INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 003 DE 2017 SENADO, 006 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las Organizaciones Políticas Independientes ¿ Procedimiento Legislativo Especial.

Honorable Senador

Honorable Senador

CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE

Presidente Comisión Primera

Senado de la República

Referencia: Informe de ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República al Proyecto de Ley Estatutaria número 003 de 2017 Senado y 006 de 2017 Cámara, por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes - Procedimiento Legislativo Especial.

Respetado señor Presidente:

En cumplimiento de la honrosa designación que la Mesa Directiva nos hiciera, de la manera más atenta, por medio del presente escrito y dentro del término establecido para el efecto, procedo a rendir informe de ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República al Proyecto de Ley Estatutaria número 003 de 2017 Senado, 006 de 2017 Cámara, por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las Agrupaciones Políticas Independientes¿ Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, conforme lo dispuesto en el artículo 1° del Acto Legislativo número 1 de 2016.

1. Antecedentes del proyecto

¿ El Proyecto de Ley Estatutaria número 003 de 2017 Senado, 006 de 2017 Cámara fue radicado el día 1º de febrero de 2017 por el Ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo Bustos y publicado en la Gaceta del Congreso número 32 de 2017.

¿ Fueron designados como ponentes el honorable Representante Humphrey Roa Sarmiento y el honorable Senador Roy Barreras Montealegre.

¿ Los días 15 y 21 de febrero de 2017 se adelantaron audiencias públicas con una amplia participación ciudadana en las Comisiones Primera de Senado y Cámara respectivamente.

¿ El día 7 de marzo de 2017, se adelantó el primer debate del presente proyecto de ley en sesión conjunta por parte de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes. De esta manera, el proyecto fue aprobado por cada una de las comisiones de conformidad con las mayorías requeridas por la Constitución y la ley para una norma estatutaria, como la presente.

2. Debate en Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara de Representantes

Durante el citado debate, en sesión conjunta, por parte de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, se discutieron y avalaron por parte del Gobierno nacional, de conformidad con lo establecido por el literal (h) del artículo 1º, las siguientes proposiciones:

AVALADAS EN PRIMER DEBATE

ARTÍCULO

PROPOSICIÓN

Congresistas

6° y 7°

Artículo 6°. Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no podrán acceder a los derechos que se le reconocen a las organizaciones políticas de oposición o independientes, en la presente ley.

Eduardo Enríquez Maya.

 

Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República y otra en la Cámara de Representantes, durante el periodo de estas corporaciones. Terminados los escrutinios electorales, la autoridad electoral les expedirá las respectivas credenciales.

Quienes resultaren elegidos mediante esta fórmula, serán miembros adicionales de las actuales Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y, con la agrupación política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en este artículo y harán parte de la bancada de la misma agrupación política.

Artículo 7°. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas Departamental, Concejos Distrital y Consejos Municipales respectivamente; durante el periodo de estas corporaciones. Con la agrupación política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en este artículo y harán parte de la bancada de la misma agrupación política.

Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador, Alcalde Distrital y Municipal y previo a la de las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo puesto en votación, deberán manifestar por escrito ante la comisión escrutado ra competente, su decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas Departamentales y Consejos Distritales y Municipales.

Si no hay aceptación de la curul, se aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de todas las curules de Asambleas Departamentales y Concejos distritales y Municipales.

Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, la autoridad electoral es expedirá las credenciales como diputados y concejales distritales y municipales a los que ocuparon los segundos puestos en la votación para los mismos cargos y aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de las curules restantes de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

 

17

Artículo 17. Si el medio no concede la oportunidad de responder al afectado y quien así se considere contacta al medio de comunicación, dentro de los tres días siguientes a la emisión de las declaraciones, u este se niega a permitir la intervención, la organización de oposición afectada podrá acudir a la acción de protección de los derechos de la oposición en los términos del artículo 28 de la presente ley.

Manuel Enríquez Rosero y otros

23

Artículo 23. Derecho se oposición en las Juntas Administradoras locales:

Las organizaciones políticas declaradas en oposición a los gobiernos municipales y distritales y con representación en las Juntas Administradoras Locales, tendrán dentro de ellas los siguientes derechos: participación en las Mesas Directivas de plenaria participación en la agenda de la corporación pública en los términos de esta ley y a participar en las herramientas de comunicación de la corporación pública.

Manuel Enríquez Rosero y otros.

 

Las siguientes proposiciones fueron presentadas por los honorables Congresistas durante el transcurso del debate:

Proposiciones presentadas en primer debate

Artículo

Proposición

Congresista

1

Modificar el artículo 1° para eliminar lo último ¿y algunos derechos de las organizaciones independientes¿.

Carlos Abraham Jiménez

2

Eliminar la palabra ¿grave¿ del último inciso.

Claudia López/Angélica Lozano

3

Eliminar el artículo 3°.

Carlos Motoa

5

Modifíquese el literal (g):

g. Equidad de género. Las organizaciones políticas y los partidos políticos, incluidos los que se declaren en oposición compartirán el ejercicio de los derechos que le son propios entre hombres y mujeres, de manera paritaria, alternante y universal.

Claudia López/Angélica Lozano

5

Se adiciona ¿la no estigmatización¿ al numeral b del artículo 5°:

b. Principio democrático. El derecho fundamental a la oposición e independencia política es una condición esencial de la democracia participativa y debe realizarse reconociendo los valores de la convivencia, la tolerancia, la deliberación pública, la no estigmatización y el respeto a las diferencias.

Manuel Enríquez Rosero

5

Adiciónese un literal al artículo 5°:

i. Control político: el ejercicio del control político permitirá a las organizaciones políticas y a las organizaciones independientes verificar y controlar las acciones políticas y administrativas del gobierno.

Clara Rojas (Cámara)

6

Eliminar el numeral 2 del artículo 6° y adicionar la palabra establecidos en vez de independientes del último inciso.

Carlos Abraham Jiménez

6

Adiciónese un parágrafo al artículo 6°:

Parágrafo. Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, las organizaciones políticas podrán, por una sola vez y ante la Autoridad Electoral, modificar su declaración política durante el periodo de su gobierno.

Claudia López/Angélica Lozano

6

Se modifica el artículo 6° adicionando: Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, so pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral las organizaciones políticas deberán optar por:

Manuel Enríquez Rosero

6

Adiciónese un inciso al artículo 6°:

La declaración política de oposición o independencia podrá modificarse en cualquier tiempo y con plena observancia del principio de buena fe, esta modificación deberá efectuarse ante la misma autoridad que realizó la inscripción, quien se encargará de su publicación y difusión.

Jorge Enrique Rozo (Cámara)

6

Adiciónese un parágrafo al artículo 6° que diga: ¿Parágrafo nuevo. Las organizaciones políticas podrán rescindir su declaración política y adoptar otra diferentes ante la Autoridad Electoral solo dentro de la primera mitad del periodo de gobierno¿.

Alfredo Rangel, Jaime Amín, etc.

6

Adiciónense dos incisos al artículo 6° así:

¿Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República y otra en la Cámara de Representantes, durante el periodo de estas corporaciones. Terminados los escrutinios electorales, la autoridad electoral les expedirá las respectivas credenciales.

Quienes resultaren elegidos mediante esta fórmula, serán miembros adicionales de las actuales Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y con la agrupación política a que pertenezcan, podrá intervenir en las opciones previstas en este artículo y harán parte de la bancada de la misma agrupación política.

Enríquez Maya, Humphrey Roa, etc.

7

Adiciónense 4° incisos al artículo 7°:

Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar en su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales respectivos, durante el periodo de estas corporaciones. Con la agrupación política a que pertenezcan, podrán intervenir en las oposiciones previstas en este artículo y harán parte de la bancada de la misma agrupación política.

Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador, Alcalde Distrital y Municipal y previo a la de las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo puesto en votación, deberán manifestar por escrito ante la comisión escrutadora competente, su decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

Si no hay aceptación de la curul, se aplicará la regla general prevista en el artículo 264 de la Constitución Política para distribución de todas las curules de Asambleas Departamentales y Concejos distritales y municipales.

Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, la autoridad electoral les expedirá las credenciales como diputados y concejales distritales y municipales a los que ocuparon los segundos puestos en la votación para los mismos cargos y aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de las curules restantes de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

Enríquez Maya, Humphrey Roa, etc.

8

Modifíquese el parágrafo transitorio del artículo 8° para que quede así:

Parágrafo transitorio. Las agrupaciones políticas tendrán un año , a partir de la vigencia de esta ley, para modificar sus estatutos y definir el mecanismo o autoridad competente para realizar la declaratoria política. Mientras esto sucede, le corresponderá a la bancada de la corporación pública realizar la respectiva declaración.

Claudia López/Angélica Lozano

8

Adiciónese una frase al parágrafo del artículo 8° de tal forma que quede así: ¿Parágrafo transitorio. Mientras los estatutos de los partidos y movimientos políticos con personería definen el mecanismo o autoridad competente para realizar la declaración política o su modificación, le corresponderá a la bancada de la corporación pública, según sea el nivel de gobierno, realizar la respectiva declaración por mayoría absoluta¿.

Manuel Enríquez Rosero

8

Adiciónese una frase al parágrafo del artículo 8° de tal forma que quede así: ¿Parágrafo transitorio: Mientras los estatutos de los partidos y movimientos políticos con personería definen el mecanismo o autoridad competente para realizar la declaración política o su modificación, le corresponderá a la bancada de la corporación pública, según sea el nivel de gobierno, realizar la respectiva declaración por mayoría absoluta¿.

Manuel Enríquez Rosero

8

Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 8° quedando así:

¿Parágrafo transitorio 2°. Los partidos y movimientos políticos deberán, para las elecciones del Congreso de la República del año 2018, prever en sus estatutos los mecanismos para la participación efectiva de sus afiliados en la definición de su declaración político¿.

Alfredo Rangel

9

Modifíquese el artículo 9° quedando así:

Artículo 9°. Registro y publicidad. La declaración política deberá registrarse ante la correspondiente Delegación Departamental o Registradora Distrital o Municipal, según lo corresponda quienes deberán remitirla a la Autoridad Electoral, para que la inscriba en el registro único de partidos y movimientos políticos. A partir de la inscripción se harán exigibles los derechos previstos en esta ley.

Jorge Enrique Rozo (Cámara)

10

Eliminar la palabra independiente del artículo 10.

Carlos Abraham Jiménez

10

Modificar el artículo 10 eliminando la palabra ¿legales¿ del último inciso.

 

Claudia López/Angélica Lozano

11

Incluir el derecho a citar al Procurador, Defensor y al Contralor para responder a cuestiones propias de su entidad.

Germán Navas

11

Modificar el artículo 11, literal 3 para que quede así:

e) Participación en las Mesas Directivas de Plenarias y Comisiones de las corporaciones públicas de elección popular.

Claudia López/Angélica Lozano

12

Modifíquese el artículo 12 quedando así:

Artículo 12. Financiación adicional para el ejercicio de la oposición. Se apropiará una partida adicional para el Fondo Nacional de Financiación Política, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del financiamiento del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, con destino a las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional. Esta partida se distribuirá en partes iguales entre todos ellas. El Gobierno reglamentará el mecanismo para cumplir esta disposición el cual deberá garantizar el correcto ejercicio del derecho fundamental a la oposición.

Parágrafo. En el evento de modificación a la declaratoria de oposición al Gobierno nacional, la organización política deberá devolver el dinero no ejecutado al Fondo Nacional de Financiación Política, para lo cual, la Autoridad Electoral deberá establecer un mecanismo de seguimiento y monitoreo a la ejecución de la partida adicional a que se refiere este artículo.

