PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY 17 DE 2000 SENADO, 04 DE 2001 CÁMARA

por medio de la cual se tipifica como contravención el uso de la dosis personal de estupefacientes y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D

Bogotá, D. C., 13 de noviembre de 2001

Doctor:

GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA

Presidente

Honorable Cámara de Representantes

Referencia: Ponencia para segundo debate.

Proyecto de Ley número 17 de 2000 Senado, 04 de 2001 Cámara, ¿por medio del cual se tipifica como contravención el uso de la dosis personal de estupefacientes y se dictan otras disposiciones¿.

Ponentes: Representantes Miriam Alicia Paredes y William Vélez Mesa.

Respetado Señores: Presidente de la honorable Cámara de Representantes:

Honorables Representantes:

A su consideración presentamos el siguiente informe de ponencia para segundo debate sobre el proyecto de ley de la referencia:

1. OBJETO Y FINALIDAD DEL PROYECTO

El Proyecto en estudio se originó en el Senado de la República por iniciativa del Doctor Rodrigo Rivera Salazar, y la Cámara Alta lo aprobó en primero y segundo debates sin modificación alguna.

En esencia, dicho proyecto de ley buscaba erigir en contravención el consumo de dosis personal de estupefacientes y sustancias que generan dependencia, cuando quiera que tal conducta lesione o ponga en peligro ¿la unidad y tranquilidad familiar o la seguridad y tranquilidad públicas necesarias para la interacción social de los ciudadanos¿ (artículo 1º del proyecto aprobado por el Senado). A título de sanción se proponía establecer multas graduales consistentes en multas determinables en salarios mínimos legales mensuales y convertibles en arresto por el no pago. Para el efecto se establecían las competencias judiciales y el procedimiento respectivo mediante remisión a la Ley 228 de 1995 sobre contravenciones especiales.

2. EL PRIMER DEBATE EN LA COMISION PRIMERA DE
CAMARA

2.1 El informe de ponencia.

En el estudio realizado por los suscritos representantes para el primer debate en la Comisión Primera Constitucional Permanente de esta Corporación, rendimos ponencia favorable al proyecto, pero formulamos un pliego de modificaciones que, sin alterar la finalidad esencial y los instrumentos claves del mismo, apuntaba a mejorarlo, centrándolo en la defensa de los menores de edad y liberándolo de todo elemento de paternalismo moral contrario a la Sentencia C-221 de 1994.

Al avalar la iniciativa, anotábamos en dicho informe de ponencia lo siguiente:

¿Fácilmente se infiere que el proyecto en examen no busca prohibir toda modalidad de consumo de estupefacientes o sustancias que crean dependencia (alucinógenos en la terminología popular, o sustancias psicotrópicas en la de la Convención de Viena de 1988), sino únicamente aquella que, por las circunstancias de lugar y contexto social en que se lleva a cabo, genera peligro para la salud física o moral de los menores, la unidad familiar, la tranquilidad de la vida hogareña o la convivencia armoniosa entre quienes comparten ciertos espacios sociales. La estrategia seleccionada para desestimular la conducta valorada como socialmente nociva es la de castigar con multa, convertible en arresto, a los autores de la misma o la de someterlos a internamiento psiquiátrico.¿

Para despejar toda duda sobre la plena constitucionalidad del Proyecto, expresábamos los siguientes planteamientos, teniendo como telón de fondo el pronunciamiento de la Corte Constitucional en el que declaró inexequible la intromisión penal del legislador en el ámbito privado de los consumidores individuales de dosis personal de estupefacientes:

¿Con todo, hay un punto relevante en la Sentencia C-221 de 1994 (Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz), que señala expresamente cuál es la única forma de intervención punitiva o curativa forzosa del Estado que en esta materia sería constitucionalmente viable, según la Corte, aunque no es válido penalizar el consumo de estupefacientes que se lleva a cabo en el ámbito puramente íntimo o privado (en forma solitaria o en compañía de personas que lo aceptan o toleran), sí puede reglamentarlo y limitarlo ¿aun con sanciones y procedimiento de policía¿ cuando dicho consumo tiene lugar en lugares públicos o con peligro para terceros. A decir de nuestro Tribunal Constitucional, lo que la Carta garantiza a la persona es un espacio no interferible de conducta autorreferente ¿con efectos sólo sobre sí mismo¿ que no trasciende a la esfera de los bienes socialmente protegidos como bienes constitucionales relevantes.

