INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 175 DE 2017 CÁMARA.

por la cual la Nación honra y exalta la memoria de Mario Calderón Villegas y Elsa Alvarado Chacón y declara el 19 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Impunidad de los Crímenes contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

Bogotá, D

Bogotá, D. C., 28 de noviembre de 2017

Honorable Representante

EFRAÍN ANTONIO TORRES MONSALVE

Presidente Comisión Segunda Constitucional

Cámara de Representantes

Asunto: Informe de ponencia positiva para primer debate Proyecto de ley número 175 de 2017 Cámara

Respetado señor Presidente:

Atendiendo la designación que me hizo como ponente y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, me permito rendir Informe de Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 175 de 2017 Cámara, por la cual la Nación honra y exalta la memoria de Mario Calderón Villegas y Elsa Alvarado Chacón y declara el 19 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Impunidad de los Crímenes contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

1.    SÍNTESIS DEL PROYECTO DE LEY

El presente proyecto de ley tiene por objeto rendir homenaje y honrar y exaltar la memoria de Mario Calderón y Elsa Alvarado Chacón, célebres defensores de Derechos Humanos, que fueron vilmente asesinados en su residencia en Bogotá en el año 1997 el día 19 de mayo. Por lo mismo, el proyecto también busca que se declare ese día como el Día Nacional de Lucha contra la Impunidad de los Crímenes contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

El proyecto consta de cinco (5) artículos. En el primero la nación honra y exalta la memoria del Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón, por su incansable labor en la defensa de los Derechos Humanos. En el segundo se incluye la declaración del 19 de mayo de 2017 como Día Nacional de Lucha contra la Impunidad de los Crímenes contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. En el tercero se autoriza al Gobierno nacional y al Congreso de Colombia para rendir honores públicos a los defensores de Derechos Humanos Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón, en una ceremonia especial. En el cuarto se dispone que se entregue copia de la ley a los familiares de Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón en nota de estilo. El quinto establece la vigencia.

2.    TRÁMITE DEL PROYECTO DE LEY

El origen del proyecto es iniciativa congresional y fue suscrita por 12 Representantes y Senadores de varios partidos, a saber: Representantes a la Cámara: Alirio Uribe Muñoz, Ángela María Robledo, Angélica Lozano, Inti Asprilla, Óscar Ospina, Germán Navas Talero, Carlos Guevara, Víctor Javier Correa, Luciano Grisales y los Senadores: Iván Cepeda Castro, Jorge Prieto y Senén Niño.

El proyecto fue radicado el 17 de octubre de 2017. La publicación del proyecto se hizo en la Gaceta del Congres o número 955 de 2017. El 24 de octubre de 2017 fui designado como ponente para primer debate y rindo la ponencia.

3.    MARCO NORMATIVO

El artículo 114 de la Constitución Política de 1991, determinó que Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Por su parte, el artículo 150 en sus diversos numerales enuncia temas que pueden ser objeto de tratamiento por parte del legislador. Así el numeral 15 del artículo establece:

¿15. Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la Patria.¿

Sobre este tipo de leyes conocidas como de leyes de honores, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que son cuerpos normativos en cuyas ¿disposiciones, se exaltan valores humanos que por su ascendencia ante la comunidad, han sido considerados como ejemplo vivo de grandeza, nobleza, hidalguía y buen vivir, y por ello se les pone como ejemplo ante la posteridad¿[1][1]. De forma más extensa ha manifestado el alto tribunal que:

¿Esta clase de leyes, debe anotarse, producen efectos particulares sin contenido normativo de carácter abstracto. Desde el punto de vista material, no crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas objetivas y generales que le son propias a la naturaleza de la ley, pues simplemente se limitan a regular situaciones de orden subjetivo o singulares, cuyo alcance es únicamente la situación concreta descrita en la norma, sin que sean aplicables indefinidamente a una multiplicidad de hipótesis o casos¿[2][2].

