INFORME DE PONENCIA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY 256 DE 2016 CÁMARA, 99 DE 2014 SENADO

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 99 DE 2014 SENADO - ACUMULADO NÚMERO 145 DE 2015 SENADO, 256 DE 2016 CÁMARA por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.

Bogotá, D

Bogotá, D. C., junio de 2016

Doctor        

MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ

Presidente Comisión Primera Constitucional Permanente

Cámara de Representantes

Ciudad

Asunto: Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 99 de 2014 Senado - acumulado número 145 de 2015 Senado, 256 de 2016 Cámara, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.

Respetado señor Presidente:

De conformidad con la designación que nos hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Cámara de Representantes, presentamos la ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 99 de 2014 Senado - acumulado número 145 de 2015 Senado, 256 de 2016 Cámara, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.

I. Antecedentes

Dada la necesidad de actualizar las normas de Policía y de darles un alcance mayor, el de convivencia, y el reto que esto representa, el Gobierno nacional consideró indispensable instalar una mesa de trabajo permanente que ha sesionado durante más de cinco años, conformada por delegados del Ministerio de Defensa Nacional, la Alta Consejería Presidencial para la Seguridad y Convivencia y la Policía Nacional, que realizó más de 110 jornadas de trabajo de redacción, además de múltiples reuniones con otras entidades.

Esta mesa de trabajo contó también con la asesoría de sociólogos, abogados expertos en temas de derecho de Policía y derecho constitucional, entre otros, y sus miembros permanentes se encargaron de analizar, discutir, redactar, ajustar y presentar un texto base.

Para encauzar el proyecto de ley, la mesa de trabajo consideró de la mayor importancia invitar a las distintas entidades a presentar sus observaciones. De manera principal se tuvieron en cuenta, como insumos para el enriquecimiento del proyecto, los aportes de Alcaldes, Gobernadores e Inspectores de Policía a través de siete (7) foros regionales liderados por el Ministerio de Defensa Nacional que se llevaron a cabo en el año 2011, y la opinión de gremios y sectores comunitarios.

Con estos aportes, en 2012 el Gobierno nacional radicó un proyecto que incorporaba estos cambios. Sin embargo, teniendo en cuenta que era posible fortalecer el consenso y mejorar los textos, el equipo redactor continuó con la tarea de analizar observaciones y propuestas de todas las entidades a fin de preparar un nuevo anteproyecto.

En febrero y marzo de 2014 se realizó una ronda final de recolección de observaciones sobre dicho anteproyecto denominada ¿Jornadas de Trabajo e Información sobre el proyecto de ley por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia¿. Estas jornadas se llevaron a cabo los días 4, 18 y 25 de febrero, y 4 de marzo de ese año, con Ministerios y entidades del orden nacional, Comandantes de Policía de todos los niveles en el territorio nacional, Secretarios de Gobierno departamentales y autoridades de Policía de ciudades capitales y de ciudades priorizadas por la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como representantes de algunos gremios.

Posteriormente, se realizaron nuevas jornadas de trabajo individuales con cada uno de los Ministerios y demás entidades que remitieron sus observaciones específicas para acordar el texto que el Ministerio de Defensa Nacional presentó al Congreso de la República el 29 de septiembre de 2014.

Desde su radicación, los ponentes de diferentes partidos y sus equipos asesores han venido trabajando con el equipo redactor del Gobierno nacional en la revisión del texto y en la evaluación de las observaciones presentadas en las tres audiencias públicas (6 y 20 de noviembre de 2014, y 23 de mayo de 2015) que se han llevado a cabo en el Congreso de la República, en reuniones con autoridades de ciudades capitales y especialmente de la ciudad de Bogotá, y en la audiencia que tuvo lugar en el Concejo de Bogotá el 19 de diciembre de 2014.

¿ Tres Audiencias Públicas en el Congreso de la República:

6 de noviembre de 2014 (Senado de la República) Convocada por: Honorables Senadores Germán Varón Cotrino y Hernán Andrade.

20 de noviembre de 2014 (Senado de la República) Convocada por: Honorable Representante Angélica Lozano y honorable Senadora Claudia López.

23 de mayo de 2016 (Cámara de Representantes) Convocada por: Honorables Representantes Rodrigo Lara, Harry González y Carlos Édward Osorio.

Con ocasión de la expedición del concepto del Ministerio de Justicia y del Derecho remitido al Ministerio de Defensa Nacional mediante comunicación OFI14-0028539 - DMJ - 1000 de 4 de diciembre de 2014 y del concepto emitido por el Consejo Superior de Política Criminal en enero de 2015, el ponente coordinador del Senado (honorable Senador Germán Varón Cotrino) y su equipo asesor, así como el equipo redactor del Gobierno nacional activaron una mesa de trabajo con delegados del señor Ministro de Justicia y del Derecho, quien preside el Consejo Superior de Política Criminal de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 2055 de 2014, y delegados del señor Ministro del Interior con el fin de revisar las observaciones incluidas en los documentos antes mencionados y hacer los ajustes necesarios para fortalecer el texto del proyecto de ley que se llevó a consideración de la Comisión Primera del Senado de la República para aprobación en primer debate.

Luego de la revisión y de las discusiones adelantadas en el marco de la mesa de trabajo en cuestión, se acordó realizar unos ajustes al texto del proyecto de ley que fue radicado en el Congreso de la República, ajustes que absolvieron las inquietudes presentadas desde la radicación del proyecto, incluyendo las expuestas por el Ministerio de Justicia y del Derecho y las del Consejo Superior de Política Criminal.

Igualmente, para la votación en la Plenaria del Senado se creó una subcomisión integrada por los Senadores Germán Varón Cotrino, Alexánder López Maya, Paloma Valencia Laserna, Viviane Morales Hoyos, Sofía Gaviria Correa, Senén Niño Avendaño y Roosvelt Rodríguez Rengifo, que se encargó de analizar todos los artículos que presentaban proposiciones. Completada esa labor, la Subcomisión radicó dos informes a la Plenaria del Senado de la República donde se consignaron los acuerdos a los que se llegaron.

II. Contenido del proyecto de ley

El proyecto de ley por el cual se busca expedir el Código Nacional de Policía y Convivencia está compuesto de Tres Libros:

1. El Libro Primero incluye dos Títulos: en el Título I se establecen las disposiciones sobre el objeto, finalidad y principios del Proyecto; en el Título II se establecen disposiciones generales relacionadas con el poder, función y actividad de Policía.

2. El Libro Segundo incluye quince Títulos: el Título I relaciona los aspectos generales sobre los comportamientos contrarios a la convivencia que no deben ser realizados por las personas que habitan o visitan el territorio nacional; el Título II establece los deberes de convivencia; los Títulos III al XV contienen regulaciones específicas en relación con situaciones relativas a la convivencia.

3. El Libro Tercero incluye tres Títulos: los Títulos I y II se refieren a los medios de Policía, las medidas correctivas, las autoridades de Policía y sus competencias; el Título III incluye las disposiciones sobre el proceso único de Policía, su procedimiento, ámbito de aplicación y disposiciones finales.

El Proyecto de ley número 99 de 2014 Senado, 256 de 2016 Cámara otorga el marco normativo necesario para regular las siguientes materias, entre otras, que hoy afectan a la ciudadanía.

Así, regula de manera específica el tema relacionado con los establecimientos públicos o abiertos al público, o que siendo privados trasciendan al público, teniendo en cuenta que actualmente las disposiciones son flexibles y en ocasiones, cuando ha de aplicarse la medida correctiva de cierre de establecimiento público o abierto al público, el propietario ha cambiado la razón social y por ende la actuación policiva resulta ineficaz.

De la misma manera, el proyecto de ley hace un desarrollo de los comportamientos desfavorables a las reuniones, eventos y espectáculos, y otorga herramientas que permiten garantizar la seguridad y el desarrollo pacífico de los mismos.

Además, establece normas que protegen al consumidor de servicios educativos, mediante el establecimiento de medidas correctivas a quien ofrezca este tipo de servicios sin contar con la respectiva licencia de funcion amiento o sin la debida autorización legal. Estas normas otorgan herramientas eficaces para luchar contra los centros educativos ¿piratas¿ que engañan con falsas promesas a los usuarios.

De otro lado, se establecen comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con el incumplimiento de la normativa relativa al desarrollo de la actividad económica. Con el proyecto, la autoridad de Policía tiene la facultad para imponer medidas correctivas cuando el desarrollo de una actividad económica se realiza sin el cumplimiento de los requisitos establecidos. Por ejemplo, con incumplimiento de los horarios para la atención al público, cuando se ejercen actividades diferentes a las registradas en el objeto social de la matrícula mercantil o cuando se propicia la ocupación indebida del espacio público.

También se incluyen disposiciones que permiten mantener la aplicación de las medidas correctivas si se continúa desarrollando en el lugar la misma actividad económica que dio lugar a su imposición, aun cuando se cambie la nomenclatura, el nombre del establecimiento, su razón social, propietario, poseedor o tenedor del mismo.

Asimismo, en lo concerniente a la tranquilidad, seguridad, salud pública, ambiente, patrimonio cultural, urbanismo y movilidad, se propone la adopción de medidas correctivas más eficaces frente a las de amonestación en privado o reprensión en audiencia pública, hoy vigentes en el actual Código de Policía, las cuales han perdido todo su vigor.

En materia de protección al ambiente se establecen normas que protegen las áreas de especial importancia ecológica estableciendo medidas correctivas eficaces para evitar, por ejemplo, la ocupación ilegal de esas zonas o las construcciones en ellas.

Adicionalmente, se prevén normas que proteg en a los animales del maltrato y otras relacionadas con la tenencia de animales domésticos.

De otro lado, se establecen nuevas medidas correctivas más efectivas, se actualizan los montos de las multas que resultan irrisorios en el actual Código de Policía, y se propende por lograr, en tanto sea posible, la reparación, restitución o corrección de la conducta.

En cuanto a las competencias de las autoridades de Policía, se establecen claramente y se desarrolla un procedimiento único de Policía expedito, autónomo y que rige de manera exclusiva para las actuaciones adelantadas por las autoridades de Policía en ejercicio de su función y actividad. Esto significa un avance de gran importancia respecto a la legislación vigente en materia de derecho de Policía, ya que se sustraen del procedimiento de lo contencioso administrativo las decisiones en materia de Policía, sin perjuicio de que se mantenga el control jurisdiccional sobre las mismas, de conformidad con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 1437 de 2011. De manera concomitante con esto, el proyecto contempla la promoción de los mecanismos alternativos de solución de desacuerdos y conflictos, que privilegian el diálogo y la solución pacífica de las situaciones que afectan la convivencia.

III. Audiencias públicas

En el trámite del Proyecto de ley número 99 de 2014 Senado, 256 de 2016 Cámara, por medio de la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, se realizaron tres audiencias públicas en el Congreso de la República.

A. Audiencia Pública en la Comisión Primera d el Senado de la República - noviembre 6 de 2014

La primera Audiencia se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2014 en la Comisión Primera del Senado por convocatoria realizada por el honorable Senador Germán Varón Cotrino y el honorable Senador Hernán Andrade. La audiencia contó con la participación de representantes de la academia, autoridades de Policía de diferentes niveles, representantes de gremios, entre otros. Asimismo participaron delegados del Ministerio de Defensa Nacional, así como de la Policía Nacional.

Los delegados del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional hicieron una presentación del proyecto y de las razones jurídicas y técnicas que soportan la iniciativa, así como de la importancia de adelantar la aprobación del mismo en el Congreso de la República.

Las intervenciones en la Audiencia Pública se dirigieron principalmente a llamar la atención sobre la importancia que tiene mantener la esencia preventiva de las normas de Policía. Con fundamento en la naturaleza preventiva de las normas se solicitó la revisión de los conceptos de poder, función y actividad de Policía consagrados en el proyecto. Asimismo, representantes de gremios manifestaron su preocupación por el posible impacto que pueden tener en la actividad comercial ciertas disposiciones del proyecto, especialmente las contenidas en los artículos 115, 116, 118, 122, 124, 179. También se puso de presente por algunos intervinientes que ciertas materias en su momento previstas en el Código ya contaban con una regulación especial, por lo que no se requería incluir una nueva regulación en el Código Nacional de Policía.

Algunos intervinientes destacaron que el proyecto incluya una regulación especial en el tema de grafitis y habitantes de la calle. Lo anterior teniendo en cuen ta que en la actualidad se presentan muchas situaciones que afectan el desarrollo de las actividades económicas por la falta de regulación en estos temas.

Gran parte de los intervinientes destacó la necesidad de expedir un nuevo Código Nacional de Policía que brinde normas efectivas y eficaces acorde a las nuevas realidades sociales, y que se acompase con los preceptos de la Constitución de 1991, de acuerdo a lo ya señalado por la honorable Corte Constitucional. Algunos intervinientes propusieron que solo se denomine Código de Convivencia con el fin de que tenga un reconocimiento amplio por parte de todos los ciudadanos.

En las intervenciones también se destacó la importancia que tiene este cuerpo normativo por contener normas dirigidas a fortalecer el ejercicio de la autoridad y la sujeción a la ley por parte de la ciudadanía.

También se resaltó el hecho de que el Código Nacional de Policía y Convivencia puede ser un instrumento muy importante para el posconflicto y la generación de una cultura de paz.

Finalmente, uno de los intervinientes señaló que, en su concepto, el articulado desdibuja la naturaleza preventiva de las normas de Policía, ya que las normas previstas en el proyecto son de carácter represivo y sancionador.

B. Audiencia Pública en la Comisión Primera del Senado de la República - noviembre 20 de 2014

La segunda audiencia pública realizada sobre el proyecto de ley en mención se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2014 y fue convocada conjuntamente por la honorable Representante Angélica Lozano y la honorable Senadora Claudia López.

La audiencia contó con la participación de representantes de los Ministerios de Justicia y del Derecho y del Interior, autoridades del nivel local, autoridades de Policía de diferentes niveles, representantes de gremios, miembros del Concejo de Bogotá, entre otros. Asimismo, participaron delegados del Ministerio de Defensa Nacional, así como de la Policía Nacional.

Los delegados del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional hicieron una presentación del proyecto destacando la importancia de expedir un nuevo Código Nacional de Policía que responda a las necesidades y a las situaciones que hoy se presentan. Los delegados de estas entidades explicaron la conformación de la propuesta, los argumentos jurídicos que la respaldan y la concepción del proyecto.

Algunos intervinientes manifestaron su extrañeza por el hecho de que el proyecto de ley en mención hubiera sido presentado únicamente por el Ministro de Defensa Nacional y que en su radicación no hubiere participado el Ministro del Interior, teniendo en cuenta que, a su juicio, las materias propias del derecho de Policía son más afines a esta última Cartera.

Se destacó también la importancia que tiene esta iniciativa legislativa para el país y la necesidad de que el Congreso expida un nuevo Código Nacional de Policía.

Algunos intervinientes señalaron que el proyecto de ley debería tramitarse como Ley Estatutaria y no como ley ordinaria por considerar que el texto regulaba derechos fundamentales.

Finalmente, en la audiencia pública hubo intervenciones que señalaron que el proyecto de ley debería establecer diferenciaciones de aplicación a los municipios de acuerdo a las categorías de los mismos.

C. Audiencia Pública en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes - mayo 23 de 2016

La tercera audiencia pública realizada sobre el proyecto de ley en mención se llevó a cabo el 23 de mayo de 2016 y fue convocada conjuntamente por los Coordinadores Ponentes, los honorables Representantes Rodrigo Lara Restrepo, Harry Giovanny González García y Carlos Édward Osorio Aguiar.

La audiencia contó con la participación de representantes de los Ministerios Defensa Nacional, del Interior, de Minas y Energía y Ambiente y Desarrollo Sostenible, autoridades del nivel local (Subsecretario de Seguridad de Bogotá, Edil del barrio los Mártires, la Ex Alcaldesa de Usaquén, un representante de la Gobernación de Cundinamarca y un Comisario de Familia), autoridades de Policía Nacional de diferentes niveles, la Defensoría del Pueblo, Fedemunicipios, la Asociación de Ciudades Capitales, representantes de los gremios (ANDI y Fenalco), la Cámara de Comercio de Bogotá, Abogados expertos en derecho de Policía, la Unicef, Asobares, De Justicia, Probogotá, el Movimiento de víctimas asesinadas por la Policía, líderes comunitarios, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), entre otros.

En la primera intervención del representante de la Alcaldía de Bogotá, doctor Daniel Mejía, manifestó el apoyo a la iniciativa por considerar que otorga una serie de herramientas que evitan que temas relacionados con la convivencia escalen al ámbito penal. Igualmente, informó que en recientes conversaciones con el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también manifestó el apoyo a esta iniciativa.

En la segunda intervención el Presidente de Fenalco, doctor Guillermo Botero manifestó su preocupación con el artículo 41 de la iniciativa, sobre el consumo de licor y tabaco, en lugares donde se encuentran niños, niñas y menores de edad, porque hay muchos hoteles y restaurantes que prestan estos servicios y se verían afectados. Igualmente, manifestó su preocupación sobre el artículo 81 que establece que alrededor de hospitales, centros educativos, centro religiosos, entre otros, no se podrán desarrollar actividades económicas como la venta y consumo de bebidas alcohólicas, entre otras actividades. Finalmente, solicitó que no se derogue la Ley 232 de 1995 y que se revise la definición de espacio público.

En la tercer intervención, Bertha Marina Valero, líder comunitaria del barrio Sucre, localidad de Chapinero, manifiesta su preocupación con temas como el comercio ilegal, la venta de estupefacientes cerca de colegios y solicita apoyo en la aprobación de la iniciativa.

En la cuarta intervención de l doctor Gustavo Trejos, papá Diego Felipe Becerra (grafitero asesinado), manifestó su preocupación con la figura del traslado por protección porque considera que un traslado a una UPJ o a un CAI puede vulnerar los derechos del trasladado y considera que la Policía no tiene la capacidad de saber si una persona está en estado de alteración del estado de conciencia. Igualmente, mencionó ejemplos de personas que una vez fueron trasladados por la Policía, aparecieron muertos con cordones o con la correa del pantalón. En resumen, se opone a la medida porque considera que la Policía puede incurrir en Abuso de Autoridad.

Finalmente, cuestionó el artículo sobre ingreso a domicilio (artículo 163-164) porque pretende darle atribuciones de policía judicial a la policía sin tener aprobación de un juez de garantías. Insiste en que el domicilio es inviolable y se requiere orden judicial.

La quinta intervención fue la de la Defensoría del Pueblo. Hizo una presentación general sobre las características del Código de Policía, reconoce la necesidad de actualizar el Código de Policía, cita la Sentencia C-720 de 2007 donde la Corte Constitucional exhorta al Congreso a actualizar esta norma. Finalmente, plantea que se debe tener especial atención en no vulnerar el principio de legalidad (amplio margen a la policía), el debido proceso, la inviolabilidad del domicilio (juicio de proporcionalidad) y el non bis in ídem (revisar sanciones con tipos penales actuales).

La sexta intervención fue del Colectivo de Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. La representante del Colectivo hizo una serie de comentarios sobre los artículos 52 y 53 de protesta social, para que esta no se estigmatice ni se criminalice. Solicita que tampoco se utilice la violencia policial, ni armas letales ni de letalidad reducida.

Manifestó que la intervención de la Policía debe ser para proteger a los manifestantes y no para criminalizar la protesta. Finalmente, consideró que el Código va en contravía de los acuerdos de La Habana.

Posteriormente hizo su intervención el doctor Alberto Yepes Palacio, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, y centró su intervención en el derecho a la reunión y protesta pacífica. Considera que la iniciativa exige unos requisitos innecesarios y que el Código debe regular las protestas pacíficas sin que se exija un aviso a las autoridades. Finalmente, la facultad de disolver la protesta no puede darse solo porque no haya sido notificada la marcha, sino que debe ser excepcional. Además, propone que el uso de la fuerza sea lo mínimo posible, que no hayan armas de fuego, ni automáticas y propone que los policías que se encuentren en investigaciones sean separados y no puedan participar en el desarrollo de las protestas.