¿En efecto, en los párrafos finales del apartado 8 de la referida providencia se lee:

¿En ese mismo orden de ideas puede el legislador válidamente, sin vulnerar el núcleo esencial de los derechos a la igualdad y a la libertad, desconocidos por las disposiciones que serán retiradas del ordenamiento, regular las circunstancias de lugar, de edad, de ejercicio temporal de actividades, y otras análogas, dentro de las cuales el consumo de droga resulte inadecuado o socialmente nocivo, como sucede en la actualidad con el alcohol y el tabaco. Es esa, materia propia de las normas de policía. Otro tanto cabe predicar de quienes tienen a su cargo la dirección de actividades de instituciones, públicas o privadas, quienes derivan de esa calidad la competencia de dictar reglamentos internos que posibiliten la convivencia ordenada, dentro de los ámbitos que les incumbe regir. Alude la Corte a los reglamentos laborales, disciplinarios, educativos, deportivos, etc.¿

¿Así las cosas, es perfectamente legítimo que el legislador, al proceder a regular las modalidades permisibles de una conducta considerada como irreductiblemente lícita desde la perspectiva constitucional, imponga restricciones o limitaciones de lugar o de circunstancia para realizarla y sancione de manera razonable las infracciones a tal regulación. Ello es posible ¿lo ha dicho la propia Corte Constitucional¿ cuando existen valores, derechos fundamentales y bienes colectivos de rango constitucional que ameritan ser protegidos y sólo en la medida en que, mediante un ejercicio de ponderación racional (en el cual se incluye el test de razonabilidad), sea necesaria dicha limitación, restricción, condicio-namiento o modalización de la conducta reglamentada¿.

Y, en apoyo de la necesidad de proceder a reglamentar y restringir el uso del consumo de dosis personal de estupefacientes, para proscribir las modalidades socialmente dañinas, expusimos en dicho informe las siguientes consideraciones:

¿Aunque en sí misma sea jurídicamente irreprochable, el legislador no puede ignorar que la conducta de consumo de estupefacientes realizada en ciertos espacios sociales puede lesionar o poner en grave riesgo de imitación o iniciación en ellas a los menores de edad y a las demás personas que no se avienen a tolerarla en su presencia. Piénsese también en que el uso de drogas alucinógenas en el seno del hogar puede constituir una conducta insoportable, e incluso un agravio, para los demás miembros de la familia (el cónyuge, los hijos los padres, hermanos, etc.), hasta el punto de poner en peligro la tranquilidad doméstica y en casos extremos o repetidos llegar a destruir la unidad del grupo familiar. No puede olvidarse que, en nuestro contexto socio cultural, el consumo de drogas psicotrópicas es considerado un acto severamente reprochable y el hacerlo delante los demás convivientes que así lo valoran puede llegar a ser experimentado por los demás como una cierta forma de violentarlos (maltrato moral intrafamiliar).

¿Tampoco puede el legislador colombiano hacer caso omiso de que, dada la actual permisión de la conducta en comento, es en los establecimientos escolares donde hoy se lleva a cabo la iniciación del niño o del adolescente en el consumo de sustancias estupefacientes y que crean dependencia, tales como la marihuana, el bazuco, la cocaína, el `éxtasis¿, etc. Y que en muchos casos son, infortunadamente, personas mayores quienes las proveen a los niños o jóvenes dentro de los establecimientos mismos o en los alrededores. Ante tal hecho social la ley tiene que responder con medidas de prevención general, proscribiendo drásticamente que en las aulas y los patios educativos, en las canchas y zonas de recreo circulen libremente drogas tan nocivas para la salud física y el desarrollo integral de los niños y jóvenes. Lo mismo puede afirmarse en reafición con escenarios en los que se concentra gran cantidad de jóvenes y niños en busca de esparcimiento, recreación o cultivo del espíritu, como es el caso de los estadios, los teatros, los coliseos deportivos, etc. en los cuales el consumo de estupefacientes no sólo pone en peligro la seguridad misma de los allí reunidos ¿dado el estado psíquico de los consumidores¿ sino que puede incitar a los demás, especialmente adolescentes, al uso de tales sustancias.

¿En todos estos supuestos, el consumo de drogas estupefacientes o alucinógenas trasciende la esfera individual y genera grave riesgo para la seguridad y el sosiego doméstico o para la seguridad colectiva, pero, sobre todo, se crean situaciones propicias para que los menores de edad imiten tal comportamiento, encuentren fácil y `normal¿ realizarlo o se los induzca a ello. No hay psiquismo humano más fácilmente sugestionable, gregario e influenciable por invitación o imitación de terceros que el de los niños y adolescentes, quienes, amén de que aún no son sujetos autónomos ¿su personalidad está apenas en formación¿ carecen de la capacidad para saber los graves riesgos de salud que comporta el consumo de las aludidas drogas.¿

