INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 60 DE 2015 SENADO.

por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción.

Bogotá, D

Bogotá, D. C., 8 de octubre de 2015

Doctores Honorable Senador Manuel Enríquez Rosero

Presidente Honorable  Roberto Gerléin Echeverría

Vicepresidente Comisión Primera Constitucional Permanente Senado de la República de Colombia

Asunto: Ponencia para primer debate. Proyecto de ley número 60 de 2015 Senado, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción.

Señor Presidente:

En cumplimiento del honroso encargo por usted encomendado, procedo a rendir ponencia para primer debate del Proyecto de ley número 60 de 2015 Senado, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción, en los siguientes términos.

I. Contenido y justificación del proyecto

Mediante la Ley 1573 de 2012, el Congreso de la República aprobó la ¿Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales¿. Esa Convención hace parte de los instrumentos que Colombia debe aceptar para ingresar a la OCDE. La Convención impone una serie de obligaciones al Estado colombiano, entre las cuales se encuentra ajustar su ordenamiento jurídico para sancionar efectivamente a las personas naturales y las personas jurídicas que incurran en actos de soborno transnacional.

En cuanto a las personas naturales, el Estado tiene la obligación de establecer el soborno transnacional como delito, de acuerdo con la definición del artículo 1° de la Convención[1][1].

Para las personas jurídicas, la Convención otorga al Estado la opción de establecer un régimen de responsabilidad penal para personas jurídicas o un régimen sancionatorio administrativo[2][2]. Los distintos países miembros de la OCDE han optado por uno u otro sistema[3][3].

La legislación hasta ahora vigente en la materia se encuentra en los artículos 30 y 34 de la Ley 1474 de 2011, también conocida como Estatuto Anticorrupción. El artículo 30 modifica el artículo 433 del Código Penal, el cual tipifica el delito de soborno transnacional. El artículo 34, a su vez, establece medidas contra las personas jurídicas como consecuencia de la condena penal por delitos contra la Administración Pública o el patrimonio público.

Esta legislación fue evaluada en el año 2012 por el Grupo de Trabajo de la OCDE, el cual concluyó que la normatividad colombiana no se ajustaba a los requerimientos de la Convención[4][4]. El presente proyecto busca subsanar las carencias detectadas por la OCDE en su evaluación de Colombia. En ese sentido, se ocupa de establecer un (1) régimen administrativo sancionatorio para las personas jurídicas que incurran en la conducta de soborno transnacional, y (2) ajustar y complementar el tipo penal de soborno transnacional contenido en el artículo 433 del Código Penal, para pe rsonas naturales.

El proyecto establece una separación tajante entre el régimen penal y el administrativo, de tal forma que la investigación administrativa no depende del resultado de un juicio penal. El régimen sancionatorio administrativo queda a cargo de la Superintendencia de Sociedades para todas las personas jurídicas.

El proyecto así mismo señala las entidades que pueden ser sancionadas, las sanciones que pueden ser impuestas, los criterios para graduarlas y el procedimiento a aplicar. Además establece los beneficios que pueden ser concedidos a quienes colaboren eficazmente en la sanción del soborno transnacional y señala los medios de asistencia jurídica recíproca al cual puede acudir la Superintendencia.

II. Debate en Comisión Primera

El proyecto fue debatido en la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes el día 5 de mayo de 2015 y fue aprobado con dos proposiciones.

Autor

Contenido de la proposición

Honorable Representante Hernán Penagos Giraldo

Modificativa del artículo 30 que deroga el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011, para en su lugar variar la redacción de dicha disposición legal.

Honorable Representante Hernán Penagos Giraldo

Artículo nuevo que adiciona dos atribuciones al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que se encuentra en el artículo 72 de la Ley 1474 de 2011.

 

III. Debate en Plenaria de Cámara de Representantes

El proyecto fue debatido en la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes el día 4 de agosto de 2015 y fue aprobado con cinco proposiciones.

Autor

Contenido de la proposición

Honorable Representante Juan Carlos Rivera Peña

Modificativa del artículo 4º, para prohibir el acceso a incentivos o subsidios provenientes del Gobierno nacional.

Honorable Representante Samuel Hoyos Mejía

Modificativa del numeral 2 del artículo 5, para indicar que las sociedades escindentes o beneficiaria tienen responsabilidad solidarias frente a las sanciones previstas en la ley.

Honorable Representante Inés Cecilia López Flórez

Modificativa del artículo sexto, para alcanzar los términos de la caducidad y de su interrupción.

Honorable Representante Samuel Hoyos Mejía

Artículo nuevo que modifica el numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, modificado a su vez por el artículo tercero de la Ley 1474 de 2011.

Honorable Representante Juan Carlos Rivera Peña

Artículo nuevo que introduce el registro de las empresas pro-éticas, como mecanismo de publicidad para quienes inviertan en políticas de promoción de la ética, integridad y prevención de la corrupción.

 

IV. Pliego de modificaciones

Desde la presentación del proyecto se han recibido comentarios acerca del mismo por parte del sector privado, expertos de la OCDE y miembros de Grupo de Trabajo contra el Soborno Transnacional. Con base en esos comentarios se proponen las siguientes modificaciones al proyecto de ley.

Artículo 1°

Para mayor claridad, los principios previstos en el artículo 8º del texto aprobado en segundo debate se consagran como artículo 1°. También se incluyen unos principios que son especialmente relevantes para la actuación administrativa en materia de soborno trasnacional.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 8°. Principios de la actuación administrativa. Las autoridades competentes deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos previstos en esta ley a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la primera parte de la Ley 1437 de 2011 y en especial de los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

Artículo 1°. Principios de la actuación administrativa. La autoridad competente deberá interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos previstos en esta ley a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la primera parte de la Ley 1437 de 2011 y en especial de los principios de debido proceso, presunción de inocencia, proporcionalidad de la sanción, seguridad jurídica, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

 

Artículo 2°

Se sugiere eliminar la referencia a personas naturales dentro del proyecto puesto que las sanciones para ellas ya están consignadas en el artículo 433 de la Ley 599 del 2000. Esta actualmente prevé sanciones pecuniarias por los mismos actos, así como pena privativa de la libertad.

Se prevé que la responsabilidad de las personas jurídicas no aplica cuando la conducta de los asociados se haya realizado en el marco de sociedades anónimas abiertas. Esa excepción aplica solo si actúan en calidad de asociados y no cuando las personas, al mismo tiempo, detentan calidad de administradores, miembros de junta directiva o representantes legales.

Texto aprobado

Texto propuesto para tercer debate

Artículo 1°. Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Las personas jurídicas serán responsables y serán sancionadas administrativamente cuando por medio de uno o varios de sus empleados, o administradores o asociados, sean representantes legales o no, indebidamente den, ofrezcan, o prometan a un servidor público extranjero, en provecho de este o de un tercero, directa o indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad a cambio de que el servidor público extranjero realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional. Las personas jurídicas serán responsables aun cuando la oferta o la promesa no lleguen al conocimiento del servidor público extranjero.

Las personas jurídicas serán responsables cuando la oferta sea hecha de forma directa y también cuando esta se presente por conducto de intermediarios.

Las entidades que tengan la calidad de matrices, conforme al régimen previsto en la Ley 222 de 1995 o la norma que la modifique o sustituya, serán responsables y serán sancionadas, en el evento de que una de sus subordinadas incurra en alguna de las conductas enunciadas en el inciso primero de este artículo.

Así mismo, serán responsables y objeto de sanción administrativa las personas naturales que en beneficio de una persona jurídica incurran en las conductas enunciadas anteriormente.

De igual manera, serán responsables y objeto de sanción administrativa las personas naturales o jurídicas que actúen como intermediarios de la persona o personas jurídicas que incurran en las conductas anteriores.

Parágrafo 1°. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se considera servidor público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o una jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido nombrado o elegido. También se considera servidor público extranjero toda persona que ejerza una función pública para un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o en una jurisdicción extranjera, sea dentro de un organismo público, o de una empresa del Estado o una entidad cuyo poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o de una jurisdicción extranjera. También se

Artículo 2°. Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Las personas jurídicas serán responsables y serán sancionadas administrativamente cuando por medio de uno o varios de sus empleados, o administradores o asociados, sean representantes legales o no, den, ofrezcan, o prometan a un servidor público extranjero, en provecho de este o de un tercero, directa o indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad a cambio de que el servidor público extranjero realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional. Las personas jurídicas serán responsables aun cuando la oferta o la promesa no lleguen al conocimiento del servidor público extranjero.

 

Las personas jurídicas serán responsables cuando la oferta sea hecha de forma directa y también cuando esta se presente por conducto de intermediarios.

