CONCEPTO JURÍDICO AL PROYECTO DE LEY 196 DE 2016 SENADO.

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 196 DE 2016 SENADO por la cual se reglamenta el ejercicio de la Alergología clínica, sus procedimientos y se dictan otras disposiciones

Bogotá, D

Bogotá, D. C.,

Doctor

JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA

Comisión Séptima Constitucional

Senado de la República

Carrera 7ª Nº 8-68

Ciud ad

Asunto: Concepto sobre el Proyecto de ley número 196 de 2016 Senado, por la cual se reglamenta el ejercicio de la Alergología clínica, sus procedimientos y se dictan otras disposiciones.

Señor Secretario:

Teniendo en cuenta que la iniciativa de la referencia está pendiente de surtir primer debate en esa Corporación, se hace necesario emitir el concepto institucional desde la perspectiva del Sector Salud y Protección Social.

Al respecto, este Ministerio, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales que le asisten, en especial las previstas en el inciso 2º del artículo 208 de la Constitución Política y el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, sin perjuicio de los comentarios que estimen pertinente realizar otras autoridades para las cuales este tema resulte sensible, formula las siguientes observaciones:

1. En primer lugar, es importante señalar que en la exposición de motivos de la propuesta legislativa se plantea que:

[...] Una normatividad clara en el hacer de los Programas en Alergología Clínica (Alergología) genera una mejor atención y un compromiso social, tanto del [E]stado como de los profesionales en salud, para la mejor atención del paciente con enfermedad alérgica. Así mismo este compromiso implica una mayor vinculación de los alergólogos al sistema de salud hospitalario, lo que permite un acceso más fácil a técnicas diagnósticas y de tratamiento en este campo para el paciente, y además un mejor control en el hacer profesional que en la actualidad pocos hospitales poseen.

2. Bajo esa perspectiva, es preciso recordar que el ejercicio de la medicina en Colombia, como en la mayor parte de países del mundo, tiene dos elementos clave como lo son: i) la regulación legal y, ii) la autorregulación por parte del colectivo médico. En cuanto a lo segundo, el artículo 17 de la Ley 1751 de 2015 dispone:

Artículo 17. Autonomía profesional. Se garantiza la autonomía de los profesionales de la salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen a su cargo. Esta autonomía será ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica.

Se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra la autonomía de los profesionales de la salud, así como cualquier abuso en el ejercicio profesional que atente contra la seguridad del paciente.

La vulneración de esta disposición será sancionada por los tribunales u organismos profesionales competentes y por los organismos de inspección, vigilancia y control en el ámbito de sus competencias.

Parágrafo. Queda expresamente prohibida la promoción u otorgamiento de cualquier tipo de prebendas o dádivas a profesionales y trabajadores de la salud en el marco de su ejercicio laboral, sean éstas en dinero o en especie por parte de proveedores; empresas farmacéuticas, productoras, distribuidoras o comercializadoras de medicamentos o de insumos, dispositivos y/o equipos mé dicos o similares.

Aunque la autonomía es un concepto mucho más amplio, aquella de que trata este precepto se expresa conforme a lo que a continuación se describe:

¿ Un ámbito: la adopción de decisiones sobre diagnóstico y tratamiento de los pacientes a su cargo.

¿ Unos linderos en su ejercicio, entendido como un marco de acción que supone autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica.