Manuel Enríquez Rosero

12

Modifíquese el artículo 12 aumentando la partida del Fondo Nacional de Financiación Política:

Artículo 12. Financiación adicional para el ejercicio de la oposición. Se apropiará una partida adicional para el Fondo Nacional de Financiación Política, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del financiamiento del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, con destino a aquellos declarados en oposición al Gobierno nacional. Esta partida se distribuirá de manera proporcional a su representación en el Congreso.

Alfredo Rangel

12

Modifíquese el artículo 12 quedando así:

Artículo 12. Financiación adicional para el ejercicio de la oposición. Se apropiará una partida adicional para el Fondo Nacional de Financiación Política, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del financiamiento del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, con destino a a quellos declarados en oposición al Gobierno nacional, quienes internamente garantizarán el manejo de los recursos asignados de acuerdo a los principios constitucionales y legales rectores del presente Estatuto. Esta partida se distribuirá en partes iguales entre todos ellos.

Clara Rojas (Cámara)

12

Modifíquese el artículo 12 adicionando un parágrafo:

Parágrafo transitorio. De esta financiación, se excluirá hasta el año 2026, el partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal.

Claudia López/Angélica Lozano

12

Modifíquese el artículo 12, inciso tercero para que la financiación sea hasta un mínimo de 85% de recursos estatales.

Alexánder López

13

Agregar en el literal (h) ¿los organizaciones¿. Y adicionar la palabra parágrafo en vez de (i).

Humphrey Roa

14

Modifíquese el primer inciso del artículo 14 así:

Artículo 14. Acceso a medios de comunicación en la posesión del Presidente de la República. Luego de la transmisión oficial de la posesión del Presidente de la República, las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional tendrán un tiempo de veinte (20) minutos¿

Alfredo Rangel

14

Elimínese el artículo 14 en su totalidad.

Jorge Enrique Rozo (Cámara)

15

Modificar el inciso primero del artículo 15 para que quede así:

Artículo 15. Acceso a medios de comunicación en alocuciones presidenciales. Cuando el Presidente de la República haga alocuciones oficiales en medios de comunicación que usan el espectro electromagnético, las organizaciones polí ticas declaradas en oposición al Gobierno nacional, tendrán en el transcurso de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas, en los mismos medios, con igual tiempo y horario, espacios para controvertir la posición del gobierno. Esta opción tendrá un límite de una vez por semestre. De no ser posible construir un acuerdo entre las organizaciones políticas declaradas en oposición, el tiempo será distribuido en proporción a su representación en el Congreso.

Centro Democrático

15

Modifíquese el artículo 15 sobre acceso a medios de comunicación para que la oposición tenga 12 veces la posibilidad de controvertir las alocuciones oficiales del Gobierno quedando así:

Artículo 15. Acceso a medios de comunicación en alocuciones presidenciales. Cuando el Presidente de la República haga alocuciones oficiales en medios de comunicación (...) las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional, tendrán en el transcurso de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas, en los mismos medios, con igual tiempo y horario, espacios para controvertir la posición del gobierno. Esta opción tendrá un límite de (12) doce veces en el año...

Alfredo Rangel

15

Elimínese el artículo 15 en su totalidad.

Jorge Enrique Rozo (Cámara)

16

Eliminar las palabras ¿en forma preferencial¿ de la tercera frase del artículo 16.

Carlos Abraham Jiménez

16

En el marco de la solicitud de información y documentación oficial se elimina la expresión ¿en forma preferencial¿ para que este derecho se dé igual acceso para todos.

Carlos Abraham Jiménez López

16

Elimínese el parágrafo del artículo 16.

Jorge Enrique Rozo (Cámara)

17

Modificar el inciso tercero y reemplazar el últimos dos incisos por lo siguiente:

Cuando los ataques mencionados por una intervención o declaración de los funcionarios enunciados, transmitida en los noticieros y programas de opinión que se emitan en los medios de comunicación social del Estado, que utilicen el espectro electromagnético, el medi o de comunicación donde se emitió la declaración podrá dar la oportunidad a la organización de oposición afectada de responder y controvertir el ataque. Cuando el medio de comunicación en el cual se haya emitido el ataque haya dado oportunidad de respuesta, no procederá en ningún caso el derecho de réplica.

En todo caso se respetará la autonomía e independencia de los medios de comunicación en su sana crítica.

Álvaro Hernán Prada

17

Adicionar al inciso 4° las siguientes modificaciones para que quede así:

Manuel Enríquez Rosero

17

Modifíquese el penúltimo inciso del artículo 17 quedando así:

Si el medio no concede la oportunidad de responder al afectado y quien así se considere contacta al medio de comunicación, dentro de los tres días siguientes a la emisión de las declaraciones, y este se niega a permitir su intervención, la organización de oposición afectada podrá acudir ante los Tribunales Administrativos en casos de emisiones locales o regionales, y ante el Consejo de Estado en el caso de emisiones nacionales con el fin de que se proteja su derecho, sin perjuicio del respecto al debido proceso, derecho de defensa y contradicción de las partes.

Manuel Enríquez Rosero

Si el medio no concede la oportunidad de responder al afectado y quien así se considere contacta al medio de comunicación, dentro de los tres días siguientes a la emisión de las declaraciones, y este se niega a permitir su intervención, la organización de oposición afectada podrá acudir a la acción de protección de los derechos de oposición en los términos del artículo 28 de la presente ley.

17

Modifíquese el artículo 17 para eliminar la palabra ¿grave¿ del primer inciso (tercera línea).

Claudia López/Angélica Lozano

18

Adicionar un parágrafo al artículo 18 para que quede así:

Parágrafo. Teniendo en cuenta el partido mayoritario de oposición en el Congreso de la República, este tendrá participación en las Mesas Directivas de las Plenari as de Senado de la República y Cámara de Representantes a partir de la próxima instalación de legislatura.

Centro Democrático

18

Incluir ¿de las Plenarias del Congreso¿ en la tercera frase y alminar municipales.

Carlos Abraham Jiménez

18

Adicionar un último inciso al artículo 18 que diga:

La conformación de las Mesas Directivas de las respectivas comisiones de las corporaciones públicas se harán teniendo en cuenta lo estipulado en este artículo.

Claudia López/Angélica Lozano

18

Adiciónese un inciso al artículo 18 derogándose el inciso 2° del artículo 40 de la Ley 5ª de 1992.

Germán Navas

18

Se propone que la participación en las Mesas Directivas a las organizaciones que se declaren en oposición sea en las Plenarias del Congreso de la República.

Carlos Abraham Jiménez López

18

Modifíquese el primer inciso del artículo 18 quedando así:

Artículo 18. Participación en Mesas Directivas de Plenarias de corporaciones públicas de elección popular. Las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la correspondiente corporación pública, tendrán participación a través de al menos una de las posiciones de las Mesas Directivas, incluidas las de las Comisiones Permanentes, del Congreso de la República, las asambleas departamentales, los concejos distritales o municipales. Los candidatos para ocupar la plaza que le corresponda a la oposición solo podrán ser postulados por dichas organizaciones, por decisión mayoritaria entre ellas.

Alfredo Rangel

19

Modificar las veces que cambian el orden del día por 3 veces y en el último inciso agregar que ¿no será sometido a votación ni podrá ser modificado una vez inicie la sesión¿.

Carlos Abraham Jiménez

19

Adiciónese un parágrafo al artículo 19:

Parágrafo. Será considerada falta grave la inasistencia del servidor o funcionario público citado a debate de control político durante las sesiones en donde el orden del día haya sido determinado por las organizaciones declaradas en oposición.

Claudia López/Angélica Lozano

19

Modifíquese el artículo 19 de tal forma que los voceros de la oposición puedan determinar la agenda 10 veces, quedando así:

Artículo 19. Participación en la Agenda de las Corporaciones Pública. Los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición (...) tendrán derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria y comisiones permanentes, diez (10) veces durante cada legislatura del Congreso, y una (1) vez durante cada período de sesiones ordinarias de la asamblea departamental, concejo distrital o municipal, según corresponda.

Alfredo Rangel

19

Adiciónese una frase al primer inciso del artículo 19:

Artículo 19. Participación en la Agenda de las Corporaciones Pública. Los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la respectiva corporación pública de elección popular, según sus prioridades y de común acuerdo entre ellos, tendrán derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria y comisiones permanentes, tres (3) veces durante cada legislatura del Congreso, entiéndase legislatura como un periodo de tiempo comprendido entre el 20 de julio al 20 de junio del año siguiente y una (1) vez durante cada período de sesiones ordinarias de la asamblea departamental, concejo distrital o municipal, según corresponda. El orden del día podrá incluir debates de control político. La Mesa Directiva deberá acogerse y respetar ese orden del día.

Clara Rojas (Cámara)

20

Modifíquese el artículo 20 así:

Artículo 20. Participación en la Comisió n de Relaciones Exteriores. Para la selección de los miembros del Senado de la República en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se elegirá al menos un principal y un suplente de las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional y con representación en dicha cámara, de los cuales uno será mujer y se alternará la posición de principal y suplencia entre el hombre y la mujer. Los candidatos solo podrán ser postulados por dichas organizaciones.

Clara Rojas (Cámara)

21

Adiciónese un parágrafo al artículo 21:

Parágrafo. Las agrupaciones declaradas en oposición e independientes definirán el veinte por ciento (20%) de la parrilla de la programación del Canal del Congreso.

Claudia López/Angélica Lozano

22

Adiciónese un parágrafo al artículo 22:

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional deberá hacer público en los portales web institucionales, los planes proyectos y programas relacionados a la ejecución del gasto público en las regiones, desde el momento que empieza su trámite, indicando el objeto de los planes, programa o proyecto, su monto, nombre de las entidades que contratarán y ejecutan, así como los actores que propusieron dicho programa o proyecto, tales como funcionarios, congresistas y su respectivo partido político, sin importar si estos son de la oposición o de gobierno, autoridad local, o organización social y/o ciudadana.

Clara Rojas (Cámara)

22(A)

Adiciónese un artículo nuevo sobre garantía y participación en la discusión del presupuesto de Inversión.

Claudia López/Angélica Lozano

22

Adicionar un parágrafo con el fin de establecer que las plenarias de las Cámaras del Congreso podrán efectuar modificaciones o traslados de las partidas en el proyecto de presupuesto e incluir nuevas partidas, siempre que no se exceda el monto definitivo del presupuesto decidido en las Comisiones Conjuntas.

Germán Navas

22

Adiciónense dos parágrafos al final del artículo 22 previendo que ningún servidor público podrá utilizar asignaciones presupuestales para constreñir al elector y previendo que no se podrá votar en contra o a favor de un proyecto de ley a cambio de la asignación de partidas presupuestales.

Alexánder López

23

Modificar el artículo 23 para que quede así:

Artículo 23. Derechos de oposición en las Juntas Administradoras Locales. Las organizaciones políticas declaradas en oposición a los gobiernos municipales y distritales, y con representación en las Juntas Administradoras Locales, tendrán dentro de ellas los siguientes derechos: participación en la Mesas Directivas de Plenarias, participación en la agenda de la corporación pública y a participar en las herramientas de comunicación de la corporación pública.

Carlos Abraham Jiménez

23

Adiciónese una frase al artículo 23:

Artículo 23. Derechos de oposición en las Juntas Administradoras Locales. Las organizaciones políticas declaradas en oposición a los gobiernos municipales y distritales, y con representación en las Juntas Administradoras Locales, tendrán dentro de ellas los siguientes derechos: participación en la Mesas Directivas de Plenarias, participación en la agenda de la corporación pública y a hacerse partícipes en las herramientas de comunicación de la corporación pública.