Las entidades que tengan la calidad de matrices, conforme al régimen previsto en la Ley 222 de 1995 o la norma que la modifique o sustituya, serán responsables y serán sancionadas, en el evento de que una de sus subordinadas incurra en alguna de las conductas enunciadas en el inciso primero de este artículo.

 

 

 

 

 

De igual manera, serán responsables y objeto de sanción administrativa las personas jurídicas que actúen como intermediarios de la persona o personas jurídicas que incurran en las conductas anteriores.

Parágrafo 1°. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se considera servidor público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o una jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido nombrado o elegido. También se considera servidor público extranjero toda persona que ejerza una función pública para un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o en una jurisdicción extranjera, sea dentro de un organismo público, o de una empresa del Estado o una entidad cuyo poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o de una jurisdicción extranjera. También se

entenderá que ostenta la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional.

Parágrafo 2°. Lo previsto en esta ley para las personas jurídicas se extenderá a las sucursales de sociedades que operen en el exterior, así como a las empresas industriales y comerciales del Estado.

entenderá que ostenta la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional.

Parágrafo 2°. Lo previsto en esta ley para las personas jurídicas se extenderá a las sucursales de sociedades que operen en el exterior, así como a las empresas industriales y comerciales del Estado.

Parágrafo 3°. Lo previsto en el presente artículo no se aplica cuando la conducta haya sido realizada por un asociado que no detente el control de la persona jurídica, si se trata de sociedades anónimas abiertas.

 

Artículo 3°

Se aclara que la competencia en el marco de funciones administrativas y no judiciales. También se prevé la eliminación de la competencia de la Superintendencia Financiera, en la medida en que una de las recomendaciones de la OCDE es que exista una autoridad especializada, con un único criterio sancionatorio, en materia de soborno trasnacional.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 2°. Competencia. Las conductas descritas en el artículo 2° de esta ley serán investigadas y sancionadas por la Superintendencia de Sociedades, a menos que la persona jurídica esté sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, caso en el cual esta última será competente.

Las Superintendencias tendrán competencia sobre las conductas cometidas en territorio extranjero, siempre que la persona jurídica o la sucursal de sociedad extranjera presuntamente responsable esté domiciliada en Colombia.

Artículo 3°. Competencia. Las conductas descritas en el artículo 2° de esta ley serán investigadas y sancionadas por la Superintendencia de Sociedades.

 

 

 

 

 

La Superintendencia tendrá competencia sobre las conductas cometidas en territorio extranjero, siempre que la persona jurídica o la sucursal de sociedad extranjera presuntamente responsable esté domiciliada en Colombia.

Parágrafo. La competencia prevista en este artículo no se trata del ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la Superintendencia de Sociedades.

 

Artículo 4°

Se elimina la referencia a personas naturales.

Texto aprobado

Texto propuesto para tercer debate

Artículo 3°. No prejudicialidad. El inicio, impulso y finalización de la investigación administrativa que se adelante respecto de una persona jurídica o natural por las acciones u omisiones enunciadas en la presente ley, no dependerá ni estará condicionado o supeditado a la iniciación de otro proceso, cualquiera sea su naturaleza, ni a la decisión que haya de adoptarse en el mismo. La decisión de la actuación administrativa de que trata esta ley, tampoco constituirá prejudicialidad.

Artículo 4°. No prejudicialidad. El inicio, impulso y finalización de la investigación administrativa que se adelante respecto de una persona jurídica por las acciones u omisiones enunciadas en la presente ley, no dependerá ni estará condicionado o supeditado a la iniciación de otro proceso, cualquiera sea su naturaleza, ni a la decisión que haya de adoptarse en el mismo. La decisión de la actuación administrativa de que trata esta ley, tampoco constituirá prejudicialidad.

 

Artículo 5°

En este artículo hay dos cambios relevantes para la correcta aplicación de la ley. Por un lado, se elimina la sanción administrativa a las personas naturales por cuenta de que la sanción monetaria para la persona natural que está consignada en el artículo 433 de la Ley 599 del 2000 hoy día prevé sanciones pecuniarias por los mismos actos así como pena privativa de la libertad. Por el otro, se suprime la sanción respecto a la ¿inhabilidad para ejercer el comercio¿ por cuanto esta sanción equivaldría a la muerte de la persona jurídica sancionada. Esto es contraproducente porque hace difícil la labor del Estado de recaudar la multa impuesta.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 4°. Sanciones. Las autoridades competentes impondrán una o varias de las siguientes sanciones a las personas jurídicas que incurran en las conductas enunciadas en el artículo 1° de esta ley y a las personas naturales que en beneficio de una persona jurídica incurran en las conductas enunciadas en el mencionado artículo. La imposición de las sanciones se realizará mediante resolución motivada, de acuerdo con los criterios de graduación previstos en el artículo 7° de la presente ley:

1. Multa de hasta doscientos mil (200.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La multa no podrá ser impuesta a personas naturales.

2. Inhabilidad para ejercer el comercio. La inhabilidad será impuesta a las personas jurídicas y a las personas naturales que, en beneficio de la persona jurídica, incurran en las conductas enunciadas en el artículo 1°.

 

 

 

 

3. Inhabilidad para contratar con el Estado colombiano por un término de hasta veinte (20) años. La inhabilidad para contratar con el Estado iniciará a partir de la fecha en que la resolución sancionatoria se encuentre ejecutoriada. Esta inhabilidad será impuesta a las personas jurídicas y a las personas naturales.

4. Publicación en medios de amplia circulación y en la página web de la persona jurídica sancionada de un extracto de la decisión administrativa sancionatoria. La persona jurídica sancionada asumirá los costos de esa publicación.

5. Prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo o subsidios del Gobierno, en un plazo de 5 años.

Parágrafo. Una vez ejecutoriado el acto administrativo por medio del cual se impongan las sanciones de que trata esta ley, este deberá inscribirse en el registro mercantil de la persona jurídica sancionada.

Artículo 5°. Sanciones. La autoridad competente impondrá una o varias de las siguientes sanciones a las personas jurídicas que incurran en las conductas enunciadas en el artículo 2° de esta ley. La imposición de las sanciones se realizará mediante resolución motivada, de acuerdo con los criterios de graduación previstos en el artículo 7° de la presente ley:

 

 

 

1. Multa de hasta doscientos mil (200.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

 

 

2. Inhabilidad para contratar con el Estado colombiano por un término de hasta veinte (20) años. La inhabilidad para contratar con el Estado iniciará a partir de la fecha en que la resolución sancionatoria se encuentre ejecutoriada. Esta inhabilidad será impuesta a las personas jurídicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993.

3. Publicación en medios de amplia circulación y en la página web de la persona jurídica sancionada de un extracto de la decisión administrativa sancionatoria. La persona jurídica sancionada asumirá los costos de esa publicación.

 

 

 

4. Prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo o subsidios del Gobierno, en un plazo de 5 años.

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo. Una vez ejecutoriado el acto administrativo por medio del cual se impongan las sanciones de que trata esta ley, este deberá inscribirse en el registro mercantil de la persona jurídica sancionada.

Las autoridades competentes remitirán el acto administrativo a la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica, para su inscripción en el registro correspondiente.

En el caso de personas que no tienen la obligación de tener el registro mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, el acto administrativo sancionatorio se remitirá al ente de control que los supervisa o vigila, con el fin de que lo publique en su página web. La publicación deberá realizarse en un aparte que se destine exclusivamente a la divulgación de los nombres y número de identificación tributaria de las personas que hayan sido sancionadas de conformidad con esta ley.

La autoridad competente remitirá el acto administrativo a la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica, para su inscripción en el registro correspondiente. En el caso de personas que no tienen la obligación de tener el registro mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, el acto administrativo sancionatorio se remitirá al ente de control que los supervisa o vigila, con el fin de que lo publique en su página web. La publicación deberá realizarse en un aparte que se destine exclusivamente a la divulgación de los nombres y número de identificación tributaria de las personas que hayan sido sancionadas de conformidad con esta ley.

 

Artículo 6°

Se corrige la referencia al antiguo artículo 1°.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 6°. Sanciones en caso de reformas estatutarias. En los casos en que una persona jurídica, que hubiere incurrido en la conducta descrita en el artículo 1°, reforme o cambie su naturaleza antes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, se seguirán las siguientes reglas:

1. En los casos en que una sociedad, que hubiere incurrido en alguna de las conductas señaladas en el artículo 1° de esta ley, se extinguiere por efecto de una fusión, la sociedad absorbente o de nueva creación se hará acreedora de la sanción señalada en esta ley.

