INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 255 DE 2017 SENADO, 090 DE 2016 CÁMARA

por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil.

Bogotá, D

Bogotá, D. C., 12 de septiembre de 2017

Doctor

ROOSVELT RODRÍGUEZ

Presidente

Comisión Primera

Senado de la República de Colombia

Asunto: Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 255 de 2017 Senado, 090 de 2016 Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil.

Respetado Presidente:

En cumplimiento del honroso encargo por usted encomendado, y conforme a lo preceptuado en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, atentamente me permito rendir informe de Ponencia para primer debate en la Comisión Primera del honorable Senado de la República al Proyecto de ley número 255 de 2017 Senado, 090 de 2016 Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil.

La presente ponencia consta de las siguientes partes:

1.       Antecedentes del proyecto de ley

2.       Objeto del proyecto de ley

3.       Contenido de la propuesta

4.       Consideraciones

4.1.    Violencia intrafamiliar

4.1.1. Violencia Intrafamiliar basada en el género

4.1.2. Violencia contra el adulto mayor

4.1.3. Violencia contra niñas, niños y adolescentes

4.2.    Obligación alimentaria

4.3.    Indignidad sucesoral en el Código Civil

5.       Justificación del proyecto

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY

El día 11 de agosto de 2016, los honorables Representantes a la Cámara: Rodrigo Lara Restrepo, Carlos Alberto Cuenca Chaux, María Fernanda Cabal Molina, Édward Rodríguez, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, Fabián Gerardo Castillo Suárez, Hernando José Padauí Álvarez, Jorge Enrique Rozo Rodríguez, Santiago Valencia González, y el suscrito, radicamos ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el Proyecto de ley número 090 de 2016 Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso número 613 de 2016 y ap robado en primer debate en la Comisión Primera de Cámara el 8 de noviembre del corriente año.

Por designación de la honorable Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, fue nombrado como Ponente el representante Carlos Abraham Jiménez. La Comisión Primera de Cámara de Representantes aprobó el pasado 8 de noviembre de 2016, el informe de ponencia presentado para primer debate del Proyecto de ley número 090 de 2016 Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil.

No obstante, lo anterior, la honorable Representante Clara Rojas González presentó proposición al artículo 1° del citado proyecto, con el fin de eliminar en el numeral 6 el enunciado ¿Se excluye aquel que habiendo abandonado al causante haya sido perdonado, lo cual se demostrará por cualquiera de los mecanismos probatorios previstos en la ley.¿; y de agregar en el numeral 7 la expresión ¿con sentencia ejecutoriada¿. Dicha proposición obtuvo 16 votos por el no y 3 votos por el sí.

El informe para segundo debate en Plenaria de la Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso número 1054 de 2016. El 7 junio del 2017 la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de ley número 090 de 2016 Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil, sin ninguna modificación.

Por designación de la Mesa Directiva de la Comisión Primera de Senado, fui nombrado como ponente del Proyecto de ley número 255 de 2017 Senado, 090 de 2016 Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil, el honorable Senador Roy Barreras.

2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

El objeto de la presente iniciativa de ley es proteger a las personas más vulnerables de la familia, por lo cual se busca establecer que tanto el maltrato como el abandono se conviertan en causales de indignidad sucesoral, toda vez que no resulta justo ni conveniente que las personas que han maltratado y abandonado a aquellas personas de su familia en situación de vulnerabilidad y en mayor estado de necesidad vengan más tarde a exigir derechos sobre la propiedad de aquellos a quienes desatendieron. Por lo tanto, pretende esta iniciativa generar una especie de ¿castigo¿ a los familiares que incumplan los deberes de cuidado y protección de sus parientes.

3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Es así como el contenido del proyecto se reduce a proponer dos nuevas causales de indignidad que prevean la hipótesis del abandono y del maltrato, en un sentido que resulte armónico con el encabezado del artículo 1025 del Código Civil y con la necesidad de que el comportamiento reprochable recaiga frente a los herederos.