Acorde con lo estipulado en la disposición trascrita, uno de los elementos y expresiones de la autonomía es la posibilidad de autorregulación. A esto se suman como parámetros del ejercicio profesional, la ética, la racionalidad y la evidencia científica. Adicionalmente, la autonomía comporta la posibilidad de que se desarrollen actos libres, carentes de todo constreñimiento o abuso y esto incluye la prohibición del otorgamiento de dádivas y prebendas de cualquier especie. La norma analizada hace suya, con ciertos matices, la prohibición establecida en el artículo 106 de la Ley 1438 de 2011, modificado por el artículo 133 de la Ley 1474 de 2011 y cuyo texto es como sigue:

Artículo 106. Prohibición de prebendas o dádivas a trabajadores en el sector de la salud. Queda expresamente prohibida la promoción u otorgamiento de cualquier tipo de prebendas, dádivas a trabajadores de las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud y trabajadores independientes , sean estas en dinero o en especie, por parte de las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud, empresas farmacéuticas productoras, distribuidoras, comercializadoras u otros, de medicamentos, insumos, dispositivos y equipos, que no esté vinculado al cumplimiento de una relación laboral contractual o laboral formalmente establecida entre la ins titución y el trabajador de las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Parágrafo 1°. Las empresas o instituciones que incumplan con lo establecido en el presente artículo serán sancionadas con multas que van de 100 a 500 smmlv, multa que se duplicará en caso de reincidencia. Estas sanciones serán tenidas en cuenta al momento de evaluar procesos contractuales con el Estado y estarán a cargo de las entidades de Inspección, Vigilancia y Control con respecto a los sujetos vigilados por cada una de ellas.

Parágrafo 2°. Los trabajadores de las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud que reciban este tipo de prebendas y/o dádivas, serán investigados por las autoridades competentes. Lo anterior, sin perjuicio de las normas disciplinarias vigentes.

Esto supone tanto la autorregulación como la capacidad que tiene el Estado para intervenir en esta como proyección de la labor que debe emprender en materia de inspección y vigilancia del ejercicio de las profesiones y de la regulación de su ejercicio en la medida en que entraña un riesgo social.

Así, en lo concerniente con esta norma, la Corte Constitucional sostuvo:

[...] Sea en uno u otro sentido, la autonomía es una expresión indispensable para comprender el contenido del ideal de la libertad[1][1], pues, ¿...en desarrollo de su facultad de autodeterminación se garantiza a la persona el poder para tomar, sin injerencias extrañas o indebidas, las decisiones acerca de los asuntos que le conciernen, lo que adquiere especial significación en materias relativas a la salud y a la vida individual¿[2][2]. De tal modo que, al pretender correlacionar los derechos y deberes de médicos frente a pacientes, la autonomía y su regulación, son criterios forzosos para delimitar recíprocamente los ámbitos de actuación de unos y otros; sin tales pautas, la coexistencia y el respeto debido al individuo como sujeto independiente, serían difícilmente predicables. Por ende, para esta Corporación:

¿El considerar a la persona como autónoma tiene sus consecuencias inevitables e inexorables, y la primera y más importante de todas consiste en que los asuntos que solo a la persona atañen, solo por ella deben ser decididos. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen¿[3][3].

La Asociación Médica Mundial en su Declaración sobre la autonomía y autorregulación profesional, estima en relación con el médico:

¿1. El elemento principal de la autonomía profesional es la garantía que el médico puede emitir con toda libertad su opinión pr ofesional con respecto a la atención y tratamiento de sus pacientes,

2. La Asociación Médica Mundial y sus asociaciones médicas nacionales reafirman la importancia de la autonomía profesional como componente esencial de la atención médica de alta calidad y, por consiguiente, como un beneficio que se debe al paciente y que debe ser preservado. Por lo tanto, la Asociación Médica Mundial y sus asociaciones médicas nacionales se comprometen a mantener y garantizar ese principio de ética esencial, que es la autonomía profesional en la atención de los pacientes¿[4][4].

Como una fórmula precisa, hasta este punto, que permita concretar y, por tanto, ajustar mutuamente la autonomía del médico y la autonomía del paciente en el ejercicio médico, se hace indispensable recordar, en palabras de esta Corporación:

¿(...) Ni el ser humano debe convertirse en un objeto de manipulación de la organización médica, ni esta debe supeditar todos sus propósitos asistenciales, científicos y curativos a la opinión de los pacientes¿[5][5].

