las políticas que este haya venido promoviendo y desarrollando, impidiendo con ello que como resultado de la improvisación o la simple voluntad legislativa unilateral, tales políticas puedan ser modificadas o suprimidas sin su iniciativa o consentimiento expreso¿[1][1]. (Negrillas fuera de texto)

Específicamente sobre el régimen prestacional de los funcionarios públ icos, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar:

¿...debe precisar la Corte que si el asunto regulado a través de este proyecto de ley efectivamente se encuadra en la letra e) del numeral 19 del artículo 150 Constitucional, existiría no solo un problema de iniciativa legislativa, sino que además habría incompetencia del Congreso para regular el tema, pues su labor deberla limitarse, siempre que medie la ya referida iniciativa gubernamental, a plasmar en la ley unos objetivos o criterios en relación con el tema, para que a continuación sea el Gobierno nacional el que expida regulaciones sustanciales sobre la materia. Según lo ha señalado la Corte[22], una de las razones que explican el establecimiento de este tipo de reglas en relación con el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos es el directo impacto que el manejo de este tema puede tener en el equilibrio o desbalance de las finanzas del Estado, a partir de lo cual se considera que debe ser el Presidente de la República quien establezca las reglas y condiciones de ese sistema de salarios y prestaciones¿[2][2]. (Subrayas fuera de texto)

Así las cosas, y de acuerdo con el principio de iniciativa legislativa reservada, descrita en el inciso segundo del artículo 154 de la Constitución Política, los proyectos de ley que versen sobre la fijación del régimen prestacional de los empleados públicos, entre otros, pueden ser tramitados por el Congreso de la República, en principio, cuando sean presentados por el Gobierno nacional, o cuando el Ejecutivo a través del ministro del ramo, manifieste respecto de los proyectos de ley que trate sobre materias de su exclusiva potestad, que se otorga el aval o la coadyuvancia.

En efecto, la Ley Orgánica 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso de la República), establece lo siguiente en el parágrafo del artículo 142:

¿Parágrafo. El Gobierno nacional podrá coadyuvar cualquier proyecto de su iniciativa que curse en el Congreso cuando la circunstancia lo justifique. La coadyuvancia podrá efectuarse antes de la aprobación en las plenarias¿.

En desarrollo de la anterior disposición, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado en reiteradas ocasiones, que la iniciativa legislativa reservada del Gobierno nacional, no consiste únicamente en la mera presentación inicial de propuestas al Congreso, sino que también comprende el aval o la coadyuvancia que el mismo Ejecutivo, a través del ministro del ramo, manifieste respecto de los proyectos de ley que trate sobre materias de su exclusiva potestad, saneando con esta expresión de consentimiento la inconstitucionalidad que se hubiere producido por no haberse originado por iniciativa gubernamental.

Observemos lo señalado al respecto por la Corte Constitucional:

¿(...) debe aclararse que la iniciativa legislativa gubernamental no se circunscribe al acto de la mera presentación del proyecto de ley como en principio pareciera indicarlo el artículo 154 Superior. En realidad, teniendo en cuenta el fundamento de su consagración constitucional, cual es el de evitar que se legisle sin el conocimiento y consentimiento del Ejecutivo sobre materias que comprometen aspectos propios de su competencia, dicha atribución debe entenderse como aquella función pública que busca impulsar el proceso de formación delas leyes, no solo a partir de su iniciación sino también en instancias posteriores del trámite parlamentario. Entonces, podría sostenerse, sin lugar a equívocos, que la intervención y coadyuvancia del Gobierno nacional durante la discusión, trámite y aprobación de un proyecto de ley de iniciativa reservada, constituye una manifestación tácita de la voluntad legislativa gubernamental y, desde esa perspectiva, tal proceder se entiende inscrito en la exigencia consagrada en el inciso 2° del artículo 154 de la Constitución Política. A este respecto, y entendid o como un desarrollo del mandato previsto en la norma antes citada, el parágrafo único del artículo 142 de la Ley 5ª de 1992, por la cual se expide el reglamento del Congreso, es claro en señalar que: ¿el Gobierno nacional podrá coadyuvar cualquier proyecto de su iniciativa que curse en el Congreso cuando la circunstancia lo justifique¿, y que ¿La coadyuvancia podrá efectuarse antes de la aprobación en las plenarias¿.