La séptima intervención fue del Director de Seguridad Cámara de Comercio de Bogotá, doctor Julio César Vargas, que resaltó los Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos en el Código de Policía y consideró que estos mecanismos se deberían profundizar, que las autoridades de policía se deberían capacitar en estas materias y que en cada ciudad se deben fortalecer los centros de conciliación en equidad, los jueces de paz, los mediadores entre otros. Leyó una serie de proposiciones para que sean estudiadas e incluidas en el articulado.

Finalmente, hizo una serie de observaciones encaminadas a unificar las multas, tomar medidas contra los colados en sistemas de transporte masivo, establecer centros de comando que se conecten a las cámaras que se proponen en los buses del transporte público e integrar el sistema de vigilancia. Igualmente, solicitó que se apruebe esta iniciativa de ley por la importancia para el país.

La octava intervención fue del Minist erio de Minas y Energía, la doctora Nhora Ordónez manifestó la importancia de mantener este capítulo sobre temas mineros, pidió que se hicieran unas precisiones y que se utilizaran conceptos técnicos. Después planteó una serie de cambios a los textos de la iniciativa (cambio del título del capítulo, ajustar los artículos 102, 103, 104, 105 y 108).

La siguiente intervención fue de Javier Ospina, Edil de los Mártires en Bogotá. En su presentación manifestó que no se tienen herramientas para enfrentar los colados en los sistemas de transporte público. Igualmente, explicó el caso de Bronx que afecta colegios y el entorno del lugar. Concluyó su intervención haciendo una reflexión sobre los recurrentes ataques a los funcionarios públicos y la falta de castigos respecto de esas actuaciones.

La décima intervención la hizo la doctora Gilma Pérez Martínez, sobreviviente del trabajo sexual. En su intervención manifestó que las medidas que se establecen en el Código de Policía no son adecuadas porque se victimizan a mujeres en situación de prostitución. Igualmente, que no se les da el apoyo sicológico suficiente, sino que se olvidan por parte del Estado. En resumen está en contra del proyecto de ley porque considera que vuelve contravenciones delitos actuales del Código Penal. Finalmente, solicita que no se use el término trabajo sexual, que se proteja a estas personas que no son delincuentes y que se haga una base de datos para que se identifique a las personas que utilizan estos servicios.

La undécima intervención la hizo el abogado Juan de Jesús Rodríguez. Considera que el proyecto de ley es inconstitucional porque no ha sido votado como ley estatutaria y afecta el núcleo fundamental de los derechos fundamentales. Además, deroga el Código General del Proceso en algunos aspectos y afecta procedimientos establecidos en el Código Civil.

El abogado considera que la iniciativa de ley no es garantista y copia mal todas las multas del Código de Tránsito. Finalmente, manifiesta que se vulnera y desconoce el principio de obediencia reflexiva, principio que es muy importante en el derecho de policía.

La siguiente intervención la realizó el doctor Edwin Alejandro Buen Hombre, Director de Grupos de Investigación Minera de la ESAP. En su intervención manifestó que existen vacíos en el tema ambiental, pero que es un asunto prioritario. Finalmente, propone eliminar el numeral 4 del artículo 102 de la iniciativa porque se genera una inutilización temporal.

Posteriormente la Unicef hizo una intervención mediante la cual solicitó que no se criminalicen las conductas contra los menores de edad, porque se puede retroceder en todas las Convenciones Internacionales que se han firmado. Reitera que no se deben tipificar problemas de comportamientos de los niños y que no se pueden crear delitos o contravenciones contra los menores de edad porque los estigmatiza y hay vulneración de derechos. Finalmente, considera que el artículo que faculta a Alcaldes para restringir la presencia de menores en espacios públicos (toque de queda) es inconstitucional porque esas restricciones son excepcionales.

La intervención de Asobares se centró en resaltar la importancia de incluir en el proyecto de ley los espacios libre de humo, prohibir la pólvora y el porte de armas. Después manifestaron que no se tienen suficientes inspectores de policía para el proceso policial abreviado que se crea en el proyecto de ley. El representante de esta entidad en el artículo sobre riñas solicitó eliminar la palabra incitar o promover riñas y pidió que se incluyera ¿que no sean informadas oportunamente¿. Finalmente, presentó inquietudes sobre las terrazas y si se pueden considerar como espacio público, lo cual conlleva al no consumo de bebidas embriagantes. Además, solicitó modificar la medida de suspensión definitiva por el cierre definitivo.

La siguiente intervención fue para De Justicia y su representante Sebastián Lalinde planteó algunos interrogantes sobre la protesta social y en particular sobre quién define cuándo hay un fin legítimo para la protesta. Consideró que la falta de aviso no puede ser causal para disolver una protesta legítima y que se deben dejar a salvo las protestas espontáneas. El siguiente interrogante que planteó fue sobre la instalación de cámaras de seguridad, lo cual podría convertir la ciuda d en un panóptico; además cuestionó la eficiencia de las cámaras, porque la realización del delito simplemente se trasladaba a un lugar donde no se tuvieran cámaras y solo se logra la prevención en algunos casos. No se disminuye el delito, sino que se desplaza de lugar. Finalmente solicita que el proyecto de ley se armonice con la Constitución de 1991 y considera que la definición de intimidad es inconstitucional porque inclusive en el espacio público también hay intimidad.

La intervención décimo sexta la hizo la ANDI a través de Juan Manuel Santos Arango que inició explicando que la ANDI considera positiva la expedición de un nuevo Código de Policía, entre otras razones porque trae unos beneficios que se presentan porque cuando hay seguridad se logra desarrollo económico. El entorno seguro mejora la economía.

En cuanto al texto en particular manifestó preocupación respecto del artículo de Ruidos y Sonidos que afectan el entorno, porque muchas actividades productivas tienden a ser ruidosas. Solicitó al igual que Fenalco que no se derogue la Ley 232 de 1995, porque no se deben exigir licencias para el funcionamiento de actividades económicas. Finalmente, sobre el artículo 181 numeral 11, considera que la buena fe se presume y que por tal razón no contar con la prueba de que el material es lícito puede vulnerar el principio de buena fe. Finalmente analiza todas las multas y solicita que se gradúen para que sean razonables.

La siguiente intervención estuvo a cargo de la delegada de la Gobernación de Cundinamarca y de Fedemunicipios, Sandra Castro, quien manifestó que esta iniciativa es importante y necesaria. Solicita que las normas que se aprueben sirvan para que la autoridad sea efectiva.

Posteriormente hizo una presentación la doctora Alexandra, en representación de las Comisarías de Familia. Planteó que la propuesta del Código de volverlas autoridades de policía es un retroceso y no quieren volver al plano de lo policivo porque tienen muchas funciones y no pueden hacer un trabajo eficiente. El artículo 200 de la iniciativa establece que serán autoridades de policía en lo sucesivo y tienen nuevas competencias que las llevan a correr el riesgo de volver al plano de lo policivo.

En resumen que no pueden atender todo y se volverían ineficaces. En su explicación manifiestan que el Código General del Proceso les quita funciones de policía y que retomar eso sería un error. Finalmente explica que la Ley de Infancia y Adolescencia ya reglamentó el tema de las Comisarías de Familia y solo pueden estar centradas en temas de atención de violencia intrafamiliar.

La siguiente intervención estuvo a cargo del doctor Fernando Triana en representación de la Asociación de empresas estadounidenses en Colombia, que representan el 7,5 del PIB de Colombia. Manifiesta que apoyan el proyecto de ley, y lo consideran importantísimo ante la falta de autoridad. En cuanto a la protesta social considera que debe tener unas reglas mínimas.

Posteriormente Fernando Guzmán, como representante de la Asociación de Ciudades Capitales manifestó que Colombia es un país de ciudades y que se tiene una oportunidad única para contar con herramientas que permitan una mejor convivencia en nuestras ciudades. Planteó que una vez aprobada la iniciativa se debe iniciar todo un trabajo de pedagogía en todo el país. En resumen aprueba esta iniciativa y la considera una oportunidad única.

La siguiente intervención la realizó el doctor Edwin Niño, que es inspector de policía. En la misma considera que la iniciativa de ley ha tenido una evolución importante entre el texto radicado y el aprobado en la Plenaria del Senado y que se ajusta a la Constitución. Igualmente manifestó que el artículo sobre ingreso en domicilio con orden escrita ha mejorado en su redacción.< /o:p>

Posteriormente el doctor Luis Guillermo Plata de Probogotá manifestó su apoyo al proyecto de ley. En su presentación hizo algunos cálculos sobre cuántos policías están disponibles en las localidades y manifestó que el número es bajo, que la Policía anda mal equipada y que se necesita una herramienta jurídica que le dé dientes a la institución porque el statu quo no funciona. En resumen su posición es a favor del proyecto de ley.

La siguiente intervención la hizo la representante del Movimiento de Víctimas Asesinadas por la Policía, la doctora Giovanna Niño. En su presentación afirmó que varios de los artículos de la iniciativa son una bofetada en el rostro a las víctimas. Además, denunció maltrato policial y considera que se está premiando a quienes se han comportado mal, dándoles premios con nuevas facultades para la Policía. Planteó que la naturaleza de la Policía debe ser civil.

La penúltima intervención la hizo la doctora Julieta Naranjo, Ex Alcaldesa de la Localidad de Usaquén. En su intervención manifestó la necesidad impostergable e imperiosa de que el Código salga adelante. Sustentó su intervención con algunos ejemplos de procesos policivos vigentes desde el año 1999 que no resuelven los problemas de la gente; explicó el caso de 140 Club House que lleva 2 años operando y no han podido cerrar el sitio porque el proceso es engorroso. Manifiesta que se necesita un Código que regule la sana convivencia (espacio público).

La última intervención la realizó un ciudadano que considera que en Colombia lo que prima es la cultura del avivato y que los grandes problemas se deben a la falta de confianza en las instituciones. Concluyó su intervención manifestando que los policías son verdaderos héroes y que se requiere de la aprobación de la iniciativa de ley.

Para finalizar la Audiencia las honorables Representantes Angélica Lozano y Clara Rojas dieron unas palabras y el honorable Representante Harry González dio unas palabras finales para dar por terminada la audiencia pública.

Por su parte, el Viceministro del Interior, Guillermo Rivera manifestó que el Gobierno nacional se encuentra comprometido con esta iniciativa legislativa y que es una prioridad en la agenda del Gobierno nacional.

D. Otras reuniones de socialización y revisión del proyecto de ley

Después de la aprobación de este proyecto de ley en la Comisión Primera del Senado, bajo el liderazgo de los Ponentes se realizaron varias reuniones de socialización y de revisión del texto del proyecto con los asesores de las unidades legislativas, expertos en derecho de Policía, representantes de plataformas de derechos humanos y representantes de la sociedad civil y autoridades de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre otras.

Igualmente, el pasado 16 de mayo de 2016 se llevó a cabo una reunión en la Comisión Primera del Senado de la República con los Coordinadores Ponentes de la Cámara de Representantes, delegados de la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales y representantes del Gobierno nacional. En dicha reunión los delegados de la Mesa Nacional de Garantías presentaron una serie de inquietudes y observaciones sobre la ponencia presentada para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República, para que fueran acogidas por los coordinadores para la ponencia de primer debate en la Cámara de Representantes, reconociendo los grandes avances alcanzados durante el trámite de este proyecto.

El lunes 13 de junio de 2016 se llevó a cabo un Foro organizado por la Fundación Probogotá, en el Club el Nogal, el cual contó con la intervención inicial del General Jorge Hernando Nieto, Director de la Policía, el experto Hugo Acero Velásquez, Subsecretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá, y el Honorable Senador Germán Varón.

En ese mismo escenario, se adelantó un debate que moderó Rodrigo Pardo y contó con la participación de Rodrigo Guerrero, Ex Alcalde de Cali, Wilmar Barbosa, Alcalde de Villavicencio, Wilmer Castellanos, Alcalde de Sutamarchán, Boyacá, y la Honorable Representante Angélica Lozano, Ex Alcaldesa Local de Chapinero y actual Representante a la Cámara por Bogotá. Con algunas particularidades, todos ellos resaltaron la importancia de este proyecto y la necesidad de que se atiendan de manera urgente las nuevas realidades que se vienen planteando en materia de convivencia.

La parte final del Foro contó con la participación e intervención de los honorables Representantes que son ponentes de esta iniciativa -Rodrigo Lara, Carlos Édward Osorio, Clara Rojas y Harry González- y del honorable Representante Édward Rodríguez. El moderador del anterior panel fue el Director de Probogotá, Luis Guillermo Plata. La Senadora Claudia López también hizo una breve intervención en la cual pidió que el Código se analizara con calma en la Plenaria de la Cámara de Representantes.

El Foro se cerró con la intervención del Viceministro de las Políticas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa Nacional, doctor Aníbal Fernández de Soto, quien reiteró la importancia de esta iniciativa de ley y envío un mensaje solicitando que sea aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes y que se convierta en Ley de la República.

A partir de este trabajo de socialización y revisión del texto aprobado del proyecto de ley en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, los diferentes foros y audiencias públicas que se realizaron y las propuestas presentadas por los diferentes honorables  Representantes, se construyó la presente ponencia que se pone a consideración para aprobación de la Plenaria de la Cámara de Representantes.

IV. Resumen del trámite del proyecto de ley por el cual se expide un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia en la Comisión Primera del Senado, en la Plenaria del Senado de la República y en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes

A. Comisión Primera del Senado

El proyecto de ley por el cual se expide un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia fue discutido y aprobado en tres sesiones de la Comisión Primera del Senado. A continuación se hace un breve resumen del trámite del mencionado proyecto durante su tránsito por la Comisión Primera del Senado de conformidad con lo publicado en las Gacetas del Congreso número 444 del 19 de junio de 2015 (Acta de Comisión 48 del 20 de mayo de 2015 Senado), número 459 del 3 de julio de 2015 (Acta de Comisión 51 del 3 de junio de 2015 Senado) y número 487 del 15 de julio de 2015 (Acta de Comisión 53 del 10 de junio de 2015 Senado).

En la primera sesión de discusión en la Comisión Primera del Senado se aprobó negar la proposición de archivo de la ponencia formulada por el honorable Senador Alexánder López Maya y se discutió y aprobó la proposición positiva con que termina el informe de ponencia. En consecuencia fueron aprobados los artículos 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 11, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 58, 78, 84, 92, 94, 95, 103, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 120, 124, 126, 127, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 205, 208, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 225, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 265, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, en el texto del pliego de modificaciones.

En la segunda sesión de la Comisión Primera del Senado donde se discutió el proyecto de ley por medio del cual se expide el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia se aprobaron los artículos 3°, 4°, 8°, 9°, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 47, 48, 57, 63, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 88, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 111, 116, 118, 121, 125, 128, 158, 161, 180, 203, 210, 211, 212, 220, 223, 224, 226, 231, 234, 243, 246, 254, 260, 263, 264, 266, 267, 270, 276. En el informe de la Comisión Accidental, la Secretaría deja constancia que, respecto al artículo 63 de conformidad con el Informe de la Comisión Accidental, se aprobó su eliminación. En consecuencia, se aprobó la eliminación de los siguientes artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 56, 59, 67, 68, 69, 71, 76, 81, 82, 85, 107, 119, 123, 177, 178, 181, 182.

Posteriormente, se aprobó el artículo 66 en el texto formulado por la Comisión Accidental radicado el 9 de junio de 2015 y se aprobaron los artículos 179 y 187 en el texto del Informe de la Comisión Accidental con las modificaciones formuladas en las Proposiciones números 186, 187 y 188 autoría del honorable Senador Juan Manuel Galán Pachón.

En la tercera sesión de discusión del proyecto de ley en mención durante su tránsito en la Comisión Primera del Senado se aprobó negar la Proposición número 189 y aprobar el artículo 12 en el texto del pliego de modificaciones.

Asimismo, se aprobó negar la Proposición número 190 al artículo 13, la Proposición 191, la Proposición 193, Proposición 201, Proposición 208, la Proposición 213 y aprobar el artículo 13 en el texto del pliego de modificaciones.

Adicionalmente, se aprobó el artículo 55 en el texto del pliego de modificaciones con la modificación formulada en la Proposición número 192 y el artículo 64 en el texto del pliego de modificaciones con la modificación formulada en la Proposición Aditiva número 194. También se aprobó los artículos 129, 130, 131, 132, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 171, 199 en el texto del pliego de modificaciones. Adicional a lo anterior se aprobaron los artículos 133, 134, 135 y 136 con las modificaciones formuladas en las Proposiciones números 195, 196, 197 y 198.

Se aprobó la eliminación de los artículos 51, 54, 61, 75, 86, 87, 122 y se aprobaron los artículos 46, 60, 62 y 65 con las modificaciones formuladas en las Proposiciones números 203, 204, 205 y 206.

Se aprobó el artículo 83 con la modificación formulada en la Proposición número 209 y se aprobó la eliminación del artículo 206. Se aprobó el artículo 207 con las modificaciones formuladas en la Proposición número 212.

Finalmente, se aprobó el título del Proyecto por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, y se aprobó con votación nominal que este proyecto de ley pase a la Plenaria del Senado de la República.

B. Plenaria del Senado de la República

El proyecto de ley por el cual se expide un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia fue discutido y aprobado en tres sesiones de Plenaria del Senado de la República (5 y 27 de abril y 4 de mayo de 2016). A continuación se hace un breve resumen del trámite del mencionado proyecto durante su tránsito por la Plenaria del Senado de la República de conformidad con lo publicado en las Gacetas del Congreso número 740 del 29 de septiembre de 2015 (informe de ponencia favorable para segundo debate), número 843 del 22 de noviembre de 2015 (Informe de ponencia negativa y solicitando el archivo del proyecto de ley) y número 186 del 25 de abril de 2016 (Informe de la Subcomisión al articulado del proyecto de ley).

En la primera sesión de discusión en la Plenaria del Senado, realizada el 5 de abril de 2016, se aprobó negar la proposición de archivo de la ponencia presentada y sustentada por el honorable Senador Alexánder López Maya. Posteriormente se discutió y aprobó la proposición positiva con que termina el informe de ponencia para segundo debate, sustentada por el honorable Senador Germán Varón Cotrino. De igual forma, se nombró una Subcomisión para analizar las proposiciones presentadas por los honorables Senadores, la cual rindió informe del articulado del proyecto, siendo publicado en la Gaceta del Congreso número 186 del 25 de abril de 2016.

En la segunda sesión en la Plenaria del Senado (27 de abril de 2016), fueron aprobados los siguientes artículos de acuerdo al informe presentado por la Subcomisión, así: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 (se eliminó), 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 (se eliminó), 92, 93, artículo nuevo (De la seguridad de los equipos terminales móviles y/o tarjetas simcard (IMSI)), 98, 99, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 (sin los Numerales 6, 7 y 8), 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 178, 179, 180, 182, 183, artículo nuevo (Consecuencias por el no pago de la multa), 186, 187, 188, 189 (se eliminó), 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241 (se eliminó), 242 y 243.

Posteriormente, se reunió la subcomisión para analizar las proposiciones presentadas por los honorables Senadores y consensuar sobre el articulado que presenta discusiones, radicando un segundo informe.

En la segunda sesión de la Plenaria del Senado (4 de mayo de 2016) donde se discutió el proyecto de ley por medio del cual se expide el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, se estudió el segundo informe que presentó la subcomisión, y se aprobaron los artículos 6°, 17, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55 (Se elimina), 73, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 119, 127, 140, 158, 160, 162, el artículo nuevo (ingreso a inmueble con orden escrita), 165, 174, 175, 177, 181, 184, 185 y 237, del texto presentado por la Subcomisión y demás proposiciones presentadas en la Plenaria del Senado.

Igualmente, la Plenaria del Senado negó la proposición del Senador Alexánder López Maya donde se proponía eliminar el numeral 11 del artículo 73. Se aprobó una proposición de la Senadora Paloma Valencia sobre un artículo nuevo ¿Desacato de medidas correctivas¿ y se aprobó una proposición de la Senadora Claudia López modificando el artículo 237 sobre integración de sistemas de vigilancia.