2. En los casos en que una sociedad incurra en alguna de las conductas señaladas en el artículo 1° de esta ley y posteriormente se escinda, todas las sociedades que hayan participado en el proceso de escisión, bien como escindente o beneficiaria, estarán sujetas solidariamente a las sanciones de que trata esta ley.

3. En los casos de transferencia de control sobre una sociedad que hubiere incurrido en alguna de las conductas señaladas en el artículo 1° de esta ley, el sujeto adquirente del control estará sujeto a las sanciones de que trata esta ley.

4. Las reglas precedentes serán aplicables a todas las formas asociativas diferentes de las sociedades.

Parágrafo. Este artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995 en relación con la transmisión de derechos y obligaciones en fusiones y escisiones, en los casos en que exista un acto administrativo ejecutoriado imponiendo una sanción a la persona jurídica objeto de la reforma estatutaria.

Artículo 6°. Sanciones en caso de reformas estatutarias. En los casos en que una persona jurídica, que hubiere incurrido en la conducta descrita en el artículo 2°, reforme o cambie su naturaleza antes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, se seguirán las siguientes reglas:

1. En los casos en que una sociedad, que hubiere incurrido en alguna de las conductas señaladas en el artículo 2° de esta ley, se extinguiere por efecto de una fusión, la sociedad absorbente o de nueva creación se hará acreedora de la sanción señalada en esta ley.

2. En los casos en que una sociedad incurra en alguna de las conductas señaladas en el artículo 1° de esta ley y posteriormente se escinda, todas las sociedades que hayan participado en el proceso de escisión, bien como escindente o beneficiaria, estarán sujetas solidariamente a las sanciones de que trata esta ley.

3. En los casos de transferencia de control sobre una sociedad que hubiere incurrido en alguna de las conductas señaladas en el artículo 2° de esta ley, el sujeto adquirente del control estará sujeto a las sanciones de que trata esta ley.

4. Las reglas precedentes serán aplicables a todas las formas asociativas diferentes de las sociedades.

Parágrafo. Este artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995 en relación con la transmisión de derechos y obligaciones en fusiones y escisiones, en los casos en que exista un acto administrativo ejecutoriado imponiendo una sanción a la persona jurídica objeto de la reforma estatutaria.

 

Artículo 7°

Se corrige referencia y numeración al artículo 23. Se aclaran aspectos del texto de forma tal que no haya dudas interpretativas.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

 Artículo 7°. Graduación de las sanciones. Las sanciones por las infracciones a la presente ley se graduarán atendiendo a los siguientes criterios:

1. El beneficio económico obtenido o pretendido por el infractor con la conducta.

2. La mayor o menor capacidad patrimonial del infractor.

3. La reiteración de conductas.

4. La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión y la conducta procesal del investigado.

5. La utilización de medios o de persona interpuesta para ocultar la infracción o sus efectos.

6. El reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.

7. La existencia, ejecución y efectividad de programas de transparencia y ética empresarial o de mecanismos internos anticorrupción al interior de la empresa, conforme a lo previsto en el artículo 20 de esta ley.

8. El grado de cumplimiento de las medidas cautelares.

9. Haber puesto en conocimiento de las autoridades mencionadas en la presente ley la comisión de las conductas enunciadas en el artículo 1° por parte de empleados, representante legal o accionistas, conforme a lo previsto en el artículo 19 de esta ley.

Artículo 7°. Criterios de graduación de las sanciones. Las sanciones por las infracciones a la presente ley se graduarán atendiendo a los siguientes criterios:

1. El beneficio económico obtenido o pretendido por el infractor con la conducta.

2. La mayor o menor capacidad patrimonial del infractor.

3. La reiteración de conductas.

4. La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión y la conducta procesal del investigado.

5. La utilización de medios o de persona interpuesta para ocultar la infracción o sus efectos.

6. El reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.

7. La existencia, ejecución y efectividad de programas de transparencia y ética empresarial o de mecanismos anticorrupción al interior de la empresa, conforme a lo previsto en el artículo 23 de esta ley.

 

8. El grado de cumplimiento de las medidas cautelares.

9. Haber realizado un adecuado proceso de debida diligencia, cuando se haya realizado una adquisición de una sociedad.

10. Haber puesto en conocimiento de las autoridades mencionadas en la presente ley la comisión de las conductas enunciadas en el artículo 2° por parte de empleados, representante legal o accionistas, conforme a lo previsto en el artículo 19 de esta ley.

Parágrafo. El criterio de graduación previsto en el numeral 6 no podrá ser aplicado cuando se esté en presencia de reiteración de conductas.

 

Artículo 8º

Se aclara que es solo una autoridad la competente.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 8°. Normas aplicables. Las actuaciones administrativas de las autoridades competentes tendientes a determinar la responsabilidad de las personas jurídicas por la conducta prevista en el artículo 1° de esta ley se regirán por las disposiciones especiales del presente capítulo. En lo no previsto por la presente ley, se aplicarán las disposiciones de la parte primera de la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen.

Artículo 8°. Normas aplicables. Las actuaciones administrativas de la autoridad competente tendientes a determinar la responsabilidad de las personas jurídicas por la conducta prevista en el artículo 2° de esta ley se regirán por las disposiciones especiales del presente capítulo. En lo no previsto por la presente ley, se aplicarán las disposiciones de la parte primera de la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen.

 

Artículo 9°

Se modifica la ubicación del antiguo artículo 6º, por ser un aspecto propio del procedimiento administrativo.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 6°. Caducidad de la facultad sancionatoria. La facultad sancionatoria establecida en esta ley tiene una caducidad de diez (10) años, contados a partir de la comisión de la conducta.

La caducidad se interrumpirá con la formulación del pliego de cargos. A partir de ese momento comenzará a correr de nuevo por diez (10) años, hasta tanto se profiera la sanción.

Artículo 9°. Caducidad de la facultad sancionatoria. La facultad sancionatoria establecida en esta ley tiene una caducidad de diez (10) años, contados a partir de la comisión de la conducta.

La caducidad se interrumpirá con la formulación del pliego de cargos. A partir de ese momento comenzará a correr de nuevo por diez (10) años, hasta tanto se profiera la sanción.

 

Artículo 10

Se aclara que es solo una autoridad la competente.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 10. Formas de iniciar la actuación administrativa. Las actuaciones administrativas de las autoridades competentes tendientes a determinar la responsabilidad de las personas jurídicas por las infracciones a esta ley podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona.

Artículo 10. Formas de iniciar la actuación administrativa. Las actuaciones administrativas de la autoridad competente tendientes a determinar la responsabilidad de las personas jurídicas por las infracciones a esta ley podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona.

 

Artículo 11

Se retira la referencia a las personas naturales.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 11. Indagación preliminar. Una vez iniciada la actuación administrativa, la autoridad competente iniciará una indagación preliminar para determinar alguna conducta de las señaladas en el artículo 1° de esta ley. La indagación preliminar tendrá una duración máxima de un (1) año y culminará con el archivo o con la formulación de cargos contra las personas jurídicas y/o naturales investigadas. El término para la indagación podrá ser prorrogado cuando se requiera ayuda jurídica recíproca, por el tiempo que duren estos procedimientos.

Artículo 11. Indagación preliminar. Una vez iniciada la actuación administrativa, la autoridad competente iniciará una indagación preliminar para determinar alguna conducta de las señaladas en el artículo 2° de esta ley. La indagación preliminar tendrá una duración máxima de un (1) año y culminará con el archivo o con la formulación de cargos contra las personas jurídicas investigadas. El término para la indagación podrá ser prorrogado hasta por un (1) año cuando se requiera ayuda jurídica recíproca.

 

 

Artículo 14

Este artículo permite ampliar el tiempo que tienen los investigados para hacer descargos.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 14. Descargos. Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos a que hubiere lugar. En los descargos podrán solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer.

Las pruebas inconducentes, impertinentes o superfluas serán rechazadas de manera motivada. No se atenderán las pruebas practicadas ilegalmente.

La autoridad competente podrá ordenar pruebas de oficio.

Artículo 14. Descargos. Los investigados podrán, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos a que hubiere lugar. En los descargos podrán solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer.

Las pruebas inconducentes, impertinentes o superfluas serán rechazadas de manera motivada. No se atenderán las pruebas practicadas ilegalmente.

La autoridad competente podrá ordenar pruebas de oficio.

 

Artículo 16

Se retira la referencia a las personas naturales y se aclara que el artículo hace referencia a días hábiles.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 16. Decisión. Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de los alegatos, la autoridad competente deberá proferir la resolución que determine la existencia de la responsabilidad de las personas jurídicas o naturales por las infracciones a esta ley.

Artículo 16. Decisión. Dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la presentación de los alegatos, la autoridad competente deberá proferir la resolución que determine la existencia de la responsabilidad de las personas jurídicas por las infracciones a esta ley.