De igual manera, se establece una definición del concepto de abandono, a fin de impedir imprecisiones en la aplicación de la ley, con la incorporación de un término jurídico indeterminado.

Por otro lado, para que la causal de abandono resulte acorde con todas las personas que eventualmente son llamadas a suceder, se vincula la situación del abandono al cumplimiento de la obligación alimentaria, por lo que, desde el punto de vista pasivo, la causal puede recaer sobre ascendientes, descendientes y cónyuge. Se excluye de los efectos de la norma, el abandono que se origina en una justa causa, o que pese a haber ocurrido, el causante lo perdonó.

Para no incurrir en deficiencias procesales no se realiza ninguna modificación a los preceptos probatorios y de trámite que rigen actualmente la materia en los Códigos Civil y General del Proceso, entre ellos, guarda especial importancia, el artículo 1031 del Código Civil.

Finalmente, con relación a la causal por maltrato, el legislador dentro de su libertad de configuración ha decidido establecer como causal de indignidad a un tipo penal orientado a sancionar, cuando ocurren en el ámbito familiar, conductas de violencia física o psicológica que no tienen la entidad necesaria como para integrarse en los tipos que, de manera general, protegen bienes como la vida, la integridad personal, la libertad, la integridad y la formación sexual, o la autonomía personal[1][1].

4. CONSIDERACIONES

4.1. Violencia intrafamiliar

La Organización Mundial de la Salud en su Reporte Mundial sobre Violencia y Salud[2][2] define violencia como ¿el uso deliberado de la fuerza física o el poder, amenazante o efectivo, contra uno mismo, otra persona, o en contra de un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones¿. Este concepto engloba la violencia autodirigida, la violencia colectiva, y la violencia interpersonal, en donde se encuentra incluida la violencia intrafamiliar.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses[3][3], la violencia intrafamiliar es toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia (en relación de poder), que atente contra el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia, independientemente del espacio físico en el que suceda el hecho. Tiene en cuenta i) el maltrato a mayores y menores de edad, ii) la violencia conyugal, iii) la violencia entre otros miembros de la familia y iv) el abuso sexual por algún integrante de la familia. En el mismo informe se afirma que:

¿En la violencia intrafamiliar se identifican dos vertientes, una basada en el género y la otra en la generación; por ende, la violencia siempre se dirige a los individuos más vulnerables dentro de la familia: las mujeres, los niños y niñas y los adultos mayores. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la conducta violenta es sinónimo de abuso de poder; cuando el poder es utilizado para ocasionar daño a otra persona, caracterizado por el ejercicio de la violencia, se incurre en relación de abuso¿[4][4].

Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses[5][5], en el año 2014, en Colombia se realizaron 79.939 peritaciones por violencia intrafamiliar; en relación con el año 2013 se presentó un aumento de 7.709 casos, equivalente al 11%. De los 79.939 casos de violencia intrafamiliar, 48.849 (64%) correspondieron a violencia de pareja; 10.402 (13%) a violencia contra niños, niñas y adolescentes; mientras 15.274 (19%) a violencia entre otros familiares; y 1.414 (2%) a violencia contra el adulto mayor.

Durante el año 2015 se registraron 26.985 casos de violencia intrafamiliar en Colombia, de los cuales 10.435 casos correspondieron a violencia contra niños, niñas y adolescentes, co n una tasa de 67,47 por cada 100.000 habitantes; 1.651 casos de violencia contra la población adulta mayor, con una tasa de 30,94; y 14.899 casos de violencia entre otros familiares, con una tasa de 54,38.

Estos datos demuestran que las políticas actualmente implementadas para encarar el fenómeno no son suficientes y, por tanto, deben ser reforzadas y complementadas.