Finalmente, se aprobó el título del proyecto ¿por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia¿, y se aprobó con votación nominal que el proyecto continúe su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para el tercer debate.

El texto aprobado en Plenaria del Senado de la República se publicó en la Gaceta del Congreso número 271 de 2016, la Gaceta del Congreso número 284 de 2016 y Gaceta del Congreso número 290 de 2016, en esta última consta el articulado tal y como fue aprobado por la Plenaria del Senado de la República.

C. Comisión Primera de la Cámara de Representantes

El proyecto de ley por el cual se expide un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia fue discutido y aprobado en dos sesiones de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. A continuación se hace un breve resumen del trámite del mencionado proyecto durante su tránsito por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

En la primera sesión de discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes (01-06-2016) se discutió la ponencia que fue radicada en la Gaceta del Congreso número 326 de 2016. Durante dicha sesión los coordinadores ponentes de la iniciativa explicaron el alcance de la misma y los diferentes partidos que integran la Comisión Primera hicieron una serie de intervenciones sobre la iniciativa. Igualmente, diferentes Representantes explicaron y plantearon sus posiciones sobre el proyecto de ley.

En la segunda sesión de discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes (02-06-2016) se discutió y aprobó la proposición positiva con que termina el informe de ponencia. Posteriormente durante la discusión del articulado se votar on en primer lugar los artículos que no tenían proposiciones; los artículos 3°, 4°, 9°, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 104, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 230, 231, 232 y 234.

En la siguiente votación se votaron todos los artículos que tenían proposiciones avaladas por los Coordinadores Ponentes; los artículos 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 14, 21, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 51, 53, 57, 59, 77, 87, 90, 99, 102, 103, 105, 111, 136, 138, 156, 157, 158, 159, 166, 200, 201, 207, 219 y 228. Igualmente unas proposiciones para modificar el título I del Capítulo I y el Título 10 del Capítulo 1.

Finalmente, se votaron una serie de artículos y proposiciones que no estaban avaladas o que estaban pendientes de ser avaladas por los ponentes. Se votaron los siguientes artículos 8°, 10, 15, 16, 30, 35, 41, 80, 82, 83, 96, 100, 101, 106, 113, 133, 134, 149, 174, 175, 215 y 233. Igualmente, se votaron y aprobaron 9 artículos nuevos, se dejaron algunas proposiciones como constancias para que sean estudiadas por una Subcomisión que se creó durante el debate para el texto que será presentado a la Plenaria de la Cámara de Representantes y se negaron otras proposiciones por no tener aval de los ponentes.

Se debe hacer una aclaración respecto de dos proposiciones que tenían aval, pero que por cuestiones de trámite no se pudieron votar. La primera la presentó la honorable Representante Angélica Lozano que proponía incluir en el artículo 8 dos nuevos principios, esa proposición se dejó como constancia y se propone incluir en el texto para cuarto debate. Igualmente, los honorables Representantes Alirio Uribe, Ángela María Robledo y Germán Navas Talero presentaron una proposición del artículo 218 para cambiar el nombre Incoder por la Agencia Nacional de Tierras o quien haga sus veces. Se propone incluir en el texto para cuarto debate.

Subcomisión para la revisión de las constancias que se presentaron en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes:

La Subcomisión que se conformó durante la votación del proyecto de ley en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se reunió los días martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de junio de 2016, en extensas reuniones donde se analizaron las proposiciones que se dejaron como constancias en el tercer debate antes mencionado en la Comisión Primera y otros temas adicionales sugeridos para cuarto debate.

El día martes 7 de junio de 2016 se realizó una primera reunión en la Presidencia de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. El día miércoles 8 de junio de 2016 la Subcomisión sesionó en las mismas instalaciones antes mencionadas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Finalmente, el día jueves 10 de junio se trabajó desde muy tempranas horas de la mañana hasta las 11 de la noche. Fueron más de 30 horas de trabajo para buscar consensos y lograr un texto garantista que acoja todas las inquietudes de los diferentes sectores que han estado interesados en esta iniciativa de ley.

En dichas reuniones participaron personalmente y/o a través de escritos, representantes de los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fiscalía General de la Nación, la Oficina de Protección Infantil de Unicef Colombia, grupos defensores de los derechos de las mujeres en situación de prostitución, representantes de fundaciones y asociaciones animalistas, Asobares y el Alcalde Local de Barrios Unidos; sus intervenciones constan en el expediente del proyecto de ley. Todas ellas permitieron que la Subcomisión analizara las diferentes propuestas que hicieron las entidades antes mencionadas, tratando de conciliar y ajustar el articulado que hoy se somete a consideración de la Plenaria de la Cámara de Representantes.

Algunos asuntos que fueron debatidos y sobre los que se lograron importantes consensos en el marco de esta Subcomisión fueron los siguientes:

CONGRESISTA

TEMA

Angélica Lozano

Principios. Incluir Legalidad y Proporcionalidad (Se había dejado como constancia en el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara).

Humphrey Roa

Incluye parágrafo transitorio para que el Gobierno reglamente en 6 meses los espacios para PQR

Humphrey Roa

Comportamientos que ponen en riesgo la integridad

Carlos A. Jiménez

Título Artículo. Del derecho a la tranquilidad y las relaciones respetuosas

Alirio Uribe

Movilidad o permanencia de niños, niñas y adolescentes en el espacio público o en lugares abiertos al público. Se incluye que sea excepcional y quita acompañamiento Personería

Harry González

Cambio redacción

Harry González

Comportamientos que afectan la integridad de niños. Se ajusta la redacción.

Samuel Hoyos

Comportamiento grupos de especial protección.

Ana Paola Agudelo (Partido Mira)

Creencias religiosas

Harry González

Ejercicio de la Prostitución

Alirio Uribe

Ejercicio de la Prostitución

Alirio Uribe

Ejercicio de la Prostitución

Alirio Uribe

Ejercicio de la Prostitución

Harry González

Centros de refugio temporal

Alirio Uribe

Manifestaciones y derecho de protesta. Correo electrónico

Alirio Uirbe, Germán Navas y Ángela Robledo

Uso de vías para el ejercicio de reunión

Telésforo Pedraza

Elimina el parágrafo 2°

Carlos A. Jiménez

Perímetro ¿ Juegos de azar

Humphrey Roa

Elimina expedición

Humphrey Roa

Carga probatoria policía

Humphrey Roa

Numeral 2, cambia tolerar por auspiciar y pregoneo

Carlos A. Jiménez

Para los establecimientos misma sanción

Clara Rojas

Carga de la prueba

Minminas Minambiente

Quitan minerales

Humprey Roa

Control Minería

Minminas - Minambiente

Control Minería

Humphrey Roa

Control Minería

Minminas - Minambiente

Control Minería

Harry González

Control Minería

Humphrey Roa

Control Minería

Humphrey Roa

Control Minería

Jorge Enrique Rozo

Control Minería

Rodrigo Lara

Certificado origen del oro

Angélica Lozano

Capacitación y fortalecimiento

Humphrey Roa

Información

Guillermo García Realpe ¿ Alcaldía de Bogotá

Comportamientos contra animales

Guillermo García Realpe

Animales

Guillermo García Realpe

Animales

Guillermo García Realpe

Animales

Guillermo García Realpe

Animales

Guillermo García Realpe

Animales

Guillermo García Realpe

Animales

Santiago Valencia

Definición espacio público

Humphrey Roa

Construcción de una política en 6 meses. Destrucción del bien

Harry González

Creación centros de protección

Alcaldía de Bogotá

Destinación recursos al Fondo

Alirio Uribe

Traslado por protección al domicilio

Harry González

Elimina parágrafo 3°

Humphrey Roa

Retiro de sitio

Harry González

Traslado para procedimiento policivo

Humphrey Roa

Ingreso con orden escrita

Clara Rojas / Humphrey Roa

Informe al Ministerio Público

Rodrigo Lara

Numeral 5 y 10

Alcaldía de Bogotá

Multas

Élbert Díaz

Multas

Élbert Díaz

Multas

Alcaldía de Bogotá

Fondo de multas

Élber Díaz / Telésforo Pedraza

Multas

Angélica Lozano

Ministerio Público

Humphrey Roa

Suspensión temporal de la actividad

Humphrey Roa

Atribuciones inspectores de policía

Carlos A. Jiménez

Forma

Telésforo Pedraza

Autoridades administrativas especiales de policía

Harry González

Funciones de Alcaldes, apoyo Gobierno

Rodrigo Lara

 

Carlos A. Jiménez

Adicionar dos parágrafos

Harry González

Predios

Alirio Uribe / Angélica Lozano / Germán Navas

Recuperación de predios

Clara Rojas

Educación, catedra convivencia

Carlos A. Jiménez

Pedagogía

 

Congresista

Comisión

Subcomisión

Angélica Lozano

4

2

Humphrey Roa

14

13

Carlos A. Jiménez

10

5

Rodrigo Lara

 

5

Alirio Uribe

2

6

Harry González

1

7

Samuel Hoyos

 

1

Ana Paola Agudelo (Partido Mira)

 

2

Alirio Uribe / Germán Navas / Angélica Lozano

 

20

 

3

Clara Rojas

 

5

Telésforo Pedraza

2

2

Alcaldía de Bogotá

1

4

Jorge Enrique Rozo

2

1

Óscar Sánchez

5

1

Guillermo García Realpe

 

6

Élbert Díaz

2

2

Santiago Valencia

2

3

Luis Emilio Sierra

 

1

 

El resultado de las reuniones de la Subcomisión a las cuales asistieron de manera permanente los honorables Representantes que integran la Subcomisión, los Coordinadores Ponentes y que también contó con la participación ocasional de otros representantes, en particular, de los doctores Carlos Abraham Jiménez, Jaime Buenahora, Humphrey Roa, Alirio Uribe, Élbert Díaz, Jorge Rozo, Telésforo Pedraza, Clara Rojas, Carlos Correa, Santiago Valencia, Édward Rodríguez fue un análisis profundo de las diferentes constancias que se presentaron en la vo tación de la iniciativa de la Comisión Primera de la Cámara de Comercio y de las nuevas propuestas de modificación de artículos y la inclusión de otros.

Analizados todos los cambios que se hicieron al articulado que se presenta en esta ponencia, más del ochenta y cinco por ciento del total de los cambios sugeridos corresponden a propuestas presentadas y acogidas por la Subcomisiónn. Lo anterior corresponde al trabajo juicioso que hizo la Subcomisión que ha buscado generar múltiples consensos que permitan fortalecer esta iniciativa de ley. Todos los cambios antes mencionados que reflejan un trabajo consensuado se ponen a consideración de la Plenaria de la Cámara de Representantes.

El viernes 10 de junio de 2016, el equipo de apoyo realizó una ardua jornada de trabajo para consolidar el texto final y lograr consolidar la ponencia que se pone a consideración de los Honorables Representantes.

V. Trámite ordinario del proyecto de ley por el cual se expide un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia

La expedición de un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia por la posible afectación que podría existir al ejercicio de los derechos ciudadanos ha generado en varios escenarios, especialmente en las Audiencias públicas llevadas a cabo en el Congreso de la República la discusión sobre si su trámite corresponde al de una Ley Estatutaria o a una Ley Ordinaria.

Al respecto, es importante consultar lo dispuesto en el artículo 152 de la Constitución Política que señala:

¿Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias:

a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección;

b) Administración de justicia;

c) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales;

d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana;

e) Estados de excepción;

f) La igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la ley¿.

De conformidad con el texto constitucional, para el caso particular procede analizar si con el trámite del proyecto en mención se está haciendo alusión a alguna de las materias de que trata el literal a) del artículo 152 de la Constitución y por tanto el trámite legislativo es de Ley Estatutaria y no de ley ordinaria.

Para efectos de poder realizar el mencionado análisis, es importante verificar la línea jurisprudencial que sobre el trámite de las leyes ha mantenido la honorable Corte Constitucional. Sobre este asunto, la Corte Constitucional, en Sentencia C-044 de 2015, al pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 1698 de 2013, sostuvo:

¿(¿) Como lo ha señalado esta Corporación desde su jurisprudencia temprana, no todo asunto que en principio quede comprendido dentro de tan amplio descriptor está sujeto a reserva de Ley Estatutaria. Una interpretación literal de esta disposición tendría la virtud de vaciar casi por completo las competencias del legislador ordinario, puesto que resulta difícil imaginar algún tipo de regulación que no tenga incidencia en el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de las personas, o en los procedimientos y recursos previstos para su protección¿[1][1].

De conformidad con lo a nterior, la honorable Corte Constitucional a lo largo de su jurisprudencia ha determinado criterios para establecer cuándo una materia relativa al ejercicio de derechos y deberes fundamentales está sometida a reserva de Ley Estatutaria. Para dar cumplimiento a este propósito, la jurisprudencia constitucional ha hecho un trabajo de armonización de las cláusulas de competencia legislativa previstas en los artículos 150, 151 y 152 de la Constitución Política.

Así, en la Sentencia C-013 de 1993, la Corte Constitucional señaló:

¿Las leyes estatutarias están encargadas de desarrollar los textos constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales. No fueron creadas dentro del ordenamiento con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística todo evento ligado a los derechos fundamentales¿[2][2].

A partir de esta sentencia la honorable Corte Constitucional ha mantenido a lo largo de su jurisprudencia una uniformidad en el criterio, señalando que solo aquellas normas que afecten la integridad de un derecho fundamental exigen un trámite estatutario. Esto significa que solamente se tramitan como leyes estatutarias aquellas normas que restringen y afectan el núcleo esencial de los derechos fundamentales de modo directo[3][3].

Bajo la premisa anterior, la honorable Corte Constitucional ha señalado que aun cuando los códigos regulan derechos fundamentales, como el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la libertad, etc., no es posible llegar al absurdo de concluir que por esta circunstancia deban tramitarse por vía estatutaria. Si ello fuera así, por sustracción de materia se extinguiría la facultad del honorable Congreso de la República de expedir Códigos en virtud de lo dispuesto en el artículo 150 numeral 2 de la Constitución Política. En ese sentido, en Sentencia C-756 de 2008 la honorable Corte Constitucional señaló:

¿(...) la Corte ha concluido que no corresponde al legislador estatutario regular el procedimiento para exigir la verdad, justicia y reparación de los derechos de las víctimas, ni la reglamentación de la investigación y juzgamiento en materia penal[4][4], ni la restricción del derecho a la circulación de vehículos en ciertas vías urbanas[5][5].[6][6]

(¿) Así pues, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado cinco reglas interpretativas que permiten conocer cuáles son las regulaciones sobre derechos fundamentales que deben ser objeto de Ley Estatutaria y en qué casos corresponde al legislador ordinario establecer las limitaciones o restricciones del derecho, a saber:

i) La reserva de Ley Estatutaria en materia de derechos fundamentales es excepcional, en tanto que la regla general se mantiene a favor del legislador ordinario.

ii) La regulación estatutaria u ordinaria no se define por la denominación adoptada por el legislador, sino por su contenido material (¿)[7][7]. En consecuencia, el trámite legislativo ordinario o estatutario será definido por el contenido del asunto a regular y no por el nombre que el legislador designe.

iii) Mediante Ley Estatutaria se regula únicamente el núcleo esencial del derecho fundamental[8][8], de tal forma que si un derecho tiene mayor margen de configuración legal, será menor la reglamentación por Ley Estatutaria.

iv) Las regulaciones integrales de los derechos fundamentales debe realizarse mediante ley cualificada[9][9] y,

v) Los elementos estructurales esenciales del derecho fundamental deben regularse mediante Ley Estatutaria[10][10]. De esta forma, es claro que la regulación puntual y detallada del derecho corresponde al legislador ordinario[11][11]. Al respecto, la Corte dijo que `las leyes estatutarias están encargadas de regular únicamente los elementos estructurales esenciales de los derechos fundamentales y de los mecanismos para su protección, pero no tienen como objeto regular en detalle cada variante de manifestación de los mencionados derechos o todos aquellos aspectos que tengan que ver con su ejercicio, porque ello conduciría a una petrificación del ordenamiento jurídico¿.¿[12][12]

Así las cosas, de conformidad con la copiosa jurisprudencia de la Corte Constitucional, es claro que el Proyecto de ley número 99 de 2014 Senado, 256 de 2016 C ámara, por el cual se busca expedir un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, no está configurando los elementos estructurales de un derecho fundamental. Tampoco regula o precisa los aspectos inherentes a su ejercicio ni los elementos que hacen parte de su ámbito constitucionalmente protegido. Lo que se busca con este proyecto es armonizar y ponderar los derechos de las personas para buscar una sana convivencia y el respeto por los derechos de todos los habitantes del territorio nacional.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este proyecto no se regulan elementos estructurales de derechos fundamentales que han sido definidos en la Constitución, que la normatividad que se propone no consagra límites, restricciones, excepciones ni prohibiciones que afecten el núcleo esencial de derechos fundamentales y que tampoco contiene una regulación integral, estructural y completa de uno o de varios derechos fundamentales, es evidente que su trámite en el Congreso debe corresponder al de las leyes ordinarias[13][13].

VI. Necesidad de expedir un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia

Es urgente que el Congreso de la República expida un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia dadas las notables limitaciones que tiene la norma vigente, el Decreto-ley 1355 de 1970, que por el paso del tiempo y los cambios que se han dado en el contexto social y jurídico se ha quedado desactualizada e incluso, en algunos aspectos, desueta.

En ese sentido, es necesario expedir una legislación en materia de derecho de Policía y convivencia que sea integral y qu e corresponda a las orientaciones y principios que fundan el Estado de Derecho desde la expedición de la Constitución de 1991.

Es por esta razón que el trámite legislativo en el Congreso de la República de la iniciativa que busca expedir un nuevo Código Nacional de Policía con un alcance aún mayor que es el de convivencia, es de suma importancia para el país.

Con la iniciativa que se está debatiendo en esta Comisión se introduce en la legislación la definición y delimitación sobre poder, función y actividad de Policía, regulación que no se encuentra prevista en el Código Vigente. Adicionalmente, el proyecto de ley introduce un cambio respecto a la legislación vigente al contemplar el traslado por protección y el traslado para procedimiento policivo como medios de Policía, con lo cual se armoniza la legislación en la materia con lo señalado en la jurisprudencia constitucional, especialmente por lo dispuesto mediante Sentencia C-199 de 1998.

De otro lado, en la actualidad existen múltiples normas que además del Código de Policía (Decreto-ley 1355 de 1970) conforman el derecho de Policía, como son, por ejemplo, la Ley 232 de 1995, la Ley 810 de 2003, la Ley 1480 de 2011, Ley 84 de 1989 o Ley 679 de 2001. La complejidad de las mismas y la inexistencia de un procedimiento único y expedito hacen que la eficacia y efectividad de la ley no sea la deseada. Por esta razón, la iniciativa legislativa que se presenta a esta Comisión pretende compilar en un único cuerpo iuris todas las disposiciones que conforman el derecho de Policía. Esto hace que el operador tenga más claras sus competencias, que el ciudadano pueda tener un mayor conocimiento de la ley aplicable y que se mejore la efectividad de la aplicación de la ley.

Finalmente, cabe resaltar que en este proyecto se establece un procedimiento exclusiv o para atender las situaciones reguladas por el derecho de Policía. Esto garantiza contar con un procedimiento que respeta el derecho al debido proceso y que de manera efectiva y eficaz garantiza los derechos de las personas que habitan en el territorio nacional.

El establecimiento de un procedimiento que atienda la naturaleza de la actuación policiva para garantizar la convivencia resulta ser un instrumento necesario para poder garantizar la efectividad del derecho de Policía. En la actualidad, los procedimientos de Policía están supeditados a la aplicación del procedimiento civil o de lo contencioso administrativo, lo que hace que las decisiones se apliquen cuando ha trascurrido mucho tiempo después de que se presenta el comportamiento contrario a la convivencia siendo en muchos casos la medida correctiva inocua. Con esta iniciativa se sustrae para efectos de procedimiento, del procedimiento contencioso administrativo la aplicación de las normas contenidas en el Código de Policía. Lo anterior, sin perjuicio de que se mantiene el control jurisdiccional correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 1437 de 2011.