 

Artículo 17

Se retira la referencia a las personas naturales. También se prevé la posibilidad de interponer recursos de apelación y queja.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 17. Vía administrativa. Contra la resolución que determine la existencia de la responsabilidad de las personas jurídicas o naturales por las infracciones a esta ley sólo procederá el recurso de reposición.

Artículo 17. Vía administrativa. Contra la resolución que determine la existencia de la responsabilidad de las personas jurídicas por las infracciones a esta ley procederán los recursos de reposición, apelación y queja.

 

Artículo 19

Se retira la referencia a las personas naturales y se incluyen requisitos para acceder a los beneficios por colaboración.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 19. Beneficios por colaboración. Las autoridades competentes podrán conceder beneficios a las personas naturales o jurídicas que hubieren participado en la conducta descrita en el artículo 1º de esta ley, en caso de que informen a la Supe-rintendencia acerca de la existencia de dicha conducta o colaboren con la entrega de información y de pruebas, incluida la identificación de los demás participantes. Para conceder los beneficios deberán observarse las siguientes reglas:

1. Los beneficios podrán incluir la exoneración total o parcial de la sanción que le sería impuesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 19. Beneficios por colaboración. La autoridad competente podrá conceder beneficios a las personas jurídicas que hubieren participado en la conducta descrita en el artículo 2° de esta ley, en caso de que informen a la Superintendencia acerca de la existencia de dicha conducta o colaboren con la entrega de información y de pruebas, incluida la identificación de los demás participantes. Para conceder los beneficios deberán observarse las siguientes reglas:

1. Lo beneficios podrán incluir la exoneración total o parcial de la sanción que le sería impuesta. En todo caso, dichos beneficios se otorgarán de conformidad con el momento en que el solicitante cumpla con los siguientes requisitos:

a) Al primer solicitante se le podrá otorgar la exoneración total de la multa a imponer, siempre y cuando no se hubiere iniciado la actuación administrativa correspondiente.

b) Al segundo solicitante se le otorgará una reducción de entre el 30 y el 50% de la multa a imponer, de acuerdo con la utilidad de la información y las pruebas aportadas en el trámite de la delación.

c) Al tercero y demás solicitantes posteriores se les otorgará una reducción de hasta el 25% de la multa a imponer, de acuerdo con la utilidad de la información y las pruebas aportadas en el trámite de la delación.

2. La Superintendencia establecerá si hay lugar a la obtención de beneficios y los determinará en función de la calidad y utilidad de la información que se suministre, teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) La eficacia de la colaboración en el esclarecimiento de los hechos y en la represión de las conductas. Para los efectos de este Artículo, colaboración con las autoridades se entiende como el suministro de información y de pruebas que permitan establecer la existencia, modalidad, duración y efectos de la conducta, así como la identidad de los responsables, su grado de participación y el beneficio obtenido con la conducta ilegal.

b) La oportunidad en que las autoridades reciban la colaboración.

Los beneficios podrán concederse aun en aquellos casos en que la Superintendencia ya se encuentre adelantando la correspondiente actuación.

 

2. La Superintendencia establecerá si hay lugar a la obtención de beneficios y los determinará en función de la calidad y utilidad de la información que se suministre, teniendo en cuenta los siguientes factores:

a) La eficacia de la colaboración en el esclarecimiento de los hechos y en la represión de las conductas. Para los efectos de este Artículo, colaboración con la autoridad se entiende como el suministro de información y de pruebas que permitan establecer la existencia, modalidad, duración y efectos de la conducta, así como la identidad de los responsables, su grado de participación y el beneficio obtenido con la conducta ilegal.

b) La oportunidad en que la autoridad reciba la colaboración.

Los beneficios podrán concederse aun en aquellos casos en que la Superintendencia ya se encuentre adelantando la correspondiente actuación, salvo por lo previsto en el numeral 1 literal a) de este artículo 19.

 

Artículo 20

Se elimina la referencia a la Superintendencia Financiera.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 20. Actuaciones y diligencias para la investigación administrativa del soborno transnacional. Para el ejercicio de las competencias previstas en esta ley, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera podrán realizar todas las actuaciones autorizadas por la ley para el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control. En especial, podrán:

1. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la información conducente.

2. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones.

Interrogar, bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas para esta clase de pruebas en el Código General del Proceso, a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus funciones.

Artículo 20. Actuaciones y diligencias para la investigación administrativa del soborno transnacional. Para el ejercicio de las competencias previstas en esta ley, la Superintendencia de Sociedades podrá realizar todas las actuaciones autorizadas por la ley para el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control. En especial, podrán:

 

1. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la información conducente.

2. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones.

3. Interrogar, bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas para esta clase de pruebas en el Código General del Proceso, a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus funciones.

 

Artículo 21

La sanción por incumplimiento de instrucciones se estandariza con la sanción impuesta por la Superintendencia de Sociedades por la comisión de la conducta. También se elimina la referencia de la Superintendencia Financiera.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 21. Incumplimiento de instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia Financiera en el ejercicio de la indagación preliminar o durante el periodo probatorio, acarreará, por cada violación y a cada infractor, multas a favor de la Superintendencia respectiva hasta por la suma de 20.000 salarios mínimos mensuales vigentes.

Artículo 21. Incumplimiento de instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Sociedades en el ejercicio de la indagación preliminar o durante el periodo probatorio, acarreará, por cada violación y a cada infractor, multas a favor de la Superintendencia respectiva hasta por la suma de 200.000 salarios mínimos mensuales vigentes.

 

Artículo 22

Se elimina la referencia de la Superintendencia Financiera.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 22. Remisión de información por parte de otras entidades. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informará a la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera todo reporte de actividad sospechosa que indique la presunta realización de conductas típicas establecidas como soborno transnacional.

Artículo 22. Remisión de información por parte de otras entidades. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informará a la Superintendencia de Socie dades todo reporte de actividad sospechosa que indique la presunta realización de conductas típicas establecidas como soborno transnacional.

 

Se propone cambiar el título del Capítulo IV del proyecto.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

CAPÍTULO IV

Atribuciones y obligaciones de las Superintendencias

CAPÍTULO IV

Atribuciones y obligaciones de la Superintendencia

 

Artículo 23

Se elimina la referencia de la Superintendencia Financiera.

Texto aprobado

Texto propuesto para tercer debate

Artículo 23. Programas de ética empresarial. La Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera promoverán en las personas jurídicas sujetas a su vigilancia la adopción de programas de transparencia y ética empresarial, de mecanismos internos anticorrupción, de mecanismos y normas internas de auditoría, promoción de la transparencia y de mecanismos de prevención de las conductas señaladas en el artículo 1° de la presente ley.

Las Superintendencias determinarán las personas jurídicas sujetas a este régimen, teniendo en criterios tales como el monto de sus activos, sus ingresos, el número de empleados y objeto social.

Artículo 23. Programas de ética empresarial. La Superintendencia de Sociedades promoverá en las personas jurídicas sujetas a su vigilancia la adopción de programas de transparencia y ética empresarial, de mecanismos internos anticorrupción, de mecanismos y normas internas de auditoría, promoción de la transparencia y de mecanismos de prevención de las conductas señaladas en el artículo 2° de la presente ley.

 

La Superintendencia determinará las personas jurídicas sujetas a este régimen, teniendo en cuenta criterios tales como el monto de sus activos, sus ingresos, el número de empleados y objeto social.

 

Artículo 24

Se elimina la referencia a otros tratados de asistencia jurídica mutua, puesto que no es objeto de este proyecto modificar otros tratados internacionales o las autoridades centrales establecidas en ellos.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 23. Asistencia jurídica recíproca. Para efecto del desarrollo de las actuaciones administrativas previstas en esta ley, las autoridades competentes podrán acudir a los mecanismos de ayuda jurídica recíproca internacional previstos en el artículo 9º de la ¿Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales¿ aprobada por la Ley 1573 de 2012.

Para esos efectos podrán solicitar a autoridades extranjeras y organismos internacionales, directamente o por los conductos establecidos, cualquier elemento probatorio o la práctica de diligencias que resulten necesarias, dentro del ámbito de sus competencias.

En la solicitud de asistencia se le informará a la autoridad requerida los datos necesarios para su desarrollo, se precisarán los hechos que motivan la actuación, el objeto, los elementos probatorios, las normas presuntamente violadas, la identidad, ubicación de personas o bienes cuando ello fuere necesario, las instrucciones que convenga observar por la autoridad extranjera y el término concedido para el diligenciamiento de la petición.