Es importante resaltar que, en todos los tipos de violencia intrafamiliar, las cifras solo muestran los sucesos denunciados ante la autoridad competente, desconociéndose el subregistro de las personas que no denuncian, o que, por razones como la vergüenza, autoculpabilidad, intimidación, amenazas, o lealtad al agresor, minimizan el daño o se desvinculan del proceso.

4.1.1. Violencia Intrafamiliar basada en el género

De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal se ha demostrado que, en el caso de la violencia contra la pareja, normalmente es la mujer la víctima, en tanto el hombre es el perpetrador más frecuente, razón por la cual la doctrina incluye en su estudio la violencia de pareja dentro de la violencia de género. Dice Medicina Legal que:

¿Se define violencia como una estrategia de control y dominio de la pareja. De esta forma, la violencia contra la pareja representa una constelación de actos abusivos y violentos de los hombres contra las mujeres, actuales parejas sentimentales o que lo han sido. No es solo un sinónimo de agresión física sobre la pareja; es un patrón de conductas violentas y coercitivas que incluye los actos de violencia física contra la pareja, el maltrato y abuso psicológico, las agresiones sexuales, el aislamiento y control social, el acoso sistemático y amenazante, la intimidación, la coacción, la humillación, la extorsión económica y las amenazas más diversas¿[6][6].

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas[7][7], las investigaciones realizadas durante las últimas décadas concluyen que las mujeres maltratadas tienen una mayor probabilidad de sufrir desórdenes emocionales como depresión, ansiedad, temor y estrés que pueden llevar a aumentar las tasas de suicidio.

En Colombia en la última década, el 74,6% de las mujeres han sido violentadas por su última pareja[8][8]. Solo en el año 2014, Medicina Legal realizó 75.939 peritaciones en el contexto de la violencia intrafamiliar, del cual el 64,33% fue por violencia contra la pareja. Las anteriores cifras muestran la amplitud de este fenómeno que es preciso combatir, no solo por el horror de la violencia en sí misma, sino por la gravedad de las secuelas en el resto del núcleo familiar, por las consecuencias económicas y porque debemos hacer de nuestra sociedad un espacio de vida más justo y con mayor equidad para la mujer.

4.1.2. Violencia contra el adulto mayor

Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra el adulto mayor se puede definir como: ¿un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza¿. Puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas. También puede ser el resultado de la negligencia, sea esta intencional o no.

Si bien la mayor parte de los casos de violencia intrafamiliar reportados se encuentran relacionados con violencia de pareja y contra menores de edad, la violencia contra el adulto mayor ha mantenido una participación del total, cercana al 2% durante la última década, con más de 1.000 casos reportados anualmente.

Esta cifra no es despreciable, si se tiene en cuenta que ¿en el año 2025 la población mundial de 60 o más años aumentará a más del doble (...) El número total de personas mayores que viven en los países en desarrollo también aumentará en una proporción similar para 2025, llegando a 850 millones de personas, es decir, 12% de la población total del mundo en desarrollo¿[9][9]. De acuerdo con la Investigación Misión Colombia Envejece realizada por la Fundación Saldarriaga Concha y Fedesarrollo, los adultos mayores hoy ascienden a 4 millones, pero en 2050 serán más de 14 millones. Incluso, la población mayor a 80 años tendrá mayor importancia, pues para 2020 será de más de 2 millones. Con ello la población colombiana ha iniciado un proceso acelerado de envejecimiento. Así pues, este hecho representa un riesgo importante en términos de potenciales aumentos en los casos presentados por maltrato al adulto mayor en las décadas venideras.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en el año 2014 se presentaron 1.414 casos de violencia contra adultos mayores, representando una disminución de 12% frente a lo ocurrido en 2012, cuando se sumaron 1.497 reportes. Así mismo, se observa que en 2014 la tasa es de 27 casos por 100.000 habitantes, cifra que en el 2012 alcanzó los 31,23 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, de acuerdo con las cifras más recientes presentadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal, en el año 2015 se registraron 1.651 casos de violencia contra la población adulta mayor, 237 casos más que en 2014. La tasa para este mismo año fue de 30,94 por cada 100.000 habitantes con una variación positiva de 3,46 puntos porcentuales, de lo cual se puede concluir su tendencia al alza.