VII. Constitucionalidad del proyecto de ley

Como se señaló anteriormente, luego de haberse radicado el proyecto en el Congreso de la República, se ha venido llevando a cabo un trabajo juicioso de revisión técnica y jurídica por parte de los ponentes, el equipo redactor del Gobierno y delegados del Ministerio de Justicia y del Derecho y del Ministerio del Interior.

Producto de este trabajo se realizó una revisión integral del proyecto en temas constitucionales, especialmente en los atinentes a la garantía del principio del non bis in ídem y el principio de legalidad.

A. Del principio del non bis in ídem

Ninguna disposición de este proyecto se superpone con delitos tipificados en el Código Penal a pesar de que la naturaleza de las normas de Policía no es sancionatoria sino preventiva.

Antes de entrar en el análisis que nos ocupa en este capítulo de la ponencia es importante precisar cuál es la naturaleza de las normas de Policía.

Al respecto es importante tener en cuenta que las normas de Policía son de carácter preventivo. No imponen sanciones, aplican medidas correctivas que buscan disuadir la comisión de conductas que alteran la convivencia.

Respecto de algunas situaciones es viable jurídicamente que exista concurrencia de regímenes lo que por sí mismo no viola el principio del non bis in ídem.

De conformidad con lo anterior, la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional ha señalado respecto a la concurrencia de regímenes lo siguiente:

¿Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la si tuación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposición de una sanción¿[14][14].

De conformidad con lo anterior, la honorable Corte Constitucional ha concluido que sobre una misma situación pueden válidamente recaer medidas preventivas así como medidas de carácter sancionatorio. Lo anterior implica que es viable que situaciones que sean previstas como comportamientos incluidos como contrarios a la convivencia en el Código de Policía también puedan llegar a comportar a en algunos casos acción penal. Esa concurrencia de regímenes en ningún caso viola el principio del non bis in ídem.

Con fundamento en lo señalado en la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional en relación con el principio del non bis in ídem, se realizó una revisión de todo el texto del proyecto de Código de Policía radicado por el Gobierno nacional que dio como resultado la propuesta de modificación en el primer debate en la Comisión Primera del Senado de los artículos 4°, 28, 46, 47, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 87, 89, 105, 127, 187, 258.

Estas modificaciones en algunos casos significan la eliminación de un comportamiento teniendo en cuenta que se encontró que podía existir una identidad con un tipo penal. Con estas modificaciones se está garantizando el respeto por el principio constitucional del non bis in ídem y adicionalmente se está evitando que se manejen tesis que puedan llegar a concluir que por qué hay identidad de algunos comportamientos en el Código.

B. Del principio de legalidad

Con el fin de garantizar el estricto apego al principio de legalidad de los comportamientos previstos como contrarios a la convivencia en el proyecto de ley, se realizó, de acuerdo a las observaciones presentadas por el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de Política Criminal, una revisión del texto con el fin de precisar si los comportamientos se encuentran claramente descritos en el articulado y son objetivamente determinables; esto con el fin de evitar la discrecionalidad excesiva o absoluta de las autoridades en la aplicación de la medida correctiva.

Producto de la revisión señalada se modificó la redacción y el lenguaje de algunos comportamientos previstos como contrarios a la convivencia en el proyecto de ley con el fin de garantizar que la redacción de la norma permite a las autoridades determinar objetivamente las situaciones que bajo el amparo de la futura ley podrán ser objeto de la aplicación de medidas correctivas.

C. De los medios de Policía: Traslado por Protección y Traslado para procedimiento policivo

Los medios en las normas de Policía son los instrumentos legales con que cuentan las autoridades de Policía para dar cumplimiento a la función y actividad de Policía. En este aparte de la ponencia nos pronunciaremos respecto de dos medios materiales de Policía que incluye el proyecto de ley: el Traslado por Protección y el Traslado para procedimiento policivo.

Para efectos de poder analizar estos dos medios de Policía a la luz del respeto por los principios constitucionales, es importante remitirse a la jurisprudencia relacionada con la libertad personal proferida por la honorable Corte Constitucional.

En este sentido, se destaca que la Corte Constitucional al analizar el artículo 28 de la Constitución Política ha admitido ciertas formas de restricción a la libertad por parte de autoridades de Policía reconociendo que estas restricciones solo son válidas cuando se aplican como un medio para procurar la protección de un individuo que está en una situación de indefensión y con el fin de garantizar derechos y bienes jurídicos necesarios para la colectividad[15][15].

Con el fin de garantizar que la redacción propuesta de los medios de Policía incluidos en el Proyecto como son el Traslado por Protección y el Traslado para procedimiento policivo respondan a los criterios de proporcionalidad, efectividad y necesidad identificados por la jurisprudencia se ajustó la redacción de los ar- tículos 199 y 201 del proyecto de ley radicado.

Las modificaciones que se introdujeron en el primer debate en la Comisión Primera del Senado garantizan que la redacción del medio de Policía de traslado por protección incluyera el elemento de necesidad y proporcionalidad requerido de acuerdo a la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional. Para el caso del traslado por protección se incluyó en la redacción del texto normativo que dicho medio procede cuando sea el único disponible para evitar el riesgo a la vida e integridad de la persona o de terceros.

Adicionalmente, se incluyó una redacción que garantiza que en el traslado por protección se separará a las personas trasladadas en razón del sexo.

En el segundo debate en la Plenaria del Senado se incluyeron una serie de disposiciones para hacer más garantista el procedimiento del traslado por protección y se estableció que antes del traslado y como primera medida, la autoridad de Policía entregará la persona a un allegado o pariente que asuma su protección. La anterior disposición es de suma importancia, porque permite que las personas más cercanas puedan proteger a la persona que se encuentra en ese estado antes de que la Policía proceda a realizar el respectivo traslado por protección.

Igualmente, en el segundo debate se estableció una disposición muy importante respecto del primer debate y es que se redujo el tiempo en que una persona puede ser trasladada; se redujo de 24 horas a 12 horas, lo cual genera mayores garantías.

Por lo tanto, en los casos excepcionales en que proceda este medio se establece un tiempo máximo del traslado y se otorgan garantías para que la persona en primer lugar sea entregada a un allegado y posteriormente se procede a realizar el traslado.

Se impone la obligación que en el centro asistencial o de protección haya presencia de autoridades del Ministerio Público, que por mandato constitucional tienen el deber de velar por la protección de los derechos de las personas.

Finalmente la Corte Constitucional en Sentencia C-720 de 2007 (M.P. Cata lina Botero Marino) reconoció la importancia de esta figura jurídica y exhortó al Congreso a regular la materia, incluyendo una serie de garantías constitucionales:

¿Cuarto. En todo caso, y hasta tanto el Congreso de la República regule la materia de conformidad con lo resuelto en el ordinal anterior, la retención transitoria solo podrá aplicarse cuando sea estrictamente necesario y respetando las siguientes garantías constitucionales: i) se deberá rendir inmediatamente informe motivado al Ministerio Público, copia del cual se le entregará inmediatamente al retenido; ii) se le permitirá al retenido comunicarse en todo momento con la persona que pueda asistirlo; iii) el retenido no podrá ser ubicado en el mismo lugar destinado a los capturados por infracción de la ley penal y deberá ser separado en razón de su género; iv) la retención cesará cuando el retenido supere el estado de excitación o embriaguez, o cuando una persona responsable pueda asumir la protección requerida, y en ningún caso podrá superar el plazo de 24 horas; v) los menores deberán ser protegidos de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia; vi) los sujetos de especial protección constitucional sólo podrán ser conducidos a lugares donde se atienda a su condición.¿

El texto que se presenta en este informe de ponencia para que sea aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes acoge todos los elementos y garantías constitucionales que menciona la Corte Constitucional en su jurisprudencia.

Por lo tanto, es un artículo garantista que cumple con los elementos determinados en la jurisprudencia constitucional.

En el caso del traslado para procedimiento policivo se ajusta la redacción de la norma haciendo de este medio una excepción para la imposición de medidas correctivas. Igualmente, se ajustó la r edacción para que la identificación de la persona no se tenga que hacer por medio de huellas dactilares como se establecía en el texto aprobado en primer debate sino que la noma se dejó general para que la misma pueda ser identificada por cualquier medio.

Con los ajustes antes descritos se garantiza el respeto por los criterios de proporcionalidad, efectividad y necesidad que delimitó la honorable Corte Constitucional para la procedencia de este tipo de medios de Policía.

D. El derecho a la inviolabilidad del domicilio y su relación con otros derechos fundamentales

Constituye un tema central dentro de la aprobación de la presente iniciativa legislativa revisar el marco constitucional para el ingreso con orden y sin orden escrita de la Policía Nacional en situaciones excepcionales y contempladas por la ley.

En el Primer Debate en la Comisión Primera del Senado de la República de la presente iniciativa legislativa fue aprobado un artículo relacionado con el ingreso a inmueble sin orden escrita que se incluye en el articulado como un medio material de Policía y que como se explicó anteriormente hace parte de los instrumentos legales de suma importancia para las autoridades competentes con el fin de dar cumplimiento efectivo de la función y actividad de Policía. Si bien este artículo es de suma importancia, también es cierto que es necesario retomar en esta iniciativa la disposición legal que incluye el medio de Policía que se denomina ingreso a inmueble con orden escrita.

Teniendo en cuenta que los medios de Policía en menc ión generan discusiones constitucionales que son necesarias aclarar, a continuación procederemos a analizar la jurisprudencia constitucional pertinente para garantizar que las disposiciones en mención se encuentran ajustadas a derecho y son respetuosas de los derechos fundamentales de las personas.

Así las cosas, es importante mencionar que la Corte Constitucional ha considerado que ¿(¿) el derecho a la inviolabilidad de domicilio no solo tiene amplia protección estatal sino también un carácter relativo y, por consiguiente, puede ser limitado en razón de proteger otros derechos y valores con gran relevancia constitucional¿[16][16].

De conformidad con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones a la reserva judicial establecida para ingresar al domicilio de una persona, dando paso con esta interpretación al desarrollo de objetivos constitucionalmente válidos, definiendo el derecho de disposición que ostenta el titular del domicilio y el deber de solidaridad de la ciudadanía frente a situaciones que amenazan o ponen en riesgo derechos de carácter fundamental como pueden ser la vida y la integridad de las personas.

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-176 de 2007 señaló:

¿(¿) La excepción a la reserva judicial para penetrar al domicilio de una persona en caso de público auxilio, desarrolla objetivos constitucionalmente válidos, pues concreta el derecho de disposición del titular del domicilio (no debe perderse de vista que el morador es quien sol icita la intervención de terceros), el deber de solidaridad de los ciudadanos frente a situaciones de peligro o riesgo a la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia y, al mismo tiempo, protege derechos que pueden resultar gravemente afectados al interior del domicilio (artículos 1°, 2°, 11, 16 y 95 de la Carta, entre otros). De igual manera, la Corte considera que esa restricción a la garantía de inviolabilidad del domicilio resulta adecuada y necesaria para proteger otros derechos fundamentales, tales como la vida, salud e integridad de las personas cuyo socorro se implora públicamente, comoquiera que la intervención de terceros puede resultar útil y adecuada para la protección de personas que se encuentran indefensas al interior de una residencia. Finalmente, la Corte considera que la medida es proporcional stricto sensu, en tanto que el ingreso de la Policía, sin orden judicial previo, al domicilio de quien solicita auxilio públicamente no es de tal magnitud que anule el derecho a la inviolabilidad de domicilio, puesto que una de las principales características de ese derecho es la facultad de disposición del titular y su naturaleza relativa frente a la protección de otros derechos también de rango superior. De ahí que, en casos de extrema necesidad valorada por quien se encuentra al interior del domicilio, autoriza la intervención de la Policía, sin orden judicial previa. En consecuencia, la Sala encuentra que esa situación no solo no viola la Constitución sino que la desarrolla¿.

¿(¿) Cuando desde el interior de una casa o edificio se proceda por la vía de hecho contra persona o propiedad que se halle fuera de estos¿. A pesar de que, a primera vista, podría considerarse que esa disposición es ambigua o confusa que le permitiría a la Policía amplia discrecionalidad en la valoración de la situación, lo cual podría resultar contrario a la Constitución, la lectura detenida de la misma muestra que esta también regula situaciones extremas, definidas y de urgente reacción por parte de las autoridades de Policía. En efecto, el texto normativo objeto de análisis se refiere a casos en los que, aprovechándose de la protección física que otorgan las construcciones y el amparo jurídico al domicilio, ciertas personas emprenden ataques contra personas u objetos que se encuentran al exterior de la edificación. En otras palabras, la autorización a la Policía para ingresar al domicilio sin orden judicial previa responde a la `imperiosa necesidad¿ de impedir la utilización indebida de la fuerza o el uso desmedido, caprichoso o arbitrario del derecho a la inviolabilidad del domicilio que pone en riesgo derechos materiales e inmateriales de las personas, que surge prima facie o salta a la vista con la sencilla constatación de los hechos. De esta forma, la Sala encuentra que, en aras de proteger derechos constitucionales que resultan afectados por el ejercicio arbitrario del derecho a la inviolabilidad del domicilio, este debe ceder y debe limitarse con la intervención inmediata y urgente de la Policía, por lo que la limitación al derecho a la inviolabilidad del domicilio resulta adecuada, necesaria y proporcional para la protección de otros derechos de rango constitucional¿.

¿(¿) Las situaciones de necesidad extrema a que hace referencia la norma acusada y que, por ello, se justifica constitucionalmente la intervención de la Policía sin orden judicial previa, no requiere la autorización del morador, por dos razones principales: La primera, porque la excepcionalidad que plantean todas las situaciones previstas en el artículo 83 del Decreto número 1355 de 1970, requieren la rápida y urgente reacción de la Policía, que en caso de que se exijan medidas previas, su intervención resultaría inane. La segunda, porque el carácter relativo del derecho a la inviolabilidad del domicilio encuentra un claro desarrollo en aquellas situaciones extremas en las que debe ceder para que las autoridades públicas se encuentren en capacidad de proteger los derechos a la vida, integridad física, a la propiedad y a la empresa de una persona. De hecho, no tendría sentido exigirle a las autoridades que cumplan el deber de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos si no pueden acudir a su solicitud de auxilio (numeral 1), o si no pueden ingresar a su domicilio cuando se está destruyendo (numerales 2 y 3) o existe grave riesgo de que el titular del derecho a proteger pierda sus pertenencias (numeral 4), o cuando existen agresiones o se utiliza abusivamente la inviolabilidad del domicilio para afectar derechos de terceros (numeral 5)¿.

De la anterior jurisprudencia se colige que disposiciones de rango legal que excepcionalmente habiliten el ingreso de la Policía Nacional a un inmueble con orden y sin orden escrita no constituyen per se una violación a la Carta Política, por el contrario, la Corte Constitucional ha entendido que estas disposiciones desarrollan los artículos 2° y 218 de la Constitución Política e imponen a la Policía Nacional el deber de asegurar la convivencia pacífica y la protección de los derechos de las personas. Disposiciones en este sentido tienen u n carácter preventivo y no punitivo y justifican que el ejercicio de las libertades ciudadanas pueda restringirse cuando se pone en riesgo la vida o los bienes de las personas.

La Corte Constitucional al examinar las disposiciones vigentes del actual Código de Policía (Decreto-ley 1355 de 1970) ha señalado que es necesario realizar un ejercicio de ponderación en aquellos casos de imperiosa necesidad en donde es necesario en aras a proteger derechos fundamentales como el de la vida, ingresar a un domicilio sin orden previa de autoridad judicial, toda vez que el cumplimiento de este tipo de formalidad legal para este tipo de casos significaría el desamparo e incluso la vulneración de derechos fundamentales[17][17].

Asimismo, la Corte Constitucional en Sentencia C-024 de 1994 ha establecido que:

¿(¿) Por su propia naturaleza la actividad de Policía es de índole preventiva, pues supone la intervención de la autoridad antes de que se viole el derecho, con el fin de impedir, en lo posible, el acto que consume la violación. Dicha intervención para ser efectiva conlleva reglamentación y limitación al ejercicio de las libertades ciudadanas, con el fin de impedir que su uso se convierta en abuso, por atentar contra los derechos de los demás. Coadyuva a garantizar de esta forma la armonía social, esto es, la realización de un orden jurídico justo (Preámbulo de la Constitución).

El régimen de Policía preventivo se aplica, por lo general, cuando se trata de cuestiones relativas a la higiene, la salubridad, la seguridad, la moralidad y la tranquilidad públicas, elementos que integran el concepto de orden público interno¿.

De esta manera es dable concluir que teniendo en cuenta que las situaciones descritas en el proyecto de ley relacionadas con la habilitación para que la Policía Nacional, en casos excepcionales y donde se justifica la extrema urgencia, pueda ingresar a inmuebles, constituye un desarrollo válido a la luz de los principios constitucionales de los deberes de solidaridad y de protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, toda vez que se trata de una medida que tiene una finalidad preventiva y no punitiva.

Las excepciones propuestas en los artículos relacionadas con ingreso a inmuebles previstos en el articulado que se somete a consideración se insertan en el contexto general de disposiciones que se refieren a situaciones que deben valorarse de acuerdo con su naturaleza taxativa, urgente, extrema e indispensable para proteger derechos fundamentales.

Las situaciones descritas en los artículos propuestos sobre ingreso a inmueble son extremas y con el fin de salvaguardar derechos fundamentales exigen que el derecho a la inviolabilidad del domicilio ceda para que las autoridades públicas puedan tener la capacidad de proteger los derechos a la vida, integridad física, a la propiedad de una persona. Las autoridades que cumplen el deber de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos en aras de cumplir con este mandato deben tener las herramientas legales para que puedan acudir a la solicitud de auxilio de los ciudadanos, para que puedan ingresar a su domicilio cuando se está destruyendo, cuando existan agresiones o se utilice abusivamente la inviolabilidad del domicilio para afectar derechos de terceros.

VIII. Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con equipos terminales móviles

El hurto de celulares y el uso de estos equipos para la comisión de otros delitos como es la extorsión es un tema de profunda preocupación para la ciudadanía que requiere la intervención del Congreso en aras a mejorar los controles y el manejo de este fenómeno criminal.

Según cifras reportadas por la Presidencia de la República (septiembre de 2015) se calcula que alrededor de 89.000 celulares son hurtados al mes, 4.600 al día y 190 por hora. Según estas cifras reportadas por la Presidencia de la República, el mercado ilegal de celulares genera aproximadamente $830.000 millones al año. Según estimaciones de la Policía Nacional el 30% de los celulares hurtados se venden en el mercado interno y un 70% se exportan hacia países como Ecuador, Venezuela, Perú y Argentina.

Dada toda esta problemática, y la complejidad del fenómeno criminal, es necesario hacer una evaluación integral del mismo con el fin de adoptar medidas que no solo se inscriban en el derecho penal sino que también ofrezcan herramientas de control y trazabilidad que impidan o cierren los espacios de la comisión del delito.

Es por esta razón que para el Segundo Debate del proyecto de ley en Plenaria del Senado de la República se retomó el articulado sobre los comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes relacionados con tarjetas sim card y equipos terminales móviles previstos en el texto del proyecto que fue sometido a debate en la Comisión Primera del Senado.

Es necesario que existan disposiciones que permitan a las autoridades de Policía controlar la compra, alquiler, uso, comercialización y venta de tarjetas sim card y equipos terminales móviles.

Si bien se ha diseñado por parte del Gobierno nacional una estrategia integral en contra del hurto de celulares, no es menos cierto que es necesario establecer herramientas legales que si bien no constituyen instrumentos de derecho penal sí pueden constituir herramientas de tipo policivo importantes para controlar los establecimientos dedicados a la venta y comercialización de equipos terminales móviles y sim card.