Para efectos de las competencias previstas en esta ley, las Supe-rintendencias de Sociedades y Financiera podrán realizar las actuaciones atribuidas a la Autoridad Central designada en los tratados de asistencia jurídica mutua suscritos por Colombia, siempre y cuando exista una justificación motivada para no realizar este trámite a través de la autoridad central designada por Colombia o, en su defecto, a través del Ministerio de Relaciones exteriores.

Artículo 24. Asistencia jurídica recíproca. Para efecto del desarrollo de las actuaciones administrativas previstas en esta ley, la autoridad competente podrá acudir a los mecanismos de ayuda jurídica recíproca internacional previstos en el artículo 9º de la ¿Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales¿ aprobada por la Ley 1573 de 2012.

Para esos efectos podrá solicitar a autoridades extranjeras y organismos internacionales, directamente o por los conductos establecidos, cualquier elemento probatorio o la práctica de diligencias que resulten necesarias, dentro del ámbito de sus competencias.

En la solici tud de asistencia se le informará a la autoridad requerida los datos necesarios para su desarrollo, se precisarán los hechos que motivan la actuación, el objeto, los elementos probatorios, las normas presuntamente violadas, la identidad, ubicación de personas o bienes cuando ello fuere necesario, las instrucciones que convenga observar por la autoridad extranjera y el término concedido para el diligenciamiento de la petición.

 

 

Artículo 25

Se elimina la referencia de la Superintendencia Financiera.

Texto aprobado

Texto propuesto para tercer debate

Artículo 25. Práctica de pruebas en el exterior. Las Superintendencias de Sociedades y Financiera podrán trasladar funcionarios a territorio extranjero para la práctica de diligencias, con la autorización de las autoridades extranjeras legitimadas para otorgarla, previo aviso de ello al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la representación diplomática acreditada en Colombia del país donde deba surtirse la diligencia.

Artículo 25. Práctica de pruebas en el exterior. La Superintendencia de Sociedades podrá trasladar funcionarios a territorio extranjero para la práctica de diligencias, con la autorización de las autoridades extranjeras legitimadas para otorgarla, previo aviso de ello al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la representación diplomática acreditada en Colombia del país donde deba surtirse la diligencia.

 

Artículo 26

Se elimina la referencia de la Superintendencia Financiera.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 26. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país y los medios materiales de prueba, podrán trasladarse a la actuación sancionatoria de las Superintendencias mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario.

También podrán trasladarse los elementos materiales probatorios o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación, las víctimas o la defensa hayan descubierto, aun cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos en la audiencia del juicio y no tengan por consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales probatorios o evidencias físicas deberán ser sometidos a contradicción dentro del proceso sancionatorio administrativo.

Cuando las Superintendencias necesiten información acerca de una investigación penal en curso o requieran trasladar a la actuación sancionatoria administrativa elementos materiales probatorios o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos, así lo solicitarán a la Fiscalía General de la Nación. En cada caso, la Fiscalía evaluará la solicitud y determinará qué información o elementos materiales probatorios o evidencias físicas puede entregar, sin afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito de la misma.

Artículo 26. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país y los medios materiales de prueba, podrán trasladarse a la actuación sancionatoria de la Superintendencia mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario.

También podrán trasladarse los elementos materiales probatorios o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación, las víctimas o la defensa hayan descubierto, aun cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos en la audiencia del juicio y no tengan por consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales probatorios o evidencias físicas deberán ser sometidos a contradicción dentro del proceso sancionatorio administrativo.

Cuando la Superintendencia necesite información acerca de una investigación penal en curso o requiera trasladar a la actuación sancionatoria administrativa elementos materiales probatorios o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos, así lo solicitará a la Fiscalía General de la Nación. En cada caso, la Fiscalía evaluará la solicitud y determinará qué información o elementos materiales probatorios o evidencias físicas puede entregar, sin afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito de la misma.

 

Artículo 27

Se elimina la referencia de la Superintendencia Financiera.

Texto aprobado

Texto propuesto para tercer debate

Artículo 27. Convenios interinstitucionales. La Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera suscribirán los convenios necesarios para intercambiar información y elementos de prueba y para articular sus actuaciones en las investigaciones de su competencia, en cualquiera de las etapas de la investigación.

Artículo 27. Convenios interinstitucionales. La Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades suscribirán los convenios necesarios para intercambiar información y elementos de prueba y para articular sus actuaciones en las investigaciones de su competencia, en cualquiera de las etapas de la investigación.

 

Artículo 28

Se elimina la referencia de la Superintendencia Financiera.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 28. Remisión de información. La Fiscalía General de la Nación informará a la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera toda noticia

Artículo 28. Remisión de información. La Fiscalía General de la Nación informará a la Superintendencia de Sociedades toda noticia criminal que sea calificada providen-

criminal que sea calificada provisionalmente como soborno transnacional. Esta información deberá ser suministrada inmediatamente después del inicio de la indagación preliminar.

La Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera informarán a la Fiscalía General de la Nación de todas las investigaciones que se adelanten en aplicación de esta ley.

sionalmente como soborno transnacional. Esta información deberá ser suministrada inmediatamente después del inicio de la indagación preliminar.

 

La Superintendencia de Sociedades informará a la Fiscalía General de la Nación de todas las investigaciones que se adelanten en aplicación de esta ley.

 

Artículo 30

El artículo 30 se refiere al delito de soborno transnacional consignado en la Ley 599 del 2000. En este sentido, no es necesario aclarar que el delito se consuma así la oferta no llegue al conocimiento del servidor público extranjero puesto que la jurisprudencia ha establecido claramente que en los delitos de cohecho son de ¿mera conducta¿ y por lo tanto no existe tentativa del mismo.

Texto aprobado

Texto propuesto  para tercer debate

Artículo 29. Soborno transnacional. El artículo 30 de la Ley 1474 de 2011 quedará así:

Artículo 30. Soborno transnacional. El artículo 433 del Código Penal quedará así:

El que indebidamente dé, prometa u ofrezca a un servidor público extranjero, en provecho de este o de un tercero, directa o indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad a cambio de que este realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional, aun cuando la oferta no llegue al conocimiento del servidor público extranjero, incurrirá en prisión de nueve (9) a quince (15) años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se considera servidor público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o autorid ades locales, o una jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido nombrado o elegido. También se considera servidor público extranjero toda persona que ejerza una función pública para un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o en una jurisdicción extranjera, sea dentro de un organismo público, o de una empresa del Estado o una entidad cuyo poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus subdivisiones políti-

Artículo 30. Soborno transnacional. El artículo 30 de la Ley 1474 de 2011 quedará así:

Artículo 30. Soborno transnacional. El artículo 433 del Código Penal quedará así:

El que dé, prometa u ofrezca a un servidor público extranjero, en provecho de este o de un tercero, directa o indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad a cambio de que este realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional, incurrirá en prisión de nueve (9) a quince (15) años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

 

 

Parágrafo. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se considera servidor público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o una jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido nombrado o elegido. También se considera servidor público extranjero toda persona que ejerza una función pública para un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o en una jurisdicción extranjera, sea dentro de un organismo público, o de una empresa del Estado o una entidad cuyo poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus subdivisiones políti-

cas o autoridades locales, o de una jurisdicción extranjera. También se entenderá que ostenta la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional.

cas o autoridades locales, o de una jurisdicción extranjera. También se entenderá que ostenta la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional.

 

Artículo nuevo ¿ remisión de información

Finalmente se propone la adopción de un artículo nuevo para dar mayor efectividad a las investigaciones administrativas que deberá adelantar la Superintendencia. Una preocupación expresada al Gobierno nacional por los evaluadores de la OCDE tiene que ver con que otros organismos, como la DIAN o UIAF, están en la obligación de reportar cualquier sospecha de infracción a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, no existe una obligación similar con respecto a la presentación de informes de presuntos delitos de soborno transnacional a la Superintendencia. Así, la información recogida por las autoridades de lavado de dinero o tributarias que puede estar relacionados con el cohecho internacional cometido por una persona jurídica no está bajo ninguna obligación de ser transmitida a la Superintendencia. Por ello, se propone crear una obligación de remisión de información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a la Superintendencia de Sociedades para efectos de los temas relacionados con personas jurídicas y soborno transnacional.

Se propone incluir este artículo en el Capítulo III del proyecto.

Artículo nuevo. Remisión de información por parte de otras entidades

Texto propuesto para segundo debate

Artículo nuevo. Remisión de información por parte de otras entidades. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informará a la Superintendencia de Sociedades todo reporte de actividad sospechosa que indique la presunta realización de conductas típicas establecidas como soborno transnacional.

 

Proposición

En consideración de lo anterior, propongo a la Comisión Primera del Honorable Senado dar primer debate al Proyecto de ley número 60 de 2015 Senado, 159 de 2014 Cámara, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción, con el pliego de modificaciones que se anexa.