Jorge Enrique Rozo (Cámara)

23

Modifíquese el artículo 23 así:

Artículo 23. Derechos de oposición en las Juntas Administradoras Locales. Las organizaciones políticas declaradas en oposición a los gobiernos municipales, y con representación en las Juntas Administradoras Locales, tendrán dentro de ellas los siguientes derechos: participación en la Mesas Directivas de Plenarias, participación en la Agenda de las Corporaciones Públicas y a participar en las herramientas de comunicación de la corporación pública.

Manuel Enríquez Rosero

 

Parágrafo. En los Distritos Especiales donde existan Alcaldías Locales, las organizaciones políticas con representación en las Juntas Administradoras Locales deberán optar dentro del mes siguiente a la posesión del Alcalde Local por:

1. Declararse en oposición

2. Declararse independiente

3. Declararse organización de gobierno

Las organizaciones políticas que postularon al candidato Alcalde Local elegido se tendrán como de Gobierno o en coalición con el Gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no podrán acceder a los derechos que se le reconocen a las organizaciones políticas de oposición en este artículo. Las organizaciones políticas con representación en las Juntas Administradoras Locales que no cumplan la anterior condición y que se declaren en oposición, tendrán los siguientes derechos: participación en las Mesas Directivas de Plenarias, participación en la Agenda de las Corporaciones Públicas y a participar en las herramientas de comunicación de la corporación pública.

 

23

Adiciónese una frase al artículo 23:

Artículo 23. Derechos de oposición en las Juntas Administradoras Locales. Las organizaciones políticas declaradas en oposición a los gobiernos municipales y distritales, y con representación en las Juntas Administradoras Locales, tendrán dentro de ellas los siguientes derechos: participación en la Mesas Directivas de Plenarias, participación en la agenda de la corporación pública y a hacerse partícipes en las herramientas de comunicación de la corporación pública.

Jorge Enrique Rozo (Cámara)

24

Modifíquese el primer inciso del artículo 24 así:

Artículo 24. Curules en Senado y Cámara de Representantes. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República y otra en la Cámara de Representantes, durante el periodo de estas corporaciones. Terminados los escrutinios electorales, la autoridad electoral, previa aceptación les expedirá las respectivas credenciales.

Jorge Enrique Rozo (Cámara)

24

Modifíquese el segundo inciso del artículo 24:

Quienes resultaren elegidos mediante esta fórmula, serán miembros adicionales de las actuales comisiones constitucionales permanentes del Senado de la República y de la Cámara de representantes y, con la organización política a que pertenezcan, deberán declararse en oposición o en independencia al gobierno.

Claudia López/Angélica Lozano

25

Modificar el primer inciso del artículo 25 así:

Artículo 25. Curules en las corporaciones públicas de elección popular de las entidades territoriales. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales respectivos, durante el periodo de estas corporaciones. Co n la organización política a que pertenezcan, deberán declararse en oposición o en independencia al gobierno.

Claudia López/Angélica Lozano

26

Eliminar el artículo (capítulo organizaciones políticas independientes).

Carlos Abraham Jiménez

27

Eliminar el artículo (capítulo organizaciones políticas independientes).

Carlos Abraham Jiménez

27

Modifíquese el literal (b) del artículo 27 así:

b. Quienes hayan sido candidatos a cargo de elección popular avalados por ellos, elegidos o no, durante el tiempo que dure el cargo al cual se postuló.

 

28

Eliminar el parágrafo transitorio del artículo 28.

Carlos Abraham Jiménez

28

Adiciónese un parágrafo al artículo 28:

Parágrafo. En el caso qu e el incumplimiento de las medidas tendientes a garantizar la participación equilibrada entre hombres y mujeres, contempladas en este Estatuto, provenga de la acción u omisión de un miembro de la organización política declarada en oposición, la persona afectada, podrá interponer esta acción directamente ante la autoridad electoral y se surtirá igual procedimiento establecido ante este artículo, con excepción de la suscripción de la solicitud, descrita en el numeral b.

Clara Rojas (Cámara)

28

Sustitúyase el artículo 28 así:

Acción de tutela para la protección de los derechos de oposición.

Claudia López/Angélica Lozano

29

Modifíquese el artículo 29 cambiando el nombre ¿Protección de la declaratoria de oposición¿ y modifíquese el numeral b para agregar al final ¿durante el tiempo que dure el cargo al cual postuló¿.

Claudia López/Angélica Lozano

30

Elimínese el parágrafo transitorio del artículo y adiciónense 3 incisos que hagan referencia a que el informe debe contener un balance del ejercicio del derecho fundamental a la oposición en el nivel nacional, departamental y municipal y el Minhaciend a a más tardar 1 año después de la expedición de esta ley apropiará los recursos necesarios para crear y garantizar el funcionamiento de la Procuraduría Delegada para los Derechos de la Oposición.

Claudia López/Angélica Lozano

30

Modifíquese el segundo inciso del artículo 30 así:

En el mes de marzo de cada año, el Procurador General presentará un informe a cada una de las cámaras del Congreso de la República sobre el grado de observancia de los derechos contemplados en este Estatuto, que incluirá un capítulo sobre la implementación de las medidas tendientes a garantizar la participación equilibrada entre hombres y mujeres, contempladas en este Estatuto, el cual deberá incorporarse al orden

Clara Rojas (Cámara)

 

del día para su debate, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de las sesiones ordinarias.

Se le solicitará a la autoridad electoral que reglamente las sanciones por el incumplimiento de la paridad.

 

Nuevo

Adiciónese un artículo nuevo.

Artículo nuevo. Adiciónese un numeral al artículo 4° del Decreto-ley 262 de 2000:

10. Quien dentro del año anterior a la fecha de la elección haya sido afiliado al partido de gobierno o de la coalición de gobierno.

Alfredo Rangel

Nuevo

Adiciónese un artículo nuevo sobre las audiencias públicas de control político de los partidos o movimientos políticos de oposición.

Claudia López/Angélica Lozano

Nuevo

Adicionar un artículo nuevo que diga ¿Los movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos y organizaciones sociales sin personería jurídica, tendrán garantías para ejercer sus derechos políticos y contarán con mecanismos y recursos para desarrollo de su actividad. El Gobierno nacional reglamentará la materia¿.

Alexánder López

Nuevo

Adiciónese un artículo nuevo ¿El Gobierno nacional, se compromete a presentar un Proyecto de Acto Legislativo para garantizar que los candidatos a dirigir los órganos de Control sean postulados por los partidos de oposición¿.

Centro Democrático

Modificar título proyecto

Modifíquese el título para que quede así ¿Por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política¿.

Carlos Abraham Jiménez

 

3. Explicación y contenido del proyecto

3.1. El Estatuto de la Oposición en la Constitución Política

La Constitución Política de Colombia en 1991 instituyó el ejercicio de la oposición a los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno, y encomendó al Congreso de la República su reglamentación, determinando un mínimo de derechos, así:

¿Artículo 112. Los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales, se les garantizan los siguientes derechos: de acceso a la información y a la documentación oficiales; de uso de los medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; de réplica en los medios de comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, y de participación en los organismos electorales.

Los partidos y movimientos minoritarios tendrán derecho a participar en las Mesas Directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos.

Una ley estatutaria regulará íntegramente la materia¿[1][1].

Los constituyentes fueron enfáticos en otorgar garantías para ¿ejercer libremente la función crítica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas¿, un avance significativo en la historia constitucional de Colombia.

Posteriormente, el artículo 112 tuvo dos modificaciones. La primera fue impulsada en la reforma política de 2003, así:

¿Artículo 112. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación.

Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las Mesas Directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos.

Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia¿[2][2].

De los textos transcritos se observan dos cambios: i) el titular de la oposición debe ser un partido o movimiento político con personería jurídica; y, ii) los derechos se atribuyen a estos cuando se declaren en oposición, y no por el simple hecho de no participar en el Gobierno.

Sin embargo, mal podría entenderse, siendo la oposición desarrollo de la libre expresión y la participación política, que este derecho se excluyera a la ciudadanía. Al efecto, la Corte Constitucional, previa de constitucionalidad de la ley 130 de 1994, expresó: ¿Desde luego, la complejidad de las demandas sociales y el carácter no forzoso de la función mediatizadora de los partidos y movimientos, hacen de la oposición un derecho que no se circunscribe a ellos sino que se extiende a toda la sociedad civil¿[3][3].

Aclarado esto, debe enfatizarse que el derecho a la oposición de la ciudadanía y de las organizaciones y/o movimientos sociales no hacen parte de este cuerpo normativo.

Por último, en la reforma de equilibrio de poderes, se adicionaron 3 incisos al artículo 112, que constituye el artículo en vigencia:

¿Artículo 112. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación.

Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las Mesas Directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos.

Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia.

El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá el derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el período de la correspondiente corporación.

Las curules así asignadas en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes serán adicionales a las previstas en los artículos 171 y 176. Las demás curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones.

En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo con la regla general de asignación de curules prevista en el artículo 263¿[4][4].

El Acto Legislativo número 02 de 2015 incluyó dentro de esta norma y con el claro propósito de estimular el ejercicio de la oposición que de forma natural correspondería a quien ha perdido la elección, que los candidatos que le sigan en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá el derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el período de la correspondiente corporación. Las curules así asignadas en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes serán adicionales a las previstas en los artículos 171 y 176. Las demás curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones. En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo con la regla general de asignación de curules prevista en el artículo 263.

3.2. Elaboración y Construcción del Estatuto de la Oposición

A petición de un grupo de partidos y movimientos políticos, el Ministerio del Interior, con el apoyo del Centro Carter y el PNUD, impulsó la puesta en marcha de mesas de trabajo para debatir en torno a propuestas y lineamientos de reforma política sobre tres aspectos: i) estatuto de la oposición política; ii) sistema de partidos y movimientos políticos; y, iii) sistema electoral.

Frente al Estatuto de la Oposición, se surtieron todas las etapas contempladas en el Acuerdo. Durante 17 jornadas se reunieron a los representantes y delegados de los partidos y movimientos políticos, de agrupaciones políticas como Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, y de la Mesa de Conversaciones de La Habana para debatir un nuevo estatuto de oposición. También participaron delegados de otros grupos significativos de ciudadanos como Progresistas, Compromiso Ciudadano y Fuerza Ciudadana.

Así las cosas, se oficializó la Comisión del Estatuto de Oposición el 1º de septiembre de 2016, luego de la firma del Acuerdo de La Habana el 24 de agosto de 2016, debidamente refrendados por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos y el Comandante en Jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, el 26 de septiembre de 2016 en la ciudad de Cartagena. A pesar del revés del plebiscito, cuando fue posible una renegociación y refrendación de los Acuerdos, la Comisión continuó su trabajo.

La Comisión entregó los lineamientos que se le encomendaron en reunión del 7 de diciembre de 2016. Ese mismo día, la Comisión designó a los delegados que conjuntamente con el Gobierno redactaron el proyecto de ley estatutaria, quienes se reunieron en cuatro ocasiones hasta lograr un texto definitivo con los consensos logrados.

Siguiendo con el cumplimiento de lo pactado en el punto 2.1.1.1., el pasado 25 de enero de 2017, con la colaboración del PNUD, se realizó el evento con participación de expertos, académicos y organizaciones sociales para socializar y debatir el proyecto.

Las deliberaciones de los partidos y movimientos políticos tomaron como base tres documentos:

1. Proyecto de ley ¿por la cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política¿ trabajado en 2011 por el Ministerio del Interior y el Polo Democrático Alternativo.