Se evidencia que la mayoría de las veces el hijo(a) de la víctima es el principal agresor, con una participación del 42,52% del total de los casos. A este le siguen los hermanos de las víctimas, con una participación del 12,76% y, en tercer lugar, se encuentran los nietos, en una menor proporción, con 5,57% del total. De esta forma, el lugar donde con mayor frecuencia se presenta la agresión es en el hogar, siendo el 83% de las veces.

4.1.3. Violencia contra niñas, niños y adolescentes

No existe una definición universalmente aceptada del maltrato infantil. Lo anterior se explica: porque que la niñez y la adolescencia son, en esencia, etapas de crecimiento de los individuos, en que se desarrollan una serie de potencialidades físicas, emocionales, intelectuales, sociales, éticas, morales, estéticas, culturales entre otras. Cualquier evento que pueda limitar el desarrollo de alguna de estas potencialidades es susceptible de ser considerada como maltrato. Así las definiciones varían de acuerdo al enfoque desde donde se realicen.

No obstante, el artículo 44 de la Constitución es bastante exhaustivo y por eso podemos utilizarlo para caracterizar la violencia intergeneracional contra ellos. Así el mencionado artículo reza: ¿Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás¿.

Más allá de los debates teóricos al respecto, contamos con estadísticas de Medicina Legal con las que es posible dar cifras de al menos un mínimo de los casos de maltrato presentados. Así, en el año 2014 esta entidad hizo 10.402 peritajes por violencia contra niños, niñas y adolescentes lo que representa un aumento de 694 casos con respecto al año 2013. Sin embargo, durante el año 2015 se registraron en Colombia 10.435 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, 33 casos más que en 2014. La tasa por 100.000 para este mismo año fue de 67,47 con una variación positiva de 0,33 puntos porcentuales.

De los casos registrados en el año 2015, el 46,18% corresponden a hombres y 53,82% a mujeres. Ello indica que no existe una prevalencia por género en este tipo de violencia. Sin embargo, al observar los rangos de edad se observa que la violencia contra las mujeres se intensifica entre los 10 y 14 años con 1.995 casos, mientras que en los niños se registran 1.597. Llama la atención que, en el siguiente grupo, entre los 15 y 17 años, la violencia contra los adolescentes hombres disminuye significativamente, se presentaron 809 casos, representado en una tasa de 60,89 por 100.000 habitantes, mientras que en las mujeres adolescentes se presentaron 1.526 casos, con una tasa de 119,72 por 100.000 habitantes.

El presunto agresor en los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes corresponde a padres y madres en proporciones similares. En el total de los casos, el padre representa el 32,88% y la madre el 30,69%. En los casos restantes el presunto agresor corresponde, principalmente, al padrastro, tío/a, otros familiares, hermano/a.

4.2. Obligación alimentaria

El artículo 42 de la Constitución Política establece que ¿la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla¿. El numeral 7 ibídem indica que ¿La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos¿.

De acuerdo con lo anterior, el derecho de alimentos c onstituye por excelencia un derecho fundamental de toda persona, y la ley y la jurisprudencia han tendido a ubicar esta figura en claros escenarios de prevalencia, particularmente en cuanto a los menores de edad se refiere.

La Corte Constitucional definió en Sentencia C-919 de 2001 el derecho de alimentos como ¿aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios. Así la obligación alimentaria está en cabeza de quien por ley, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de alimentos¿.

Por su parte, el artículo 24 de la Ley 1098 de 2006 consagra el derecho a los alimentos entendiendo por ellos todo lo que es necesario para el desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social de los niños, las niñas y los adolescentes y lo que es indispensable para su sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción que garantice su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante.

