PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 137 DE 2017 SENADO.

por medio de la cual se crea la Comisión Legal de Aforados.

El Congreso de Colombia,

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente ley es crear la Comisión Legal de Aforados al interior de la Cámara de Representantes que conocerá de las denuncias y quejas que se presenten contra los funcionarios de que trata el artículo 174 de la Constitución y los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz.

Artículo 2º. Composición Comisión Legal de Aforados. La Comisión legal de Aforados al interior del Congreso de la República, estará conformada por cinco miembros, elegidos por la Plenaria del Congreso de la República de lista integrada por una comisión accidental designada por las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Representantes.

Esta Comisión Accidental tendrá en cuenta para integrar la lista de candidatos, las postulaciones que hagan las universidades del país que tengan acreditación de alta calidad en sus facultades de derecho.

Artículo 3º. Competencia de la Comisión Legal de Aforados y Procedimiento ante la Cámara de Representantes y el Senado de la República. La Comisión Legal de Aforados presentará ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, informe de acusación contra el Presidente de la República, los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Jurisdicción Especial de Paz y el Fiscal General de la Nación, cuando hubiere causas constitucionales para ello.

Si el informe de acusación es aprobado, una comisión accidental de la Cámara de Representantes presentará acu sación en contra del funcionario investigado ante el Senado de la República, que decidirá sobre la procedencia o no de la acusación, de ser aprobada la acusación, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 175 de la Constitución.

Artículo 4º. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial los artículos 311, 312, 327 y 328 de la Ley 5ª de 1992.

Cordialmente,

 

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la entrada en vigencia de la Ley 5ª de 1992, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se han presentado tres mil cuatrocientos noventa y siete denuncias, de las cuales mil novecientos cincuenta y siete fueron archivadas, mil quinientos treinta y ocho no tienen avances y en solo una hubo acusación.

Desde el año 2012 con el Proyecto de Acto legislativo de la Reforma a la Justicia, se propuso una modificación a esta Comisión con el objetivo de que una comisión de expertos juristas sea la que tenga la competencia de adelantar la investigación y acusación ante la Cámara de Representantes. Una de las principales motivaciones de esta reforma es permitir que quienes se dediquen a esa importante función, tengan una dedicación exclusiva a la misma.

En el Acto Legislativo número 02 de 2015 se creó la Comisión de Aforados que tenía como competencia el juzgamiento de los magistrados de las altas cortes y del Fiscal General, esta reforma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-373-16, en esta sentencia se estableció que era una grave vulneración al principio transversal de un Estado Democrático de división de poderes, al eliminar el denominado antejuicio político.

Al respecto dijo el alto Tribunal Constitucional:

El Constituyente originario estableció un régimen constitucional que limita, mediante reglas sustantivas y procedimentales la remoción anticipada de estos funcionarios, su suspensión y la imposición de sanciones durante el periodo para el cual sean designados. El sistema diseñado buscaba asegurar que la investigación, la acusación y el juzgamiento de los funcionarios judiciales (i) no afectara negativamente el ejercicio imparcial de sus competencias, (ii) tomara en cuenta su posición en el vértice de una de las ramas del poder público y (iii) permitiera considerar los efectos de la remoción o suspensión desde la perspectiva de la estabilidad del sistema constitucional. Como se desprende de todo lo expuesto, elementos sustantivos y procesales confluyen en el régimen mencionado. Los primeros se refieren a la prohibición de la remoción y de la suspensión por causas diferentes a las establecidas en la Constitución y los segundos aluden a la vigencia de un procedimiento especial. La imposición de sanciones únicamente por causas constitucionales que revisten de una especial gravedad desde el punto de vista de las funciones desempeñadas es, en el régimen elaborado en 1991, una exigencia explícita de los referidos artículos 175 y 178 de la Carta, así como del artículo 233 superior que, tratándose de los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, determina que ¿permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso¿.

Tomando en cuenta lo establecido en esta providencia, la propuesta que se hace en esta iniciativa de ley orgánica, es mantener el antejuicio político, pero con un trámite diferente al interior del Congreso de la República, a través de una Comisión de abogados postulados por las mejores facultades de derecho del país, que deberán presentar el informe de acusación ante la Cámara de Representantes, para que esta corporación legislativa apruebe o rechace este informe.

La decisión sobre el informe y la acusación se mantienen tal y como está establecida en la Constitución Política, mediante votación que se haga en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República respectivamente.

La Comisión de Aforados se limita a la presentación de este informe y en caso de ser aprobado, una Comisión Accidental de la Cámara de Representantes deberá presentar el informe de acusación ante el Senado de la República para que decida sobre la procedencia o no de la acusación y en caso de aprobarse, el Senado procederá a presentar la denuncia formal ante la Corte Suprema de Justicia, como juez natural de los altos funcionarios del Estado.

Cordialmente,

 

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SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General  (arts. 139 y ss Ley 5ª de 1992)

El día ¿ del mes de ¿ del año ¿ se radicó en este despacho el Proyecto de ley número 137 con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales por:

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes

Bogotá, D. C., 27 de septiembre de 2017

Señor Presidente:

Con el fin de repartir el Proyecto de ley número 137 de 2017 Senado, por medio de la cual se crea la Comisión Legal de Aforados, me permito remitir a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa, presentada el día de hoy, ante la Secretaría General del Senado de la República por el honorable Senador Roy Barreras Montealegre. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 27 de septiembre de 2017

De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley a la Comisión Primera Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea pub licado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Efraín José Cepeda Sarabia.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.