Ya frente a la relación del médico-paciente y cualquiera otra institución o entidad, resulta esencial, para la efectiva realización del derecho a la salud, en concordancia con el derecho a la libertad y a la autonomía, que las decisiones ado ptadas en relación con tratamientos, medicamentos y algún otro suministro quirúrgico ordenado por el médico y consentido por el paciente, puedan ser efectuados independientemente de la imposibilidad de contar con los recursos necesarios que exigieren; pues no parece tener sentido que, pese a la adopción de una decisión sustancial orientada a garantizar el goce de estas garantías fundamentales e involucrando directamente al médico­paciente, resultaren afectadas, menoscabadas o simplemente ignoradas por terceros ajenos a la situación particular que uno de ellos padece. El párrafo 6° de la Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la Autonomía y Autorregulación Profesional, luego de un llamado a los galenos, en cuanto a que ¿Tener conciencia de los gastos es un elemento esencial de la autorregulación¿, concluye:

¿El control de gastos no debe ser usado como pretexto para negar a los pacientes los servicios médicos que necesitan. Tampoco debe permitirse el excesivo uso de facilidades médicas que aumente el costo de la atención médica de tal manera, que no permita acceso a ella a los que las necesitan¿[6][6].

[...]

Para la Corte, estos antecedentes evidencian la consonancia de la autorregulación con la preceptiva constitucional, finalmente, resulta claro que la autonomía no es absoluta y, encuentra su límite en los derechos de los demás. Por ende, la autorregulación en el campo de la profesión médica, es necesaria. Se impone pues en este punto la exequibilidad.

En cuanto a la racionalidad, entendida en su acepción más universal, esto es, como lo conforme con la razón, no encuentra la Sala motivo para tachar de inconstitucional la sujeción del ejercicio de la profesión médica a la facultad ordinaria de discurrir que se entiende como propia de la generalidad de la persona humana. Por lo que atañe a la evidencia científica, se atiene la Corte a la aceptación que se hizo de la misma en los términos que se estimó la constitucionalidad de las exclusiones del artículo 15 del proyecto que incorporan este factor. En suma, ninguno de los 4 factores en los que se enmarca la autonomía médica, supone reparos en su constitucionalidad y en ese sentido se pronunciará esta Corte.

Por otro lado, no encuentra la Corte que la protección de la autonomía médica pueda comportar el desconocimiento de las obligaciones laborales del galeno, como lo han sugerido algunas intervenciones. Esto acontecería si las obligaciones a las que se refieren los intervinientes fuesen de aquellas contrarias a la evidencia científica, a la racionalidad, a la ética o invadiesen el ámbito de la autorregulación. Para el Tribunal Constitucional, las órdenes que se impartan a los profesionales de la salud deben tener como límites los que el legislador le ha trazado, de no ser así, se estarían convalidando órdenes u obligaciones laborales, tanto ilegales como inconstitucionales.

Para la Sala, los motivos expuestos y el diseño de la prescripción, por parte del legislador estatutario, no evidencian ningún desconocimiento de la Constitución imponiéndose la declaración de constitucionalidad del inciso 1° del artículo 17.

El inciso 2º simplemente plantea un mandato general orientado a proteger dicha autonomía y, por ello, no cabe razón para excluirlo del ordenamiento jurídico.

En el inciso 3°, el legislador estatutario dispuso que las prácticas lesivas de la autonomía del profesional de la salud, deben ser objeto de castigo por parte de los Tribunales y Organismos Competentes, con lo cual, el legislador estatutario no establece tipos penales o disciplinarios, sino que se remite a lo que los preceptos que rigen a dichas autoridades determinen. Las normas que establezcan las sanciones, los procedimientos y la especificidad de las conductas sancionables habrán de producirse o, contraerse a lo dispuesto para los órganos a los que alude el mandato.

Con la indicada remisión, no se advierte ningún desconocimiento del debido proceso, por ende, no cabe retirar la norma del ordenamiento.