 

CONSULTAR NOMBRE Y FIRMA EN ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF

 

PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 60 DE 2015 SENADO

por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia  de lucha contra la corrupción.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por soborno de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales

Artículo 1°. Principios de la actuación administrativa. La autoridad competente deberá interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos previstos en esta ley a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la primera parte de la Ley 1437 de 2011 y en especial de los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, presunción de inocencia, proporcionalidad de la sanción, seguridad jurídica, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

Artículo 2°. Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Las personas jurídicas serán responsables y serán sancionadas administrativamente cuando por medio de uno o varios de sus empleados, o administradores o asociados, sean representantes legales o no, den, ofrezcan, o prometan a un servidor público extranjero, en provecho de este o de un tercero, directa o indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad a cambio de que el servidor público extranjero realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional. Las personas jurídicas serán responsables aun cuando la oferta o la promesa no lleguen al conocimiento del servidor público extranjero.

Las personas jurídicas serán responsables cuando la oferta sea hecha de forma directa y también cuando esta se presente por conducto de intermediarios.

Las entidades que tengan la calidad de matrices, conforme al régimen previsto en la Ley 222 de 1995 o la norma que la modifique o sustituya, serán responsables y serán sancionadas, en el evento de que una de sus subordinadas incurra en alguna de las conductas enunciadas en el inciso primero de este artículo.

De igual manera, serán responsables y objeto de sanción administrativa las personas jurídicas que actúen como intermediarios de la persona o personas jurídicas que incurran en las conductas anteriores.

Parágrafo 1°. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se considera servidor público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o una jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido nombrado o elegido. También se considera servidor público extranjero toda persona que ejerza una función pública para un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o en una jurisdicción extranjera, sea dentro de un organismo público, o de una empresa del Estado o una entidad cuyo poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o de una jurisdicción extranjera. También se entenderá que ostenta la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional.

Parágrafo 2°. Lo previsto en esta ley para las personas jurídicas se extenderá a las sucursales de sociedades que operen en el exterior, así como a las empresas industriales y comerciales del Estado.

Parágrafo 3°. Lo previsto en el presente artículo no se aplica cuando la conducta haya sido realizada por una persona en calidad de asociada, si se trata de sociedades anónimas abiertas.

Artículo 3°. Competencia. Las conductas descritas en el artículo 2° de esta ley serán investigadas y sancionadas por la Superintendencia de Sociedades.

La Superintendencia tendrá competencia sobre las conductas cometidas en territorio extranjero, siempre que la persona jurídica o la sucursal de sociedad extranjera presuntamente responsable esté domiciliada en Colombia.

Parágrafo. La competencia prevista en este artículo no se trata del ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 4. No prejudicialidad. El inicio, impulso y finalización de la investigación administrativa que se adelante respecto de una persona jurídica por las acciones u omisiones enunciadas en la presente ley, no dependerá ni estará condicionado o supeditado a la iniciación de otro proceso, cualquiera sea su naturaleza, ni a la decisión que haya de adoptarse en el mismo. La decisión de la actuación administrativa de que trata esta ley, tampoco constituirá prejudicialidad.

CAPÍTULO II

Régimen Sancionatorio

Artículo 5°. Sanciones. La autoridad competente impondrá una o varias de las siguientes sanciones a las personas jurídicas que incurran en las conductas enunciadas en el artículo 2° de esta ley. La imposición de las sanciones se realizará mediante resolución motivada, de acuerdo con los criterios de graduación previstos en el artículo 7° de la presente ley:

1. Multa de hasta doscientos mil (200.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

2. Inhabilidad para contratar con el Estado colombiano por un término de hasta veinte (20) años. La inhabilidad para contratar con el Estado iniciará a partir de la fecha en que la resolución sancionatoria se encuentre ejecutoriada. Esta inhabilidad será impuesta a las personas jurídicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993.

3. Publicación en medios de amplia circulación y en la página web de la persona jurídica sancionada de un extracto de la decisión administrativa sancionatoria. La persona jurídica sancionada asumirá los costos de esa publicación.

4. Prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo o subsidios del Gobierno, en un plazo de 5 años.

Parágrafo. Una vez ejecutoriado el acto administrativo por medio del cual se impongan las sanciones de que trata esta ley, este deberá inscribirse en el registro mercantil de la persona jurídica sancionada.

La autoridad competente remitirá el acto administrativo a la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica, para su inscripción en el registro correspondiente.

En el caso de personas que no tienen la obligación de tener el registro mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, el acto administrativo sancionatorio se remitirá al ente de control que los supervisa o vigila, con el fin de que lo publique en su página web. La publicación deberá realizarse en un aparte que se destine exclusivamente a la divulgación de los nombres y número de identificación tributaria de las personas que hayan sido sancionadas de conformidad con esta ley.

Artículo 6°. Sanciones en caso de reformas estatutarias. En los casos en que una persona jurídica, que hubiere incurrido en la conducta descrita en el artículo 2°, reforme o cambie su naturaleza antes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, se seguirán las siguientes reglas:

1. En los casos en que una sociedad, que hubiere incurrido en alguna de las conductas señaladas en el artículo 2° de esta ley, se extinguiere por efecto de una fusión, la sociedad absorbente o de nueva creación se hará acreedora de la sanción señalada en esta ley.

2. En los casos en que una sociedad incurra en alguna de las conductas señaladas en el artículo 2° de esta ley y posteriormente se escinda, todas las sociedades que hayan participado en el proceso de escisión, bien como escindente o beneficiaria, estarán sujetas solidariamente a las sanciones de que trata esta ley.

3. En los casos de transferencia de control sobre una sociedad que hubiere incurrido en alguna de las conductas señaladas en el artículo 2° de esta ley, el sujeto adquirente del control estará sujeto a las sanciones de que trata esta ley.

4. Las reglas precedentes serán aplicables a todas las formas asociativas diferentes de las sociedades.

Parágrafo. Este artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995 en relación con la transmisión de derechos y obligaciones en fusiones y escisiones, en los casos en que exista un acto administrativo ejecutoriado imponiendo una sanción a la persona jurídica objeto de la reforma estatutaria.

Artículo 7°. Criterios de graduación de las sanciones. Las sanciones por las infracciones a la presente ley se graduarán atendiendo a los siguientes criterios:

1. El beneficio económico obtenido o pretendido por el infractor con la conducta.

2. La mayor o menor capacidad patrimonial del infractor.

3. La reiteración de conductas.

4. La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión y la conducta procesal del investigado.

5. La utilización de medios o de persona interpuesta para ocultar la infracción o sus efectos.

6. El reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.

7. La existencia, ejecución y efectividad de programas de transparencia y ética empresarial o de mecanismos anticorrupción al interior de la empresa, conforme a lo previsto en el artículo 23 de esta ley.

8. El grado de cumplimiento de las medidas cautelares.

9. Haber realizado un adecuado proceso de debida diligencia, cuando se haya realizado una adquisición de una sociedad.

10. Haber puesto en conocimiento de las autoridades mencionadas en la presente ley la comisión de las conductas enunciadas en el artículo 2° por parte de empleados, representante legal o accionistas, conforme a lo previsto en el artículo 19 de esta ley.

Parágrafo. El criterio de graduación previsto en el numeral 6 no podrá ser aplicado cuando se esté en presencia de reiteración de conductas.

CAPÍTULO III

Disposiciones procedimentales

Artículo 8°. Normas aplicables. Las actuaciones administrativas de la autoridad competente tendientes a determinar la responsabilidad de las personas jurídicas por la conducta prevista en el artículo 2° de esta ley se regirán por las disposiciones especiales del presente capítulo. En lo no previsto por la presente ley, se aplicarán las disposiciones de la parte primera de la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen.

Artículo 9°. Caducidad de la facultad sancionatoria. La facultad sancionatoria establecida en esta ley tiene una caducidad de diez (10) años, contados a partir de la comisión de la conducta.

La caducidad se interrumpirá con la formulación del pliego de cargos. A partir de ese momento comenzará a correr de nuevo por diez (10) años, hasta tanto se profiera la sanción.

Artículo 10. Formas de iniciar la actuación administrativa. Las actuaciones administrativas de la autoridad competente tendientes a determinar la responsabilidad de las personas jurídicas por las infracciones a esta ley podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona.

Artículo 11. Indagación preliminar. Una vez iniciada la actuación administrativa, la autoridad competente iniciará una indagación preliminar para determinar alguna conducta de las señaladas en el artículo 2° de esta ley. La indagación preliminar tendrá una duración máxima de un (1) año y culminará con el archivo o con la formulación de cargos contra las personas jurídicas investigadas. El término para la indagación podrá ser prorrogado hasta por un (1) año cuando se requiera ayuda jurídica recíproca.