En relación con este tema, la Corte, a partir de una interpretación amplia y flexible de las disposiciones constitucionales que fijan el marco de las funciones parlamentarias, ha considerado que el consentimiento dado por el Gobierno a un proyecto de ley de iniciativa reservada y su participación activa en el proceso formativo de la ley, subsanan la restricción legislativa impuesta al Congreso por el precitado inciso 2° del artículo 154 Superior¿[3][3].

Por lo tanto, lo contemplado en el proyecto de ley analizado, al ser iniciativa originada por el Congreso, es contraria a lo establecido por el citado artículo Superior, teniendo en cuenta que pretende modificar la norma que determina el monto base de cotización a salud por parte de docentes pensionados conforme lo determina la Ley 100 de 1993.

1.3. Modificación de la tarifa de cotización de los pensionados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, del 12 al 4% - principio de solidaridad

Con base en lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público prestado con sujeción al principio de solidaridad, sin olvidar que le corresponde al Estado garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Desde esta doble óptica en que se presenta el artículo 48 Superior, todos los afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral, como lo son los pensionados, están obligados a contribuir con el financiamiento no solo de los servicios de salud, como de la sostenibilidad del sistema en su conjunto, por lo que una reducción como la propuesta a través del presente proyecto de ley está desconociendo el precepto constitucional en mención.

La Corte Constitucional en Sentencia C-529 de 2010 de manera clara expresó:

(...) ¿En relación con la aplicación del principio de solidaridad en materia de seguridad social, la Corte ha considerado que (ii) implica que todos los partícipes de este sistema deben contribuir a su sostenibilidad, equidad y eficiencia, lo cual explica que sus miembros deban en general cotizar, no sólo para poder recibir los distintos beneficios, sino además para preservar el sistema en su conjunto;... (iv) los aportes deben ser fijados de conformidad con criterios de progresividad, que permitan que quienes más capacidad contributiva tengan, aporten en proporciones mayores; ... (viii) exige la ayuda mutua entre las personas afiliadas, vinculadas y beneficiarias, independientemente del sector económico al cual pertenezcan, y sin importar el estricto orden generacional en el cual se encuentren; (ix) implica las reglas según las cuales el deber de los sectores con mayores recursos económicos de contribuir al financiamiento de la seguridad social de las personas de escasos ingresos, y la obligación de la sociedad entera o de alguna parte de ella, de colaborar en la protección de la seguridad social de las personas que por diversas circunstancias están imposibilitadas para procurarse su propio sustento y el de su familia; y (x) se pueden aumentar razonablemente las tasas de cotización, siempre y cuando no vulneren los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna¿ (...).

De lo anterior se puede desprender dos ideas, la primera, que se hace necesaria la participación de los particulares en la medida de su capacidad económica individual, la segunda, que el financiamiento de los servicios de salud no descansa exclusivamente en el Estado, con esta óptica en Sentencia C-542 de 1998, el Alto Tribunal Constitucional se pronunció en relación con el cobro de copagos y cuotas moderadoras.