Las facultades otorgadas al legislador par proferir estas normas de honores, son amplias, lo cual no significa que el Congreso no cuente con límites en el ejercicio de esta facultad legislativa, pues, a parte de los propios de toda ley que jerárquicamente se encuentra sometida a los parámetros constitucionales. Además, la Corte ha indicado que la interpretación teleológica de la facultad dada al Congreso conduce a la conclusión que dicha atribución:

¿debe ser ejercida por el Congreso de la República dentro de parámetros de prudencia, proporcionalidad y razonabilidad y con respeto de los preceptos constitucionales, puesto que de lo contrario daría lugar situaciones contradictorias v.gr. cuando se pretende exaltar a quien no es digno de reconocimiento, con las consabidas repercusiones que en la conciencia colectiva y en moral administrativa puede ocasionar tal determinación. De la misma manera, cree la Corte que los decretos de honores que expide el legislador no pueden convertirse en un pretexto para otorgar gracias, dádivas o favores personales a cargo del erario público, ni para ordenar gasto público con desconocimiento del reparto de competencias existente entre la Nación y los municipios.¿[3][3]

En el marco del numeral 15 del artículo 150 de la Constitución, las leyes por las cuales se realizan exaltaciones han involucrado no sólo a ciudadanos ilustres, sino que se han implementado para resaltar variadas situaciones o acontecimientos. Una lectura de las leyes de homenajes, honores o celebración de aniversarios que han sido expedidas permite clasificarlas según lo ha dicho al Corte Constitucional, en tres grandes grupos:

i.     leyes que rinden homenaje a ciudadanos.

ii.    leyes que celebran aniversarios de municipios colombianos.

iii.   leyes que se celebran aniversarios de instituciones educativas, de valor cultural, arquitectónico o, en general, otros aniversarios.

En todas estas celebraciones es un valor predominante el aspecto cultural, histórico o social de los eventos, monumentos o ciudadanos exaltados, como es propio de un Estado fundado en el principio de la laicidad. Se resalta, sin embargo, que el carácter laico del Estado no ha sido óbice para que algunas de estas exaltaciones se realicen respecto de edificaciones[4][4], eventos[5][5] o personajes relacionados con alguna religión, específicamente la católica[6][6].

No hay ninguna duda de que el respeto por los Derechos Humanos es elemento fundante del Estado colombiano y por eso esta ley que busca exaltar a quienes los defienden, se ciñe a las competencias del Congreso para expedir leyes de honores.

4.    JUSTIFICACIÓN

Este proyecto de ley pretende exaltar la labor de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos a través del reconocimiento del legado de dos personas que han sido emblemáticas en este país para dicha labor: Mario Calderón Villegas y Elsa Alvarado Chacón, quienes además fueron vilmente asesinados en 1997, crimen que sacudió al país.

El legado de Mario y Elsa

Mario Calderón Villegas nació el 13 de octubre de 1946 en Manizales. En los años sesenta se vinculó a la orden católica Compañía de Jesús. Estudió filosofía y un master en teología en la Universidad Javeriana. Luego realizó estudios en Europa en donde obtuvo un doctorado en sociología en la Escuela de Altos Estudios de París. Sus colegas y amigos ¿lo recuerdan como un ser sensible, libertario, que se reía de todo y de todos.¿ [7][7]

Por más de 15 años el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) fue su segunda casa, donde combinó la religión, el trabajo comunitario y la investigación social. En 1987 estuvo trabajando en el Alto Sinú y San Jorge en Córdoba. En Tierralta, Córdoba, fue nombrado coordinador del programa y trabajaba con los campesinos de la región, promoviendo procesos organizativos y construyendo bibliotecas. El 1 de junio de 1989 los paramilitares asesinaron en Tierralta a su colega jesuita Sergio Restrepo Jaramillo, ante lo cual la Compañía de Jesús previendo riesgos contra su vida decidió retirarlo de la región. Así volvió a Bogotá y poco después decidió abandonar los votos sacerdotales y abrazar la vida laica. En paralelo a su trabajo en el CINEP y sus investigaciones para el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Javeriana, Mario se metió de lleno en la lucha ambiental, trabajando con ecologistas y campesinos en la región del Sumapaz, que definió como la ¿república de las aguas¿. Allá, con un grupo de amigos fundaron la Asociación Reserva Natural de Suma-Paz, con proyectos de protección del ecosistema, recuperación de la memoria de la región y talleres con sus habitantes. También apoyó el trabajo en barrios de invasión de Bogotá y en la administración Antanas Mockus fue asesor cultural local del Instituto Distrital de Recreación y Deporte para la localidad de Sumapaz.

