INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 88 DE 2012 SENADO.

por medio de la cual la Nación cede a los departamentos los recursos por concepto de contribución en contratos de obra pública y de concesión y se dictan otras disposiciones.

En cumplimiento de la honrosa designación que me hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, atentamente me permito rendir ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 88 de 2012 Senado, p

En cumplimiento de la honrosa designación que me hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, atentamente me permito rendir ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 88 de 2012 Senado, por medio de la cual la Nación cede a los departamentos los recursos por concepto de contribución en contratos de obra pública y de concesión y se dictan otras disposiciones.

TRÁMITE

El presente proyecto de ley fue presentado por el Senador Guillermo Antonio Santos Marín, el 21 de agosto de 2012 ante la Secretaría del Senado, bajo el número 88, publicado en la Gaceta del Congreso número 543 del 23 de agosto de 2012 y repartido para su trámite correspondiente a la Comisión Sexta, definiéndose por disposición de la Presidencia de la comisión como ponente al suscrito Senador.

CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO DE LEY

El present e proyecto de ley que se pone a consideración de esta célula legislativa, de acuerdo al trámite correspondiente ordinario, tiene como objeto dotar a los departamentos con nuevos recursos para poder realizar las labores de construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento de sus vías secundarias. Para ello, establece lo siguiente:

- La Nación cederá a los departamentos la contribución por la celebración de contratos de obra pública y contratos de concesión, para la construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento de vías de comunicación terrestres vehiculares o férreas, puertos aéreos, marítimos y fluviales, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1421 de 2010, en otros 4 años.

- Los recursos serán cedidos a aquellos departamentos donde se realicen obras públicas por medio de la celebración de contratos de concesión.

Para cumplir con su objetivo, este proyecto de ley, presenta 3 capítulos:

El primer capítulo cuenta con 3 artículos que describen el objeto del proyecto en lo relacionado con la ¿Contribución de Concesiones de obra pública¿ conforme con el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1421 de 2010, en otros 4 años. Estos artículos son:

Los artículos 1° y 2° que proponen que los recursos que actualmente recauda la Nación por concepto de contribución en la celebración de contratos de concesión sean trasladados a los entes territoriales. Estos recursos, según el artículo 8° de la iniciativa se deben destinar a la construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento de vías de comunicación terrestres vehiculares secundarias, además de otro tipo de infraestructura de transporte.

Y el artículo 3°, que propone que la contribución actual se cuadriplique de un 0.25% actual a un 1% del total del recaudo bruto de las concesiones. El objeto de este incremento es precisamente dotar de recursos a los Departamentos para que puedan mantener en buen estado su red secundaria.

El segundo capítulo consta de 3 artículos que describen el objeto del proyecto en lo relacionado con la ¿Contribución de contratos de obra pública¿ conforme con el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006 prorrogada por la Ley 1421 de 2010, en otros 4 años, estos artículos son:

Los artículos 4°, 5° y 6° del proyecto de ley plantean que los recursos por concepto de contribución por contratos de obra pública (diferente de concesiones) que recaude la Nación, deben ser cedidos parcialmente a los entes territoriales. Lo que se pretende es que del 5% que actualmente recauda la Nación, un 1% vaya a los entes territoriales donde se realizan dichas obras. Esto también con la idea de dotar de recursos adicionales a los departamentos.

Finalmente, el tercer capítulo, cuenta con 6 artículos que estipulan disposiciones generales

El artículo 7° habla de aquellos casos en que los recursos provenientes de la contribución correspondan a uno o más entes territoriales y señala que la distribución de los mismos será en proporción al monto de ejecución de la obra que se piensa emprender en cada uno de ellos.

El artículo 8° señala que los recursos cedidos por la Nación serán utilizados por los departamentos para la co nstrucción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento de sus vías secundarias o para la financiación de obras públicas relacionados con agua potable y saneamiento básico.

El artículo 9° habla de la corresponsabilidad de los socios de las sociedades de hecho o de derecho frente a sus responsabilidades con el fisco, en lo que tiene que ver con las contribuciones y el artículo 10 señala aspectos procedimentales sobre el giro de los recursos.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROYECTO DE LEY

La contribución sobre contratos de obra pública a que se refiere este proyecto, es un tributo de carácter nacional. En la actualidad los recursos generados por contribuciones de contratos de obras públicas y concesiones van a parar en su mayoría a la Nación, mientras que los departamentos donde se generan estas rentas no tienen participación alguna.