IX. Consecuencias por el no pago de las multas

Las multas son previstas en este proyecto como una medida correctiva para algunos comportamientos que busca desincentivar la comisión de los comportamientos contrarios a la convivencia previstos en el Código que se propone adoptar.

Adicionalmente, las multas constituyen en su gran mayoría los fondos que van a garantizar la implementación de las normas de Policía que se adopten y el fomento de buenas prácticas ciudadanas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia incluir dentro del proyecto que se somete a consideración disposiciones de rango de ley que permitan coaccionar al infractor o contraventor a que pague en oportunidad las multas que le han sido impuestas por autoridad competente y que en lo posible evite incurrir nuevamente en comportamientos que afectan la convivencia.

Por esta razón, y como complemento a las disposiciones ya contenidas en el proyecto de ley inicialmente radicado, para coaccionar al infractor o contraventor al pago de la multa se introdujo un nuevo artículo que complementa las acciones que buscan el pago efectivo de las multas.

Este artículo genera para el infractor que no pague la multa que se le ha impuesto como medida correctiva frente a un comportamiento contrario a la convivencia, la consecuencia de no poder acceder a beneficios que el Estado otorga así como a permisos y autorizaciones para el desarrollo de otras actividades.

Lo que se busca es que las diferentes oficinas encargadas de expedir ciertos documentos, permisos y de otorgar algunos beneficios, tengan acceso al reporte de multas pendientes por pagar y que estén en mora por más de seis meses con el fin de que puedan advertir al contraventor de la imposibilidad de acceder a ciertos trámites y beneficios del Estado por no pagar la multa o no suscribir un acuerdo para el pago de la misma.

X. Articulado para Segundo Debate al Proyecto de ley número 99 de 2014 Senado acumulado con el Proyecto de ley número 145 de 2015 Senado, 256 de 2016 Cámara, ¿por medio de la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia¿

De conformidad con lo señalado anteriormente los ponentes consideramos que para Segundo Debate el articulado que debe aprobarse por la honorable Plenaria de la Cámara de Representantes es el contenido en la tabla que aparece a continuación. Los ajustes a la redacción de algunas normas que se proponen aparecen subrayados y resaltados en negrilla.

TEXTO APROBADO EN EL PRIMER DEBATE  EN LA COMISIÓN PRIMERA DE CÁMARA

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE  EN LA PLENARIA DE LA CÁMARA

PROYECTO DE LEY NÚMERO 99 DE 2014 SENADO ¿ ACUMULADO NÚMERO 145 DE 2015 SENADO, 256 DE 2016 CÁMARA

por la cual se expide el Código Nacional de Policía  y Convivencia

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

QUEDA IGUAL.

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I

OBJETO DEL CÓDIGO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y AUTONOMÍA. BASES DE LA CO NVIVENCIA

QUEDA IGUAL.

CAPÍTULO I

Objeto del código, ámbito de aplicación y autonomía

QUEDA IGUAL.

Artículo 1°. Objeto. Las disposiciones previstas en este código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional propiciando el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 1°. Objeto. Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional propiciando al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 2°. Objetivos específicos. Con el fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, los objetivos específicos de este Código son los siguientes:

1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público.

2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de los derechos y libertades, la solidaridad y el cumplimiento de deberes y comportamientos que favorezcan la convivencia entre las personas.

 

3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitarios, para la conciliación y solución pacífica de desacuerdos y conflictos entre particulares.

4. Definir comportamientos, medidas, medios y procedimientos de policía.

5. Establecer la competencia de las autoridades de policía en el orden nacional, departamental, distrital y municipal, con observancia del principio de autonomía territorial.

6. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato, expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional.

Artículo 2°. Objetivos específicos. Con el fin de mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional, los objetivos específicos de este Código son los siguientes:

1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público.

2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana y, la solidaridad y el cumplimiento de deberes y comportamientos que favorezcan la convivencia entre las personas.

3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitarios, para la conciliación y solución pacífica de desacuerdos y conflictos entre particulares.

4. Definir comportamientos, medidas, medios y procedimientos de policía.

5. Establecer la competencia de las autoridades de policía en el orden nacional, departamental, distrital y municipal, con observancia del principio de autonomía territorial.

6. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato, expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional.

Artículo 3°. Ámbito de aplicación del Derecho de Policía. El derecho de policía se aplicará a todas las personas naturales o jurídicas, de conformidad con este Código.

Las autoridades de policía sujetarán sus actuaciones al procedimiento único de policía, sin perjuicio de las competencias que les asistan en procedimientos regulados por leyes especiales.

QUEDA IGUAL.

Artículo 4°. Autonomía del acto y del Procedimiento de Policía. Las disposiciones de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se aplicarán al acto de policía ni a los procedimientos de policía, que por su misma naturaleza preventiva requieren decisiones de aplicación inmed iata, eficaz, oportuna y diligente, para conservar el fin superior de la convivencia, de conformidad con las normas vigentes y el artículo 2° de la Ley 1437 de 2011. Por su parte las disposiciones de la parte segunda de la Ley 1437 de 2011 se aplicarán a la decisión final de las autoridades de policía en el proceso único de policía, con excepción de aquellas de que trata el numeral 3 del artículo 105 de la ley en mención.

QUEDA IGUAL.

CAPÍTULO II

Bases de la convivencia

QUEDA IGUAL.

Artículo 5°. Definición. Para los efectos de este código, se entiende por convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico.

QUEDA IGUAL.

Artículo 6°. Categorías jurídicas. Para los efectos de este código, las categorías de la con vivencia son:

 

 

1. Seguridad: Garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional.

2. Tranquilidad: Lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos.

3. Ambiente: Favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente.

4. Salud Pública: Propiciar las condiciones sanitarias para proteger la salud de la población.

Artículo 6°. Categorías jurídicas. Para los efectos de este Código, las categorías de la conviv encia son seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública, y su alcance es el siguiente:

1. Seguridad: Garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional.

2. Tranquilidad: Lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos.

3. Ambiente: Favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente.

4. Salud Pública: Propiciar las condiciones sanitarias para proteger la salud de la población.

Artículo 7°. Finalidad de la convivencia. Con las condiciones para la convivencia previstas en este código, se busca log rar en la sociedad:

 

1. Que el ejercicio de los derechos y libertades sean garantizados y respetados en el marco de la Constitución y la ley.

2. El cumplimiento voluntario de los deberes contenidos en la Constitución, la ley y las normas que regulan la convivencia y seguridad ciudadana.

3. El respeto por las diferencias y la aceptación de ellas.

4. La resolución pacífica de los conflictos y controversias que afecten la convivencia.

5. La convergencia de los intereses personales y generales para promover un desarrollo.

6. La recuperación de los valores de la solidaridad, la tolerancia, la honestidad, el respeto, la bondad, el agradecimiento, la lealtad, la generosidad, la prudencia y la paz.

 

Artículo 7°. Condiciones Finalidad de la convivencia. Con las condiciones para la convivencia que buscan garantizar las normas previstas en este código, se busca lograr en la sociedad son las siguientes:

1. Que el ejercicio de los derechos y libertades sean garantizados y respetados en el marco de la Constitución y la ley.

2. El cumplimiento voluntario de los deberes contenidos en la Constitución, la ley y las normas que regulan la convivencia y seguridad ciudadana.

3. El respeto por las diferencias y la aceptación de ellas.

4. La resolución pacífica de los conflictos y controversias desacuerdos que afecten la convivencia.

5. La convergencia de los intereses personales y generales para promover un desarrollo armónico.

6. La recuperación de los valores las virtudes humanas de la solidaridad, la tolerancia, la verdad, responsabilidad, fidelidad, honestidad, el respeto, la bondad, el agradecimiento, la lealtad, la generosidad, la prudencia y la paz.

Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

1. La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana.

2. El respeto a los derechos humanos.

3. La prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su protección integral.

4. La igualdad ante la ley.

5. La libertad y la autorregulación.

6. El reconocimiento y respeto de las diferencias culturales, la autonomía e identidad regional, la diversidad y la no discriminación.

7. El debido proceso.

8. La protección de la diversidad e integridad del ambiente y el patrimonio ecológico.

9. La solidaridad.

10. La solución pacífica de las controversias y los conflictos.

11. El respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades legalmente constituidas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo. Los principios enunciados en la Ley 1098 de 2006 deberán observarse como criterio de interpretación y aplicación de esta Ley en cuando se refiera a niños, y niñas adolescentes.

Artículo 8°. Principios. Son principios fundamentales del Código:

1. La protección de la vida y el respeto a la dignidad humana.

2. Protección y El respeto a los derechos humanos.

3. La prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su protección integral.

4. La igualdad ante la ley.

5. La libertad y la autorregulación.

6. El reconocimiento y respeto de las diferencias culturales, la autonomía e identidad regional, la diversidad y la no discriminación.

7. El debido proceso.

8. La protección de la diversidad e integridad del ambiente y el patrimonio ecológico.

9. La solidaridad.

10. La solución pacífica de las controversias y desacuerdos de los conflictos.

11. El respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades legalmente constituidas.

12. Legalidad. Las medidas correctivas, así como los medios de policía que impliquen uso de la fuerza y restricción a los derechos y libertades, solo podrán aplicarse por las causas señaladas en este Código.

13. Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de medios de policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable ateniendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea sup erior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.

Parágrafo. Los principios enunciados en la Ley 1098 de 2006 deberán observarse como criterio de interpretación y aplicación de esta Ley cuando se refiera a niños, y niñas y adolescentes.

Artículo 9°. Ejercicio de la libertad y de los derechos de los asociados. Las autoridades garantizarán a las personas que habitan o visitan el territorio colombiano, el ejercicio legítimo de los derechos y las libertades constitucionales, con fundamento en su autonomía personal, autorregulación individual y social.

QUEDA IGUAL.

Artículo 10. Deberes de las autoridades de Policía. Son deberes generales de las autoridades de policía:

1. Respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establecen la Constitución Política, las leyes, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano.

2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, las normas contenidas en el presente código, las ordenanzas, los acuerdos, y en otras disposiciones que dicten las autoridades competentes en materia de convivencia;

3. Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.

Artículo 10. Deberes de las autoridades de Policía. Son deberes generales de las autoridades de policía:

1. Respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establecen la Constitución Política, las leyes, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano.

2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, las normas contenidas en el presente código, las ordenanzas, los acuerdos, y en otras disposiciones que dicten las autoridades competentes en materia de convivencia;

3. Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.

4. Dar el mismo trato a todas las personas, sin perjuicio de las medidas especiales de protección que deban ser brindadas por las autoridades de policía a aquellas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección constitucional.

5. Promover los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como vía de solución de desacuerdos o conflictos entre particulares, y propiciar el diálogo y los acuerdos en aras de la convivencia, cuando sea viable legalmente.

6. Recibir y atender de manera pronta, oportuna y eficiente las quejas, peticiones y reclamos de las personas.

Parágrafo transitorio. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional reglamentará y dispondrá lo concerniente a los espacios físicos necesarios para que la policía nacional reciba y atienda de manera pronta, oportuna y eficiente las quejas, peticiones y reclamos de las personas.

7. Observar el procedimiento establecido en este Código, para la imposición de medidas correctivas.

8. Colaborar con las autoridades judiciales para la debida prestación del servicio de justicia.

9. Aplicar las normas de policía con transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la ley y las normas de convivencia.

10. Capacitarse, conocer y aplicar mecanismos alternativos de solución de conflictos y en rutas de acceso a la justicia.

 

4. Dar el mismo trato a todas las personas, sin perjuicio de las medidas especiales de protección que deban ser brindadas por las autoridades de policía a aquellas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial protección constitucional.

5. Promover los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como vía de solución de desacuerdos o conflictos entre particulares, y propiciar el diálogo y los acuerdos en aras de la convivencia, cuando sea viable legalmente.

6. Recibir y atender de manera pronta, oportuna y eficiente las quejas, peticiones y reclamos de las personas.

Parágrafo transitorio. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional reglamentará y dispondrá lo concerniente a los espacios físicos necesarios para que la policía nacional reciba y atienda de manera pronta, oportuna y eficiente las quejas, peticiones y reclamos de las personas.

7. Observar el procedimiento establecido en este Código, para la imposición de medidas correctivas.

8. Colaborar con las autoridades judiciales para la debida prestación del servicio de justicia.

9. Aplicar las normas de policía con transparencia, eficacia, economía, celeridad y publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la ley y las normas de convivencia.

10. Conocer, Capacitarse, conocer y aplicar y capacitarse en mecanismos alternativos de solución de conflictos y en rutas de acceso a la justicia.

11. Evitar al máximo el uso de la fuerza y de no ser esto posible, limitarla al mínimo necesario.

Parágrafo Transitorio. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional reglamentará y dispondrá lo concerniente a los espacios físicos necesarios para que la policía nacional reciba y atienda de manera pronta, oportuna y eficiente las quejas, peticiones y reclamos de las personas.

TÍTULO II

PODER, FUNCIÓN Y ACTIVIDAD DE POLICÍA

QUEDA IGUAL.

CAPÍTULO I

Poder de Policía

QUEDA IGUAL.

Artículo 11. Poder de Policía. El poder de policía es la facultad de expedir las normas en materia de policía, que son de carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el Congreso de la República para regular el ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes constitucionales, para la convivencia y establecer los medios y las medidas correctivas en caso de su incumplimiento.

 

Artículo 11. Poder Principal de Policía. El poder de policía Es la facultad de expedir las normas en materia de policía, que son de carácter general, impersonal y abstracto, ejercidao por el Congreso de la República para regular el ejercicio de la libertad, el desarrollo de los derechos y los deberes constitucionales, para la convivencia, y así como establecer los medios, procedimientos y las medidas correctivas para el logro de la convivencia. en caso de su incumplimiento.

Artículo 12. Poder de Policía de las asambleas departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá. Las asambleas departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá, dentro de su respectivo ámbito territorial, ejercen un poder subsidiario de policía para dictar normas en materias que no sean de reserva legal, en el marco de la Constitución y la ley.

Parágrafo. Las normas de policía y convivencia expedidas por el Concejo del Distrito Capital de Bogotá no están subordinadas a las ordenanzas.

 

Artículo 12. Poder subsidiario de Policía de las asambleas departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá. Las asambleas departamentales y el Conc ejo Distrital de Bogotá, dentro de su respectivo ámbito territorial, ejercen un poder subsidiario de policía para dictar normas en materias que no sean de reserva legal, en el marco de la Constitución y la ley.

Estas corporaciones podrán expedir normas en materia de policía, por razones de interés público y en el marco de los principios y normas contenidos en este Código, para:

1. Establecer las condiciones del ejercicio de los derechos y deberes, cuando se desarrollen en lugares públicos o abiertos al público;

2. Atribuir y delegar a determinadas autoridades de policía, el ejercicio de facultades previstas en las leyes;

3. Precisar con criterios razonables los comportamientos contrarios al ejercicio de los derechos y deberes, de acuerdo con sus especificidades territoriales, dentro del marco señalado en el Libro Segundo de este Código.

4. Establecer reconocimientos públicos a comportamientos individuales y colectivos, especialmente meritorios, en favor de la convivencia.

 

Estos entes en el ejercicio del poder subsidiario se subordinarán a las siguientes restricciones:

1. Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las personas, que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador.

2. Establecer medios o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador.

3. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los establecidos en la ley.

Parágrafo 1. El Concejo Distrital de Bogotá podrá establecer formas de control policial sobre las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural.

Parágrafo 2°. Las normas de policía y convivencia expedidas por el Concejo del Distrito Capital de Bogotá no están subordinadas a las ordenanzas.

Artículo 13. Poder de policía en materias específicas, de los Concejos Distritales y Municipales. Los concejos distritales y municipales dentro de su respectivo ámbito territorial, podrán regular subsidiariamente comportamientos relacionados con el uso del suelo, la vigilancia y el control del urbanismo y construcción de inmuebles destinados a vivienda, el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural, ciñéndose a los medios y medidas correctivas establecidas en la presente ley.

 

Artículo 13. Poder residual de policía en materias específicas, de los Concejos Distritales y Municipales. Los concejos distritales y municipales dentro de su respectivo ámbito territorial, podrán reglamentar regular subsidiariamente residualmente los comportamientos relacionados con el uso del suelo, la vigilancia y el control del urbanismo y construcción de inmuebles destinados a vivienda, el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural que no hayan sido regulados por la ley o los reglamentos departamentales de policía, ciñéndose a los medios, procedimientos y medidas correctivas establecidas en la presente ley.

Estos entes en el ejercicio del poder subsidiario no podrán:

1. Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las personas, que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador o la Asamblea Departamental.

2. Establecer medios, procedimientos o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador.

3. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los establecidos en la ley.

Parágrafo. Los concejos municipales y distritales podrán establecer formas de control policial sobre las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural.

Artículo 14. Ámbitos del régimen de policía de las asambleas departamentales y el Concejo Distrital de Bogotá. Estas corporaciones podrán expedir normas en materia de policía dentro de los límites de la Constitución y la ley, por razones de interés público y en el marco de los principios y normas contenidos en este Código para:

1. Establecer las condiciones para el ejercicio de las libertades y los derechos, cuando se desarrollen en lugares públicos o abiertos al público;

2. Atribuir y delegar a determinadas autoridades de Policía, el ejercicio de facultades previstas en las leyes;

3. Precisar con criterios razonables los comportamientos contrarios al ejercicio de las libertades y los derechos, de acuerdo con sus especificidades territoriales, dentro del marco señalado en el Libro Segundo de este Código.

4. Establecer reconocimientos públicos a comportamientos individuales y colectivos, especialmente meritorios, en favor de la convivencia.

ELIMÍNESE

Artículo 15. Restricciones a la facultad normativa de las asambleas departamentales, el Concejo Distrital de Bogotá y los Concejos Municipales y Distritales. Las normas de convivencia que se dicten por tales entes en cumplimiento de los artículos 13 y 14 del presente código, se subordinarán a las siguientes restricciones:

No podrán:

1. Afectar el núcleo esencial de los derechos y libertades fundamentales.

ELIMÍNESE

2. Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a la libertad y a los derechos de las personas, que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador.

3. Dictar normas en materia que el legislador ha regulado.

4. Establecer medios o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador.

5. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los establecidos en la ley.

Parágrafo. El Concejo Distrital de Bogotá y los concejos municipales y distritales podrán establecer formas de control policivo sobre las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural.

 

Artículo 16. Poder extraordinario ante situaciones de emergencia, seguridad y calamidad. Los gobernadores y los alcaldes, podrán disponer acciones transitorias de policía, ante situaciones de emergencia, seguridad y calamidad, o cuando ellas amenacen o afecten gravemente a la población y con el propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres, epidemias o calamidades, o sit uaciones extraordinarias de seguridad; así mismo, disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan la materia.

 

 

 

Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9ª de 1979, la Ley 65 de 1993 y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, con respecto a las facultades para declarar la emergencia sanitaria.

 

Artículo 14. Poder extraordinario para prevención del riesgo o ante situaciones de emergencia, seguridad y calamidad. Los gobernadores y los alcaldes, podrán disponer acciones transitorias de policía, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar de emergencia, seguridad y calamidad, o cuando ellas amenacen o afecten gravemente a la población, y con el propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres, epidemias, o calamidades, o situaciones extraordinarias de seguridad; así mismo, para disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan la materia.

Parágrafo 1°. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9ª de 1979, la Ley 65 de 1993 y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, con respecto a las facultades para declarar la emergencia sanitaria.

Parágrafo 2°. Estas acciones transitorias de policía estarán sujetas al control jurisdiccional correspondiente ante jueces y tribunales de lo contencioso administrativo, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.