Elsa Constanza Alvarado Chacón nació en Bogotá el 4 de diciembre de 1961. Era la hija menor de cinco hermanos del hogar de Carlos Alvarado Pantoja y Elvira Chacón. Estudió Comunicación Social en la Universidad Externado de Colombia y se especializó en Tecnología Educativa en la Universidad Javeriana. Se vinculó al equipo de comunicaciones del CINEP, del cual fue investigadora y coordinadora por varios años. Investigaba y escribía sobre los medios de comunicación, su poder y como se creaba la opinión pública. También se recuerda que ¿impulsó activamente la construcción de radios comunitarias, creó cineclubs con madres comunitarias y jardines infantiles, así como la generación de una agenda pública por la paz. Los amigos que dejó dicen que era una mujer despampanante, con una sonrisa que nada le borraba, a la que le encantaba cocinar y bailar salsa.¿[8][8]

< p class=MsoNormal style='margin-top:2.85pt;margin-right:2.45pt;margin-bottom: 1.4pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.15pt;line-height:13.0pt; mso-hyphenate:none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'>Así mismo, se desempeñó como docente, labor que combinó con la investigación y poco antes de su asesinato trabajó en el Ministerio de Comunicaciones donde ¿investigó sobre las relaciones de las audiencias con los medios e igualmente diseñó y dirigió talleres para estudiar cómo los niños se acercan a la televisión.¿[9][9]

En el CINEP Mario y Elsa se conocieron, se enamoraron y decidieron iniciar vida marital. De esta unión nació su hijo Iván.

El crimen que sacudió al país

En la madrugada del lunes 19 de mayo de 1997 Mario Calderón Villegas y Elsa Alvarado Chacón fueron asesinados en su apartamento en el barrio Chapinero de Bogotá. En los mismos hechos, también fue asesinado el padre de Elsa, Carlos Alvarado, y resultó gravemente herida su madre, Elvira Chacón de Alvarado. El bebé de la pareja se salvó milagrosamente.

El ataque fue un operativo planeado en el que participaron cinco hombres fuertemente armados, vestidos con uniformes negros, que se hicieron pasar por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para entrar al edificio donde ellos residían. Estos hombres entraron al apartamento, tumbaron la puerta y asesinaron a Mario, a Elsa y a su padre. La madre de Elsa, una mujer de setenta años, fue herida de gravedad, pero se salvó, junto con su nieto de apenas 18 meses que logró sobrevivir gracias a que su madre alcanzó antes de morir a esconderlo dentro de un ar mario.

La investigación penal iniciada condujo hacia el autor material de los hechos, el sicario Juan Carlos González Jaramillo que es hasta la fecha el único condenado por lo homicidios a 40 años de prisión. Como autores intelectuales del triple homicidio, la fiscalía ha investigado también a los líderes paramilitares Salvatore Mancuso y Éver Veloza, alias ¿HH¿. En septiembre de 2009 el ente investigador vinculó también a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ¿Don Berna¿, con base en las declaraciones que entregaron alias ¿HH¿ e Ignacio de Jesús Roldán, alias ¿Monoleche¿ y que atribuían a la banda ¿La Terraza¿ participación en los homicidios.

En una audiencia de versión libre alias ¿HH¿ dijo que fue Carlos Castaño quien ordenó el crimen en junio de 1996, en una reunión realizada en la Hacienda San Nicolás, ubicada en el Noreste Antioqueño, en la que estaban también Salvatore Mancuso, alias Doble Cero y alias Don Berna, y confirmó que la ejecución estuvo a cargo de la banda ¿La Terraza¿ de Medellín que tenía sicarios que eran utilizados por Carlos Castaño para los crímenes. Hasta el momento, y a pesar de estas declaraciones, no se ha establecido oficialmente ninguna autoría intelectual de los crímenes. La acción penal contra Carlos Castaño fue archivada en diciembre de 2006 luego de que se dijera públicamente que había fallecido. Ninguno de los autores intelectuales ha sido condenado.