En lo concerniente al parágrafo, no encuentra la Sala motivos para declarar su inconstitucionalidad, pues, no se trata de la afectación de ninguno de los derechos laborales de los profesionales de la salud. Entiende la Corte que el mandato apunta a defender la autonomía profesional del médico, proscribiendo prácticas que, en últimas, no solo condicionan la referida autonomía médica, sino que comprometen el goce efectivo del derecho a la salud. Así por ejemplo, la formulación de un medicamento con la intención de generarle beneficios a un laboratorio del cual ha recibido dadivas algún profesional de la salud, puede implicar la no prescripción de otro medicamento más apropiado para la condición de salud del paciente, afectándose el goce del derecho de este último.

En suma, el mandato legal revisado no compromete ninguno de los derechos laborales del profesional de la salud, los cuales, se preservan en su integridad. No observa la Corte ningún tipo de quebrantamiento de lo dispuesto en el artículo 25, en el artículo 53 o en alguna otra disposición de rango constitucional que proteja el derecho al trabajo, pues entiende que, se trata más bien, de una restricción a la autonomía, no solo en aras de la ética, sino particularmente a favor del derecho fundamental a la salud. Con tales estimaciones, se procederá a declarar la constitucionalidad del parágrafo del artículo 17 revisado.

Como se advierte, es uno de los aspectos centrales del ejercicio profesional. La autorregulación[7][7] tiene que ver con la creación de normas por quien es el que debe cumplirlas pero, a diferencia de la autonomía, constituye un proceso colectivo en el marco de una profesión, de imposición de normas propia s y que se asocia al término homeostasis, a saber, la búsqueda de equilibrio y preservación de la existencia del organismo. Sobre este particular, en la Declaración de la Asociación Médica Mundial de 1987 se precisa:

[...] Paralelamente al derecho a la autonomía profesional, la profesión médica tiene una responsabilidad permanente de autorregulación y no obstante la existencia de otros reglamentos aplicables a los médicos, la profesión médica debe tomar a su cargo la tarea de regular la conducta y actividades profesionales del médico [...][8][8] [Énfasis fuera del texto].

La misma debe propender por la calidad en la atención a los pacientes y la competencia del médico que la realiza como elementos primordiales[9][9]. Dentro de los substratos que se enfatizan en la autorregulación están, los de conciencia de los gastos, en línea de accesibilidad de todos los ciudadanos, reconociendo, en todo caso, que dicho control ¿[...] no debe ser usado como pretexto para negar a los pacientes los servicios médicos que necesitan [...]¿[10][10]. Es más, la autorregulación implica un ejercicio de divulgación y educación frente al público y un esfuerzo porque la labor que se desarrolla genere confianza[11][11].

3. Acorde con lo que se viene tratando, se tiene que la regulación está contenida principalmente en la Ley 23 de 1981 (Regula el ejercicio médico en Colombia así como la ética) y la Ley 1164 de 2007 (Ley del Talento Humano en Salud). Estas normas establecen, por ejemplo, que para ejercer la medicina en Colombia se debe contar con el título de profesional o de especialización médica, emitido por una Institución de Educación Superior autorizada en Colombia o convalidado por la autoridad competente. En consonancia con lo ello, el artículo 22 de la Ley 1164 de 2007, estipula que: ¿[¿] Ninguna persona podrá realizar actividades de atención en salud o ejercer competencias para las cuales no está autorizada sin los requisitos establecidos en la presente ley¿.

Desde luego, las dos leyes citadas han creado un marco normativo general para el ejercicio de la Medicina que se desarrolla y complementa con reglamentaciones e instrumentos de carácter técnico y académico, como las normas y estándares de habilitación de los servicios de salud, la definición de perfiles, competencias profesionales y laborales, las guías de práctica clínica, los consensos y protocolos, entre otros.