¿Como se ha advertido, el fin social del Estado, además de asegurar la prestación del servicio de salud, supone una redistribución de los recursos, económicos, administrativos, humanos, institucionales, etc. con que cuenta el sistema de seguridad social en salud, para que todos puedan tener acceso al mismo y obtener la atención en los distintos niveles referidos; esto, en un Estado con limitaciones económicas como el nuestro, donde la carga de su financiación no puede ser exclusivamente estatal, determina que la sociedad y los particulares participen en la medida de su capacidad económica individual y con esfuerzo en la misma para poder ofrecer a todos el servicio en condiciones que realcen su dignidad humana y permitan destinar una especial atención y protección de las personas menos favorecidas. La vigencia de un esquema de participación de la sociedad en los cometidos estatales de orden social, así diseñado, facilita la realización material de un orden justo, basado en el respeto a la dignidad humana, mediante la efectividad del compromiso solidario por parte de todos¿. (Subrayado nuestro).

Lo cierto es que desde la Corte Constitucional se ha hecho hincapié en relación con el principio de solidaridad tal como se indica en la Sentencia C-126 de 2000:

(...) ¿... si la solidaridad constituye uno de los principios básicos de la seguridad social, pero el Legislador goza de una considerable libertad para optar por distintos desarrollos de este sistema, una consecuencia se sigue: la ley puede, dentro de determinados límites, estructurar la forma cómo los distintos agentes deben cumplir con su deber de solidaridad en este campo. Por consiguiente, en tal contexto, bien puede la ley establecer que el pensionado debe cancelar en su integridad la cotización en salud¿.

Acogiendo cada una de las interpretaciones hechas desde el Tribunal Constitucional, se puede concluir preliminarmente que el descuento que se efectúa a los maestros pensionados del país se encuentra ajustado a derecho, y en el evento de establecer un rég imen diferenciado de cotizaciones entre la generalidad de trabajadores pensionados, podría comportar una violación al principio de igualdad establecido en la Carta Política, habida cuenta que los demás regímenes pensionales cuentan con la obligación de aportar sobre su la totalidad de sus ingresos y no de manera diferenciada como lo pretende la iniciativa que actualmente cursa en el Congreso de la República.

Resta por señalar que la anterior vulneración resulta más evidente respecto de los educadores oficiales que ingresaron al servicio con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003, quienes tienen los derechos pensionales que se derivan del Régimen de Prima Media con Prestación Definida[4][4]. Por lo tanto, cuando accedan a su pensión de vejez, las condiciones para hacer sus aportes en salud serían diferentes al resto de pensionados de este mismo régimen, sin que haya alguna justificación para este trato diferenciado (incuso, contradictorio teniendo en cuenta la excepcionalidad del régimen de salud al que tienen derecho los educadores oficiales y frente al cual los aportes de los educadores pensionados sería menor al que hacen los demás pensionados en el régimen general).

Finalmente, también es importante traer como ejemplo el siguiente fallo de la Corte Constitucional, órgano que ha tenido la oportunidad de conocer sobre reclamaciones elevadas por educadores oficiales que han solicitado la devolución de las cifras aportadas por concepto de salud y que fueron descontadas de su pensión gracia:

¿(...) Adicionalmente, como la Corte lo explicó en la misma decisión, con anterioridad a la Ley 100 de 1993, los pensionados contribuían con el 5% de su mesada pensional para la financiación de los servicios de salud. La Ley 100 modificó este porcentaje al establecer que la tasa de cotización para financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud sería hasta del 12%, independientemente del tipo de pensión de que se trate. Por su parte, la pensión gracia de los docentes fue reajustada mensualmente en un monto equivalente a la diferencia entre el 5% y el nuevo valor del aporte por concepto de salud, que puede ser hasta del 12%. Lo anterior, con el fin de mantener la capacidad adquisitiva de las mesadas pensionales y no afectar el derecho a la igualdad de los pensionados como consecuencia del incremento en el aporte por concepto de salud ordenado por la Ley 100 de 1993. Esta circunstancia es una razón más que explica la improcedencia de la tutela como mecanismo para exigir la devolución de posibles aportes en exceso por concepto de salud (...)¿[5][5]5.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, quienes habían obtenido el reconocimiento de la pensión gracia aportaban al sistema un porcentaje determinado. Así mismo, con motivo de la nivelación de la cotización se efectuaron incrementos de las asignaciones a quienes obtuvieron dicha pensión con anterioridad al primero de enero de 1994. En este contexto el Proyecto de ley número 015 de 2016 contraría los postulados constitucionales de igualdad y solidaridad explicados en este numeral, al establecer en favor de este grupo poblacional un trato diferencial que no cuenta con justificación, más aun cuando el ordenamiento jurídico en su momento adoptó medidas conducentes a que pudieran hacer sus cotizaciones al régimen de salud bajo la nueva tarifa establecida, medidas que no tendrían algún sentido con lo propuesto en la iniciativa.