La Fiscalía General de la Nación anunció el 10 de mayo de 2017, que consideraba el caso como un crimen de Lesa Humanidad, teniendo en cuenta la significación del mismo y que no constituyó un hecho aislado. Por el contrario, se ha dicho que parece guardar estrecha relación con otros asesinatos que tuvieron lugar en esos años, especialmente los de Jaime Garzón, Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle, también asiduos defensores de los Derechos Humanos. En el Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia de 1997, se advirtió que los ataques contra defensores de Derechos Humanos aumentaron considerablemente en ese año y se señala que ¿más de 20 miembros y dirigentes de diferentes organizaciones de defensa de los Derechos Humanos fueron ejecutados. Otros fueron víctimas de desaparición forzada, de amenazas y hostigamientos que les obligaron al desplazamiento o al exilio¿. Dicho informe alude también al repudió que la comunidad internacional expresó ante el grave atentado contra los dos miembros del CINEP, Mario Calderón y su esposa Elsa Constanza Alvarado.[10][10]

El 19 de mayo, día en que se conmemora el luctuoso hecho, se ha convertido en un hito importante en la tarea de organizaciones de la sociedad civil que impulsan los derechos integrales de las víctimas del conflicto armado y demandan acciones concretas y efectivas del Estado en aras a identificar, investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos de líderes sociales y defensores y defensoras de los Derechos Humanos. Por eso se propone que ese día se declare como el Día Nacional de Lucha contra la Impunidad de los Crímenes contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

La labor de los defensores y defensoras de Derechos Humanos

La defensa de los Derechos Humanos es la garantía de una sociedad democrática en la que el servicio público es el principio que guía el funcionamiento de los países. Todas las instituciones estatales están orientadas a garantizar esos derechos y, por consiguiente, su defensa es un deber que los ciudadanos tienen la obligación de exigir a sus dirigentes por encima de cualquier otra consideración. Esta es la labor que se han fijado los defensores de Derechos Humanos en Colombia y en el mundo.

La tradición jurídica mundial acepta que la defensa de tales derechos tiene prioridad sobre todas las demás acciones legales y legítimas y que su violación sistemática constituye un crimen de lesa humanidad. La Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos ofrece una definición amplia de que quienes desempeñan esta labor a quienes define como aquellas personas que individual o colectivamente se dedican a promover y procurar la protección y realización de los derechos y libertades fundamentales de un individuo o un grupo a nivel nacional e internacional. Estas personas se dedican a actuar frente a ámbitos diversos como el derecho a la vida, la alimentación, una vivienda digna, a un ambiente sano, la no discriminación y en fin en los diversos temas que se refieren a los Derechos Humanos en el mundo.

En el sistema interamericano de Derechos Humanos también se ha reconocido la importancia de las y los defensores de Derechos Humanos al indicar que ¿son personas que promueven o procuran de cualquier forma la realización de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales

La Constitución Política colombiana reconoce el derecho de toda persona a participar en la vida pública a través del ejercicio de funciones de liderazgo y promoción de los Derechos Humanos a partir de la consagración de los derechos a la libertad de expresión (artículo 20.1), de los derechos de reunión y asociación (artículos 37 y 38) y establece igualmente el deber de defender y difundir los derechos como fundamento de la convivencia pacífica (artículo 95). De igual manera, diversos instrumentos internacionales y regionales de protección de los Derechos Humanos que integran el bloque de constitucionalidad, y que por lo tanto, gozan de la misma jerarquía normativa que la Constitución, refuerzan el derecho de participación ciudadana a través de la defensa y protección de los Derechos Humanos.

Pese a ello, la situación de defensoras y defensores de Derechos Humanos en Colombia tal como lo han reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatora Especial para Defensoras de Derechos Humanos, como también lo ha manifestado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH) se caracteriza por la sistemática persecución y estigmatización a quienes ejercen esta labor. Además, esta labor en Colombia se desarrolla en medio del conflicto social y armado, con sus manifestaciones particulares en cada región del país y los efectos desproporcionados y diferenciados que produce en la vida de las mujeres. De otro lado, la militarización de la sociedad es un factor generador de violencia en general, y de agresiones en particular contra los defensores y las defensoras. El último informe de Global Witness comprobó que Colombia es el segundo país más peligroso del mundo para defender los derechos ambientales de las comunidades.

Por ello, aun en medio del escenario de construcción de paz al cual estamos asistiendo y pese a los múltiples esfuerzos hechos en el país, la labor de los defensores de Derechos Humanos sigue teniendo graves riesgo.

La impunidad en Colombia frente a los crímenes contra defensores y defensoras

La base de datos del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep desde el 2 de febrero de 2001 hasta el 7 de mayo de 2017, ha recopilado 554 casos contra defensores de Derechos Humanos. De estos, 242 tienen como responsables a grupos paramilitares; 47 al Ejército Nacional; 62 a la Policía Nacional; 6 a las Farc; 9 a la Fiscalía ; 1 al ELN; 164 cometidas por grupo armado no identificado; 6 por Fuerzas Militares; 6 Sijín; 4 el CTI; 3 el DAS; 2 la Armada; 2 Dijín y 2 Combatientes.