2.2 Resultados del primer debate:

En la sesión del día martes 6 de los corrientes la honorable Comisión Primera de la Cámara de Representantes dio su aprobación al proyecto en estudio con el pliego de modificaciones sugerido por los ponentes, y adicionalmente acogió algunas proposiciones de ley que en aras a optimizar los fines de la iniciativa fueron presentadas por los miembros de dicha célula legislativa durante la discusión. Las más relevantes modificaciones apuntan a darle contornos muy precisos a la conducta objeto del reproche contravencional, a saber, el consumo de estupefacientes en presencia de menores de edad o en ámbitos familiares cerrados donde habiten menores de edad, así como el porte o almacenamiento en lugares de habitual concurrencia de menores, tales como los colegios o sitios aledaños a los mismos. Igualmente, se perfeccionó la configuración técnico-jurídica de la norma en ciernes.

De esta manera, gracias a la responsable labor de configuración normativa desarrollada en la Comisión Primera, hoy contamos con un texto bastante mejorado en relación con la propuesta inicial pr ocedente del Senado.

3. RECOMENDACIONES A LA PLENARIA DE LA CAMARA

Tal como lo expresamos ante la Comisión Primera, el proyecto en estudio resulta altamente necesario y urgente en las actuales circunstancias de preocupante aumento del consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas entre niños y jóvenes. Las investigaciones sobre la materia revelan que cada vez es más temprana la edad en que los niños y adolescentes se inician en el consumo de este tipo de drogas y en muchas ocasiones el escenario de tan temprano contacto con ellas es el hogar y la escuela. Lo más alarmante es que los proveedores de dichas sustancias se camuflan entre los alumnos o entre los asistentes a eventos de diversión y esparcimiento.

Consecuentemente, se impone adoptar medidas de naturaleza preventiva y enderezadas exclusivamente a la protección de los menores de edad, las cuales comportarían:

a) Un mensaje educativo de carácter moral y cultural a la sociedad, a fin de prevenir contra la tendencia de nuestras sociedades al uso de drogas estupefacientes y alucinógenas. El Congreso de Colombia, vía ley, puede decirle a nuestros niños y jóvenes que el consumo de estupefacientes no es comportamiento sano ni aconsejable y que sólo cuando se es adulto se tiene la libertad de hacerlo, pero siempre y cuando con ello no se incite o propicie el contacto de menores con las drogas psicotrópicas;

b) Un mensaje de disuasión coercitiva a quienes consumen sustancias estupefacientes de manera irresponsable, en situaciones en las que se pone a los menores de edad en riesgo de imitar la conducta o se lesiona la armonía de la convivencia en espacios cerrados de diversión o en el hogar;

Nuestra recomendación a la Plenaria de esta Cámara no puede ser otra que la de dar su aprobación al proyecto en mención. Con todo, a fin de optimizar la eficacia del mismo, sugerimos introducirle unas cuantas modificaciones, algunas de ellas por oportuna insinuación de los honorables Representantes Reginaldo Montes y Luis Fernando Velasco. Destacamos las siguientes:

¿ En el artículo 1º: eliminar la expresión ¿y con grave riesgo y directo para la salud física o el sano desarrollo integral de los mismos¿, por cuanto su textura difusa puede tornar nugatoria en la práctica la aplicación de la sanción. En efecto, la demostración probatoria de relaciones fácticas de causalidad o de alta probabilidad en materia psicológica, amén de dejar un margen muy amplio de apreciación al operador jurídico, exige un despliegue procesal incompatible con la naturaleza expedita de estas actuaciones.

¿ En el artículo 3º: suprimir la nueva tipificación de la conducta, por resultar redundante respecto al artículo 1º que la engloba. Además, debe respaldarse con una consecuencia jurídica sancionatoria el mandato legal que impone a los cuerpos policivos la obligación de impedir tal conducta.

¿ En el artículo 6º: corregir una posible incoherencia en cuanto al requisito de la querella para la iniciación de la acción judicial.

¿ En el artículo 7º: suprimir el verbo ¿inducir¿, que se deslizó subrepticiamente en el texto aprobado en la Comisión Primera de Cámara y que hace farragosa y confusa su redacción.

¿ En el título de la ley: darle la necesaria precisión en cuanto a la finalidad social de la norma.

4. CONCLUSION

Por las anteriores consideraciones, respetuosamente proponemos a la Plenaria de la honorable Cámara de Representantes:

Dése segundo debate al Proyecto de ley número 17 de 2000 Senado, 04 de 2001 Cámara, ¿por medio de la cual se tipifica como contravención el uso de la dosis pe rsonal de estupefacientes¿, con el pliego de modificaciones que se anexa a este informe de ponencia.