2. Proyecto ¿por medio de la cual se desarrolla el artículo 112 de la Constitución Política y se expide el Estatuto de la Oposición y algunas garantías para las minorías¿, trabajado por la oficina del Consejero Electoral, Armando Novoa.

3. Texto del Estatuto de Oposición construido por la misma Mesa de Partidos y Movimientos políticos para la reforma política con base en las iniciativas presentadas por los participantes y documentos y estudios aportados por el PNUD.

Tabla 1. Sesiones de la comisión de partidos  y movimientos para el Estatuto de Oposición[5][5]

N° sesiones

Fechas

1

28 de junio de 2016

2

7 de julio de 2016

3

14 de julio de 2016

4

28 de julio de 2016

5

4 de agosto de 2016

6

11 de agosto de 2016

7

18 de agosto de 2016

8

24 de agosto de 2016

9

1° de septiembre de 2016

10

8 de septiembre de 2016

11

15 de septiembre de 2016

12

6 de octubre de 2016

13

13 de octubre de 2016

14

20 de octubre de 2016

15

27 de octubre de 2016

16

3 de noviembre de 2016

17

7 de diciembre de 2016

 

Fuente: Ministerio del Interior, Centro Carter y PNUD, 2017.

Tabla 2. Sesiones de la Subcomisión de Redacción para el Estatuto de Oposición

N° sesiones

Fechas

1

14 de diciembre

2

15 de diciembre

3

20 de diciembre

4

22 de diciembre

 

Fuente: Ministerio del Interior, Centro Carter y PNUD, 2017.

3.2. Contenido del proyecto

El proyecto contiene cinco (5) capítulos: i) Disposiciones generales; ii) De los derechos de la oposición; iii) De las organizaciones políticas independientes; iv) De los mecanismos de protección de los derechos de la oposición; y, v) Disposiciones finales. En total sus mandatos suman 33 artículos.

- Capítulo I.

Disposiciones generales

En el primero de los capítulos, ¿disposiciones generales¿, se define el objeto de la ley, se traen algunas definiciones, se identifican las finalidades de la oposición, los principios rectores, se consagra la declaración política, se determinan los niveles territoriales en los que opera, se hace referencia a la competencia para efectuar esta declaración en las organizaciones políticas, se ordena el registro de la misma y se precisa quienes las representan para efectos del ejercicio de los derechos y la activación de los mecanismos de protección que se consagran.

En el artículo primero se expresa que el objeto del proyecto es establecer el marco general para el ejercicio y la protección del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y algunos derechos de los independientes.

El artículo segundo trae definiciones que simplifican el desarrollo del proyecto. La primera de ellas está orientada a unificar en la expresión ¿organizaciones políticas¿ a:

a) Los partidos y movimientos con personería jurídica;

b) Los Grupos significativos de ciudadanos con representación en las corporaciones públicas de elección popular;

c) Movimientos sociales con representación en las corporaciones públicas de elección popular.

Son este tipo de organizaciones a las que está dirigido este proyecto, sin perjuicio de otras normas que regulen la oposición que puedan ejercer individualmente los ciudadanos y organizaciones sociales.

Igualmente se determina que la expresión ¿gobierno¿ se utilizará para referirse tanto al nacional, como a las administraciones departamentales, distritales y municipales.

En el proyecto se usa la expresión ¿Autoridad Electoral¿ cuando se refiere a la asignación de funciones y responsabilidades al hoy Consejo Nacional Electoral o la entidad que haga sus veces.

En el artículo tercero se define la oposición como un derecho fundamental autónomo que goza de la especial protección del Estado. Esta condición no depende de su consagración legal en tanto los derechos fundamentales derivan naturalmente de los sujetos en cuya cabeza radican. Pero la precisión contextualiza la relevancia que tiene la oposición a la hora de construir una democracia con pesos y contrapesos, en donde el disentimiento, la fiscalización, y la crítica sean el fundamento para generar propuestas que promuevan la alternancia en el poder, lo que es propio de la democracia.

En este caso, la titularidad del conjunto de derechos que contiene el de oposición, radica tanto en personas jurídicas como colectivos con capacidad de participar en política, tales como los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que alcancen representación en la corporaciones públicas de elección popular. Es to, sin perjuicio de los derechos de oposición que le son propios a los ciudadanos individualmente considerados y a movimientos y organizaciones sociales sin representación en las mencionadas corporaciones, que sin perder la naturaleza de fundamental tienen un contenido y un desarrollo distinto y ajustado a su contexto.

Por su parte, se define las finalidades de la oposición, entre ellas proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político.

Seguidamente, se contemplan algunos principios que acompañan el ejercicio de la oposición, entre ellos: el democrático, de la participación política efectiva, del pluralismo político, de la equidad de género y la armonización con los convenios y tratados internacionales.

Especial mención ha tenido para los redactores la equidad de género, que en esta ocasión se sale de la genérica expresión de que el Estado la promoverá, y se consagra expresamente como un componente transversal que obliga la participación de mujeres de manera paritaria, alternante y universal, acorde con el principio constitucional del Acto Legislativo número 02 de 2015. De esta forma se convierte en una obligación específica de las organizaciones políticas declaradas en oposición. Tal es la relevancia que se ha querido dar a este concepto que este principio toma la forma de regla concreta cuando se regula el derecho de acceso a medios de comunicación, de participación en las Mesas Directivas de las corporaciones públicas de elección popular; y, en la Comisión de Relaciones Exteriores.

A su vez, se consagra la figura de la ¿declaración política¿, que constituye uno de los ejes de este proyecto. En efecto, si algo ha resultado difícil en la democracia en Colombia ha sido poder identificar a las organizaciones políticas que efectivamente están en oposición. La definición clara de las posturas frente a los gobiernos no solo es necesaria para fortalecer la identidad de los partidos sino para los ciudadanos que tienen el derecho a conocer las distintas propuestas para valorar su comportamiento.

En la concepción inicial del artículo 112 de la Constitución se entendió como oposición a quienes ¿no participen en el Gobierno¿, pero en la reforma introducida por el Acto Legislativo número 01 de 2003 se exigió que ¿se declaren en oposición¿, sin que nos podamos apartar de la idea de que no se puede estar en el Gobierno y en Oposición simultáneamente; es decir, no participar en el gobierno sigue siendo un presupuesto de la oposición.

Sin embargo, es posible que una organización política que no participa en el gobierno no quiera tampoco identificarse como oposición. Esa zona resulta legítima en el universo de las opciones, mucho más en una democracia multipartidista, donde la mayoría de estas organizaciones resultan minoritarias y en muchas ocasiones asumen el papel de bisagras a la hora de consolidar mayorías, bien a favor de las posturas de gobierno o de las de oposición.

Esta opción resulta más valiosa en escenarios donde partidos grandes asumen el papel de oposición, de forma tal, que si los minoritarios también lo hacen, quedan absortos e invisibilizados ante la opinión por los primeros. Por esta razón, la declaración política da a las organizaciones la posibilidad de escoger entre declararse en oposición, independiente o de gobierno o en coalición de gobierno.

La declaración política no es una opción, es una obligación que todas las organizaciones políticas deben cumplir dentro del primer mes del inicio del respectivo gobierno, de manera que la ciudadanía conozca con claridad cuál es la posición que han asumido.

Sin embargo el proyecto trae una limitación frente a la declaración para las organizaciones políticas que han inscrito, sola o en coalición, a quien ha resultado elegido Presidente, Gobernador o Alcalde. En efecto, a ellas se les tendrá siempre como partidos de gobierno, pues aunque se desarrollen conflictos internos que enfrenten a los partidos, o a sus bancadas con sus gobernantes, mal podría frente a los ciudadanos una organización política tener la doble condición de partido de gobierno y de oposición, y gozar simultáneamente de los privilegios y derechos que dan ambas opciones.

Esto no implica esencialmente que los partidos y bancadas de gobierno están obligados a apoyar permanentemente a sus gobernantes, que aunque resulta razonable y coherente, limitaría la libertad de manera desproporcionada y los dejaría indefensos frente a cambios y conductas de sus gobernantes que no se ajusten a sus principios, valores y programas. Bien pueden estas organizaciones no apoyar, apartarse de su gobernante, votar en contra de acuerdo a los procedimientos legales de bancadas, pero en ningún caso esto significa que puedan disfrutar de los derechos propios de la declaración de oposición.

Se precisa que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica pueden declararse en oposición a los gobiernos de cualquier nivel; mientras que los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales solamente frente a aquellos gobiernos en cuyas corporaciones públicas tengan representación.

Quienes tienen personería jurídica y cobertura nacional tienen por objeto permanente y estructural luchar por el acceso y el ejercicio de los poderes públicos, lo que le permite ejercer oposición aun careciendo de bancadas. Por su parte, los grupos significativos son coyunturas regionales de una expresión transitoria; solo tienen la finalidad inicial de postular candidatos y regularmente desaparecen después de las elecciones. Tienen proyección cuando sus postulados salen elegidos y a través de ellos actúan. En ese orden de ideas mal podría reconocerse el derecho de ejercer oposición en niveles de gobierno en donde no existen; es decir, no puede un grupo significativo de ciudadanos que ha postulado y elegido candidatos en un municipio declararse en oposición en otro distante donde no existe.

En cuanto a los movimientos sociales, la Constitución les reconoce, en los términos de la ley, la facultad de postular candidatos a cargos de elección popular. En concreto este derecho opera en las circunscripciones de minorías étnicas. Sin embargo, estos movimientos no tienen entre su objeto ser partidos y movimientos políticos, muy a pesar de que la ley les facilita esa opción para la defensa de sus intereses. Es por esta razón que ellos solo podrán declarar oposición en los niveles territoriales donde han obtenido representación en corporaciones públicas de elección popular. No tendría sentido que un movimiento de esta naturaleza pudiera, sin tener dentro de su objeto el acceso y ejercicio del poder político, acceder a los derechos propios de la oposición política cuando no tiene vocería para ello y quizá ni presencia en ese nivel territorial.

Esto hay que entenderlo sin perjuicio del derecho de oposición que les es propio a las organizaciones sociales, que tiene alcance y contenido diferente a esta iniciativa legislativa, y que se trabaja dentro de un proyecto de ley distinto, relativo a las organizaciones sociales.

Se ordena que los partidos y movimientos políticos determinen en sus estatutos el procedimiento y órganos competentes para hacer la declaración política. Para los Grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales, que carecen de estructura política permanente, este derecho se radica en cabeza de las bancadas. Como norma transitoria se determina que mientras los partidos y movimientos políticos con personería jurídica incluyen en sus estatutos este mecanismo, podrán las bancadas hacer la declaración política.

Posteriormente, se ordena el registro de la declaración política ante la Autoridad Electoral, y que solo a partir de ella se hacen exigibles los derechos que consagra el proyecto de ley. La propuesta obliga a esta autoridad a publicar y difundir este registro para que los ciudadanos puedan conocer con certeza la posición de las organizaciones políticas.

El capítulo de disposiciones generales termina definiendo que para el ejercicio de los derechos de la oposición y de la independencia, y para activar los mecanismos de protección de los mismos, se tendrán como representantes de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, no solo a sus directivos nacionales, sino a los territoriales, de conformidad con sus estatutos. Para los Grupos significativos de ciudadanos a su comité promotor y los miembros de su bancada. Por último, para los movimientos sociales, a sus representantes legales y a los miembros de su bancada.

Capítulo II.