Por otro lado, en el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia da cuenta de que en el 2016 la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos continuó siendo motivo de preocupación ya que se produjeron 59 homicidios, 44 ataques, 210 amenazas y 72 violaciones a los derechos a la privacidad y a la propiedad, para un total 389 tipos de ataques en contra de estas personas. [11][11] En el 2017 hasta mayo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos había registrado 41 denuncias de homicidios de las que ha verificado.

Así mismo, en el Informe Especial de riesgo de la Defensoría del Pueblo titulado: ¿Violencia y amenazas contra los líderes sociales y defensores de derechos Humanos¿ se da cuenta de al menos 156 homicidios, 33 atentados y 5 desapariciones forzadas contra líderes y defensores de Derechos Humanos, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 1° de marzo de 2017, ratificando la grave situación de riesgo en la que se encuentran los Defensores de Derechos Humanos y movimientos sociales, aun en el marco de implementación del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno nacional y las FARC-EP.[12][12]

De otro lado, entre enero y junio de 2017 el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia del Programa Somos Defensores registró un total de 335 agresiones individuales contra defensores(as) discriminados en 225 amenazas, 51 asesinatos, 32 atentados, 18 detenciones arbitrarias y 9 casos de judicialización. El incremento en agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos durante el primer semestre de 2017, frente al mismo periodo de 2016, fue del 6%, pasando de 314 a 335. De estas 335 agresiones, el 76% fueron contra defensores y el 24% contra defensoras.[13][13]

También las cifras de la institucionalidad dan cuenta de la gravedad de la situación. Datos de la Presidencia de la República indican que sólo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 se conocieron:

¿125 presuntas amenazas a defensores de Derechos Humanos, líderes sociales, activistas, integrantes de movimientos políticos, víctimas del conflicto armado, reclamante de tierras, líderes LGTBI, sindicalistas entre otros.

38 presuntas amenazas colectivas que hacen referencia a panfletos donde mencionan varias personas u organizaciones.

9 presuntos atentados contra líderes sociales, reclamantes de tierras, sindicalistas y personas de movimientos políticos.

2 casos de presuntas detenciones ilegales y 2 casos de seguimientos

1 caso de desaparición forzada y 1 presunto caso de robo de información.¿[14][14]

Para el año 2017, la Consejería Presidencial también ha registrado en su bitácora de casos de presunta agresiones contra Defensores de Derechos Humanos y líderes sociales hasta 2 de agosto de 2017, un total de 131 casos que corresponden a: 60 casos de amenazas, 45 de homicidios, 6 atentados, 3 detenciones ilegales, 1 caso de hurto de información, 1 caso de seguimiento y 1 caso de desaparición.

Lo anterior da cuenta del panorama nacional, a lo cual se suma el hecho de que la mayoría de estos casos están en la impunidad, por la ineficiencia de los organismos de investigación del Estado para la persecución y judicialización de los responsables.

Frente a esto vale la pena traer a colación el pronunciamiento del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos, que en su informe publicado en enero de 2017 se refiere a la importancia de mantener la lucha contra la impunidad y las represalias y entre sus recomendación invita a: ¿Reconocer públicamente la labor de los defensores y apoyar públicamente sus actividades mediante campañas e intervenciones concretas de comunicación e información¿ y ¿Desarrollar medidas de carácter holístico para proteger a los defensores sobre la base de los siete principios que se recogen en su informe de marzo de 2016 al Consejo de Derechos Humanos¿.[15][15]

Igualmente el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH contiene entre sus recomendaciones una para que ¿el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y las autoridades regionales y locales cumplan, de manera articulada, con los compromisos políticos y técnicos acordados con los Defensores de Derechos Humanos relacionados con prevenci ón, protección e investigación. A nivel político, se debe poner fin a la cultura de estigmatización contra los Defensores de Derechos Humanos que persiste en algunos sectores. A nivel técnico, se deben realizar análisis conjuntos de situación que permitan identificar e investigar a los perpetradores de los ataques.¿[16][16]

Esta ley sería precisamente una de esas acciones de reconocimiento público que contribuya a generar un clima de mayores garantías para Defensores y Defensoras que incluya además la realización del mandato que tiene la Fiscalía General de la Nación de desplegar acciones de protección efectiva a la integridad de los líderes sociales y de impulsar las investigaciones correspondientes para la identificación de los responsables de las agresiones contra estos.