Atentamente,

Miriam Alicia Paredes, Representante por Nariño; William Vélez Mesa, Representante por Antioquia

PLIEGO DE MODIFICACIONES

AL  PROYECTO DE LEY NUMERO 17 DE 2000 SENADO,
04 DE 2001 CAMARA

por medio de la cual se tipifica como contravención el uso de la dosis personal de estupefacientes y se dictan otras disposiciones.

Para título de la ley:

Por la cual se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, con peligro para los menores de edad y la familia.

Para artículo 1º.

Artículo 1º. El que en presencia de menores de edad consuma estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, incurrirá en las siguientes sanciones:

1. Multa entre dos (2) y cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales cuando incurra en la conducta por primera vez.

2. Multa entre cuatro (4) y seis (6) salarios mínimos legales mensuales en caso de reincidencia.

Parágrafo. En igual sanción incurrirá el que e n su domicilio y con riesgo grave para la unidad y el sosiego de la familia, consuma estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia.

Para artículo 2º:

Artículo 2º. El que consuma, porte o almacene estupefacientes o sustancias que generen dependencia, en cantidad considerada como dosis personal, en establecimientos educativos o en lugares aledaños a los mismos o en el domicilio de menores, será sancionado con multa de cuatro (4) a ocho (8) salarios mínimos legales mensuales.

 Para artículo 3º:

Artículo 3º. Cuando el consumo de sustancias estupefacientes o alucinógenas en presencia de menores de edad se realice en lugar público o abierto al público o en establecimiento comercial de esparcimiento, la Policía procederá inmediatamente a retirar del lugar de los hechos al infractor y a decomisar la sustancia objeto de la contravención. Así mismo, pondrá el hecho en conocimiento de las autoridades competentes.

La omisión o la tardanza en el cumplimiento de tal deber por parte de los miembros de la Policía serán sancionadas con la destitución del empleo.

Para artículo 4º:

Artículo 4º. La sanción de multa a que se refieren los artículos anteriores será convertible en arresto a razón de cinco (5) días de arresto por cada salario mínimo legal mensual impuesto.

Habrá lugar a las sanciones previstas en los artículos anteriores siempre y cuando las conductas no constituyan los delitos tipificados en los artículos 378 (¿estímulo al uso ilícito¿) y 381 (¿suministro a menor¿) del Código Penal.

Para artículo 5º:

Artículo 5º. Serán competentes para conocer de las contravenciones tipificadas en los artículos anteriores los jueces penales o promiscuos municipales, con sujeción al procedimiento previsto para las contravenciones especiales en los artículos 21, inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995 y los principios rectores del Código de Procedimiento Penal.

En ningún caso procederá la privación de la libertad del imputado, salvo en el supuesto de renuencia a pagar la multa dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la providencia que la impusiere. Para la conversión de multa en arresto se escuchará previamente al sancionado y al Ministerio Público y la resolución que la decrete será apelable en el efecto suspensivo.

Para artículo 6º:

Artículo 6º. La acción contravencional procederá de oficio, salvo en el caso contemplado en el Parágrafo del artículo 1º de esta ley, evento en el cual se requerirá querella de parte de los perjudicados por la conducta.

La acción contravencional caduca en seis (6) meses contados desde la fecha de ocurrencia del hecho.

Para artículo 7º:

Artículo 7º. El establecimiento de comercio de esparcimiento público, en cuyo interior su propietario o administrador faciliten, autoricen o toleren el consumo de dosis personal de sustancias estupefacientes o que produzcan dependencia por parte de menores de edad o en presencia de éstos, será sancionado con cierre entre quince (15) y treinta (30) días. En caso de reincidencia la sanción será el cierre definitivo del establecimiento.

Para artículo 8º:

Artículo 8º. De la infracción prevista en el artículo anterior conocerán los Inspectores Municipales de Policía de conformidad con el procedimiento previsto en el Libro Primero del Código Contencioso Administrativo.

Para artículo 9º:

Artículo 9º. Cuando el autor de cualquiera de las conductas contravencionales descritas en la presente ley sea un menor de edad y éste se encontrare en grave situación de adicción o intoxicación con riesgo para su vida o su integridad, podrá ser sometido a tratamiento de rehabilitación y desintoxicación a cargo del Estado, a solicitud de los padres o custodios y previa evaluación del Defensor de Menores, conforme al procedimiento previsto en la Ley 124 de 1993.

En ausencia de padres o custodios o si éstos omitieren solicitar el tratamiento de rehabilitación y desintoxicación del menor de edad, el Defensor de Menores podrá de oficio realizar la evaluación y adoptar la decisión correspondiente.

Para artículo 10:

Artículo 10. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las que le sean contrarias.

Miriam Alicia Paredes, Representante por Nariño; William Vélez Mesa, Representante por Antioquia.