De los derechos de la oposición política

El capítulo segundo define y desarrolla los derechos que se derivan de la declaración de oposición. En concreto se consagran los siguientes:

a) Financiación adicional para el ejercicio de la oposición;

b) Acceso a los medios de comunicación social del Estado o que hacen uso del espectro electromagnético;

c) Acceso a la información y a la documentación oficial;

d) Derecho de réplica;

e) Participación en Mesas Directivas de Plenarias de las corporaciones públicas de elección popular;

f) Participación en la Age nda de las Corporaciones Públicas;

g) Garantía del libre ejercicio de los derechos políticos;

h) Participación en la Comisión de Relaciones Exteriores;

i) Derecho a participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular;

j) Derecho a la sesión exclusiva sobre el Plan de Desarrollo y presupuesto.

Se señala la financiación adicional disponiendo de un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de lo apropiado para el financiamiento público del funcionamiento de los partidos, para ser distribuido únicamente y por partes iguales, entre las organizaciones políticas que se declaren en oposición al Gobierno nacional.

Se regula el acceso a medios de comunicación. Ejercer la oposición genera desequilibrio en la visib ilización de las opiniones frente a las del gobierno. Generalmente las decisiones de este tienen mayor difusión que aquellas de quienes disienten. El hecho de que la cobertura de los medios que usan el espectro no coincida con las circunscripciones de los gobiernos territoriales hizo difícil establecer reglas concretas. Por esta razón, se delega a la Autoridad Electoral, de acuerdo a la cobertura y correspondencia de los medios, previa información de las autoridades competentes, la asignación de los espacios.

El acceso a cada medio de comunicación será asignado por la Autoridad Electoral, con un tiempo no menor de treinta (30) minutos mensuales en cada canal y emisora. Igualmente determinará la duración, frecuencia y fechas de emisión.

Los tiempos se distribuirán entre las organizaciones políticas, la mitad en partes iguales entre todas ellas, y la otra mitad en función del número de escaños que tenga en la correspondiente corporación pública de elección popular.

El costo de los espacios será asumido con cargo al Presupuesto General de la Nación en todos los casos. Sin embargo, cuando se trate de medios de comunicación privados que usan el espectro electromagnético, al momento de hacer nuevas concesiones o entregar nuevos títulos, de renovarla o prorrogarlos, el costo de los espacios adquiere la calidad de obligación especial del servicio, y por tanto estará a cargo de concesionario o tenedor de la frecuencia a cualquier título.

Esta disposición busca no alterar el equilibrio económico de ninguna concesión o cualquier otro título por el que se haya entregado el uso del espectro a medios de comunicación privado, pero establece que en adelante, para nuevos títulos, de antemano se sepa que estarán a cargo de sus beneficiarios.

Se consagra una nueva modalidad de acceso a medios, determinando que cuando el Presidente de la República instale el Congreso, luego de la transmisión oficial, la oposición pueda por los mismos medios, y durante 20 minutos, dar a conocer planteamientos alternativos a los del Gobierno. Se busca que las organizaciones políticas logren un acuerdo sobre cómo distribuir este tiempo, pero en defecto de ello, se distribuirá en proporción a su representación en el Congreso.

Si bien la instalación de Asambleas y Concejos no tiene regularmente transmisión oficial, siempre que ello ocurra la Autoridad Electoral deberá determinar las condiciones en que deba entregarse a los opositores este derecho.

El Presidente de la República tiene, en virtud del artículo 32 de la Ley 182 de 1995, la facultad de ¿utilizar, para dirigirse al país, los servicios de televisión, en cualquier momento y sin ninguna limitación¿. Frente a esto se ha reconocido a la oposición el derecho de controvertir la posición del Gobierno dentro de las 48 horas siguientes, en los mismos medios y con igual tiempo y horario. No obstante, este derecho en el texto propuesto se restringe a solo tres (3) veces por año.

Al igual que en el punto anterior, se busca que los opositores construyan un acuerdo sobre la distribución de este tiempo, pero en su defecto se distribuirá de acuerdo a la representación en el Congreso.

Si bien la norma no ha definido cómo la oposición define sobre cuáles alocuciones se responde, el principio democrático señala que procederá cuando la solicitud esté hecha por la mayoría de las organizaciones declaradas en oposición.

Así mismo, se introduce el acceso a la información y documentación oficial. Se pretende con esto, reducir los tiempos para que la oposición pueda acceder a la información pública y con ello afianzar su rol de fiscalización. Actualmente, el artículo 33 de la Ley 130 de 1994, establece para este derecho un término de quince (15) días. Sin embargo, el artículo 14 de CPCA consagra este mismo término para todos los ciudadanos, e incluso, tratándose de peticiones de documentos de información, está reducido a 10 días. De tal forma que lo que pretende ser un tratamiento especial por lo breve y ágil, hoy ha resultado siendo, el más retardado de la legislación. Por ello, para sintonizarlo con el mandato constitucional del artículo 112, se propone reducir tratándose de organizaciones declaradas en oposición, reducir el término a tres (3) días.

Luego, la réplica consagrada en el proyecto conserva los lineamientos que este derecho ha tenido en el artículo 35 la Ley 130 de 1994. Lo novedoso en esta ocasión será el mecanismo expedito que se crea para garantizarlo, como se explicará en el capítulo correspondiente.

El artículo 112 Constitucional reconoce a los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica el derecho a participar en las Mesas Directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellas. Esta disposición ha tenido desarrollo en el artículo 40 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso) en donde se dispuso que las ¿minorías tendrán participación en las primeras Vicepresidencias de las Mesas Directivas de Senado y Cámara, a través del partido o movimientos mayoritario entre las minorías¿.

La Corte Constitucional expresó sobre esta norma que no es cierto que las únicas minorías que pueden acceder a esta posición son las de oposición. En concreto dijo:

¿4.3 Teniendo en cuenta dicho cargo, considera la Corte que de acuerdo a la interpretación histórica, lingüística y sistemática, analizada anteriormente, no tiene razón la demandante en establecer que las únicas minorías que pueden participar en las Mesas Directivas de las Comisiones del Congreso, son las minorías de oposición. Como se explicó en dichos numerales de acuerdo al sistema de gobierno, a la representación proporcional y a la garantía constitucional a ciertos grupos con el establecimiento de circunscripciones especiales, los partidos y movimientos políticos minoritarios en el Congreso pueden ser múltiples y pueden ser de oposición, neutrales y minoritarios de coalición¿7.

Sin embargo, el artículo 22 de la Ley 1551 de 2012, que reformó el 28 de la Ley 136 de 1994, señaló con relación a las Mesas Directivas de los concejos municipales que ¿el o los partidos que se declaren en oposición al alcalde, tendrán participación en la primera Vicepresidencia del Concejo¿.

En esta ocasión el legislador entendió que solo las minorías que estaban en oposición pueden acceder a este cargo. Este entendimiento parte de la base DE que lo consagrado en el artículo 112 constituye un mínimo de garantías que bien puede la ley extender para hacerlas más eficaces y útiles al sistema político, más aún cuando la práctica política, en especial en los niveles territoriales, es que las mayorías determinaban quién de las minorías estaría en las Mesas Directivas, destruyendo de esa manera las expresiones auténticamente minoritarias, y mucho más a las disidentes.

Al revisar esta norma, la Corte Constitucional avaló su exequibilidad, variando su posición inicial. En efecto, mediante Sentencia C-699 de 2013, expresó:

¿4.2.6. Teniendo en cuenta que algunos de los intervinientes señalaron que el artículo 22 de la Ley 1551 de 2012 recortó los derechos de las minorías políticas, en tanto sólo se hace referencia al o los partidos de oposición, es preciso que la Corte Constitucional haga la siguiente aclaración. Es cierto que el concepto de `minoría política¿ no se incluye en la nueva versión del segundo inciso del artículo 28 de la Ley 136 de 1994 (según la modificación que se analiza). Sin embargo, se debe tener en cuenta que el inciso segundo del artículo 112 de la Constitución Política establece que los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las Mesas Directivas de los cuerpos colegiados, según su representación. Es claro que el artículo 28 de la Ley 136 de 1994, incluso en su nueva versión, debe ser aplicado en concordancia con el 112 constitucional. En tal medida, las minorías no han perdido su derecho de participación política en las Mesas Directivas de los concejos municipales¿.

Estos precedentes, aunados a los profundos cambios políticos que incluyen la incorporación de nuevos actores en la política, no solamente quienes en el pasado enarbolaron armas en contra del régimen político, sino buena parte de la ciudadanía que habitualmente no participa, bien refuerzan el cambio de criterio que permite entender que este derecho se asigna a minorías que se hayan declarado en oposición.

Para evitar que las mayorías determinen quién de las minorías desempeñe la dignidad directiva se consagra que solo las organizaciones políticas declaradas en oposición pueden hacer la postulación de los candidatos, que deben alternarla entre ellos sin que ninguna pueda repetir hasta que todas ocupen el cargo y que deben alternarse en períodos sucesivos entre hombres y mujeres, garantizando también la equidad de género.

Por su parte, se concede el derecho a las organizaciones en oposición para definir en un determinado número de veces por legislatura y/o periodo de sesiones ordinarias de las Asambleas y Concejos Municipales y Distritales, definir el orden del día de las sesiones. Busca esta figura que los proyectos y debates de control político de iniciativa de la oposición no se dilaten, sino que efectivamente se realicen. Este orden del día solo podrá ser variado por los voceros de la oposición, y de no agotarse en una sesión podrá continuar hasta en una más.

Por su parte, se establece que en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores tengan asiento voceros de la oposición. Es un mecanismo busca presentarnos unidos ante el mundo. La condición de ¿asesora¿ de esta comisión impide considerar que la oposición participa del gobierno, en tanto no le corresponde tomar decisión alguna, más allá de hacer recomendaciones al Gobierno.

Es por esto que el reconocimiento, previsto en este proyecto, del derecho a participar en ella a través de dos de los delegados que selecciona el Senado de la República no es contrario al esquema Gobierno-Oposición que estimula este proyecto.

En igual sentido, el proyecto parte de reconocer que en muchas ocasiones las corporaciones públicas manejan medios de comunicaciones como canales de televisión, emisoras, espacios en ellos, páginas web, publicaciones o revistas. Como expresión de la pluralidad política estas herramientas deben brindar espacios para que sean divulgadas tanto las ideas de quienes defiende al Gobierno, como las de aquellos que tienen posiciones independientes o de oposición.

Se contempla que los gobiernos presenten un informe detallado de la ejecución de sus planes de desarrollo y de sus presupuestos, y obliga a que las corporaciones públicas realicen un debate donde la oposición tenga la oportunidad de manifestar y visibilizar su valoración sobre la ruta del desarrollo de sus entidades territoriales.

Finalmente se contemplan las Juntas Administradoras Locales. No reconoce el proyecto la posibilidad de que dentro de ellas se haga declaración política alguna en tanto no hay ningún nivel de gobierno que le corresponda. Incluso, en el caso de la existencia de alcaldes menores estos no constituyen un gobierno distinto que el del Alcalde Mayor. No se entendería que una misma organización política resultara en oposición de una administración en una localidad y como de gobierno en otra, ello estimularía su fractura y cooptación por parte del gobierno. Sin embargo, esta situación no priva a las organizaciones políticas declaradas en oposición a los gobiernos municipales o distritales de disfrutar de los derechos que resultan pertinente en las JAL.

Capítulo III.

De las organizaciones Políticas Independientes

El capítulo tercero, ¿de las organizaciones políticas independientes¿ hace referencia al reconocimiento del carácter de independiente de las organizaciones políticas que así lo decidan, en tanto no sea de su interés hacer parte de una coalición de gobierno ni asumir la oposición.

De esta declaración de independencia se desprenden algunos derechos:

1. La participación en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular.

2. Participación en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores entre los miembros que selecciona la Cámara de Representantes respetando la equidad de género.