En los términos del artículo 413 del Código Civil, los alimentos pueden ser congruos o necesarios y comprenden la obligación de proporcionar al alimentario hasta el advenimiento de la mayoría de edad, es decir, hasta los dieciocho (18) años según lo establece la Ley 27 de 1977, el derecho a la educación básica y a alguna profesión u oficio que le permita proveerse su propia subsistencia una vez cumplida esa mayoría de edad. No obstante, la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido la tesis según la cual la obligación alimentaria se mantiene mientras permanezcan las razones que llevaron a solicitar los alimentos, así se haya llegado a la mayoría de edad, y así lo contempla el artículo 422 del Código Civil.

Conforme al artículo 411 del Código Civil, se deben alimentos:

       Al cónyuge.

       A los descendientes.

       A los ascendientes.

       A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa.

       A los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales.

       A los ascendientes naturales.

       A los hijos adoptivos.

       A los padres adoptantes.

       A los hermanos legítimos.

10      Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada.

Dentro de los mecanismos implementados por el Estado colombiano para garantizar la protección del derecho de alimentos, se tipificó dentro de los delitos contra la familia, la inasistencia alimentaria en el artículo 233 del Código Penal, así:

Artículo 233. Inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena será de prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor

4.3. Indignidad sucesoral

El artículo 1018 del Código Civil establece como requisitos indispensables para acreditar que una persona suceda a otra por causa de muerte, la capacidad y la dignidad[10][10].

La indignidad como la reconoce la doctrina consiste en una pena en la que el heredero o legatario pierde la herencia o legado que le fue deferido, por la comisión de determinadas conductas indebidas para con el causante. Las causales de indignidad son de interpretación restrictiva y tienen su campo de aplicación tanto en la sucesión testamentaria como en la legal o intestada. Sobre el alcance de la indignidad, el profesor Valencia Zea ha dicho lo siguiente:

¿Según lo estatuido por el Código, la indignidad se produce cuando el heredero o legatario, por actos delictuosos contra la persona o bienes del causante, traiciona los normales sentimientos que se suponen existir entre uno y otro, como cuando el hijo comete graves atentados contra el padre. Por lo tanto, podemos definir la indignidad diciendo que son atentados cometidos por el heredero o legatario contra el causante, capaces de destruir las naturales inclinaciones de cariño que se suponen existir como fundamento de la vocación hereditaria¿[11][11].

En el mismo sentido, se ha dicho por la doctrina que la indignidad es:

¿Una exclusión de todo o parte de la asignación a que ha sido llamado el asignatario por el testamento o por la ley, pronunciada como pena contra el que se ha hecho culpable de ciertos hechos limitadamente determinados por el legislador, como causales de indignidad. La indignidad es una exclusión de la sucesión; el efecto natural de ella consiste en que el interesado indigno es privado de lo que le hubiere correspondido en la mortuoria, sin esas circunstancias.

Se dice que la indignidad es pronunciada como pena, para significar que es la sanción que la ley civil establece para el sucesor que ha ejecutado c iertos actos, y como sanción que es, no puede aplicarse sino mediante juicio previo, en que se compruebe plenamente que aquel se ha hecho acreedor a ella, por haber incurrido en alguna de las faltas que la ley enumera como casuales de indignidad¿[12][12].

Esta sanción no opera de pleno derecho pues requiere una declaración judicial. Lo que significa que mientras esta no se produzca, el asignatario se tiene como heredero o legatario (Código Civil, artículo 1031).