Artículo 17. Transitoriedad e informe de la gestión. Las acciones transitorias de policía señaladas en el artículo anterior, solo regirán mientras dure la amenaza y ante las calamidades o situaciones extraordinarias de seguridad. La autoridad que las ejerza dará cuenta inmediata de las medidas que hubiere adoptado a la Asamblea Departamental y/o al Concejo Distrital o Municipal, en sus inmediatas sesiones, según corresponda.

En el caso en que se considere necesario darle carácter permanente a las acciones transitorias de policía dictadas de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, los gobernadores y los alcaldes, presentarán ante la Asamblea Departamental o el Concejo Distrital o Municipal, según corresponda, el respectivo proyecto, que será tramitado de la manera más expedita de conformidad con el reglamento interno de cada corporación.

Artículo 15. Transitoriedad e informe de la gestión. Las acciones transitorias de policía señaladas en el artículo anterior, solo regirán mientras dure la amenaza o la emergencia y ante las calamidades o situaciones extraordinarias de seguridad. La autoridad que las ejerza dará cuenta inmediata de las medidas que hubiere adoptado a la Asamblea Departamental y/o al Concejo Distrital o Municipal, en sus inmediatas sesiones, según corresponda.

En el caso en que se considere necesario darle carácter permanente a las acciones transitorias de policía dictadas de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, los gobernadores y los alcaldes, presentarán ante la Asamblea Departamental o el Concejo Distrital o Municipal, según corresponda, el respectivo proyecto, que será tramitado de la manera más expedita de conformidad con el reglamento interno de cada corporación.

CAPÍTULO 2

Función y actividad de Policía

QUEDA IGUAL.

Artículo 18. Función de Policía. Consiste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del poder de policía, mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la convivencia. Esta función se cumple por medio de órdenes de policía.

QUEDA IGUAL.

Artículo 19. Competencia para expedir reglamentos. En el ámbito nacional corresponde al Presidente de la República reglamentar las leyes sobre materias de policía. Cuando las disposiciones de las asambleas o los concejos en asuntos de policía, requieran reglamentación para aplicarlas, los gobernadores o los alcaldes podrán, según el caso, dictar reglamentos solo con ese fin.

 

Artículo 17. Competencia para expedir reglamentos. En el ámbito nacional corresponde al Presidente de la República reglamentar las leyes sobre materias de policía. Cuando las disposiciones de las asambleas o los concejos en asuntos de policía, requieran reglamentación para aplicarlas, los gobernadores o los alcaldes podrán, según el caso, dictar reglamentos solo con ese fin.

Las autoridades que expiden reglamentos no podrán regular comportamientos, imponer medidas correctivas o crear procedimientos distintos a los establecidos en la norma reglamentada, salvo que esta les otorgue dicha competencia.

Artículo 20. Coordinación. La coordinación entre las autoridades de policía debe ser permanente, adecuada, eficiente, eficaz y oportuna, con el fin de asegurar las condiciones necesarias para la convivencia.

QUEDA IGUAL.

Artículo 21. Consejos de Seguridad y Convivencia. Son cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción ante los problemas relacionados con la seguridad y la convivencia en el nivel nacional, regional, departamental, distrital, municipal o metropolitano. El Gobierno nacional establecerá mediante reglamentación los objetivos, funciones, integrantes y demás aspectos relacionados con el funcionamiento de los Consejos de Seguridad y Convivencia. De manera subsidiaria, las autoridades ejecutivas de los niveles distrital, departamental y municipal, considerando su especificidad y necesidad, podrán complementar la regulación hecha por el Gobierno nacional.

 

Artículo 19. Consejos de Seguridad y Convivencia y Comité Civil de Convivencia. Los Consejos de Seguridad y Convivencia. Son cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción ante los problemas relacionados con la seguridad y la convivencia en el nivel nacional, regional, departamental, distrital, municipal o metropolitano. El Gobierno nacional establecerá mediante reglamentación los objetivos, funciones, integrantes y demás aspectos relacionados con el funcionamiento de los Consejos de Seguridad y Convivencia. De manera subsidiaria, las autoridades ejecutivas de los niveles distrital, departamental y municipal, considerando su especificidad y necesidad, podrán complementar la regulación hecha por el Gobierno nacional.

Créanse los Comités Civiles de Convivencia en cada municipio o distrito, cuyo objeto será analizar hechos y fenómenos que afectan la convivencia así como tramitar las quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos reportados en relación con la función y la actividad de policía en su respectiva jurisdicción priorizando los casos relacionados con actuaciones donde hubieren podido verse afectados los intereses colectivos.

Estos Comités podrán emitir recomendaciones para mejorar la función y la actividad de policía y garantizar la transparencia en el ejercicio de sus funciones. Así mismo, deberán fomentar e incentivar que la ciudadanía presente las denuncias y quejas que correspondan y promoverá campañas de información sobre los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos ante las actividades de policía.

Este Comité estará conformado por el Alcalde, el Personero Municipal y el Comandante de Estación del respectivo distrito, municipio o localidad.

Estos Comités deberán reunirse, al menos, una vez al mes.

Artículo 22. Actividad de policía. Es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de policía, a las cuales está subordinada. La actividad de policía es una labor estrictamente material y no jurídica, y su finalidad es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.

QUEDA IGUAL.

Artículo 23. Carácter público de las actividades de policía. Todo procedimiento policivo podrá ser graba do mediante cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación, por lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo las restricciones expresas de ley, impedir que sean realizadas dichas grabaciones.

La autoridad de policía que impida la grabación de que trata este artículo sin la justificación legal correspondiente incurrirá en causal de mala conducta.

QUEDA IGUAL.

Artículo 24. Titular del uso de la fuerza policial. La utilización de la fuerza legítima corresponde, de manera exclusiva, en el marco de este Código, a los miembros uniformados de la Policía Nacional, de conformidad con el marco jurídico vigente, salvo en aquellos casos en los que de manera excepcional se requiera la asistencia militar.

QUEDA IGUAL.

CAPÍTULO III

Concreción de la orden de Policía

QUEDA IGUAL.

Artículo 25. Materialización de la orden. Consiste en la ejecución concreta de una orden o norma de policía. Esta es aplicada por la autoridad de policía que la dictó y por aquellas personas que en razón de sus funciones deban hacerlo o contribuir a ejecutar tal orden.

Artículo 23. Materialización de la orden. Consiste en la ejecución concreta de una orden o norma de policía. Esta es aplicada por la autoridad de policía que la dictó y por aquellas personas que, en razón de sus funciones, deban hacerlo o contribuir a ejecutarla tal orden.

Artículo 26. Límites para la expedición de reglamentos. Las autoridades que expiden reglamentos no podrán regular comportamientos, imponer medidas correctivas o crear procedimientos distintos a los establecidos en la norma reglamentada, salvo que esta les otorgue dicha competencia.

ELIMÍNESE

LIBRO SEGUNDO

DE LA LIBERTAD, LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA

TÍTULO I

DEL CONTENIDO DEL LIBRO

QUEDA IGUAL.

CAPÍTULO ÚNICO

Aspectos generales

QUEDA IGUAL.

Artículo 27. Contenido. El presente libro establece los comportamientos contrarios a la convivencia que no deben ser realizados por las personas que habitan o visitan el territorio nacional.

El cumplimiento de los comportamientos favorables a la convivencia y el rechazo de los que le son contrarios serán promovidos por las entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil, y en particular por las autoridades de policía, quienes exaltarán los primeros y ejercerán un control sobre los segundos.

QUEDA IGUAL.

Artículo 28. Comportamientos contrarios a la convivencia y medidas correctivas. Quienes incurran en comportamientos contrarios a la convivencia serán objet o de medidas correctivas de conformidad con esta ley, sin perjuicio de las demás acciones que en derecho correspondan.

Parágrafo 1°. En atención a los comportamientos relacionados en el presente código, corresponde a las autoridades de Policía dentro del ámbito de su competencia adelantar las acciones que en derecho correspondan respetando las garantías constitucionales.

Parágrafo 2°. En caso de que el comportamiento contrario a la convivencia también constituya una conducta tipificada en el Código Penal, la medida correctiva a imponer no podrá tener la misma naturaleza que la sanción prevista en el Código Penal. La autoridad de policía lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación e impondrá las medidas de naturaleza distinta previstas en el presente código.

Artículo 25. Comportamientos contrarios a la convivencia y medidas correctivas. Quienes incurran en comportamientos contrarios a la convivencia serán objeto de medidas correctivas de conformidad con esta ley, sin perjuicio de las demás acciones que en derecho correspondan.

Parágrafo 1°. En atenc ión a los comportamientos relacionados en el presente código, corresponde a las autoridades de Policía dentro del ámbito de su competencia adelantar las acciones que en derecho correspondan respetando las garantías constitucionales.

Parágrafo 2°. En caso de que el comportamiento contrario a la convivencia también constituya una conducta tipificada en el Código Penal, la medida correctiva a imponer no podrá tener la misma naturaleza que la sanción prevista en el Código Penal. este último. La autoridad de policía lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación e impondrá las medidas de naturaleza distinta previstas en el presente código.

TÍTULO II

DE LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA

QUEDA IGUAL.

Artículo 29. Deberes de convivencia. Es deber de todas las personas en el territorio nacional comportarse de manera favorable a la convivencia. Para ello, además de evitar comportamientos contrarios a la misma, deben regular sus comportamientos a fin de respetar a las demás personas, en el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos, en su vida, honra y bienes, de conformidad con la Constitución Política y las leyes, y especialmente con lo dispuesto en la presente ley.

QUEDA IGUAL.

TÍTULO III

DEL DERECHO DE LAS PERSONAS A LA SEGURIDAD Y A LA DE SUS BIENES

QUEDA IGUAL.

CAPÍTULO I

Vida e integridad de las personas

QUEDA IGUAL.

Artículo 30. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y por lo tanto constituyen un comportamiento contrario a la convivencia; incurrir en ellos da lugar a medidas correctivas:

1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.

2. Lanzar objetos o sustancias a personas.

 

3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio.

4. Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio.

Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y, por lo tanto, constituyen un comportamiento son contrarios a la convivencia; incurrir en ellos da lugar a medidas correctivas:

1. Reñir, incitar o incurrir e n confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.

2. Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas.

3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio.

4. Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio.

5. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad.

6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o sus combinaciones; o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que estos elementos o sustancias constituyen herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.

7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en lugares donde se consuman bebidas embriagantes o se advierta su utilización irregular o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia.

 

Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:

 

 

5. No retirar o reparar, en los inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad.

6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes sus combinaciones; o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales estos elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.

7. Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos lugares donde se consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia.

Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:

 

Parágrafo. En todos los comportamientos señalados en el presente artículo, se deberá utilizar la mediación policial como medio para intentar resolver el conflicto.

CAPÍTULO 2

De la seguridad en los servicios públicos

QUEDA IGUAL.

Artículo 31. Comportamientos que afectan la vida y bienes en relación con los servicios públicos. Los siguientes comportamientos afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso de los servicios públicos. Su realización da lugar a medidas correctivas:

1. Incumplir las medidas de seguridad en la realización de obras de servicios públicos.

2. Poner en riesgo a personas o bienes durante la instalación, utilización, mantenimiento o modificación de las estructuras de los servicios públicos.

3. Modificar o alterar redes o instalaciones de servicios públicos.

4. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento.

5. No reparar oportunamente los daños ocasionados a la infraestructura de servicios públicos domiciliarios.

Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:

 

Artículo 28. Comportamientos que afectan la vida y bienes en relación con los servicios públicos. Los siguientes comportamientos afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse al hacer uso de los servicios públicos. Su realización da lugar a medidas correctivas:

1. Incumplir las medidas de seguridad en la realización de obras de servicios públicos.

1. 2. Poner en riesgo a personas o bienes durante la instalación, utilización, mantenimiento o modificación de las estructuras de los servicios públicos.

2. 3. Modificar o alterar redes o instalaciones de servicios públicos.

3. 4. Arrojar en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodo, combustibles o lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento.

4. 5. No reparar oportunamente los daños ocasionados a la infraestructura de servicios públicos domiciliarios.

Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:

 

CAPÍTULO III

Artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas

QUEDA IGUAL.

Artículo 32. Autorización de actos o eventos que involucren el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de categoría tres. Los alcaldes municipales, distritales o locales podrán autorizar actos o eventos que involucren el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de Categoría Tres, previo concepto de la Policía Nacional, los cuerpos de bomberos o unidades especializadas y el consejo municipal para la gestión del riesgo o quien haga sus veces, quienes determinarán los sitios y lugares autorizados y las condiciones técnicas que se requieran.

Parágrafo. En esta materia se aplican las disposiciones y sanciones previstas en la Ley 670 de 2001 o la que haga sus veces, sin perjuicio de la aplicación de las normas pertinentes en este código.

Artículo 29. Autorización de actos o eventos que involucren el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de categoría tres. Los alcaldes municipales, distritales o locales podrán autorizar actos o eventos que involucren el uso y aprovechamiento de artículos pirotécnicos de Categoría Ttres, previo concepto de la Policía Nacional, los cuerpos de bomberos o unidades especializadas y el concsejo municipal, para la gestión del riesgo o quien haga sus veces, quienes determinarán los sitios y lugares autorizados y las condiciones técnicas que se requieran.

Parágrafo. En esta materia se aplican las disposiciones y sanciones previstas en la Ley 670 de 2001 o la que haga sus veces, sin perjuicio de la aplicación de las normas pertinentes en este código.

Artículo 33. Comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. Los siguientes comportamientos o actividades afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse. Su ejecución da lugar a medidas correctivas:

1. Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

2. Prender o manipular fuego en el espacio público, lugar abierto al público, sin contar con la autorización del alcalde o su delegado o del responsable del sitio, sin cumplir las medidas de seguridad.

3. Prender o manipular fuego, sustancias combustibles o mercancías peligrosas en medio de transporte público.

4. Fabricar, tener, portar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar sustancias prohibidas, elementos o residuos químicos o inflamables sin el cumplimiento de los requisitos establecidos.

5. Realizar quemas o incendios que afecten la convivencia en cualquier lugar público o privado o en sitios prohibidos.

6. Fumar en sitios prohibidos.

7. Utilizar calderas, motores, máquinas o aparatos similares que no se encuentren en condiciones aptas de funcionamiento.

Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el numeral 1, en el caso en que los productos contengan fósforo blanco se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en el artículo 9° de la Ley 670 de 2001 y las normas que la adicionen o modifiquen.

Parágrafo 2°. El alcalde distrital o municipal reglamentará en su jurisdicción las condiciones para la realización de actividades peligrosas y los requisitos para la prevención y atención de incendios, referidos a los comportamientos señalados en el presente artículo, de conformidad con las normas, regulaciones, e instructivos nacionales.

Parágrafo 3°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes medidas correctivas:

 

Artículo 30. Comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. Los siguientes comportamientos o actividades afectan la seguridad de las personas y la de sus bienes y por lo tanto no deben realizarse. Su ejecución da lugar a medidas correctivas:

1. Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

2. Prender o manipular fuego en el espacio público, lugar abierto al público, sin contar con la autorización del alcalde o su delegado o del responsable del sitio, sin cumplir las medidas de seguridad.

3. Prender o manipular fuego, sustancias combustibles o mercancías peligrosas en medio de transporte público.

4. Fabricar, tener, portar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar sustancias prohibidas, elementos o residuos químicos o inflamables sin el cumplimiento de los requisitos establecidos.

5. Realizar quemas o incendios que afecten la convivencia en cualquier lugar público o privado o en sitios prohibidos.

6. Fumar en sitios prohibidos.

6. 7. Utilizar calderas, motores, máquinas o aparatos similares que no se encuentren en condiciones aptas de funcionamiento.

Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el numeral 1, en el caso en que los productos contengan fósforo blanco se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en el ar-tículo 9° de la Ley 670 de 2001 y las normas que la adicionen o modifiquen.

Parágrafo 2°. El alcalde distrital o municipal reglamentará en su jurisdicción las condiciones para la realización de actividades peligrosas y los requisitos para la prevención y atención de incendios, referidos a los comportamientos señalados en el presente artículo, de conformidad con las normas, regulaciones, e instructivos nacionales.

Parágrafo 3°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes medidas correctivas:

 

TÍTULO IV

DE LA TRANQUILIDAD  Y LAS RELACIONES RESPETUOSAS

QUEDA IGUAL.

Artículo 34. Definición. El derecho a la tranquilidad y a unas relaciones respetuosas es de la esencia de la convivencia. Por ello, es fundamental prevenir la realización de comportamientos que afecten la tranquilidad y la privacidad de las personas.

 

Artículo 31. Definición. Del derecho a la tranquilidad y a las relaciones respetuosas. El derecho a la tranquilidad y a unas relaciones respetuosas es de la esencia de la convivencia. Por ello, es fundamental prevenir la realización de comportamientos que afecten la tranquilidad y la privacidad de las personas.

CAPÍTULO I

Privacidad de las personas

QUEDA IGUAL.

Artículo 35. Definición de privacidad. Para efectos de este código, se entiende por privacidad de las personas el derecho de una persona a satisfacer sus necesidades y desarrollar sus actividades en un ámbito que le sea exclusivo y por lo tanto considerado como privado.

No se consideran lugares privados:

1. Bienes muebles o inmuebles que se encuentran en el espacio público, en lugar privado abierto al público o utilizados para fines sociales, comerciales e industriales.

2. Los sitios públicos o abiertos al público, incluidas las barras, mostradores, áreas dispuestas para: Almacenamiento, preparación, fabricación de bienes comercializados o utilizados en el lugar, así como también las áreas dispuestas para la música o ¿Disjockey¿, y estacionamientos a servicio del público.

Artículo 32. Definición de privacidad. Para efectos de este código, se entiende por privacidad de las personas el derecho de ellas una persona a satisfacer sus necesidades y desarrollar sus actividades en un ámbito que le sea exclusivo y por lo tanto considerado como privado.

No se consideran lugares privados:

1. Bienes muebles o inmuebles que se encuentran en el espacio público, en lugar privado abierto al público o utilizados para fines sociales, comerciales e industriales.

2. Los sitios públicos o abiertos al público, incluidas las barras, mostradores, áreas dispuestas para: Almacenamiento, preparación, fabricación de bienes comercializados o utilizados en el lugar, así como también las áreas dispuestas para el manejo de los equipos musicales la música o Disc jockey ¿Disjockey¿, y estacionamientos a servicio del público.

Artículo 36. Comportamientos que afectan la tranquilidad de las personas en el vecindario, o lugar de habitación urbana o rural. Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad de las personas en el vecindario o lugar de habitación urbana o rural, y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:

1. Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:

a) Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de que el residente se niegue a desactivarlo;

b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas;

c) Actividades diferentes a las aquí señaladas en vía pública o en privado, cuando trascienda a lo público, y perturben o afecten la tranquilidad de las personas.

2. Irrespetar las normas propias de los lugares públicos tales como salas de velación, cementerios, clínicas, hospitales, bibliotecas y museos, entre otros.

3. Realizar, en el espacio público o lugares abiertos al público, actos sexuales que generen molestia a la comunidad.

 

4. Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, en el espacio público o en lugares privados abiertos al público no autorizados para dicho consumo, o en sitios privados cuando se afecte a terceros.

 

Parágrafo. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:

 

Artículo 33. Comportamientos que afectan la tranquilidad de las personas en el vecindario, o lugar de habitación urbana o rural. Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad de las personas en el vecindario o lugar de habitación urbana o rural, y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:

1. Perturbar o permitir que se afecte el sosiego con:

a) Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia p or su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de que el residente se niegue a desactivarlo;

b) Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas;

c) Actividades diferentes a las aquí señaladas en vía pública o en privado, cuando trascienda a lo público, y perturben o afecten la tranquilidad de las personas.

2. Irrespetar las normas propias de los lugares públicos tales como salas de velación, cementerios, clínicas, hospitales, bibliotecas y museos, entre otros.

3. Realizar, en el espacio público o lugares abiertos al público, actos de exhibicionismo sexuales que generen molestia a la comunidad.

4. Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, en el espacio público o en lugares privados abiertos al público no autorizados para dicho consumo, o en sitios privados cuando se afecte a terceros.