Es así como, este proyecto de ley tiene por finalidad la cesión por parte de la Nación a los departamentos, de un porcentaje de los recursos que se generan por el recaudo de los peajes de vías concesionadas y por la firma de contratos de obra pública, con el propósito específico de que estos recursos se orienten al mantenimiento y mejoramiento de la red vial departamental.

La idea es que al menos el 1% de los recursos brutos que se generen por recaudo en las concesiones del país y el 1% del valor de los contratos de obra pública que firme la Nación vayan a los tesoros departamentales. De esta manera los departamentos contarán con recursos corrientes para poder cumplir con las obligaciones que les impone el mantener en buen estado su infraestructura.

1. Antecedentes normativos

El 14 de diciembre del año 1992 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 2009, al amparo del Decreto 1793 del 8 de noviembre de 1992, mediante el cual se declaró el Estado de Conmoción Interior. Su finalidad fue la de resolver la caótica situación de orden público, ocasionada por los constantes atentados provenientes de sectores al margen de la ley que amenazaban en aquel momento la institucionalidad del país.

Mediante el Decreto 2009 de 1992 ¿por el cual se crea una contribución¿ el gobierno buscaba dotar a las fuerzas armadas de fuentes de financiación que les permitiera afrontar de manera exitosa la ofensiva subversiva y terrorista, y establecer mecanismos que permitieran a las entidades públicas del orden departamental y municipal contribuir a la financiación y dotación de las Fuerzas Armadas.

El decreto creó la contribución de contratos de obra pública, que buscaba que a partir de su entrada en vigencia: ¿Todas las personas naturales o jurídicas que suscribiesen contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías con entidades de derecho público, o celebrasen contratos de adición al valor de los existentes, deberán pagar a favor de los entes territoriales respectivos, de acuerdo con el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante, una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición¿.

Las entidades de derecho público que suscribieran dichos contratos, debían remitir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Unidad Administrativa de Impuestos Nacionales y a la respectiva Secretaría de Hacienda de la entidad territorial a la cual pertenezcan, una relación, donde constarán todos los contratos suscritos en el mes inmediatamente anterior, su monto, el valor de la contribución, el nombre del contratista y el número del recibo de consignación en bancos.

Los recursos recaudados debían destinarse a dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipos de comunicaciones, montaje y operación de redes de inteligencia, pago de recompensas a las personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas, servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad ciudadana, el bienestar social, la convivencia pací fica y el desarrollo comunitario.

La contribución fue prorrogada por el Decreto Legislativo 1515 de 1993 debido a la persistencia de las causas de agravación de la perturbación del orden público. Esta situación hizo indispensable que el Gobierno Nacional prorrogara el Estado de Conmoción Interior en dos ocasiones, por períodos de noventa (90) días calendario cada uno. El último de los cuales venció el cuatro (4) de agosto de 1993.

La Ley 104 de 1993 por su parte modificó el cobro de la contribución, disponiendo deducir del anticipo si lo hubiere, exceptuando los contratos de construcción de vías terciarias y ampliando su vigencia por dos años adicionales. Los recursos recaudados por las entidades territoriales deberían invertirse por el Fondo o Consejo de Seguridad de la respectiva entidad territorial. Posteriormente, la Ley 241 de 1995 prorrogó su vigencia.

Posteriormente, con la Ley 418 de 1997, se extendió el cobro de la contribución a los contratos de concesión y amplió su vigencia por dos años más. El artículo 120 de la citada norma señala lo siguiente: ¿Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán con destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante una contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión¿.

Así mismo, esta ley[1][1] creó el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior, como un sistema separado de cuentas que tiene por objeto garantizar la seguridad, convivencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial. Los recursos recaudados por las entidades territoriales por este mismo concepto deben invertirse por un Fondo-Cuenta Terri torial.

Posteriormente, las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006 prorrogaron la contribución por tres (3) años la primera y cuatro (4) años las dos últimas. En la actualidad la Ley 1421 de 2010 prorrogó el tributo por cuatro (4) años más hasta el año 2014 de manera tal que se encuentra en plena vigencia.

La normatividad vigente se resume en artículos de la Ley 1106 de 2006 y de la Ley 1421 de 2010 que se transcriben a continuación:

Ley 1106 de 2006

¿Artículo 6°. De la contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública y otras concesiones. Reglamentado por el Decreto Distrital 3461 de 2007. El artículo 37 de la Ley 782 de 2002, quedará así:

Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, departamento o municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.

Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán con destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante una contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión.< /p>

Esta contribución solo se aplicará a las concesiones que se otorguen o suscriban a partir de la fecha de vigencia de la presente ley.

Se causará el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las entidades territoriales con el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones.

Autorízase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes Municipales y Distritales para celebrar convenios interadministrativos con el Gobierno Nacional para dar en comodato inmuebles donde deban construirse las sedes de las estaciones de policía.

Parágrafo 1°. En los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de cooperación con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta contribución.

Parágrafo 2°. Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior, responderán solidariamente por el pago de la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participación¿.

Ley 1421 de 2010

¿Artículo 7°. El artículo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la Ley 548 de 1999 y modificado por la Ley 782 de 2002, quedará así:

Artículo 122. Créase el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que funcionará como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior, como un sistema separado de cuenta y tendrá por objeto garantizar la seguridad, convivencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial.

Los recursos que recaude la Nación por concepto de la contribución especial consagrada en el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, deberá invertirse por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la realización de gastos destinados a propiciar la seguridad, y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden público.

Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo concepto deben invertirse por el Fondo-Cuenta Territorial, en dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipo de comunicación, compra de terrenos, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas; servicios personales, dotación y raciones, nuevos agentes y soldados, mientras se inicia la siguiente vigencia o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden público.

La administración del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana estará a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia.¿.

2. Consideraciones de algunas entidades frente al proyecto

a) Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Aunque la ANI rindió concepto de viabilidad condicionada a cambios en la iniciativa legislativa presentada. Expuso las siguientes observaciones, conforme con el articulado del proyecto, como pasa a verse:

1. Conforme con los artículos 1° y 2° de este proyecto en los cuales se plantea que la Nación entregue a los departamentos los recursos que se originen en la celebración de contratos de obra pública y de concesión, debe señalarse que la norma arriba transcrita (artículo 6° Ley 1106 de 2006), prevé en el inciso 2°, que estos recursos se cedan a los Fondos de Seguridad y Convivencia de la entidad contratante, en razón del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la concesión. Siendo así, debe considerarse que algunas entidades hayan creado estos fondos y con cargo a los mismos se financien programas y proyectos que de ellos se deriven. De tal forma que estos fondos podrían quedar desfinanciados si se cambia el destinatario de esos recursos.

2. En el artículo 3° del proyecto que señala que ¿la cesión de la contribución por celebración de contratos de concesión será equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión¿. Lo que indica que se presenta un aumento de la tasa de contribución del 2.5 por mil al 1%, situación esta que generaría un aumento considerable en la carga impositiva para la concesión, lo que podría incidir en un incremento de tarifas de los peajes, como se observa en el artículo 11 de este proyecto en donde se estipula: ¿Los concesionarios de vías primarias podrán incrementar por una única vez el valor de los peajes hasta en una proporción igual a la compensación que deben girar a los departamentos previa autorización del Ministerio de Transporte¿. Con esta situación el usuario de las vías terminaría pagando la contribución en comento. Así mismo, aunque el aumento de tarifas este sujeto en el proyecto a una previa autorización por parte del Ministerio de Transporte, existe la posibilidad de que los concesionarios realicen algún tipo de reclamación argumentando un desbalance en la ecuación contractual.

A este respecto, ya que el proyecto dispone un cambio de destinatario de las contribuciones que sería del Fondo de Seguridad y Convivencia a los Departamentos, la ANI sugiere que en el proyecto de ley que se revisa se mantenga la tasa del 2.5 por mil, la cual ¿se encontraba vigente desde la firma de muchos contratos y adicionales, con lo cual ya el no haberla tenido en cuenta sería falta de diligencia del contratista al confeccionar su oferta¿.

3. Frente al artículo 7° del proyecto que señala: ¿En caso de que una obra se realice en más de dos departamentos, los recursos se cederán a cada uno de los departamentos en proporción al monto que se piensa ejecutar en cada jurisdicción¿. La ANI recomienda definir con mayor detalle, los criterios que se tendrán en cuenta para la mejor distribución de los recursos, en temas como cantidad de kilómetros, el área proyectada de construcción, el valor de los trayectos, etc., para efectos de definir las obras a realizar con estos recursos.