Igualmente, hay que mencionar que en nuestro país existen dos especializaciones médicas que tienen leyes concretas dirigidas a regular su ejercicio: Anestesiología y Reanimación (Ley 6ª de 1991) y Radiología e Imágenes Diagnósticas (Ley 657 de 2001). Las demás especializaciones están reguladas por las disposiciones generales contenidas en las Leyes 23 de 1981 y 1164 de 2007.

La referida Ley 1164 de 2007, en su artículo 35, describe unos principios éticos y bioéticos que deben regir el ejercicio de las profesiones de la salud, entre los cuales caben destacar, además de la autonomía profesional, los principios de beneficencia, de no maleficencia y de causa de doble efecto, directrices que buscan que las actuaciones de los profesionales busquen el máximo beneficio y el menor riesgo para sus pacientes.

A partir de lo expuesto es claro que existen normas de carácter legal y de índole ético que regulan el ejercicio de la medicina y de sus especializaciones en Colombia, esto a su vez pone de relieve criterios que deben ser aplicados por los propios médicos, en ejercicio de su autonomía, para determinar hasta dónde llega su competencia frente a las necesidades y condiciones de salud específicas de cada paciente, en un contexto específico.

En lo sucesivo, la pregunta es si ante la ocurrencia de hechos o conductas que transgreden estos preceptos, la opción pertinente es la expedición de una nueva normatividad.

Aquí, vale decir que la formación y el ejercicio de la medicina constituyen un campo donde los avances científicos, tecnológicos, sociales y jurídicos exigen un despliegue constante de análisis, ajuste y actualización. Los ámbitos de desempeño de la medicina y sus especializaciones no están delimitados por fronteras precisas y estáticas. Estas pueden variar de acuerdo a las características de los sistemas de salud y de educación de cada país, a la disponibilidad de médicos y especialistas, al desenvolvimiento de la profesión médica, a las regulaciones específicas de la labor profesional, entre otras.

4. Teniendo en cuenta lo anterior, este Ministerio, en varias ocasiones, ha manifestado su oposición a la creación de normas específicas sobre la reglamentación de especializaciones del área de la salud, toda vez que al hacerlo puede limitarse el campo de acción de los médicos o de otros profesionales de la salud, condicionando la prestación del servicio de salud a la vinculación de un especialista en las IPS, aspecto que puede suscitar controversia ya que el país no tiene el número suficiente de especialistas que abarquen todo el territorio nacional.

En efecto, el hecho de facultar solo a los especialistas a la prestación de ciertos servicios de salud puede traer consigo la prohibición para que otros profesionales realicen dichas funciones, esto puede ser contraproducente en lugares donde no se ubiquen especialistas bien sea por el nivel de complejidad de la IPS o bien sea por el lugar geográfico donde se desarrolla la actividad, la cual no siempre cuenta con todos los especialistas deseados. De igual forma, hay otros programas de especialización en el área de la sa lud, que tienen dentro de sus competencias entrenamiento en las áreas de la alergología, las cuales, pueden ser aplicadas a muchos de los eventos que se presentan en las instituciones de salud, que hoy por la insuficiencia del especialista de alergología no podrían ser atendidos y sus casos resueltos.

Desde este punto de vista y atendiendo este planteamiento, la norma proyectada podría resultar no solo INCONVENIENTE sino contraria a nuestro ordenamiento en cuanto limitaría el acceso a la salud de la población en el territorio nacional.

5. Además de lo expuesto y sin perjuicio del alcance de lo advertido en el punto anterior, se procede a hacer comentarios del articulado, así:

5.1. Frente al artículo 1º y a lo largo del texto, se hace referencia a la especialidad y subespecialidad en Alergología, diferenciación que no está definida en la iniciativa, razón por la cual no es clara normativamente la distinción entre uno y otro programa.

5.2. En lo atinente a los artículos 4º y 6º, es conducente expresar que conforme con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies)[12][12], en Colombia solo existen dos Programas de Especialización en Alergología autorizados en el país, razón por la cual se estaría reglamentando una especialidad o subespecialidad para un número limitado de especialistas.