1.4. Consideraciones respecto del criterio de sostenibilidad fiscal

Se reitera que un menor ingreso de aportes al sistema podría llevar a una desfinanciación del mismo, convirtiéndose ello en un rompimiento del principio de solidaridad y desbalance financiero con el cual se impediría garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, en este caso de los docentes pensionados, máxime si se tiene en cuenta que se trata de un régimen especial lo que implica entre otros aspectos: i) que el sistema protege a los educadores de cualquier enfermedad o accidente independientemente de su origen (común o laboral), ii) su cobertura es superior en medicamentos e insumos, y en abordaje integral de patologías iii) carencia de períodos mínimos de cotización y preexistencias, y iv) no se exige copagos para ningún servicio para los afiliados ni sus beneficiarios[6][6]6.

Por ende, se debe tener en cuenta que el artículo 334 de la Constitución Política (modificado por el Acto Legislativo 3 de 2011) reconoce el marco de la sostenibilidad fiscal, como un instrumento orientador de la actividad estatal. Sobre el particular, nuevamente la Corte Constitucional en la Sentencia C-288 de 2012 definió este concepto, analizó su alcance y precisó ciertos aspectos en cuanto a su aplicación:

¿El primer aspecto que se encuentra en el Acto Legislativo demandado es (sic) integra a la Constitución el concepto de sostenibilidad fiscal. Este criterio, según la doctrina económica, no es unívoco. Sin embargo, las diferentes definiciones apuntan a encuadrar/o en la necesidad que los Estados mantengan una disciplina fiscal que evite la configuración o extensión en el tiempo de déficit fiscales abultados, que pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica¿. (Negrita es nuestra).

(...)

¿(...) el Acto Legislativo define a la SF (sostenibilidad fiscal) como un ¿marco¿ que tiene la función de ¿orientar¿. La acepción usual de esos conceptos indica que la SF, así entendida, consiste en un patrón o guía para la actuación de las autoridades del Estado. Al carecer de la naturaleza y peso específico de los principios constitucionales, no cumple objetivos autónomos ni prescribe mandatos particulares que deban ser optimi zados, sino que es una herramienta que solo adquirirá validez y función constitucionalmente relevante cuando permita cumplir los fines para los cuales fue prevista¿.

Igualmente, la referida sentencia se pronunció sobre la relación entre la progresividad de los derechos sociales y la sostenibilidad fiscal establecida en el Acto Legislativo 3 de 2011:

¿La jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de progresividad de los derechos sociales consiste en la obligación del Estado de ¿seguir hacia adelante¿ en la consecución del goce pleno de estas garantías. Quiere esto decir que los Estados no pueden quedarse inmóviles ante la satisfacción de los mismos, sino que deben propender por el aumento de la cobertura y de las garantías que le son propios, hasta el máximo posible, a través del establecimiento de medidas legislativas y de cualquier otra índole¿.

En consecuencia, el Estado debe adoptar medidas que progresivamente amplíen y fortalezcan el régimen de salud de los docentes que gozan de su pensión. No obstante, esas medidas deben tener en cuenta la sostenibilidad fiscal que es un criterio orientador de la actividad estatal.