Artículo 12. Pliego de cargos. En el evento de determinarse la existencia de una posible infracción, la autoridad competente procederá a la formulación de cargos mediante acto administrativo en el que se señalarán, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones procedentes. Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra el acto administrativo de formulación de cargos no procede recurso alguno.

Artículo 13. Medidas cautelares. En el pliego de cargos o en cualquier etapa posterior de la actuación administrativa, la autoridad competente podrá ordenar medidas cautelares cuando sean necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de una eventual decisión sancionatoria.

Artículo 14. Descargos. Los investigados podrán, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos a que hubiere lugar. En los descargos podrán solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer.

Las pruebas inconducentes, impertinente s o superfluas serán rechazadas de manera motivada. No se atenderán las pruebas practicadas ilegalmente.

La autoridad competente podrá ordenar pruebas de oficio.

Artículo 15. Período probatorio. El período probatorio y los alegatos tendrán el término prescrito en el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011. El período probatorio podrá ser prorrogado una sola vez cuando se requiera ayuda jurídica recíproca, por el tiempo que duren estos procedimientos.

Artículo 16. Decisión. Dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la presentación de los alegatos, la autoridad competente deberá proferir la resolución que determine la existencia de la responsabilidad de las personas jurídicas por las infracciones a esta ley.

Artículo 17. Vía administrativa. Contra la resolución que determine la existencia de la responsabilidad de las personas jurídicas por las infracciones a esta ley procederán los recursos de reposición, apelación y queja.

Artículo 18. Remisión a otras autoridades. Si los hechos materia del procedimiento sancionatorio pudieren llegar a ser constitutivos de delito, falta disciplinaria o de otro tipo de infracción administrativa, la autoridad competente pondrá en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Na ción o la entidad que corresponda, y acompañará copia de los documentos pertinentes.

Artículo 19. Beneficios por colaboración. La autoridad competente podrá conceder beneficios a las personas jurídicas que hubieren participado en la conducta descrita en el artículo 2° de esta ley, en caso de que informen a la Superintendencia acerca de la existencia de dicha conducta o colaboren con la entrega de información y de pruebas, incluida la identificación de los demás participantes. Para conceder los beneficios deberán observarse las siguientes reglas:

1. Los beneficios podrán incluir la exoneración total o parcial de la sanción que le sería impuesta. En todo caso, dichos beneficios se otorgarán de conformidad con el momento en que el solicitante cumpla con los siguientes requisitos:

a) Al primer solicitante se le podrá otorgar la exoneración total de la multa a imponer, siempre y cuando no se hubiere iniciado la actuación administrativa correspondiente.

b) Al segundo solicitante se le otorgará una reducción de entre el 30 y el 50% de la multa a imponer, de acuerdo con la utilidad de la información y las pruebas aportadas en el trámite de la delación.

c) Al tercero y demás solicitantes posteriores se les otorgará una reducción de hasta el 25% de la multa a imponer, de acuerdo con la utilidad de la información y las pruebas aportadas en el trámite de la delación.

2. La Superintendencia establecerá si hay lugar a la obtención de beneficios y los determinará en función de la calidad y utilidad de la información que se suministre, teniendo en cuenta los siguientes facto res:

a) La eficacia de la colaboración en el esclarecimiento de los hechos y en la represión de las conductas. Para los efectos de este Artículo, colaboración con la autoridad se entiende como el suministro de información y de pruebas que permitan establecer la existencia, modalidad, duración y efectos de la conducta, así como la identidad de los responsables, su grado de participación y el beneficio obtenido con la conducta ilegal.

b) La oportunidad en que la autoridad reciban la colaboración.

Los beneficios podrán concederse aun en aquellos casos en que la Superintendencia ya se encuentre adelantando la correspondiente actuación, salvo por lo previsto en el numeral 1 literal (a) de este artículo 19.

Artículo 20. Actuaciones y diligencias para la investigación administrativa del soborno transnacional. Para el ejercicio de las competencias previstas en esta ley, la Superintendencia de Sociedades podrá realizar todas las actuaciones autorizadas por la ley para el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control. En especial, podrán:

1. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la información conducente.

2. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones.

3. Interrogar, bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas para esta clase de pruebas en el Código General del Proceso, a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus funciones.

Artículo 21. Incumplimiento de instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Sociedades en el ejercicio de la indagación preliminar o durante el periodo probatorio, acarreará, por cada violación y a cada infractor, multas a favor de la Superintendencia respectiva hasta por la suma de 200.000 salarios mínimos mensuales vigentes.

Artículo 22. Remisión de información por parte de otras entidades. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informará a la Superintendencia de Sociedades todo reporte de actividad sospechosa que indique la presunta realización de conductas típicas establecidas como soborno transnacional.

CAPÍTULO IV

Atribuciones y obligaciones de la Superintendencia

Artículo 23. Programas de ética empresarial. La Superintendencia de Socied ades promoverá en las personas jurídicas sujetas a su vigilancia la adopción de programas de transparencia y ética empresarial, de mecanismos internos anticorrupción, de mecanismos y normas internas de auditoría, promoción de la transparencia y de mecanismos de prevención de las conductas señaladas en el artículo 2° de la presente ley.

La Superintendencia determinará las personas jurídicas sujetas a este régimen, teniendo en cuenta criterios tales como el monto de sus activos, sus ingresos, el número de empleados y objeto social.

Artículo 24. Asistencia jurídica recíproca. Para efecto del desarrollo de las actuaciones administrativas previstas en esta ley, la autoridad competente podrá acudir a los mecanismos de ayuda jurídica recíproca internacional previstos en el artículo 9° de la ¿Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales¿ aprobada por la Ley 1573 de 2012.

Para esos efectos podrá solicitar a autoridades extranjeras y organismos internacionales, directamente o por los conductos establecidos, cualquier elemento probatorio o la práctica de diligencias que resulten necesarias, dentro del ámbito de sus competencias.

En la solicitud de asistencia se le informará a la autoridad requerida los datos necesarios para su desarrollo, se precisarán los hechos que motivan la actuación, el objeto, los elementos probatorios, las normas presuntamente violadas, la identidad, ubicación de personas o bienes cuando ello fuere necesario, las instrucciones que convenga observar por la autoridad extranjera y el término concedido para el diligenciamiento de la petición.

Artículo 25. Práctica de pruebas en el exterior. La Superintendencia de Sociedades podrá trasladar funcionarios a territorio extranjero para la práctica de diligencias, con la autorización de las autoridades extranjeras legitimadas para otorgarla, previo aviso de ello al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la representación diplomática acreditada en Colombia del país donde deba surtirse la diligencia.

Artículo 26. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país y los medios materiales de prueba, podrán trasladarse a la actuación sancionatoria de la Superintendencia mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario.

También podrán trasladarse los elementos materiales probatorios o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación, las víctimas o la defensa hayan descubierto, aun cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos en la audiencia del juicio y no tengan por consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales probatorios o evidencias físicas deberán ser sometidos a contradicción dentro del proceso sancionatorio administrativo.

Cuando la Superintendencia necesite información acerca de una investigación penal en curso o requiera trasladar a la actuación sancionatoria administrativa elementos materiales probatorios o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos, así lo solicitará a la Fiscalía General de la Nación. En cada caso, la Fiscalía evaluará la solicitud y determinará qué información o elementos materiales probatorios o evidencias físicas puede entregar, sin afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito de la misma.

Artículo 27. Convenios interinstitucionales. La Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades suscribirán los convenios necesarios para intercambiar información y elementos de prueba y para articular sus actuaciones en las investigaciones de su competencia, en cualquiera de las etapas de la investigación.

Artículo 28. Remisión de información. La Fiscalía General de la Nación informará a la Superintendencia de Sociedades toda noticia criminal que sea calificada provisionalmente como soborno transnacional. Esta información deberá ser suministrada inmediatamente después del inicio de la indagación preliminar.

La Superintendencia de Sociedades informará a la Fiscalía General de la Nación de todas las investigaciones que se adelanten en aplicación de esta ley.

Artículo 29. Información espontánea a autoridades extranjeras. La Fiscalía General de la Nación informará, de manera espontánea, a las autoridades judiciales y administrativas de países extranjeros sobre toda noticia criminal que sea calificada provisionalmente como cohecho por dar u ofrecer, donde la conducta bajo investigación haya sido cometida por los empleados o administradores de una persona jurídica domiciliada en el exterior.