Ahora bien, los requisitos de ejercicio plasmados en la ley son los mismos exigidos para ejercer la medicina, motivo por el cual ya se encuentran reglados y no aportan nada nuevo al ejercicio de la profesión. Es necesario recordar q ue la sola existencia de tratados internacionales no implica convalidación automática de títulos, de ahí que las personas que estudian en el exterior deban someter sus títulos al trámite de convalidación ante el Ministerio de Educación.

5.3. En torno al artículo 5º se reitera lo mencionado con relación a que en el país existen a la fecha dos programas autorizados de Especialización en Alergología, por lo cual, si bien se puede llegar a considerar pertinente su formación, no se puede pasar por alto que el país cuenta con especialistas para prestar sus servicios en este ámbito.

De igual forma, el apartado final del inciso 1° del citado artículo puede resultar contradictorio con el artículo 4º, al indicar que el especialista puede vigilar la aplicación de métodos diagnósticos o terapéuticos de la alergología por parte del personal de la salud entrenado, actividades que en principio deben ser ejecutadas por el especialista o subespecialistas, según el artículo 4º del mismo proyecto. Al tenor de la norma:

[...] Las instituciones pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y prestadores independientes que oferten consulta ambulatoria u hospitalaria y que utilicen métodos diagnósticos o terapéuticos de Alergología, tienen que contar por lo mínimo con un médico especialista o subespecialista en Alergología Clínica (Alergología), quien será el encargado de realizar o vigilar la aplicación de estos métodos diagnósticos o terapéuticos, por parte del personal del área de la salud debidamente entrenado [...].[Énfasis fuera del texto]

5.4. Sobre el artículo 7°, es apropiado mencionar que el artículo 18 de la Ley 1164 de 2007, regula lo asociado con los permisos transitorios para el personal extranjero que ingrese al país en misiones científicas o de prestación de servicios con carácter humanitario, social o investigativo, otorgando 6 meses -prorrogables en circunstancias excepcionales- para llevar a cabo la profesión en nuestro país, motivo por el cual no es viable la creación de una nueva ley que regule el mismo tema y que otorgue la mitad del tiempo, aspecto que es contradictorio e inconveniente.

Adicionalmente, no hay que desconocer que los permisos transitorios requieren un trámite especial regulado en la Circular número 044 de 2008, trámite específico que no es un ¿visto bueno¿ sino un procedimiento ante este Ministerio.

5.5. En lo concerniente al artículo 8º, el cual menciona que la especialidad o subespecialidad en Alergología deberá registrarse ante las autoridades de conformidad con las disposiciones vigentes, es preciso mencionar que dicho registro se encuentra regulado en el artículo 23 de la Ley 1164 de 2007 y en el Decreto número 4192 de 2010, compilado en el Decreto número 780 de 2016, en ese sentido el proyecto de ley hace una remisión a una ley vigente y no adiciona algo relevante o diferente que requiera norma expresa.

5.6. En cuanto al artículo 9º, que alude a la modalidad de ejercicio, NO se considera conveniente establecer en una ley las tipologías actuales del ejercicio, toda vez que estas son cambiantes por factores de tiempo, modo y lugar, razón por la cual es inconveniente limitar el ejercicio a unas cuantas, cuyo cambio solo podría realizarse por ley, aspecto que requiere un proceso más largo con un tiempo más largo. Esta previsión tiende a limitar el espectro de ejercicio de dicha actividad.

5.7. En atención al artículo 10, que deja entrever los derechos del médico especialista o subespecialista en Alergología Clínica, es dable señalar que los derechos planteados se encuentran inmersos en otras disposiciones, por lo que no es conveniente regularlos en esta ley. Si así se hace, sería del caso efectuar una descripción más completa de los mismos.