El proyecto de ley que se presenta al Honorable Congreso de la República es un proyecto necesario para respaldar la labor de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en el país y honrar la memoria de quienes han perdido su vida por esa labor. Es por ello que el Congreso de la República, exaltando la labor humanitaria de Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón y reconociendo el deber del Estado de propender por todos los medios a su alcance al esclarecimiento de hechos de esta naturaleza, así como a sancionar a los responsables, declara el 19 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Impunidad. Mario Calderón y Elsa Alvarado representan un caso emblemático en la defensa de los Derechos Humanos en Colombia y así lo debemos recordar.

PROPOSICIÓN

Por las anteriores consideraciones, me permito solicitar a los Honorables Representantes a la Cámara, dar trámite en primer debate al Proyecto de ley número 175 de 2017 Cámara, por el cual la Nación honra y exalta la memoria de Mario Calderón Villegas y Elsa Alvarado Chacón y declara el 19 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Impunidad de los Crímenes contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

 

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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 175 DE 2017 CÁMARA

por el cual la Nación honra y exalta la memoria de Mario Calderón Villegas y Elsa Alvarado Chacón y declara el 19 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Impunidad de los Crímenes contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. La nación honra y exalta la memoria del Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón, por su incansable labor en la defensa de los Derechos Humanos.

Artículo 2°. Declárese el 19 de mayo como como el Día Nacional de Lucha contra la Impunidad de los Crímenes contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, en homenaje a la memoria de los defensores de Derechos Humanos Mario Calderón Villegas y Elsa Alvarado Chacón.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional y al Congreso de Colombia para rendir honores públicos a los defensores de Derechos Humanos Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón, en una ceremonia especial, cuya fecha, lugar y hora serán programados por las Mesas Directivas del honorable Congreso de la República, con la presencia del señor Presidente de la República, el Ministro de Justicia y el Fiscal General de la Nación.

Artículo 4°. Copia de la presente ley será entregada a los familiares de Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón en nota de estilo.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su publicación.

De los honorables Representantes a la Cámara,

 

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[1][1]           Sentencia C-057 de 1993.

 

[2][2]           Sentencia C-544 de 1996.

 

[3][3]           Sentencia C-859 de 2001.

 

[4][4]           Leyes que ordenan declarar monumento nacional templos católicos como la Ley 74 de 1993, la Ley 153 de 1994, la Ley 260 de 1998, la Ley 503 de 1999, la Ley 667 de 2001, entre otras.

 

[5][5]           Como la Ley 806 de 2003 que conmemoró los 100 años de la consagración de Colombia a Jesucristo y su Sagrado Corazón.

 

[6][6]           Como las Leyes 444 de 1998, por la cual se rinde homenaje a Monseñor Julio Álvarez Restrepo y 959 de 2005, por la cual se rinde homenaje a la obra evangelizadora, social y pedagógica de la Beata Madre Laura de Santa Catalina de Sena y su congregación.

 

[7][7]           Ver: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/1765-mario-calderon-y-elsa-alvaradoinvestigadores-del-cinep

 

[8][8]           Ibídem.

 

[9][9]           Ibídem.

 

[10][10]                        Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia, al 54 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/1998/16. 9 de marzo de 1998. Párr. 113. Disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/acdh/E-CN-4-1998-16.html

 

[11][11]                        Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Derechos Humanos en Colombia, Informe Anual párr. 54. Documento A/HRC/34/3/Add,3. Disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=20&cat=11

 

[12][12]                        Datos tomados de la exposición de motivos del Decreto número 898 del 29 de mayo de 2017.

 

[13][13]                        Ver Informe Agúzate, enero a junio de 2017 del Programa Somos Defensores. Disponible en:  https://somosdefensores.org/index.php/publicaciones/informes-siaddhh/146-aguzate

 

[14][14]                        Respuesta de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, oficio OFI17-00104868/JMSC 100160 a petición presentada por Alirio Uribe Muñoz.

 

[15][15]                        Informe del Relator Especial sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos (documento A/HRC/34/52) Ginebra, 3 de marzo de 2017.

 

[16][16]                        Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Derechos Humanos en Colombia. Ob cit.