3. El derecho a postular candidatos a las Mesas Directivas de los cuerpos colegiados en ausencia de organizaciones políticas declaradas en oposición o cuando estas no hagan postulaciones.

Así mismo, establece una inhabilidad, que por ser igual a la prevista para la protección de la oposición, se explica más adelante.

Capítulo IV.

De los mecanismos de protección de los derechos  de la oposición

El Capítulo IV establece los mecanismos que garantizan el goce efectivo de los derechos de la oposición, contemplando los siguientes:

1. La acción de protección de los derechos de la oposición.

2. Inhabilidades para impedir que los gobiernos coopten sus más relevantes integrantes.

3. La creación de una Procuraduría Delegada para la protección de los derechos políticos y de la Oposición.

4. Seguridad para los miembros de las organizaciones políticas que se declaren en oposición.

La acción se caracteriza por su celeridad pero con esmerado cumplimiento del debido proceso. La acción puede ser interpuesta por los representantes de las organizaciones políticas dentro de un término que permita establecer una relación de inmediatez, razonable y oportuna contado desde la vulneración demandada.

El reparto se hará dentro de las 24 horas siguientes al recibo de la solicitud y el inicio de la actuación será comunicado a las partes demandadas. La Autoridad Electoral podrá convocar una audiencia pública para garantizar la contradicción y defensa; pero tratándose de violaciones al derecho de réplica, la audiencia será obligatoria y deberá realizarse dentro de las 72 horas siguientes. La Autoridad Electoral no se limita a definir el carácter legal o no de la conducta del demandado, sino que su competencia llega hasta el punto de tomar las decisiones que estime necesarias para amparar el derecho vulnerado. Su decisión debe ser cumplida dentro de las 48 horas siguientes.

Por su parte, la fórmula propuesta en relación con las inhabilidades parte de la base del reconocimiento doctrinal de entender por cargos de responsabilidad política aquellos que hacen parte de los gabinetes de Ministros y Secretarios del Despacho, pero existen otros como directores, gerentes o jefes de entidades públicas que resultan relevantes para debilitar a las organizaciones opositoras, a los que se extiende la inhabilidad.

Además, por personas relevantes se entendió a quienes sean o hayan sido integrantes de los órganos de dirección, gobierno, control y administración de las organizaciones políticas declaradas en oposición, al igual que quienes sean o hayan sido candidatos a cargos de elección popular avalados por ellos.

Para prevenir que quienes tienen esa condición de figuras representativas de la organización burlen esta disposición, se establece que para ellos la inhabilidad se extiende por seis (6) meses más a la renuncia que pudieran hacer, solo si durante ese lapso la colectividad mantiene la declaración de oposición.

Se agrega con la creación de la Procuraduría Delegada para los derechos políticos y de la oposición, como un mecanismo especializado en el seguimiento del cumplimiento de sus derechos, de la eficacia de su protección y de la sanción a sus vulneraciones.

Finalmente, en este capítulo se ordena, que dentro del Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política, pactado en el punto 2.1.2.1. del Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera se ejecuten programas especiales de protección y seguridad para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición, teniendo en cuenta un enfoque diferencial y de género.

Capítulo V.

Disposiciones Finales

En el capítulo de disposiciones finales se precisa que al modificar la declaración de oposición se pierden los derechos que esta genera, de manera que se modificará su registro, se reliquidará la financiación adicional, se reasignarán los espacios en medios de comunicación, se elegirán nuevos miembros en las Mesas Directivas de los cuerpos colegiados de elección popular y de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

4. Pliego de Modificaciones

Con el aval del Gobierno nacional se proponen las siguientes modificaciones al proyecto de ley.

Texto aprobado en primer debate

Comentarios

Texto propuesto para segundo debate

Artículo 5°. Principios rectores. Las normas que establece el presente Estatuto deben interpretarse a partir, entre otros, de los siguientes principios:

a) Construcción de la Paz Estable y Duradera. El Estatuto de Oposición aquí consagrado se soporta en el reconocimiento de la legitimidad de la oposición política como elemento central de la resolución pacífica de las controversias.

b) Principio democrático. El derecho fundamental a la oposición e independencia política es una condición esencial de la democracia participativa y debe realizarse reconociendo lo s valores de la convivencia, la tolerancia, la deliberación pública y el respeto a las diferencias.

c) Participación política efectiva. El Estado garantizará a todas las organizaciones políticas el ejercicio de la oposición, incluyendo la movilización y la protesta social.

 

d) Ejercicio pacífico de la deliberación política. El proceso de reincorporación política de los actores en armas requiere el respeto efectivo del derecho a la oposición política.

e) Libertad de pensamiento y opiniones. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan del debate democrático.

f) Pluralismo político. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan del debate democrático.

g) Equidad de género. Las organizaciones políticas declaradas en oposición compartirán el ejercicio de los derechos que le son propios entre hombres y mujeres, de manera paritaria, alternante y universal.

h) Armonización con los convenios y tratados internacionales. Los derechos establecidos en este Estatuto se interpretarán de conformidad con los tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia. Dicha interpretación se hará de la manera más amplia posible en función de garantizar el ejercicio de los derechos políticos.

En este artículo se incluye la expresión ¿no estigmatización¿ en el marco del principio democrático. Esta inclusión responde a una proposición presentada por el senador Manuel Enríquez Rosero.

Así mismo, por comentario de la Senadora Claudia López y la Representante Angélica Lozano, se precisa la equidad de género para que resulte aplicable a todas las organizaciones políticas.

Finalmente, se incluye como principio rector el control política en respuesta a las sugerencias realizadas por la Representante Clara Rojas.

Artículo 5°. Principios rectores. Las normas que establece el presente Estatuto deben interpretarse a partir, entre otros, de los siguientes principios:

a) Construcción de la Paz Estable y Duradera. El Estatuto de Oposición aquí consagrado se soporta en el reconocimiento de la legitimidad de la oposición política como elemento central de la resolución pacífica de las controversias.

b) Principio democrático. El derecho fundamental a la oposición e independencia política es una condición esencial de la democracia participativa y debe realizarse reconociendo los valores de la convivencia, la tolerancia, la deliberación pública, la no estigmatización y el respeto a las diferencias.

c) Participación política efectiva. El Estado garantizará a todas las organizaciones políticas el ejercicio de la oposición, incluyendo la movilización y la protesta social.

d) Ejercicio pacífico de la deliberación política. El proceso de reincorporación política de los actores en armas requiere el respeto efectivo del derecho a la oposición política.

e) Libertad de pensamiento y opiniones. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan del debate democrático.

f) Pluralismo político. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan del debate democrático.

g) Equidad de género. Las organizaciones políticas, incluidas aquellas que se declaren en oposición, compartirán el ejercicio de los derechos que le son propios entre hombres y mujeres, de manera paritaria, alternante y universal.

h) Armonización con los convenios y tratados internacionales. Los derechos establecidos en este Estatuto se interpretarán de conformidad con los tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia en especial la convención americana de derecho humanos. Dicha interpretación se hará de la manera más amplia posible en función de garantizar el ejercicio de los derechos políticos.

i) Control Político: El ejercicio del control político permitirá a las organizaciones políticas verificar y controlar las acciones políticas y administrativas del gobierno.

Artículo 6°. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, las organizaciones políticas deberán optar por:

 

 

 

Declararse en oposición.

Declararse independiente.

3. Declararse organización de gobierno.

Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no podrán acceder a los derechos que se le reconocen a las organizaciones políticas de oposición o independientes, en la presente ley.

Con el objetivo de otorgarle mayor fuerza vinculante a la necesidad de realizar la declaración de oposición, gobierno o independiente por parte de las organizaciones políticas, se hace un remisión al régimen de la ley 1475 de 2011. Esto responde a una proposición presentada por el Senador Enríquez Rosero.

Por su parte, como consecuencia de diferentes opiniones que surgieron durante el primer debate, se incluye un parágrafo para regular el tiempo para realizar las modificaciones a la declaración por parte de las organizaciones políticas.

Finalmente, por razones de técnica legislativa se modificó el contenido en relación con la regulación de las curules en las corporaciones públicas para quienes queden segundos en las elecciones de Presidente, Vicepresidente ya que esta se incluye en el artículo 24 del proyecto.

Artículo 6°. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, so pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral, las organizaciones políticas deberán optar por:

1. Declararse en oposición.

2. Declararse independiente.

3. Declararse organización de gobierno.

Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no podrán acceder a los derechos que se le reconocen a las organizaciones políticas de oposición o independientes, en la presente ley.

Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República y otra en la Cámara de Representantes, durante el periodo de estas corporaciones. Terminados los escrutinios electorales, la autoridad electoral les expedirá las respectivas credenciales.

Quienes resultaren elegidos mediante esta fórmula, serán miembros adicionales de las actuales Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y, con la agrupación política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en este artículo y harán parte de la bancada de la misma agrupación política.

 

Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República y otra en la Cámara de Representantes, durante el periodo de estas corporaciones. Terminados los escrutinios electorales, la autoridad electoral les expedirá las respectivas credenciales.

Quienes resultaren elegidos mediante esta fórmula, serán miembros adicionales de las actuales Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y, con la agrupación política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en este artículo y harán parte de la bancada de la misma agrupación política.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, las organizaciones políticas podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral, modificar su declaración política durante el periodo de gobierno.

Artículo 7°. Niveles territoriales de oposición política. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán declararse en oposición, en cualquiera de los niveles de gobierno de que trata el artículo 2° de esta ley.

Los grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales con representación en las corporaciones públicas de elección popular podrán declararse en oposición al correspondiente nivel gobierno así:

1. Las que tengan representación en el Congreso de la República lo podrán hacer frente al Gobierno nacional.

2. Las que tengan representación en las asambleas departamentales lo podrán hacer frente a la respectiva administración departamental.

3. Las que ostenten representación en los concejos municipales y distritales lo podrán hacer frente a la respectiva administración municipal o distrital.

Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas Departamental, Concejos Distrital y Consejos Municipales respectivamente; durante el periodo de estas corporaciones. Con la agrupación política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en este artículo y harán parte de la bancada de la misma agrupación política.

Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador, Alcalde Distrital y Municipal y previo a la de las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo puesto en votación, deberán manifestar por escrito ante la comisión escrutadora competente, su decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas Departamentales y Consejos Distritales y Municipales.

Si no hay aceptación de la curul, se aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de todas las curules de Asambleas Departamentales y Concejos distritales y Municipales.

Por técnica legislativa, se modificó lo relacionado con el contenido en relación con la regulación de las curules en las corporaciones públicas para quienes queden segundos en las elecciones de gobernador y alcaldes ya que esta se incluye en el artículo 25 del proyecto.

Artículo 7°. Niveles territoriales de oposición política. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán declararse en oposición, en cualquiera de los niveles de gobierno de que trata el artículo 2° de esta ley.

Los grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociale s con representación en las corporaciones públicas de elección popular podrán declararse en oposición al correspondiente nivel gobierno así:

1. Las que tengan representación en el Congreso de la República lo podrán hacer frente al Gobierno nacional.

2. Las que tengan representación en las asambleas departamentales lo podrán hacer frente a la respectiva administración departamental.

3. Las que ostenten representación en los concejos municipales y distritales lo podrán hacer frente a la respectiva administración municipal o distrital.

Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas Departamental, Concejos Distrital y Consejos Municipales respectivamente; durante el periodo de estas corporaciones. Con la agrupación política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en este artículo y harán parte de la bancada de la misma agrupación política.

Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador, Alcalde Distrital y Municipal y previo a la de las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo puesto en votación, deberán manifestar por escrito ante la comisión escrutadora competente, su decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas Departamentales y Consejos Distritales y Municipales.