CAPÍTULO V

Disposiciones en materia penal

Artículo 30. Soborno transnacional. El artículo 30 de la Ley 1474 de 2011 quedará así:

Artículo 30. Soborno transnacional. El artículo 433 del Código Penal quedará así:

El que dé, prometa u ofrezca a un servidor público extranjero, en provecho de este o de un tercero, directa o indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad a cambio de que este realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional, incurrirá en prisión de nueve (9) a quince (15) años, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo. Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se considera servidor público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o una jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido nombrado o elegido. También se considera servidor público extranjero toda persona que ejerza una función pública para un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o en una jurisdicción extranjera, sea dentro de un organismo público, o de una empresa del Estado o una entidad cuyo poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o de una jurisdicción extranjera. También se entenderá q ue ostenta la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional.

CAPÍTULO VI

Modificaciones a la Ley 1474 de 2011

Artículo 31. Inhabilidad para contratar. El artículo 1° de la Ley 1474 de 2011 quedará así:

Artículo 1°. Inhabilidad para contratar de quienes incurran en delitos contra la administración pública. El literal j) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 quedará así:

Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública o de cualquiera de los delitos o faltas contemplados por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, así como las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables administrativamente por la conducta de soborno transnacional.

Esta inhabilidad procederá preventivamente aún en los casos en los que esté pendiente la decisión sobre la impugnación de la sentencia condenatoria.

Asimismo, la inhabilidad se extenderá a las sociedades controladas por tales personas, a sus matrices y a sus subordinadas.

La inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de veinte (20) años.

Artículo 32. Inhabilidad para que ex empleados públicos contraten con el Estado. El artículo 4° de la Ley 1474 de 2011 quedará así:

Artículo 4°. Inhabilidad para que ex empleados públicos contraten con el Estado. Adiciónese un literal f) al numeral 2 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:

Directa o indirectamente, las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado y las sociedades respecto de las cuales estas personas sean administradores, representante legal o sus equivalentes, durante el año siguiente al retiro del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con las funciones propias del cargo al cual prestaron sus servicios. Esta inhabilidad será extensiva a las sociedades de las cuales estas personas sean socias, distintas de las sociedades anónimas inscritas en bolsa.

Esta incompatibilidad también operará para el cónyuge o compañero permanente y para los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o civil y el primero de afinidad del ex empleado público.

Artículo 33. Responsabilidad de los revisores fiscales. El artículo 7° de la Ley 1474 de 2011 quedará así :

Artículo 7°. Responsabilidad de los revisores fiscales. Adiciónese un numeral 5) al artículo 26 de la Ley 43 de 1990, el cual quedará así:

5. Los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas, los actos de corrupción así como la presunta realización de un delito contra la administración pública, un delito contra el orden económico y social, o un delito contra el patrimonio económico que hubiere detectado en el ejercicio de su cargo. También deberán poner estos hechos en conocimiento de los órganos sociales y de la administración de la sociedad. Las denuncias correspondientes deberán presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes al momento en que el revisor fiscal hubiere tenido conocimiento de los hechos. Para los efectos de este artículo, no será aplicable el régimen de secreto profesional que ampara a los revisores fiscales.

Artículo 34. Inhabilidad para contratar de quienes financien campañas políticas. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 2°. Inhabilidad para contratar de quienes financien campañas políticas. El numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 tendrá un nuevo literal k), el cual quedará así:

Las personas naturales o jurídicas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones, a las alcaldías o al Congreso de la República, con aportes superiores al dos por ciento (2.0%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato.

La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cual el candidato fue elegido. Esta causal también operará para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de la persona que ha financiado la campaña política.

Esta inhabilidad comprenderá también a las personas jurídicas en las cuales el representante legal, los miembros de junta directiva o cualquiera de sus socios controlantes hayan financiado directamente o por interpuesta persona campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones, las alcaldías o al Congreso de la República.

La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de los contratos de prestación de servicios profesionales.

Artículo 35. Funciones adicionales del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Adiciónese al artículo 72 de la Ley 1474 de 2011, los siguientes literales:

g) Solicitar y analizar información de naturaleza pública de las entidades públicas o privadas que ejecuten recursos del Estado o presten un servicio público, y de los sujetos obligados bajo la Ley 1712 de 2014 -Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, cuando sea necesario para verificar la transparencia en el manejo de los recursos y la integridad de la administración pública, y generar alertas tempranas, que deberá poner en conocimiento de las autoridades competentes.

h) Dar traslado a los entes de control y a la Fiscalía General de la Nación de presuntos delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico y social, o delitos contra el patrimonio económico, así como infracciones disciplinarias o fiscales, de los que haya tenido conocimiento, y de la documentación o evidencia conducente para la verificación de esos casos.

i) Requerir a las comisiones regionales de moralización adelantar las investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico y social, delitos contra el patrimonio económico, infracciones disciplinarias o fiscales, de los que haya tenido conocimiento; y formular recomendaciones para prevenir y atacar riesgos sistémicos de corrupción.

Artículo 36. Prohibición para que ex servidores públicos gestionen intereses privados. Modifíquese el artículo tercero de la Ley 1474 de 2011 el cual quedará así:

Artículo 3°. Prohibición para que ex servidores públicos gestionen intereses privados. El numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 quedará así:

Prestar, a particulares a título personal o por interpuesta persona servicios de asistencia, representación o asesoría frente al organismo estatal, entidad o corporación en la cual desempeñó funciones en un cargo de nivel directivo o asesor en asuntos relacionados directamente con las funciones propias del cargo hasta por el término de un (1) año después de la dejación del mismo.

Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones. Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones aquellos de carácter particular y específico durante el ejercicio de sus funciones y de los cuales existen sujetos claramente determinados.

Artículo 37. Registro empresas pro-éticas. Las Cámaras de Comercio crearán un registro de las empresas pro-éticas, las cuales voluntariamente inviertan en políticas de promoción de la ética, integridad y prevención de la corrupción, lo anterior como mecanismo de publicidad.

CAPÍTULO VII

Derogatorias y vigencia

Artículo 38. Medidas contra personas jurídicas. Modifíquese el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así.

Artículo 34. Medidas contra personas jurídicas. Independientemente de las responsabilidades penales individuales a que hubiere lugar, las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 se aplicarán a las personas jurídicas que se hayan buscado beneficiar de la comisión de delitos contra la Administración Pública, o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público, realizados por su representante legal o sus administradores, directa o indirectamente.

En los delitos contra la Administración Pública o que afecten el patrimonio público, las entidades estatales posiblemente perjudicadas podrán pedir la vinculación como tercero civilmente responsable de las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de aquellas.

De conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades podrá imponer multas hasta de doscientos mil (200.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando por medio de uno o varios de sus empleados o administradores, sean representantes legales o no, indebidamente, den, ofrezcan o prometan a un servidor público, en provecho de este o de un tercero, directa o indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad, a cambio de que el servidor realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones.

Parágrafo. Para los casos de soborno transnacional, la Superintendencia de Sociedades aplicará el régimen sancionatorio especial previsto para esa falta administrativa.

Artículo 39. Transitorio. Las autoridades competentes tendrán un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley para establecer y poner en funcionamiento la estructura administrativa necesaria para el ejercicio de las competencias aquí previstas. Dentro de ese lapso, deberán expedir la reglamentación prevista en el artículo 20.

Artículo 40. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

 

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[1][1]        El artículo 1° de la Convención dice: ¿1. Cada parte tomará las medidas que sean necesarias para tipificar que conforme a su jurisprudencia es un delito penal que una persona deliberadamente ofrezca, prometa o conceda cualquier ventaja indebida pecuniaria o de otra índole a un servidor público extranjero, ya sea que lo haga en forma directa o mediante intermediarios, para beneficio de este o para un tercero; para que ese servidor actúe o se abstenga de hacerlo en relación con el cumplimiento de deberes oficiales, con el propósito de obtener o de quedarse con un negocio o de cualquier otra ventaja indebida en el manejo de negocios internacionales. ¿¿.

[2][2]        Según el Comentario autorizado a la Convención: ¿En el evento en que, bajo el sistema jurídico de un Estado parte, la responsabilidad penal no sea aplicable a las personas jurídicas, ese Estado parte no estará obligado a establecer tal responsabilidad¿.

 

[3][3]        Por ejemplo Estados Unidos tiene responsabilidad penal para personas jurídicas, a la vez que Brasil tiene un régimen de responsabilidad administrativa. Amb as opciones, en principio, han sido consideradas adecuadas por el Grupo de Trabajo de la OCDE. Ver informes de monitoreo de la OCDE en http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/countryreportsontheimplementationoftheoecdanti-briberyconvention.htm

 

[4][4]        Ver informe en http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ColombiaPhase1ReportEn.pdf