De allí la importancia de que, en el presente caso, se dé aplicabilidad al artículo 7° de la Ley 819 de 2003 que consagra el deber de analizar el impacto fiscal de los proyectos de ley que sean debatidos al interior del Congreso de la República:

(...) ¿Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo¿ (...).

No obstante, revisada la exposición de motivos se puede constatar que allí solo se hace referencia a la necesidad de garantizar los derechos a la igualdad y a la seguridad social de los docentes que gozan de su pensión, sin que se incluyan estudios técnicos que soporten el impacto económico que podría generar la medida contenida en el proyecto que se revisa.

III. CONSIDERACIONES DE CONVENIENCIA

Partiendo nuevamente de la premisa por medio de la cual, un menor ingreso de aportes al sistema podría llevar a una desfinanciación del mismo, vale la pena traer a colación lo dicho en la Sentencia C-1000-07, por la Corte Constitucional, resaltando el deber de los pensionados de cotizar en materia de salud.

¿Finalmente, en cuanto al deber que tienen los pensionados de cotizar en materia de salud, la Corte ha estimado que (i) es un desarrollo natural de los preceptos constitucionales que la ley ordene brindar asistencia médica a los pensionados y que prevea que estos paguen una cotización para tal efecto, ya que la seguridad social no es gratuita sino que se financia, en parte, con los mismos aportes de los beneficiados, de conformidad con los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad; y (ii) no viola la Constitución que el legislador establezca que los pensionados deben cotizar en materia de salud.[36]¿ (Negrita es del texto original).

¿En suma, si bien el legislador cuenta con un margen de configuración normativa al momento de estructurar un sistema de seguridad social en salud, estableciendo reglas para determinar las fuentes de financiación que lo sostienen, debe asimismo respetar los principios de universalidad, sostenibilidad económica del sistema, razonabilidad, proporcionalidad y solidaridad, así como con los derechos fundamenta/es a la igualdad, dignidad humana y mínimo vital (...)¿.

Por lo anteriormente expuesto, es claro que no es conveniente la aprobación del presente proyecto de ley, por cuanto el artículo 48 en armonía con lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución Política, buscan de manera solidaria (Estado-particulares), que en una economía de recursos escasos, estos se aprovechen al máximo sin menoscabar la prestación efectiva de derechos, que en el caso concreto se traduce en una prestación del servicio de salud a docentes pensionados, garantizando el perfecto equilibrio entre la cotización que deben realizar los pensionados, la administración de los recursos y la prestación del servicio de salud, sin ninguna clase de menoscabo.

IV. CONCLUSIONES

El Ministerio de Educación Nacional reconoce la intención loable de la iniciativa. Sin embargo, de acuerdo a los argumentos esgrimidos que evidencian razones de inconstitucionalidad y de inconveniencia, se solicita al Honorable Congreso de la República considerar el archivo del Proyecto de ley número 015 de 2016 Senado.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a 29 de septiembre 2016

En la presente fecha se autoriza la publicación en Gaceta del Congreso de la República de las siguientes consideraciones:

Concepto: Ministerio de Educación.

Refrendado por: Francisco Javier Cardona Acosta, Viceministro de Educación Superior.

Proyecto de ley número 15 de 2016 Senado

Título del proyecto: por la cual se modifica el Régimen de Seguridad Social de los Educadores.

Número de folios: Diez (10).

Recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado el día: veintinueve (29) de septiembre de 2016.

Hora: 3:00 p. m.

Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

 

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[1][1]  Sentencia C-821 de 2011.

 

[2][2]  Sentencia C-741 de 2012.

 

[3][3]  Sentencia C-1707 de 2000.

 

[4][4]  Cfr. Artículo 81.

 

[5][5]  5 Sentencia T-272 de 2014.

 

[6][6]  6 Para mayor información consultar la Cartilla ¿Modelo Mejorado de Salud para el Magisterio¿, Fiduprevisora S.A. 2005.