5. Fumar en lugares prohibidos.

Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:

 

 

Parágrafo 2°. No constituyen actos de exhibicionismo sexual los besos o caricias que las personas, sin importar su género, color de piel, orientación sexual o identidad de género, manifiesten como expresiones de cariño, en ejercicio del libre desarrollo de la personalidad.

CAPÍTULO II

De los establecimientos educativos

QUEDA IGUAL.

Artículo 37. Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia en los establecimientos educativos y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:

1. Consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas, dentro de la institución o centro educativo.

2. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de la institución o centro educativo.

3. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el perímetro establecido en el artículo 80 de la presente ley, salvo autorización expresa, por la autoridad administrativa en el respectivo municipio o distrito.

4. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la presente ley.

5. Destruir, averiar o deteriorar bienes dentro del área circundante de la institución o centro educativo.

Parágrafo 1°. A los niños, niñas y adolescentes que cometan alguno de los comportamientos señalados en los numerales 3, 4, o 5 se les aplicará la medida correctiva de Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia; cuando haya lugar y fundamentado en la ley de expropiación se les aplicarán también la medida de destrucción de bien. La institución educativa deberá informar a los padres o representantes legales sin perjuicio de las sanciones o medidas disciplinarias propias de la institución. Así mismo, se les aplicarán las medidas de restablecimiento de derechos que les sean aplicables contenidas en la Ley 1098 de 2006, especialmente las referidas en los artículos 53, 54 y 55 o normas que las modifiquen o adicionen.

 

 

Parágrafo 2°. A los niños, niñas y adolescentes que cometan alguno de los comportamientos señalados en los numerales 1 y 2, se les deberá aplicar el proceso disciplinario que establezca el reglamento estudiantil del centro de enseñanza en el cual se encuentren matriculados. También procederá la medida de destrucción del bien, cuando haya lugar, y las medidas de restablecimiento de derechos referidas en el parágrafo 1° de este artículo.

Parágrafo 3°. La persona mayor de 18 años que incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido en los reglamentos internos de cada establecimiento educativo:

 

Artículo 34. Comportamientos que afectan la convivencia en los establecimientos educativos relacionados con consumo de sustancias. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia en los establecimientos educativos y por lo tanto no deben efectuarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:

1. Consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas, dentro de la institución o centro educativo.

2. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de la institución o centro educativo.

3. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo de conformidad con el perímetro establecido en el artículo 80 de la presente ley, salvo autorización expresa, por la autoridad administrativa en el respectivo municipio o distrito.

4. Tener, almacenar, facilitar, distribuir, o expender bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas en el espacio público o lugares abiertos al público dentro del perímetro circundante de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la presente ley.

5. Destruir, averiar o deteriorar bienes dentro del área circundante de la institución o centro educativo.

Parágrafo 1°. A lLos niños, niñas y adolescentes que cometan alguno de los comportamientos señalados en los numerales anteriores 3, 4, o 5 serán objeto de las medidas dispuestas en la Ley 1098 de 2006 y demás normas vigentes en la materia. se les aplicará la medida correctiva de Participación en programa o actividad pedagógica de convivencia; cuando haya lugar y fundamentado en la ley de expropiación se les aplicarán también la medida de destrucción de bien. La institución educativa deberá informar a los padres o representantes legales sin perjuicio de las sanciones o medidas disciplinarias propias de la institución. Así mismo, se les aplicarán las medidas de restablecimiento de derechos que les sean aplicables contenidas en la Ley 1098 de 2006, especialmente las referidas en los artículos 53, 54 y 55 o normas que las modifiquen o adicionen.

Parágrafo 2°. A los niños, niñas y adolescentes que cometan alguno de los comportamientos señalados en los numerales 1 y 2, se les deberá aplicar el proceso disciplinario que establezca el reglamento estudiantil del centro de enseñanza en el cual se encuentren matriculados. También procederá la medida de destrucción del bien, cuando haya lugar., y las medidas de restablecimiento de derechos referidas en el parágrafo 1° de este artículo.

Parágrafo 2° 3°. La persona mayor de edad 18 años que incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido en los reglamentos internos de cada establecimiento educativo:

 

 Artículo 38. Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:

1. Irrespetar o desafiar a las autoridades de policía.

2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía.

3. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía.

4. Negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia, domicilio y actividad a las autoridades de policía cuando estas lo requieran en procedimientos de policía.

5. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de policía.

6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos o sustancias a las autoridades de policía.

7. Utilizar inadecuadamente el sistema de número único de seguridad y emergencia.

Parágrafo 1°. El comportamiento esperado por parte de los habitantes del territorio nacional para con las autoridades exigen de las autoridades un comportamiento recíproco. Las autoridades y en particular el personal uniformado de la Policía, deben dirigirse a los habitantes con respeto y responder a sus inquietudes y llamado con la mayor diligencia. Los habitantes del territorio nacional informarán a la autoridad competente en caso de que no sea así.

Parágrafo 2°. A quien incurra en cualquiera de los comportamientos antes señalados, se le aplicarán las siguientes medidas correctivas de manera concurrente:

 

Parágrafo 3°. Las multas impuestas por la ocurrencia de los comportamientos señalados en el numeral 7 del presente artículo se cargarán a la factura de cobro del servicio de la línea telefónica de donde se generó la llamada. La empresa operadora del servicio telefónico trasladará mensualmente a las entidades y administraciones territoriales respectivas las sumas recaudadas por este concepto según lo establecido en la reglamentación de la presente ley.

 Artículo 35. Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:

1. Irrespetar o desafiar a las autoridades de policía.

2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía.

3. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía.

4. Negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia, domicilio y actividad a las autoridades de policía cuando estas lo requieran en procedimientos de policía.

5. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de policía.

6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos o sustancias a las autoridades de policía.

7. Utilizar inadecuadamente el sistema de número único de seguridad y emergencia.

Parágrafo 1°. El comportamiento esperado por parte de los habitantes del territorio nacional para con las autoridades exigen de las autoridades un comportamiento recíproco. Las autoridades y en particular el personal uniformado de la Policía, deben dirigirse a los habitantes con respeto y responder a sus inquietudes y llamado con la mayor diligencia. Los habitantes del territorio nacional informarán a la autoridad competente en caso de que no sea así.

Parágrafo 2°. A quien incurra en cualquiera de los comportamientos antes señalados, se le aplicarán las siguientes medidas correctivas de manera concurrente:

 

Parágrafo 3°. Las multas impuestas por la ocurrencia de los comportamientos señalados en el numeral 7 del presente artículo se cargarán a la factura de cobro del servicio de la línea telefónica de donde se generó la llamada. La empresa operadora del servicio telefónico trasladará mensualmente a las entidades y administraciones territoriales respectivas las sumas recaudadas por este concepto según lo establecido en la reglamentación de la presente ley.

TÍTULO V

DE LAS RELACIONES RESPETUOSAS CON GRUPOS ESPECÍFICOS DE LA SOCIEDAD

QUEDA IGUAL.

CAPÍTULO I

Niños, niñas y adolescentes

QUEDA IGUAL.

Artículo 39. Facultades de los alcaldes para la restricción de la movilidad o permanencia de niños, niñas y adolescentes en el espacio público o en lugares abiertos al público. Con el fin de prevenir la ocurrencia de eventos que puedan poner en peligro o afectar la vida, la integridad o la salud de los niños, niñas y adolescentes, el alcalde o su delegado podrá restringir su movilidad o permanencia en el espacio público o en lugares abiertos al público, de manera temporal y en forma motivada.

Artículo 36. Facultades de los alcaldes para la restricción de la movilidad o permanencia de niños, niñas y adolescentes en el espacio público o en lugares abiertos al público. Con el fin de prevenir la ocurrencia de eventos que puedan poner en peligro o afectar la vida, la integridad o la salud de los niños, niñas y adolescentes, excepcionalmente el alcalde o su delegado podrá restringir su movilidad o permanencia en el espacio público o en lugares abiertos al público, de manera temporal y en forma motivada.

Parágrafo. En la implementación se contará con el acompañamiento del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el caso que no exista se contará con la personería municipal, con el fin de determinar que la medida no atenta contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el Código de la Infancia y Adolescencia.

Parágrafo. En la implementación se contará con el acompañamiento del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , en el caso que no exista se contará con la personería municipal, con el fin de determinar que la medida no atenta contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el Código de la Infancia y Adolescencia.

Artículo 40. Reglamentación para la protección de niños, niñas y adolescentes. El alcalde distrital o municipal determinará mediante acto motivado las actividades peligrosas, las fiestas o eventos similares a los que se prohíbe el acceso o participación a los niños, niñas y adolescentes.

Así mismo, los niños, niñas y adolescentes deberán cumplir lo establecido en la Ley 1554 de 2012 con respecto a la edad permitida para participar o ingresar a establecimientos que prestan el servicio de videojuegos.

QUEDA IGUAL.

Artículo 41. Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes. Los siguientes comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto no deben realizarse. Su incumplimiento da lugar a medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido por la normatividad vigente sobre la materia y de la responsabilidad penal a que haya lugar del Representante Legal o Administrador del establecimiento:

1. Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los lugares donde:

a) Se realicen espectáculos o actividades cinematográficas aptas solo para mayores de 18 años;

b) Se preste el servicio de videojuegos salvo que sean aptos para la edad del niño, niña o adolescente, en las condiciones establecidas por la Ley 1554 de 2012.

c) Se practiquen actividades peligrosas, de acuerdo con la reglamentación establecida por el Gobierno nacional.

d) Se realicen actividades sexuales o pornográficas;

e) Se practique el trab ajo o la explotación sexual;

f) Se realicen actividades de diversión destinadas al consumo de bebidas alcohólicas y consumo de cigarrillos;

g) Se desarrollen juegos de suerte y azar;

2. Inducir, prometer, propiciar, engañar o realizar cualquier acción para que los niños, niñas y adolescentes ingresen o participen de actividades que les están prohibidas por las normas vigentes.

3. Permitir o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar las telecomunicaciones, publicaciones y documentos para acceder a material pornográfico.

 

4. Permitir, emplear o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar indebidamente las telecomunicaciones o sistemas de emergencia.

5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar, cualquiera de los siguientes elementos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o adolescentes:

a) Material pornográfico;

b) Bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud;

c) Pólvora o sustancias prohibidas;

d) Armas, neumáticas o de aire, o que se asimilen a estas, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones;

6. Inducir a niños, niñas o adolescentes a:

a) Consumir bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud;

b) Participar en juegos de suerte y azar;

c) Ingresar a fiestas o eventos similares en los cuales exista previa restricción de edad por parte de las autoridades de policía, o esté prohibido su ingreso por las normas vigentes.

7. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean tenedores de animales potencialmente peligrosos.

Artículo 38. Comportamientos que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes. Los siguientes comportamientos afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes y por lo tanto no deben realizarse. Su incumplimiento da lugar a medidas correctivas, sin perjuicio de lo establecido por la normatividad vigente sobre la materia y de la responsabilidad penal a que haya lugar del Representante Legal o Administrador del establecimiento:

1. Permitir, auspiciar, tolerar, inducir o constreñir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los lugares donde:

a) Se realicen espectáculos o actividades cinematográficas aptas solo para mayores de 18 años;

b) Se preste el servicio de videojuegos salvo que sean aptos para la edad del niño, niña o adolescente, en las condiciones establecidas por la Ley 1554 de 2012.

c) Se practiquen actividades peligrosas, de acuerdo con la reglamentación establecida por el Gobierno nacional.

d) Se realicen actividades sexuales o pornográficas o se ejerza la prostitución ;

e) Se practique el trabajo sexual o la explotación sexual;

e) f) Se realicen actividades de diversión destinadas al consumo de bebidas alcohólicas y consumo de cigarrillos tabaco;

f) g) Se desarrollen juegos de suerte y azar;

2. Inducir, prometer, propiciar, engañar o realizar cualquier acción para que los niños, niñas y adolescentes ingresen o participen de actividades que les están prohibidas por las normas vigentes.

3. Permitir o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar las telecomunicaciones, publicaciones y documentos para acceder a material pornográfico.

4. Permitir, emplear o inducir a los niños, niñas y adolescentes a utilizar indebidamente las telecomunicaciones o sistemas de emergencia.

5. Facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar, prestar o alquilar, cualquiera de los siguientes elementos, sustancias o bebidas, a niños, niñas o adolescentes:< /p>

a) Material pornográfico;

b) Bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud;

c) Pólvora o sustancias prohibidas;

d) Armas, neumáticas o de aire, o que se asimilen a estas, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones;

6. Inducir a niños, niñas o adolescentes a:

a) Consumir bebidas alcohólicas, derivados del tabaco, sustancias psicoactivas o cualquier sustancia que afecte su salud;

b) Participar en juegos de suerte y azar;

c) Ingresar a fiestas o eventos similares en los cuales exista previa restricción de edad por parte de las autoridades de policía, o esté prohibido su ingreso por las normas vigentes.

7. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean tenedores de animales potencialmente peligrosos.

8. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso, los actos y la explotación sexual de niños, niñas o adolescentes.

9. Permitir que los niños, niñas y adolescentes dañen el mobiliario en el espacio público o zonas comunes de propiedad horizontal.

10. Utilizar a niños, niñas y adolescentes para evitar el cumplimiento de una orden de policía.

11. Permitir que los niños, niñas y adolescentes hagan uso de piscinas y estructuras similares, de uso colectivo o de propiedad privada unihabitacional, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 1209 de 2008 y las normas que la adicionen o modifiquen.

12. Constreñir a niños, niñas y adolescentes para participar en manifestaciones o protestas públicas.

13. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean parte de confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.

Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el literal b) del numeral 1 del presente artículo, se impondrá solo la medida correctiva de suspensión temporal de actividad y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en la Ley 1554 de 2012 y las normas que la adicionen o modifiquen.

Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados en los literales d) y e) del numeral 1 y en el numeral 8, se impondrán las medidas correctivas en el presente código y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de 2001, 1236 de 2008, 1329 de 2009 y las normas que las adicionen o modifiquen.

Parágrafo 3°. En los comportamientos señalados en el numeral 4, se impondrán las medidas correctivas en el presente código y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en la Ley 1209 de 2008 y las normas que la adicionen o modifiquen.

 

 

Parágrafo 4°. En los casos en los que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentren amenazados, inobservados o vulnerados se aplicará lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006.

 

 

Parágrafo 5°. A la persona menor de 18 años que cometa cualquiera de los anteriores comportamientos se le aplicarán las medidas previstas en el Código de Infancia y Adolescencia.

 

 

 

 

 

 

 

8. Ejercer, permitir, favorecer o propiciar el abuso, los actos y la explotación sexual de niños, niñas o adolescentes.

9. Permitir que los niños, niñas y adolescentes dañen el mobiliario en el espacio público o zonas comunes de propiedad horizontal.

10. Utilizar a niños, niñas y adolescentes para evitar el cumplimiento de una orden de policía.

11. Permitir que los niños, niñas y adolescentes hagan uso de piscinas y estructuras similares, de uso colectivo o de propiedad privada unihabitacional, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 1209 de 2008 y las normas que la adicionen o modifiquen.

12. Constreñir a niños, niñas y adolescentes para participar en manifestaciones o protestas públicas.

13. Permitir que los niños, niñas y adolescentes sean parte de confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.

Parágrafo 1°. En los comportamientos señalados en el literal b) del numeral 1 del presente artículo, se impondrá solo la medida correctiva de suspensión temporal de actividad y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en la Ley 1554 de 2012 y las normas que la adicionen o modifiquen.

Parágrafo 2°. En los comportamientos señalados en el literal d) del numeral 1 del presente artículo, será procedente también la medida correctiva de suspensión definitiva de la actividad.

 

 

Parágrafo 3° 2°. En los comportamientos señalados en el literal los literales d) y e) del numeral 1 y en el numeral 8, se impondrán las medidas correctivas en el presente código y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en las Leyes 679 de 2001, 1236 de 2008, 1329 de 2009 y las normas que las adicionen o modifiquen.

Parágrafo 4° 3°. En los comportamientos señalados en el numeral 4 11, se impondrán las medidas correctivas en el presente código y se pondrá en conocimiento de manera inmediata a la autoridad competente para aplicar lo establecido en la Ley 1209 de 2008 y las normas que la adicionen o modifiquen.

Parágrafo 5° 4°. En los casos en los que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentren amenazados, inobservados o vulnerados se aplicará lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006.

Parágrafo 6° 5°. A la persona menor de 18 años que cometa cualquiera de los anteriores comportamientos se le aplicarán las medidas previstas en el Código de Infancia y Adolescencia. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:

 

Parágrafo 6°. Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto de suspensión definitiva de la actividad.

Parágrafo 7°. Al menor de 18 años que cometa cualquiera de los anteriores comportamientos se le aplicarán las medidas previstas en el código de infancia y adolescencia.

Parágrafo 8° . Quien en el término de un año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto de suspensión definitiva de la actividad.

Artículo 42. Prohibiciones a niños, niñas y adolescentes. Además de los comportamientos prohibidos en el presente código y en las normas vigentes, se prohíbe a niños, niñas y adolescentes:

1. Comercializar, distribuir, tener, almacenar, portar o consumir sustancias psicoactivas o tóxicas, o demás sustancias estimulantes que puedan afectar su salud o que produzcan dependencia, que estén restringidas para menores de 18 años.

Parágrafo 1°. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:

 

Parágrafo 2°. El niño, niña o adolescente que incurra en los comportamientos antes descritos será objeto de protección y restablecimiento de sus derechos de conformidad con la ley.

 

Parágrafo 3°. Las administraciones municipales o distritales determinarán los sitios adecuados a los que se podrán trasladar los niños, niñas y adolescentes que incurran en los comportamientos señalados en el presente artículo para su protección e imposición de la medida correctiva correspondiente.

 

Parágrafo 4°. El alcalde podrá permitir o restringir las circunstancias en las que los niños, niñas y adolescentes podrán participar en manifestaciones públicas.

Artículo 39. Prohibiciones a niños, niñas y adolescentes. Además de los comportamientos prohibidos en el presente código y en las normas vigentes, se prohíbe a niños, niñas y adolescentes:

1. Comercializar, distribuir, tener, almacenar, portar o consumir sustancias psicoactivas o tóxicas, o demás sustancias estimulantes que puedan afectar su salud o que produzcan dependencia, que estén restringidas para menores de edad18 años.

Parágrafo 1°. A quien incurra en el comportamiento uno o más de los comportamientos antes señalados se le aplicarán las siguientes medidas correctivas:

 

Parágrafo 2°. El niño, niña o adolescente que incurra en el los comportamientos antes descritos será objeto de protección y restablecimiento de sus derechos de conformidad con la ley.

Parágrafo 3°. Las administraci ones municipales o distritales determinarán los sitios adecuados a los que se podrán trasladar los niños, niñas y adolescentes que incurran en el los comportamientos señalados en el presente artículo para su protección e imposición de la medida correctiva correspondiente.

Parágrafo 4°. El Alcalde podrá permitir o restringir las circunstancias en las que los niños, niñas y adolescentes podrán participar en manifestaciones públicas.

CAPÍTULO II

Grupos de especial protección constitucional

QUEDA IGUAL.

Artículo 43. Comportamientos que afectan a los grupos sociale s de especial protección constitucional. Los siguientes comportamientos afectan a los grupos sociales de especial protección (personas en condiciones de vulnerabilidad, discapacidad, niños, adultos mayores, mujeres en estado de embarazo) y por lo tanto no deben realizarse:

1. Perpetrar, permitir o inducir abusos o maltrato físico, verbal, psicológico o sexual en lugar público o privado, incluido su lugar de trabajo.

2. Utilizar a estas personas para obtener beneficio económico o satisfacer interés personal.

3. Omitir dar la prelación que por su condición requieran, especialmente en las filas, en el uso de los vehículos de transporte público, colectivo o individual y en todos los sitios, bienes y lugares públicos o abiertos al público.

