CONCEPTO JURÍDICO AL PROYECTO DE LEY 23 DE 2017 SENADO.

concepto jurídico del ministerio de hacienda y crédito público de ponencia para primer debate al proyecto de ley número 23 de 2017 senado por la cual se reglamentan los estándares de calidad y habitabilidad en la vivienda de interés social y de interés prioritario urbano.

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1.1

Bogotá, D. C.,

Honorable Senadora

NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF

Comisión Séptima Constitucional Permanente

Congreso de la República

Carrera 7 N° 8-68

Ciudad

Asunto: Comentarios al texto de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 23 de 2017 Senado, por la cual se reglamentan los estándares de calidad y habitabilidad en la vivienda de interés social y de interés prioritario urbano.

Respetada Presidente:

De manera atenta me permito presentar los comentarios y consideraciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al texto de ponencia para primer debate al proyecto de ley del asunto, en los siguientes términos:

El proyecto de ley, de iniciativa parlamentaria, tiene como finalidad establecer parámetros de calidad o estándares mínimos habitacionales para las Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Prioritario (VIP). Además, establece condiciones de sostenibilidad para la ejecución de dichos proyectos de vivienda. En este sentido, el artículo 2° plantea que para interpretar y aplicar esta ley se tendrán en cuenta las definiciones de VIS y VIP establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo vigente, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 388 de 1997[1][1], además, que sin perjuicio de los precios máx imos definidos en el PND:

¿el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá incrementar hasta en un 20% por vía normativa el precio máximo de la VIS y la VIP siempre y cuando existan los estudios técnicos y socioeconómicos que soporten factores complementarios a los preestablecidos en dicho artículo. En este caso, el Ministerio de Vivienda, propenderá por la identificación de las partidas presupuestales o mecanismos alternativos que viabilicen financieramente este incremento¿.

En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta la información suministrada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y tomando como ejemplo el programa ¿Mi Casa Ya¿ al establecer un aumento del 20% en el valor máximo que puede alcanzar el precio de una Vivienda de Interés Prioritario, este llegaría a tomar un valor estimado de $61,9 millones (precios 2017), lo cual produciría un incremento adicional en promedio de $6,8 millones en el subsidio otorgado a los hogares con ingresos mayores a uno y menores a dos salarios mínimos, tal y como se muestra en la Tabla 1:

 

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De esta manera, sería necesario aumentar 30% en promedio el valor de los subsidios, para que así se logre el objetivo de permitir a los hogares de bajos recursos el cierre financiero para adquirir una vivienda.

Por su parte, frente a la compra de Vivienda de Interés Social no Prioritaria, asumiendo que el costo de una vivienda es de $90 millones, que es el promedio de valor de este tipo de vivienda en ciudades grandes, el incremento del 20% propuesto implicaría un costo de $108 millones (precios 2017).

En este caso, se observa que los hogares con ingresos de 2 a 3 smlmv se verían afectados dado que su capacidad de ahorno y crédito son limitadas y cualquier incremento en el precio debería cargarse al valor del subsidio. Entonces, este sector poblacional debería contar con un subsidio superior en casi el doble (pasar de 20 a 39 smlmv), para poder cubrir ese aumento en el valor de la vivienda.

Ahora bien, aplicando la propuesta contenida en el proyecto de ley al programa ¿Mi Casa Ya¿, suponiendo que el articulado entraría en vigencia a partir del año 2018, su presupuesto se afectaría en la siguiente medida:

 

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En conclusión, tomando como base el proyecto ¿Mi Casa Ya¿, la implementación del artículo 2° del presente proyecto de ley generaría un impacto fiscal aproximado de $268.623 millones para el año 2018 y de $221.049 millones para el año 2019.

Finalmente, esta Cartera observa que los recursos que requiere la implementación del proyecto no se encuentran contemplados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el Marco de Gasto del Sector. De otro lado, vale la pena señalar que el proyecto de ley no atiende lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003[2][2], puesto que en la exposición de motivos no se incluyeron los costos fiscales de la iniciativa ni la fuente de ingreso que financiarían los recursos que serían destinados para cumplir lo dispuesto en la iniciativa.

De acuerdo con lo expuesto, esta Cartera se abstiene de emitir concepto favorable al proyecto de ley del asunto, no sin antes manifestar la disposición de colaborar con la actividad legislativa dentro de los parámetros constitucionales y legales de disciplina fiscal vigente.

Cordialmente,

 

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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

En la presente fecha se autoriza la publicación en Gaceta del Congreso de la República, las siguientes consideraciones.

Concepto: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Refrendado por: Doctora Paula Acosta, Viceministra General.

Al Proyecto de ley número 23 de 2017 Senado

Título del proyecto: por medio de la cual se reglamentan los estándares de calidad y habitabilidad en la vivienda de interés social y de interés prioritario urbano.

Número de folios: Tres (3) folios.

Recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado el día: jueves treinta (30) de noviembre de 2017.

Hora: 11:00 a. m.

Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

 

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[1][1]           COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 338 (18, julio, 1997), por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 2ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D. C. 1997.

 

[2][2]           COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Artículo 7°, Ley 819 (9, julio, 2003), por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D. C., 2003.