4. En el artículo 8° del proyecto se estipula que: ¿Los recursos cedidos por la Nación, de conformidad con lo dispuesto anteriormente, serán utilizados por los departamentos para la construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento de sus vías secundarias o para la financiación de obras públicas relacionados con agua potable y saneamiento básico¿. En cuanto a este punto la ANI considera que, si bien es importante que los departamentos inviertan en estos temas tan importantes para la comunidad, también lo es que se invierta en las necesidades de las mismas empresas concesionadas que no pueden atender con sus recursos las necesidades de la comunidad como son: puentes peatonales, iluminación vial, intersecciones, retornos, obras menores, etc.

5. Finalmente, en cuanto al artículo 10 que menciona: ¿Los contratos de concesión de obras públicas que actualmente se encuentren vigentes deberán girar la compensación de que trata la presente ley a los departamentos dentro de un término no superior a treinta (30) días calendario, posteriores al recaudo de los recursos¿. Es necesario establecer a partir de que momento se causa dicha compensación si es desde la expedición de la ley o desde el primer mes del año fiscal siguiente a la sanción de la misma.

b) Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte rindió concepto acerca de este proyecto argumentando que es INCONVENIENTE porque no se puede considerar que el recaudo de peajes de la ANI sea una fuente de financiación de obras de infraestructura que son competencia de otras entidades territ oriales. En consecuencia recomienda, que dado que este proyecto de ley se genera debido a las dificultades de financiación con recursos públicos de obras de infraestructura de transporte en vías secundarias de los distintos departamentos, se debe considerar las Asociaciones Público Privadas (APP) estipuladas en la Ley 1508 de 2012, que son contratos entre una entidad estatal y una privada para la provisión de servicios públicos, en este caso servirían de herramienta para fomentar la participación privada en el desarrollo de infraestructura departamental.

c) Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior para emitir concepto del proyecto en referencia tuvo en cuenta la siguiente normatividad:

1. La Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, artículos 119 y 122, señala que en todos los departamentos y municipios deberán funcionar los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana con carácter de fondo cuenta y que los recursos que estos fondos manejan se distribuirán según las necesidades regionales en materia de seguridad y convivencia. Adicionalmente, también refiere que los recursos que recauda la Nación por concepto de contribución de contratos de obra pública o contratos de concesión deberán invertirse por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la preservación del orden público.

2. El Decreto 399 de 2011 ¿por el cual se establece la organización y funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales¿, en los artículos 2°, 5 y 6°, se establecen los objetivos de Fonsecón, que es un fondo que recauda recursos para invertir en la Seguridad y Convivencia Ciudadana; del mismo modo, las funciones del comité evaluador que es creado por el Ministerio del Interior y de Justicia, entidad que evaluará los proyectos y programas presentados por Fosecon; y por último consagra las funciones de la Dirección, Administración y ordenación del gasto de Fonsecón, que estará a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia. De igual manera, este estatuto se refiere a los Fonset que son fondos cuenta sin personería jurídica creados por los municipios y departamentos, y administrados por los Gobernadores y Alcaldes. La verificación de su creación y el seguimiento a las inversiones que se realicen estará a cargo del Ministerio del Interior.

Conforme con lo anterior, realizó las siguientes precisiones:

1. Señaló que con fundamento en el Decreto 399 de 2011, este ministerio solicita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público recursos para el funcionamiento de Fonsecón. Estos recursos provienen del recaudo del 5% de los contratos de obra pública y del 2,5 por mil por concesiones.

2. Los recursos por concepto de contribuciones de contratos de concesión se encuentran actualmente en proceso de ejecución, existe una proyección de la apropiación presupuestal por año, con compromisos presupuestales en proyectos que han apoyado la convivencia y seguridad ciudadana.

3. Los recursos del fondo Fonsecón se invierten en proyectos concebidos para el fortalecimiento del orden público y la seguridad ciudadana de los entes territoriales, gubernamentales y de la fuerza pública a nivel nacional. De esta manera el actual gobierno ha desarrollado proyectos para fortalecer a la fuerza pública, como la construcción de estaciones de policía, Centros de atención inmediata, plan de vigilancia por cuadrantes y Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad (SIES).