4. Dificultar, obstruir o limitar información e insumos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, del hombre, de los niños y de la comunidad LGTBI, incluido el acceso de estos a métodos anticonceptivos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes medidas correctivas:

Artículo 40. Comportamientos que afectan a los grupos sociales de especial protección constitucional. Los siguientes comportamientos afectan a los grupos sociales de especial protección (personas en condiciones de vulnerabilidad, discapacidad, niños, adultos mayores, mujeres en estado de embarazo) y por lo tanto no deben realizarse:

1. Perpetrar, permitir o inducir abusos o maltrato físico, verbal, psicológico o sexual en lugar público o privado, incluido su lugar de trabajo.

2. Utilizar a estas personas para obtener beneficio económico o satisfacer interés personal.

3. Omitir dar la prelación que por su condición requieran, especialmente en las filas, en el uso de los vehículos de transporte público, colectivo o individual y en todos los sitios, bienes y lugares públicos o abiertos al público.

4. Dificultar, obstruir o limitar información e insumos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, del hombre, de los niños y de la comunidad LGBTI LGTBI, incluido el acceso de estos a métodos anticonceptivos.

5. Irrespetar las manifestaciones y reuniones de las personas en el espacio público o en lugares privados, en razón a su etnia, raza, edad, género, orientación sexual, creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia personal.

6. Limitar u obstruir las manifestaciones de afecto público que no configuren actos sexuales, de exhibicionismo en razón a la raza, orientación sexual, genero u otra condición similar.

Parágrafo. A quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, se les aplicarán las siguientes medidas correctivas:

 

 

 

 Artículo 44. Creación de Centros de Refugio Temporal para habitantes de la calle. Créense los centros de refugio temporal para aquellos ciudadanos habitantes de calle o en condición de habitabilidad en calle que se encuentren en estado alterado de conciencia por consumo de sustancias psicoactivas.

Se faculta a la Policía Nacional para trasladar a aquellas personas que se encuentren en espacios públicos en estado alterado de conciencia por el consumo de sustancias psicoactivas, cuando estén afectando los derechos de los demás ciudadanos, a los centros de refugio temporal. Esto se hará con el fin de dar atención integral a estos ciudadanos.

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo, las alcaldías distritales y municipales crearán los centros de refugio temporal, los cuales contarán con un equipo interdisciplinario, que estará a cargo de la atención integral de los ciudadanos trasladados a estos refugios temporales. Con el fin de darle la posibilidad de recibir un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación integral de los mismos.

 

De igual manera las alcaldías distritales y municipales tendrán apoyo interinstitucional de la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Parágrafo 2°. La Policía Nacional deberá trasladar a estos ciudadanos habitantes de calle en el término de la distancia al centro más cercano.

Artículo 41. Creación de Centros de Refugio Temporal para habitantes de la calle. Créense los centros de refugio temporal para aquellos ciudadanos habitantes de calle o en condición de habitabilidad en calle que se encuentren en estado alterado de conciencia por consumo de sustancias psicoactivas.

Se faculta a la Policía Nacional para trasladar éstas a aquellas personas que se encuentren en espacios públicos en estado alterado de conciencia por el consumo de sustancias psicoactivas, cuando estén afectando los derechos de los demás ciudadanos, a los centros de refugio temporal. Esto se hará con el fin de dar atención integral a estos ciudadanos.

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo, el Gobierno nacional apoyará a las alcaldías distritales y municipales en la implementación de crearán los centros de refugio temporal, los cuales contarán con un equipo interdisciplinario, que estará a cargo de la atención integral de los ciudadanos trasladados a estos refugios temporales. Con el fin de darle la posibilidad de recibir un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación integral de los mismos.

De igual manera las alcaldías distritales y municipales tendrán apoyo interinstitu cional de la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Parágrafo 2°. La Policía Nacional deberá trasladar a estos ciudadanos habitantes de calle en el término de la distancia al centro más cercano.

CAPÍTULO III

Trabajadores sexuales

CAPÍTULO III

Ejercicio de la prostitución

Artículo 45. Ejercicio del trabajo sexual. El ejercicio del trabajo sexual como tal, no da lugar a la aplicación de medidas correctivas por razones de perturbación a la convivencia, excepto cuando se incurra en los comportamientos contrarios a esta.

Artículo 42. Ejercicio de la prostitución del trabajo sexual. El ejercicio de la prostitución del trabajo sexual como tal, no da lugar a la aplicación de medidas correctivas por razones de perturbación a la convivencia, excepto cuando se incurra en los comportamientos contrarios a esta ésta.

Artículo 46. Requisitos de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza el trabajo sexual. Los propietarios, tenedores, administradores o encargados de los es tablecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza el trabajo sexual, así como el personal que labore en ellos, deben cumplir con las siguientes condiciones:

1. Obtener para su funcionamiento el concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud o su delegado o quien haga sus veces.

2. Proveer o distribuir a los trabajadores sexuales y a quienes utilizan sus servicios, condones aprobados por las entidades competentes y facilitarles el cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias.

 

3. Promover el uso del condón y de otros medios de protección, recomendados por las autoridades sanitarias, a través de información impresa, visual o auditiva, y la instalación de dispensadores de condones en lugares públicos y privados de dichos establecimientos, inmuebles o lugares.

 

4. Colaborar con las autoridades sanitarias y de policía cuando se realicen campañas de inspección y vigilancia y asistir a los cursos que ellas organicen.

5. Tratar dignamente a los trabajadores sexuales, evitar su discriminación o rechazo y la violación de sus derechos a la libre movilización y al desarrollo de la personalidad.

 

Artículo 43. Requisitos de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza la prostitución el trabajo sexual. Los propietarios, tenedores, administradores o encargados de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza la prostitución el trabajo sexual, así como el personal que labore en ellos, deben cumplir con las siguientes condiciones:

1. Obtener para su funcionamiento el concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud o su delegado o quien haga sus veces.

2. Proveer o distribuir a las personas que ejercen la prostitución los trabajadores sexuales y a quienes utilizan sus servicios, condones aprobados por las entidades competentes y facilitarles el cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias.

3. Promover el uso del preservativo condón y de otros medios de protección, recomendados por las autoridades sanitarias, a través de información impresa, visual o auditiva, y la instalación de dispensadores de tales elementos condones en lugares públicos y privados de dichos establecimientos, inmuebles o lugares.

4. Colaborar con las autoridades sanitarias y de policía cuando se realicen campañas de inspección y vigilancia y asistir a los cursos que ellas organicen.

5. Tratar dignamente a las personas que ejercen la prostitución los trabajadores sexuales, evitar su discriminación o rechazo y la violación de sus derechos a la libre movilización y al desarrollo de la personalidad.

6. No permitir o propiciar el ingreso de niños, niñas o adolescentes a estos establecimientos, inmuebles o lugares.

7. No permitir, favorecer o propiciar el abuso y la explotación sexual de menores de 18 años de edad o de personas con discapacidad.

8. En ningún caso, favorecer, permitir, propiciar o agenciar el maltrato, su utilización para la pornografía, la trata de personas o la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).

9. No inducir o constreñir al ejercicio del trabajo sexual a las personas o impedir, a quien lo realiza, retirarse del mismo si fuere su deseo.

10. No mantener en cautiverio o retener a los trabajadores sexuales.

11. No realizar publicidad alusiva a esta actividad en la vía pública, salvo l a identificación del lugar en su fachada.

12. Velar por el cumplimiento de los deberes y comportamientos de los trabajadores sexuales;

 

13. Proveer los elementos y servicios de aseo necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades.

14. Intervenir en caso de controversia, entre las personas que utilizan el servicio y los trabajadores sexuales, para evitar el detrimento de los derechos de estos últimos.

 

6. No permitir o ni propiciar el ingreso de niños, niñas o adolescentes a estos establecimientos, inmuebles o lugares.

7. No permitir, ni favorecer o propiciar el abuso y la explotación sexual de menores de 18 años de edad o de personas con discapacidad.

8. En ningún ca so, favorecer, permitir, propiciar o agenciar el maltrato, su utilización para la pornografía, la trata de personas o la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).

9. No inducir ni constreñir al ejercicio de la prostitución del trabajo sexual a las personas o impedir, a quien lo realiza, retirarse del mismo si fuere su deseo.

10. No mantener en cautiverio o retener a las personas que ejercen la prostitución los trabajadores sexuales.

11. No realizar publicidad alusiva a esta actividad en la vía pública, salvo la identificación del lugar en su fachada.

12. Velar por el cumplimiento de los deberes y comportamientos de las personas que ejercen la prostitución los trabajadores sexuales;

13. Proveer los elementos y servicios de aseo necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades.

14. Intervenir en caso de controversia, entre las personas que utilizan el servicio y las que ejercen la prostitución los trabajadores sexuales, para evitar el detrimento de los derechos de estas os últimaos.

Artículo 47. Comportamientos en el ejercicio del trabajo sexual. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser realizados por los trabajadores sexuales. Su realización dará lugar a medidas correctivas:

 

 

1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para los establecimientos, inmuebles o lugares en donde se ejerza el trabajo sexual.

2. Ejercer el trabajo sexual o permitir su ejercicio por fuera de las zonas u horarios asignados para ello o contrariando lo dispuesto en las normas o en el reglamento pertinente de carácter distrital o municipal.

3. Ejercer el trabajo sexual sin el cumplimiento de las medidas sanitarias y de protección requeridas.

4. Realizar actos sexuales o exhibicionistas en la vía pública o en lugares expuestos a esta.

5. Negarse a:

a) Portar el documento de identidad.

b) Utilizar los medios de protección y observar las medidas que ordenen las autoridades sanitarias.

c) Colaborar con las autoridades sanitarias que ejercen la prevención y el control de enfermedades de transmisión sexual y VIH, atender sus indicaciones.

Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:

 

Parágrafo 2°. Quien en el término de un (1) año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la medida de suspensió n temporal, será objeto de suspensión definitiva de la actividad.

Artículo 44. Comportamientos en el ejercicio del ejercicio de la prostitución trabajo sexual. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser realizados por las personas que ejercen la prostitución los trabajadores sexuales. Su realización dará lugar a medidas correctivas:

1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para los establecimientos, inmuebles o lugares en donde se ejerza la prostitución el trabajo sexual.

2. Ejercer la prostitución el trabajo sexual o permitir su ejercicio por fuera de las zonas u horarios asignados para ello o contrariando lo dispuesto en las normas o en el reglamento pertinente de carácter distrital o municipal.

3. Ejercer la prostitución el trabajo sexual sin el cumplimiento de las medidas sanitarias y de protección requeridas.

4. Realizar actos sexuales o exhibicionistas en la vía pública o en lugares expuestos a ésta.

5. Negarse a:

a) Portar el documento de identidad.

b) Utilizar los medios de protección y observar las medidas que ordenen las autoridades sanitarias.

c) Colaborar con las autoridades sanitarias que ejercen la prevención y el control de enfermedades de transmisión sexual y VIH, atender sus indicaciones.

Parágrafo 1°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:

 

Parágrafo 2°. Quien en el término de un (1) año contado a partir de la aplicación de la medida incurra nuevamente en alguno de los comportamientos prohibidos en el presente capítulo que dan lugar a la medida de suspensión temporal, será objeto de suspensión definitiva de la actividad.

Parágrafo 3°. Cuando haya lugar a la aplicación de las medidas previstas en el numeral 5 del parágrafo primero, la autoridad de policía deberá dar aviso a la Defensoría del Pueblo o al Personero Municipal o Distrital según corresponda.

Parágrafo 3°. Cuando haya lugar a la aplicación de las medidas previstas en el numeral 5 del parágrafo primero, la autoridad de policía deberá dar aviso a la Defensoría del Pueblo o al Personero Municipal o Distrital según corresponda.

Artículo 48. Comportamientos de los proveedores del servicio de trabajo sexual. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser realizados por propietarios, tenedores, administradores o encargados de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza el trabajo sexual, así como las personas que organizan la provisión del servicio de trabajo sexual:

 

 

 

1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para los establecimientos, inmuebles o lugares en donde se ejerza el trabajo sexual.

2. Propiciar el ejercicio del trabajo sexual o permitir su ejercicio por fuera de las zonas u horarios asignados para ello o contrariando lo dispuesto en las normas o en el reglamento pertinente de carácter distrital o municipal.

3. Propiciar cualquiera de los comportamientos previstos en el artículo 44.

4. Incumplir cualquiera de las condiciones previstas en el artículo 43.

Parágrafo 1°. Quien incurra en uno de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:

 

Artículo 45. Comportamientos de los propietarios, tenedores, administradores o encargados de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza la prostitución proveedores del servicio de trabajo sexual. Los siguientes comportamientos afectan la convivencia y por lo tanto no deben ser realizados por propietarios, tenedores, administradores o encargados de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerza la prostitución el trabajo sexual, así como las personas que organizan la provisión de ese tipo de actividad del servicio de trabajo sexual:

1. Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente para los establecimientos, inmuebles o lugares en donde se ejerza la prostitución el trabajo sexual.

2. Propiciar el ejercicio de la prostitución del trabajo sexual o permitir su ejercicio por fuera de las zonas u horarios asignados para ello o contrariando lo dispuesto en las normas o en el reglamento pertinente de carácter distrital o municipal.

3. Propiciar cualquiera de los comportamientos previstos en el artículo 44.

4. Incumplir cualquiera de las condiciones previstas en el artículo 43.

Parágrafo 1°. Quien incurra en uno de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:

 

TÍTULO VI

DEL DERECHO DE REUNIÓN

QUEDA IGUAL.

CAPÍTULO I

Clasificación y reglamentación

QUEDA IGUAL.

Artículo 49. Definición y clasificación de las aglomeraciones de público. Para efectos de las obligaciones relacionadas con el derecho de reunión, entiéndase como aglomeración de público toda reunión de un número plural de personas producto de una convocatoria individual o colectiva. En razón a sus características y requisitos, se establecen tres categorías:

1. Reuniones o manifestaciones públicas y pacíficas en el espacio público;

2. Actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas;

3. Actividades que involucran aglomeraciones de público complejas;

Parágrafo. El Gobierno nacional determinará, dentro del año siguiente de la expedición de este Código, las variables tales como: aforo, tipo de evento, clasificación de edad para el ingreso, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, características del público, frecuencia, características de la presentación, carácter de la reunión, que determinarán la clasificación del evento como uno de los señalados en los numerales 2 y 3 del presente artículo.

QUEDA IGUAL.

Artículo 50. Reglamentación. Las asambleas departamentales o los concejos distritales y municipales según corresponda, reglamentarán las condiciones y requisitos para la realización de actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas de conformidad con lo expresado en este código.

Artículo 47. Reglamentación. Las asambleas departamentales o los concejos distritales y municipales según corresponda, reglamentarán las condiciones y requisitos para la realización de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas y no complejas de conformidad con lo expresado en este código.

Artículo 51. Consumo controlado de bebidas alcohólicas en lugares habilitados para aglomeraciones. En los lugares habilitados para aglomeraciones se podrá permitir el consumo de bebidas alcohólicas de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Artículo 48. Consumo controlado de bebidas alcohólicas en lugares habilitados para aglomeraciones. En los lugares habilitados para aglomeraciones el Alcalde se podrá autorizar permitir el consumo de bebidas alcohólicas de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. El expendio de alcohol se realizará únicamente en las áreas especialmente dispuestas para tales efecto s.

2. Las ventas se interrumpirán veinte (20) minutos antes de la finalización del evento.

3. Estará prohibido el porte y consumo de bebidas alcohólicas, durante el ingreso, salida o evacuación de los eventos.

4. El organizador del evento deberá establecer zonas en las que no se permita el consumo de alcohol, para que los espectadores decidan en que área desean presenciar el espectáculo público.

5. El organizador se abstendrá de vender alcohol a personas que presenten comportamientos o síntomas de intoxicación etílica.

Parágrafo 1°. Se prohíbe el expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público que esté alrededor del recinto donde se lleva a cabo el espectáculo público hasta doscientos metros de distancia, sin que la prohibición se extienda a los espacios privados, situados dentro del área mencionada, en los cuales operen establecimientos de comercio que expendan bebidas alcohólicas, conforme las reglas que regulan dicha actividad.

Parágrafo 2°. Los alcaldes podrán prohibir el consumo de bebidas embriagantes en aglomeraciones, cuando existan antecedentes de comportamientos que afectaron la convivencia en eventos similares realizados por los mismos organizadores.

1. El expendio de alcohol se realizará únicamente en las áreas especialmente dispuestas para tales efectos.

2. Las ventas se interrumpirán veinte (20) minutos antes de la finalización del evento.

3. Estará prohibido el porte y consumo de bebidas alcohólicas, durante el ingreso, salida o evacuación de los eventos.

4. El organizador del evento deberá establecer zonas en las que no se permita el consumo de alcohol, para que los espectadores decidan en que área desean presenciar el espectáculo público.

5. El organizador se abstendrá de vender alcohol a personas que presenten comportamientos o síntomas de intoxicación etílica.

Parágrafo 1°. Se prohíbe el expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público que esté alrededor del recinto donde se lleva a cabo el espectáculo público hasta doscientos metros de distancia, sin que la prohibición se extienda a los espacios privados, situados dentro del área mencionada, en los cuales operen establecimientos de comercio que expendan bebidas alcohólicas, conforme las reglas que regulan dicha actividad.

Parágrafo 2°. Los alcaldes podrán prohibir el consumo de bebidas embriagantes en aglomeraciones, cuando existan antecedentes de comportamientos que afectaron la convivencia en eventos similares realizados por los mismos organizadores.

Artículo 52. Cuidado del espacio público. Al terminar el uso del espacio público para el desarrollo de actividades que generen aglomeraciones de público, el lugar utilizado se debe dejar aseado y en las mismas condiciones en que se encontraba antes de su uso.

QUEDA IGUAL.

Artículo 53. Daño y contaminación visual en el espacio público. En caso de daños al espacio público que ocurran con ocasión de actividades de aglomeraciones de público complejas y no complejas se impondrá multa especial por contaminación visual y las medidas correctivas de destrucción del bien y reparación de daños materiales de muebles e inmuebles de que trata el presente código, a los empresarios del espectáculo público y coordinadores logísticos del evento.

QUEDA IGUAL.

 

Artículo 54. Colaboración en actividades que involucran aglomeraciones de público complejas y no complejas. La Policía Nacional podrá intervenir para garantizar que los asistentes ingresen con boleta, contraseña o invitación, al lugar donde se celebre un espectáculo o actividad que involucre aglomeraciones de público que así lo requiera y para que el público respete las indicaciones de porteros, acomodadores y personal de logística o apoyo. Asimismo, impedirá el cobro de derechos de entrada distintos a lo legal o reglamentariamente autorizados, según el caso.

Parágrafo. De manera estrictamente excepcional la Policía Nacional podrá prestar servicios de vigilancia y seguridad dentro y fuera de actividades que involucren aglomeraciones de público complejas, cuando existan razones de fuerza mayor, seguridad u orden público que lo aconsejen, y no descuiden o distraigan esfuerzos relacionados con la seguridad y convivencia del municipio o departamento.

QUEDA IGUAL.

CAPÍTULO II

Expresiones o manifestaciones en el espacio público

QUEDA IGUAL.

Artículo 55. Ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica en el espacio público. Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin legítimo.

Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado ante la primera autoridad administrativa del lugar. Tal comunicación debe ser suscrita por lo menos por tres personas.

 

Artículo 52. Ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica en el espacio público. Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin legítimo.

Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico. Tal comunicación o correo debe ser suscritoa por lo menos por tres personas.

Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado.

Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrán ser disueltas.

Parágrafo. El que irrespete las manifestaciones y reuniones de las personas en el espacio público, en razón a su étnia, raza, edad, género, orientación sexual, creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia personal, será objeto de aplicación de medida correctiva correspondiente a multa general tipo 4.

 

Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado.

Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrán ser disueltas.

Parágrafo 1°. Las reuniones y manifestaciones espontáneas de una parte de la población no se considerarán por sí mismas como alteraciones a la convivencia.<