La Corte Constitucional se ha referido con relación a la indignidad así:

¿Pero, además de la capacidad se requiere, para todas las sucesiones, no haber sido declarado incurso en causales de indignidad para suceder, las cuales se encuentran expresamente establecidas en el artículo 1025 del Código Civil. A quien en ellas incurre, el legislador le impone como sanción por faltar a los deberes con el causante la privación de la asignación a que tenía derecho conforme a la ley o a la asignación con la cual se le había beneficiado por el testador. Tal sucede, por ejemplo con el que ha cometido ¿el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo o la dejó perecer pudiendo salvarla¿; e igual con el que atenta de manera grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata o de su cónyuge o de sus ascendientes o descendientes, declarada esa conducta por sentencia ejecutoriada; o, cuando no se socorrió al testador pudiendo y necesitando este socorro; y, de igual manera cuando por fuerza o dolo se obtiene una determinada disposición testamentaria o se le impide testar, o cuando se oculta el testamento del difunto.

(¿)

4.4. Queda claro entonces que tanto la indignidad como el desheredamiento son una sanción, una pena, de carácter civil, y en ello son semejantes. Pero la indignidad se define por la ley y se extiende tanto a la sucesión testada como a la intestada, en tanto que el desheredamiento no tiene cabida sino en las sucesiones testamentarias; el desheredamiento tiene como efecto privar de todo o parte de la asignación forzosa que corresponde a un legitimario; la indignidad por su parte se extiende a toda clase de herederos, aun a aquellos que no lo son forzosamente¿. (Subrayado por fuera del texto original)[13][13].

En la actualidad, el catálogo de las causales que dan origen a la indignidad se encuentra previsto en el artículo 1025 del Código Civil, en los siguientes términos:

¿Artículo 1025. Causales de indignidad sucesoral. Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios:

1°.      El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla.

2°.      El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada.

3°.      El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo.

4°.      El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar.

5°.      El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto; presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación.

Como se deduce de lo expuesto, es claro que en términos generales las causales de indignidad consagradas en el artículo 1025 del Código Civil, se resumen en los siguientes comportamientos:

1.       Homicidio del causante.

2.       Omisión de socorro.

3.       Atentado grave contra el difunto, su cónyuge o sus familiares, con previa sentencia judicial condenatoria.

4.       Fuerza o dolo en el testamento.

5.       Detención u ocultamiento doloso del testamento.

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo con los puntos expuestos en precedencia, se logra colegir, por un lado, que la iniciativa surge en virtud de la preocupación que existe dado el maltrato que reciben a nivel intrafamiliar los adultos mayores en Colombia, pues, se trata de una población etaria la cual, dados los achaques y vicisitudes mismas del inevitable paso del tiempo, va siendo relegada y olvidada por su núcleo familiar, y más aún, maltratada y expuesta a múltiples vejámenes. No obstante, son estos mismos familiares inescrupulosos quienes en el momento de fallecer sus ascendientes, sin reparo alguno reclaman su herencia.

Adicionalmente, el proyecto de ley permite corregir un vacío que se presenta en nuestra normatividad, estableciendo como causal de indignidad sucesoral el abandono sin justa causa del hijo por parte de sus padres, de manera que si por alguna circunstancia de la vida, el primero logra éxito económico, al momento de fallecer, sus bienes y recursos no puedan ser reclamados en calidad de legitimarios por sus ascendientes, quienes lo despojaron durante su niñez y le negaron el amor y cuidado que no solo ordena la Constitución (C. P., artículo 44), sino que exige la misma ley natural.

En efecto, el presente proyecto de ley busca entonces proteger la institución familiar como núcleo esencial del Estado social de derecho sancionando a aquellos herederos que de manera indigna desechan sus obligaciones personales hacia el causante, pretendiendo luego valerse de las relaciones filiales únicamente para obtener lucro, mediante una sanción de naturaleza civil ¿patrimonial¿, esto es, privándolos por cuestiones de honorabilidad y justicia, de suceder a la persona que en vida maltrataron o abandonaron, como un tipo de reivindicación por el daño causado.