5.8. En lo relativo al artículo 11, no se ve la importancia de crear un Comité Nacional para el ejercicio de la especialidad. Es ineludible resaltar que mediante la Ley 1164 de 2007, se hizo lo propio creando el Consejo Nacional de Talento Humano, el cual es un organismo asesor del Gobierno nacional, de carácter y consulta permanente, para la definición de políticas, encaminadas al desarrollo del Talento Humano en Salud, a partir de dicho comité se pueden suplir las funciones descritas en la propuesta legislativa. En todo caso, un proyecto de tal naturaleza tendría un problema de constitucionalidad en los términos del artículo 154 constitucional, en concordancia con el artículo 150 numeral 7 ibíd.

Naturalmente, este comentario es extensivo al artículo 12 que atañe a las funciones.

5.9. En lo que tiene que ver con el artículo 13, además de lo ya expuesto, NO es clara la figura de reacreditación, no se define y no es diáfano su fin ni su aplicación.

5.10. Por último, los artículos 14 y 15 se encuentran regulados en el Código de Ética Médica, por tanto, no requieren reglamentación especial.

En estos términos, se presenta la posición del Ministerio de Salud y Protección Social en lo relativo a la iniciativa legislativa de la referencia. Se advierte que por las razones expuestas es INCONVENIENTE e INCONSTITUCIONAL, desde la perspectiva de acceso a la salud, en la medida que recoge una serie de criterios ya regulados en otras normas de rango legal y reglamentario por lo cual puede devenir contradictorio o infructuoso ante aspectos ya resueltos.

Igualmente, no es conveniente reglamentar una especialidad que cuenta con dos programas activos autorizados en el país, puesto que se limita la prestación del servicio, conduciendo a exigir un número de especialistas que resulta insuficiente en el sistema.

Atentamente,

 

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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE  SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017).

En la presente fecha se autoriza la publicación en la Gaceta del Congreso de la República, las siguientes Consideraciones.

Concepto: Ministerio de Salud y Protección Social.

Refrendado por: Alejandro Gaviria Uribe.

Al Proyecto de ley número 196 de 2016 Senado, por la cual se reglamenta el ejercicio de la Alergología Clínica, sus procedimientos y se dictan otras disposiciones.

Número de folios: doce (12).

Recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado el día: veinte (20) de febrero de 2017.

Hora: 9:38 a. m.

Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

 

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[1][1]   A este tenor la Corte sostiene: ¿En términos generales, toda persona tiene derecho a tomar decisiones que determinen el curso de su vida. Esta posibilidad es una manifestación del principio general de libertad, consagrado en la Carta de derechos como uno de los postulados esenciales del ordenamiento político constitucional (C. P. artículos 13, 16 y 28). Del principio general de libertad emana el derecho específico de la autonomía del paciente que le permite tomar decisiones relativas a su salud¿. Corte Constitucional, Sentencia T-401 de 1994 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

 

[2][2]  Corte Constitucional, Sentencia T-271 de 1995 M. P. Alejandro Martínez Caballero.

 

[3][3]   Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 1994 M. P. Carlos Gaviria Díaz.

 

[4][4]   Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la autonomía y autorregulación profesional. En este mismo sentido, se anota en Doce Principios de la Asociación Médica Mundial sobre la prestación de atención médica en cualquier sistema nacional de atención médica: ¿Debe garantizarse la independencia moral, profesional y económica del médico¿.

 

[5][5]   Corte Constitucional, Sentencia T-401 de 1994 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

 

[6][6]  Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la autonomía y autorregulación profesional.

 

[7][7]    Cfr. http://lema.rae.es/drae/?val=autorregulaci%C3%B3n[Acceso 13 de diciembre de 2016].

 

[8][8]  Cfr. http: //www.unav.es/cdb/ammmadrid1.html [Acceso 13 de diciembre de 2016].

 

[9][9]  Ibíd.

 

[10][10]             Ibíd.

 

[11][11]             Ibíd.

 

[12][12]< span style='mso-tab-count:1'>        Cfr. http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa# [Acceso 16 de diciembre de 2016].