4. Así mismo, manifestó que el actual gobierno ha realizado una importante inversión en proyectos relacionados con la seguridad y convivencia ciudadana como se muestra en la siguiente tabla:

Proyectos aprobados por Fonsecón Período actual del Gobierno

Valores en Millones de pesos

Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad (SIES)

$109.939

Proyectos de infraestructura (obra civil)

$87.500

Movilidad

$63.638

 

Finalmente, el Ministerio del Interior concluye que el cambio de destinatario de los recursos generados por contratos de obra pública y contratos de concesión, de los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana a los departamentos resulta INCONVENIENTE, debido a que la disminución de estos recursos a los fondos afectaría el fortalecimiento de la fuerza pública y el mejoramiento del orden público en los municipios más vulnerables del país. Adicionalmente, expone que se ponen en riesgo los avances que ha tenido la política de Seguridad Nacional, en lo relacionado con el incremento y apoyo de la fuerza pública en el territorio nacional.

d) Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Este Ministerio realiza las siguientes observaciones al proyecto:

- En cuanto al destinatario de los recursos por concepto de contribuciones por contrato de obra pública y contratos de concesión, explicó que el Ministerio de Hacienda asigna anualmente la apropiación presupuestal al Ministerio del Interior, con base en: i) el recaudo estimado de los recursos provenientes del 5% de los contratos de obra pública y del 2,5 por mil por concesiones y ii) el portafolio a diciembre 31 del Fondo Na cional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecón).

- A través del siguiente cuadro, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, muestra las apropiaciones presupuestales 2004-2013 asignadas al Ministerio del Interior financiadas con recursos de Fonsecón:

Concepto

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Apropiado

25.686

23.233

57.463

51.116

120.247

64.751

115.000

134.000

183.031

198.510

Funcionamiento

19.813

20.704

55.961

34.129

40.247

42.000

82.243

91.168

124.980

157.925

Inversión< /p>

5.873

2.528

1.502

16.987

80.000

22.751

32.757

42.832

58.051

40.585

 

(Cifras en Millones de pesos) Fuente: Min. Hacienda y Crédito Público.

Del mismo modo, explicó que el gasto financiado con los recursos provenientes del 5% de los contratos de obra pública y del 2.5 por mil por concesiones que alimentan el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecón) se encuentran presupuestados en funcionamiento e inversión de la siguiente forma:

Ministerio del Interior:

Funcionamiento:

Transferencias corrientes y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecón).

Inversión:

- Implementación del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES).

- Mejoramiento asistencia técnica y apoyo al programa nacional de Centros de Convivencia en los municipios donde opera el programa.

- Implementación Sistema de Vigilancia Electrónica (SVE).

 

Ministerio de Justicia y del Derecho

Inversión: Implementación, Asistencia y apoyo de las Casas de Justicia.

- Finalmente, concluyó que disminuir los recursos de las contribuciones por contrato de obra pública y contratos de concesión, que recibe el Ministerio del Interior, deja sin financiamiento el gasto relacionado con el fortalecimiento del Orden Público y Seguridad Ciudadana de los entes territoriales gubernamentales.

- Recomienda la revisión del impacto en los proyectos en ejecución tanto de obras públicas como de concesión, debido a que no solo se modifica el destinatario de los recursos, sino el monto de la contribución.

- En suma, señaló que el proyecto de ley desde el punto de vista presupuestal resulta INCONVENIENTE, porque produciría una presión fiscal al reducir las fuentes de financiamiento y no eliminar el gasto que ya se financia con estos recursos, que para el 2013 según el cuadro de apropiaciones presupuestales, ya anotado, sería de aproximadamente 200 mil millones de pesos.

Consideraciones:

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por las dife rentes entidades consultadas, resulta INCONVENIENTE el proyecto de ley estudiado, puesto que el cambio en el destinatario de los recursos generados por contratos de obra pública y contratos de concesión, de los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana a los departamentos, disminuiría no solo los recursos de los fondos, sino que produciría un gran impacto fiscal en los proyectos próximos a ejecutarse, toda vez que ya se tienen apropiaciones presupuestales para el año 2013, conforme con las observaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Adicionalmente, al reducir las fuentes de financiamiento para el fortalecimiento de la fuerza pública y el mejoramiento del orden público en el territorio nacional, se afectarían los municipios más vulnerables del país, pese a los avances en el mejoramiento del tema de seguridad que ha tenido Colombia.

 

PROPOSICIÓN

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, me permito rendir Ponencia Negativa y en consecuencia, solicito a la Comisión Sexta del Senado de la República, ordenar el archivo del Proyecto de ley número 88 de 2012 Senado, por medio de la cual la Nación cede a los departamentos los recursos por concepto de contribución en contratos de obra pública y de concesión y se dictan otras disposiciones.

Atentamente,

Luis Fernando Duque García,

Senador República,

Ponente.

 



 



[1][1]        Ley 418 de 1997. Artículo 119.