6. PLIEGO DE MODIFICACIONES

Para el primer debate del Proyecto de ley número 255 de 2017 Senado, se sugiere la siguiente modificación:

TEXTO APROBADO EN PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN SENADO

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1025 del Código Civil el cual quedará así:

Artículo 1025. Indignidad sucesoral. Son indignos de suceder al difunto como heredero o legatarios:

(¿)

7. El que hubiese sido condenado condenado con sentencia ejecutoriada por la comisión de alguno de los delitos contemplados en el Título VI, Capítulo I del Código Penal, siendo el sujeto pasivo de la conducta la persona de cuya sucesión se trata.

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1025 del Código Civil el cual quedará así:

Artículo 1025. Indignidad sucesoral. Son indignos de suceder al difunto como heredero o legatarios:

(¿)

7. El que hubiese sido condenado con sentencia ejecutoriada por la comisión de alguno de los delitos contemplados en el Título VI, Capítulo I del Código Penal, siendo el sujeto pasivo de la conducta la persona de cuya sucesión se trata.

 

7. PROPOSICIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa propongo a los honorables Senadores miembros de la Comisión Primera, dar primer debate al Proyecto de ley número 255 de 2017 Senado, 090 de 2016 Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil, conforme al pliego de modificaciones propuesto.

Cordialmente,

 

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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY número 255 DE 2017 SENADO,  090 DE 2016 CÁMARA

por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1025 del Código Civil, el cual quedará así:

Artículo 1025. Indignidad sucesoral. Son indignos de suceder al difunto como heredero o legatarios:

1°.      El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla.

2°.      El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada.

3°.      El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo.

4°.      El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar.

5°.      El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación.

6°.      El que abandonó sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata, estando obligado por ley a suministrarle alimentos. Para los efectos de este artículo, entiéndase por abandono: la falta absoluta o temporal a las personas que requieran de cuidado personal en su crianza, o que, conforme a la ley, demandan la obligación de proporcionar a su favor habitación, sustento o asistencia médica.

Se exceptúa al heredero o legatario que habiendo abandonado al causante, este haya manifestado su voluntad de perdonarlo y de sucederlo, lo cual se demostrará por cualquiera de los mecanismos probatorios previstos en la ley, pero previo a la sentencia judicial en la que se declare la indignidad sucesoral, y el causante se encuentre en pleno ejercicio de su capacidad legal y libre de vicio.

7°.      El que hubiese sido condenado con sentencia ejecutoriada por la comisión de alguno de los delitos contemplados en el Título VI Capítulo Primero del Código Penal, siendo el sujeto pasivo de la conducta la persona de cuya sucesión se trata.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir del momento de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,

 

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[1][1]  Corte Constitucional. Sentencia C-029 de 2009. M. P. Rodrigo Escobar Gil.

[2][2]  Organización Mundial de la Salud (2003). Informe Mundial Sobre la Violencia y la Salud. P. 5.

 

[3][3]  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (1999). Informe Forensis. P. 2.

 

[4][4]  Ibíd. p. 204.

 

[5][5]  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2014). Informe Forensis: Violencia Intramiliar.

 

[6][6]  Ibíd. p. 204-205

 

[7][7]  ONU, (1993) Estrategias para Confrontar la Violencia Doméstica: Manual de Recomendaciones. P.p. 9 y 10.

 

[8][8]  Profamilia, ¿Historias de Violencia, Roles, Prácticas y Discursos Legitimadores, Violencia contra las Mujeres en Colombia 2000-2010¿, citado por INMLCF, p. 207.

 

[9][9]  Op. cit., Organización Mundial de la Salud, P. 135.

 

[10][10]        Dispone la norma en cita: ¿Artículo 1018. Será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna¿.

 

[11][11]        Valencia Zea, Arturo, Derecho Civil, Sucesiones, Editorial Temis, Cuarta Edición, 1992, Pág. 56.

 

[12][12]        Suárez Franco, Roberto. Derecho de sucesiones, Editorial Temis, 1999. Pág. 104.

 

[13][13]        Corte Constitucional. Sentencia C-430 de 2003. M. P.: Alfredo Beltrán Sierra.