Si no hay aceptación de la curul, se aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de todas las curules de Asambleas Departamentales y Concejos distritales y Municipales.

Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, la autoridad electoral es expedirá las credenciales como diputados y concejales distritales y municipales a los que ocuparon los segundos puestos en la votación para los mismos cargos y aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de las curules restantes de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

 

Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, la autoridad electoral es expedirá las credenciales como diputados y concejales distritales y municipales a los que ocuparon los segundos puestos en la votación para los mismos cargos y aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de las curules restantes de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

Artículo 8°. Competencia para efectuar la declaración política. En el caso de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la declaración política o su modificación se adoptará, en cada nivel territorial, de conformidad con lo establecido en sus estatutos.

Cuando se trate de grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales con representación en corporaciones públicas de elección popular, la decisión se adoptará por los miembros de la bancada en la correspondiente corporación pública.

Parágrafo transitorio. Mientras los estatutos de los partidos y movimientos políticos con personería definen el mecanismo o autoridad competente para realizar la declaración política o su modificación, le corresponderá a la bancada de la corporación pública realizar respectiva declaración.

Por propuesta de la Senadora Claudia López y la Representante Angélica Lozano, se incluyó la obligación de para que las organizaciones políticas modifiquen sus estatutos para establecer el competente para realizar la declaración política.

Artículo 8°. Competencia para efectuar la declaración política. En el caso de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la declaración política o su modificación se adoptará, en cada nivel territorial, de conformidad con lo establecido en sus estatutos.

Cuando se trate de grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales con representación en corporaciones públicas de elección popular, la decisión se adoptará por los miembros de la bancada en la correspondiente corporación pública.

Parágrafo transitorio. Las organizaciones políticas deberán modificar sus estatutos y definir el mecanismo o autoridades competente para realizar la declaración política antes del veinte (20) de julio de 2018.

Artículo 12. Financiación adicional para el ejercicio de la oposición. Se apropiará una partida adicional para el Fondo Nacional de Financiación Política, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del financiamiento del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, con destino a aquellos declarados en oposición al Gobierno nacional. Esta partida se distribuirá en partes iguales entre todos ellos.

 

Se incluye la expresión ¿quienes internamente garantizarán el manejo de los recursos asignados de acuerdo a los principios constitucionales y legales rectores del presente Estatuto¿, en respuesta sugerencia de la Representante Clara Rojas.

Por su parte, se agrega un parágrafo con el fin de que las autoridades competentes cuenten con un el tiempo hasta el 20 de julio de 2018 para garantizar la financiación en los términos de este artículo.

Artículo 12. Financiación adicional para el ejercicio de la oposición. Se apropiará una partida adicional para el Fondo Nacional de Financiación Política, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del financiamiento del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, con destino a aquellos declarados en oposición al Gobierno nacional, quienes internamente garantizarán el manejo de los recursos asignados de acuerdo a los principios constitucionales y legales rectores del presente Estatuto. Esta partida se distribuirá en partes iguales entre todos ellos.

Parágrafo. Las autoridades competentes deberán adelantar las medidas necesarias para asegurar la financiación en los términos del presente artículo a partir del veinte (20) de julio de 2018.

Artículo 19. Participación en la Agenda de las Corporaciones Pública. Los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la respectiva corporación pública de elecc ión popular, según sus prioridades y de común acuerdo entre ellos, tendrán derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria y comisiones permanentes, tres (3) veces durante cada legislatura del Congreso y una (1) vez durante cada período de sesiones ordinarias de la asamblea departamental, concejo distrital o municipal, según corresponda. El orden del día podrá incluir debates de control político. La Mesa Directiva deberá acogerse y respetar ese orden del día.

Cuando en una sesión no se hubiere agotado el orden del día señalado para esta, hasta máximo en la siguiente se continuará con el mismo orden.

El orden del día que por derecho propio determinan los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición, sólo podrá ser modificado por ellos mismos.

Para precisar el contenido del presente artículo se incluyó la siguiente expresión: ¿de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución Política¿.

Así mismo, se incluye un parágrafo con el fin de generar mayores garantías para la efectividad del control político de las organizaciones declaradas en oposición ante las inasistencias de los funcionarios de los gobiernos nacionales o locales, sin causa justificada, al considerarla como una falta grave.

Artículo 19. Participación en la Agenda de las Corporaciones Pública. Los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la respectiva corporación pública de elección popular, según sus prioridades y de común acuerdo entre ellos, tendrán derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria y comisiones permanentes, tres (3) veces durante cada legislatura del Congreso de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución Política, y una (1) vez durante cada período de sesiones ordinarias de la asamblea departamental, concejo distrital o municipal, según corresponda. El orden del día podrá incluir debates de control político. La Mesa Directiva deberá acogerse y respetar ese orden del día.

Cuando en una sesión no se hubiere agotado el orden del día señalado para esta, hasta máximo en la siguiente se continuará con el mismo orden.

El orden del día que por derecho propio determinan los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición, sólo podrá ser modificado por ellos mismos.

 

 

Parágrafo. Será considerada falta grave la inasistencia, sin causa justificada, por parte del funcionario del Go bierno nacional o local citado a debate de control político durante las sesiones en donde el orden el día haya sido determinado por las organizaciones políticas declaradas en oposición.

Artículo 22. Debate sobre el Plan de Desarrollo y presupuesto. Antes de finalizar cada año del período constitucional, el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales, presentarán a la respectiva corporación pública de elección popular, un informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión.

Los gobiernos deberán poner a disposición de la ciudadanía el informe en la página web y demás canales digitales que para tal efecto disponga cada entidad.

El informe será debatido en plenaria dentro de los treinta (30) días siguientes de su radicación. Para ello, las organizaciones políticas declaradas en oposición y en independencia tendrán derecho a que se realice una sesión exclusiva en la respectiva corporación pública de elección popular para exponer sus posturas y argumentos frente a dicho informe. La presencia del gobierno será obligatoria.

Parágrafo. Para el caso del Gobierno nacional, en el informe deberá especificarse el cumplimiento de metas sobre el Plan de Desarrollo y el monto total de la inversión que se realizó en cada departamento y región, la distribución sectorial de la inversión a nivel departamental, los programas que se implementaron en cada sector y la entidad competente de su ejecución.

Para el caso de los departamentos, en el informe deberá especificarse el cumplimiento de metas sobre el Plan de Desar rollo y el monto total de la inversión que se realizó en cada municipio, la distribución sectorial de la inversión a nivel departamental, los programas que se implementaron en cada sector y la entidad competente de su ejecución.

Para el caso de los municipios y distritos, en el informe deberá especificarse el cumplimiento de metas sobre el Plan de Desarrollo y el monto total de la inversión que se realizó en el municipio, en los corregimientos, comunas o localidades, la distribución sectorial de la inversión, los programas que se implementaron en cada sector y la entidad competente de su ejecución.

 

En respuesta a proposiciones presentadas por la representantes Clara Rojas, Angélica Lozano y la senadora Claudia López, entre otros, con el fin de generar mayores niveles de transparencia en los planes de desarrollo y los presupuestos se incluyeron dos incisos en los siguientes términos:

En el marco de la aprobación de los planes plurianuales de inversiones de los Planes de Desarrollo del nivel nacional, departamental y municipal, el respectivo Gobierno deberá hacer público en los portales web institucionales los programas y proyectos que se pretendan ejecutar. Además, deberán publicarse las modificaciones o adiciones a su articulado presentadas en el trámite de construcción de dichos planes plurianuales y los congresistas, diputados y/o concejales autores de las mismas.

Los gobiernos nacionales, departamentales y municipales realizarán audiencias públicas para que la ciudadanía pueda conocer los proyectos de inversión en el marco de los planes plurianuales y puedan presentar propuestas de priorización de las respectivas inversiones. Para el caso del Gobierno nacional estas audiencias deberán realizarse por departamentos, en los Gobiernos Departamentales deberán adelantarse en sus respectivos municipios y en los gobiernos distritales o municipales se realizarán, según el caso, por localidades, comunas o barrios.

 

Artículo 22. Transparencia y rendición de cuentas en el Plan de Desarrollo y Planes Plurianuales de Inversión.

En el marco de la aprobación de los planes plurianuales de inversiones de los Planes de Desarrollo del nivel nacional, departamental y municipal, el respectivo Gobierno deberá hacer público en los portales web institucionales los programas y proyectos que se pretendan ejecutar. Además, deberán publicarse las modificaciones o adiciones a su articulado presentadas en el trámite de construcción de dichos planes plurianuales y los congresistas, diputados y/o concejales autores de las mismas.

 

 

Los gobiernos nacionales, departamentales, distritales y municipales realizarán audiencias públicas para que la ciudadanía pueda conocer los proyectos de inversión en el marco de los planes plurianuales y puedan presentar propuestas de priorización de las respectivas inversiones. Para el caso del Gobierno nacional estas audiencias deberán realizarse por departamentos, en los Gobiernos Departamentales deberán adelantarse en sus respectivos municipios y en los gobiernos distritales o municipales se realizarán, según el caso, por localidades, comunas o barrios.

Igualmente, antes de finalizar cada año del período constitucional, el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales, presentarán a la respectiva corporación pública d e elección popular, un informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión.

Los gobiernos deberán poner a disposición de la ciudadanía el informe en la página web y demás canales digitales que para tal efecto disponga cada entidad.

El informe será debatido en plenaria dentro de los treinta (30) días siguientes de su radicación. Para ello, las organizaciones políticas declaradas en oposición y en independencia tendrán derecho a que se realice una sesión exclusiva en la respectiva corporación pública de elección popular para exponer sus posturas y argumentos frente a dicho informe. La presencia del gobierno será obligatoria.

Parágrafo. Para el caso del Gobierno nacional, en el informe deberá especificarse el cumplimiento de metas sobre el Plan de Desarrollo y el monto total de la inversión que se realizó en cada departamento y región, la distribución sectorial de la inversión a nivel departamental, los programas que se implementaron en cada sector y la entidad competente de su ejecución.

Para el caso de los departamentos, en el informe deberá especificarse el cumplimiento de metas sobre el Plan de Desarrollo y el monto total de la inversión que se realizó en cada municipio, la distribución sectorial de la inversión a nivel departamental, los programas que se implementaron en cada sector y la entidad competente de su ejecución.

 

 

Para el caso de los municipios y distritos, en el informe deberá especificarse el cumplimiento de metas sobre el Plan de Desarrollo y el monto total de la inversión que se realizó en el municipio, en los corregimientos, comunas o localidades, la distribución sectorial de la inversión, los programas que se implementaron en cada sector y la entidad competente de su ejecución.

Artículo 25. Curules en las corporaciones públicas de elección popular de las entidades territoriales. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales respectivos, durante el periodo de estas corporaciones. Con la organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 7º de esta ley y harán parte de la misma organización política.

Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, la autoridad electoral les expedirá, previa aceptación, las credenciales como diputados y concejales distritales y municipales a los que ocuparon los segundos puestos en la votación para los mismos cargos y aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución para la distribución de las curules restantes de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

Si no hay aceptación de la curul se aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de todas las curules de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales por población.

 

Con el fin de dar precisión frente al procedimiento regulado en este artículo se incluyó el siguiente inciso: ¿Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador, Alcalde Distrital y Municipal y previo a la de las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo puesto en votación, deberán manifestar por escrito ante la comisión escrutadora competente, su decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas Departamentales y Consejos Distritales y Municipales¿.

Artículo 25. Curules en las corporaciones públicas de elección popular de las entidades territoriales. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales respectivos, durante el periodo de estas corporaciones. Con la organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 7º de esta ley y harán parte de la misma organización política.

Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador, Alcalde Distrital y Municipal y previo a la de las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo puesto en votación, deberán manifestar por escrito ante la comisión escrutadora competente, su decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, la autoridad electoral les expedirá, previa aceptación, las credenciales como diputados y concejales distritales y municipales a los que ocuparon los segundos puestos en la votación para los mismos cargos y aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución para la distribución de las curules restantes de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

Si no hay aceptación de la curul se aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de todas las curules de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales por población.

Artículo 29. Inhabilidades. No podrán ser designados en cargos de representación política, ni directores, gerentes o jefes de entidades públicas en el gobierno, ni dentro de los seis meses siguientes a su retiro de la organización política, mientras se mantenga la declaración de oposición:

 

a) Quienes sean o hayan sido integrantes de los órganos de dirección, gobierno, control y administración de las organizaciones políticas declaradas en oposición, tanto de los niveles nacional, departamentales, distritales y municipales.

b) Quienes hayan sido candidatos a cargo de elección popular avalados por ellos, elegidos o no.

Los afiliados a estas organizaciones, distintos a los mencionados, que acepten estos cargos podrán ser sancionados de conformidad con sus estatutos y demás normas internas.

Con el fin de dar uniformidad se modifica el título del artículo.

Artículo 29. Protección de la declaratoria de oposición. No podrán ser designados en cargos de representación política, ni directores, gerentes o jefes de entidades públicas en el gobierno, ni dentro de los seis meses siguientes a su retiro de la organización política, mientras se mantenga la declaración de oposición:

a) Quienes sean o hayan sido integrantes de los órganos de dirección, gobierno, control y administración de las organizaciones políticas declaradas en oposición, tanto de los niveles nacional, departamentales, distritales y municipales.

b) Quienes hayan sido candidatos a cargo de elección popular avalados por ellos, elegidos o no.

Los afiliados a estas organizaciones, distintos a los mencionados, que acepten estos cargos podrán ser sancionados de conformidad con sus estatutos y demás normas internas.

Artículo 30. Procuraduría Delegada para la Protección de los Derechos Políticos y de la Oposición. La Procuraduría General de la Nación contará con una Procuraduría Delegada para la Protección de los Derechos Políticos y de la Oposición en la forma que este organismo lo determine.

En el mes de marzo de cada año, el Procurador General presentará un informe a cada una de las cámaras del Congreso de la República sobre el grado de observancia de los derechos contemplados en este Estatuto, el cual deberá incorporarse al orden del día para su debate, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de las sesiones ordinarias.

Parágrafo Transitorio. Para cumplir las funciones relacionadas con este artículo, concédase facultades al Procurador General para reformar la entidad en los aspectos necesarios, así como en todos los asuntos relacionados con la implementación de los acuerdos de paz, en esta materia.

Como propuesta de representante de la bancada del Partido Verde en el Congreso de la República, se adiciona un inciso con el fin de establecer elementos mínimos que debe contener el informe que presente la Procuraduría Delegada para la protección de los derechos políticos.

Así mismo, por asuntos constitucionales, se precisan las facultades para el Presidente de la República para reformar la Procuraduría General de la Nación en los aspectos estrictamente necesarios para la entrada en funcionamiento de la Procuraduría Delegada para la Protección de los Derechos Políticos y de la Oposición. Situación que se encuentra plenamente avalada por el Gobierno nacional.

Artículo 30. Procuraduría Delegada para la Protección de los Derechos Políticos y de la Oposición. La Procuraduría General de la Nación contará con una Procuraduría Delegada para la Protección d e los Derechos Políticos y de la Oposición en la forma que este organismo lo determine.

En el mes de marzo de cada año, el Procurador General presentará un informe a cada una de las cámaras del Congreso de la República sobre el grado de observancia de los derechos contemplados en este Estatuto, el cual deberá incorporarse al orden del día para su debate, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de las sesiones ordinarias.

El informe deberá contener un balance del ejercicio del derecho fundamental a la oposición en el nivel nacional, departamental y municipal así el nivel de cumplimiento de los derechos consagrados en el presente Estatuto.

Parágrafo Transitorio. Para asegurar el correcto ejercicio de lo señalado en este artículo, concédase precisas facultades al Presidente de la República, por el término de seis (6) meses, para reformar la Procuraduría General de la Nación en los aspectos estrictamente necesarios para la entrada en funcionamiento de la Procuraduría Delegada para la Protección de los Derechos Políticos y de la Oposición.

 

4. Proposición

Con base en las anteriores consideraciones, en cumplimiento del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz (Acto Legislativo número 01 de 2016) y de los requisitos establecidos en Ley 5ª de 1992, presento ponencia favorable y en consecuencia solicito muy atentamente a los señores miembros de la Plenaria del Senado de la República, dar segundo debate al Proyecto de Ley Estatutaria número 003 de 2017 Senado, 006 de 2017 Cámara, por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las Organizaciones Políticas Independientes, con el pliego de modificaciones a que se refiere la presente ponencia.

De los honorables Senadores,

 

CONSULTAR NOMBRE Y FIRMA EN ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF

 

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE  EN PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA ALPROYECTO DE LEY ESTATUTARIA  NÚMERO 003 DE 2017 SENADO, 006 DE 2017 CÁMARA DE 2017

por medio de la cual se adopta el Estatuto  de la Oposición Política y algunos derechos  a las organizaciones políticas independientes.

El Congreso de Colombia, en virtud del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. La presente ley estatutaria establece el marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y algunos derechos de las organizaciones independientes.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, entiéndase por organizaciones políticas a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, así como a los grupos significativos de ciudadanos, las agrupaciones políticas y movimientos sociales con representación en las corporaciones públicas de elección popular.

Por gobierno entiéndase, según corresponda, al nacional encabezado por el Presidente de la República, y a las administraciones departamentales, distritales y municipales, encabezadas por el respectivo gobernador, alcalde distrital o municipal.

Por Autoridad Electoral se entiende al Consejo Nacional Electoral o la entidad que haga sus veces.

Por réplica se entiende el derecho que le asiste a las organizaciones políticas declaradas en oposición a responder y controvertir declaraciones que sean susceptibles de afectarlas por tergiversaciones graves y evidentes en los términos establecidos en el artículo 17 de la presente ley.

Artículo 3°. Derecho fundamental a la oposición política. De conformidad con los artículos 40 y 112 de la Constitución Política, la oposición es un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas.

Artículo 4°. Finalidades. La oposición política permite proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de gobierno, mediante los instrumentos señalados en el presente Estatuto, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras leyes.

Artículo 5°. Principios rectores. Las normas que establece el presente Estatuto deben interpretarse a partir, entre otros, de los siguientes principios:

a) Construcción de la Paz Estable y Duradera. El Estatuto de Oposición aquí consagrado se soporta en el reconocimiento de la legitimidad de la oposición política como elemento central de la resolución pacífica de las controversias.

b) Principio democrático. El derecho fundamental a la oposición e independencia política es una condición esencial de la democracia participativa y debe realizarse reconociendo los valores de la convivencia, la tolerancia, la deliberación pública, la no estigmatización y el respeto a las diferencias.

c) Participación política efectiva. El Estado garantizará a todas las organizaciones políticas el ejercicio de la oposición, incluyendo la movilización y la protesta social.

d) Ejercicio pacífico de la deliberación política. El proceso de reincorporación política de los actores en armas requiere el respeto efectivo del derecho a la oposición política.

e) Libertad de pensamiento y opiniones. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan del debate democrático.

f) Pluralismo político. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan del debate democrático.

g) Equidad de género. Las organizaciones políticas, incluidas aquellas que se declaren en oposición, compartirán el ejercicio de los derechos que le son propios entre hombres y mujeres, de manera paritaria, alternante y universal.

h) Armonización con los convenios y tratados internacionales. Los derechos establecidos en este Estatuto se interpretarán de conformidad con los tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la convención americana de derecho humanos. Dicha interpretación se hará de la manera más amplia posible en función de garantizar el ejercicio de los derechos políticos.

i) Control político: El ejercicio del control político permitirá a las organizaciones políticas verificar y controlar las acciones políticas y administrativas del gobierno.

Artículo 6°. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, so pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral, las organizaciones políticas deberán optar por:

1. Declararse en oposici ón.

2. Declararse independiente.

3. Declararse organización de gobierno.

Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no podrán acceder a los derechos que se le reconocen a las organizaciones políticas de oposición o independientes, en la presente ley.

Parágrafo. Las organizaciones políticas, con excepción a aquellas señaladas en el inciso anterior de este artículo, podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política durante el periodo de gobierno.

Artículo 7°. Niveles territoriales de oposición política. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán declararse en oposición, en cualquiera de los niveles de gobierno de que trata el artículo 2° de esta ley.

Los grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales con representación en las corporaciones públicas de elección popular podrán declararse en oposición al correspondiente nivel gobierno así:

1. Las que tengan representación en el Congreso de la República lo podrán hacer frente al Gobierno nacional.

2. Las que tengan representación en las asambleas departamentales lo podrán hacer frente a la respectiva administración departamental.

3. Las que ostenten representación en los concejos municipales y distritales lo podrán hacer frente a la respectiva administración municipal o distrital.

Artículo 8°. Competencia para efectuar la declaración política. En el caso de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la declaración política o su modificación se adoptará, en cada nivel territorial, de conformidad con lo establecido en sus estatutos.

Cuando se trate de grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales con representación en corporaciones públicas de elección popular, la decisión se adoptará por los miembros de la bancada en la correspondiente corporación pública.

Parágrafo transitorio. Las organizaciones políticas deberán modificar sus estatutos y definir el mecanismo o autoridades competentes para realizar la declaración política antes del veinte (20) de julio de 2018.

Artículo 9°. Registro y publicidad. La declaración política deberá registrarse ante la correspondiente Autoridad Electoral, que la inscribirá en el registro único de partidos y movimientos políticos. A partir de la inscripción se harán exigibles los derechos previstos en esta ley.

La Autoridad Electoral publicará y actualizará en su página web las respectivas declaraciones.

Artículo 10. Representación de las organizaciones políticas para el ejercicio y protección de los derechos de oposición e independientes. Para el ejercicio de los derechos derivados de la declaración de oposición e independencia, y para activar los mecanismos de protección, se tendrán como representantes de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, a las autoridades territoriales y nacionales que definan sus estatutos.

Tratándose de grupos significativos de ciudadanos con representación en corporaciones públicas de elección popular, se tendrá a su comité promotor y a los miembros de la bancada.

Tratándose de movimientos sociales con representación en corporaciones públicas de elección popular, se tendrá a quienes figuren como representantes legales de las mismas y a los miembros de las correspondientes bancadas.

CAPÍTULO II

De los derechos de la oposición política

Artículo 11. Derechos. Las organizaciones políticas declaradas en oposición de que trata la presente ley, tendrán los siguientes derechos específicos:

a) Financiación adicional para el ejercicio de la oposición;

b) Acceso a los medios de comunicación social del Estado o que hacen uso del espectro electromagnético;

c) Acceso a la información y a la documentación oficial;

d) Derecho de réplica;

e) Participación en Mesas Directivas de Plenarias de las corporaciones públicas de elección popular;

f) Participación en la Agenda de las Corporaciones Públicas;

g) Garantía del libre ejercicio de los derechos políticos;

h) Participación en la Comisión de Relaciones Exteriores;

i) Derecho a participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular;

j) Derecho a la sesión exclusiva sobre el Plan de Desarrollo y presupuesto.

Artículo 12. Financiación adicional para el ejercicio de la oposición. Se apropiará una partida adicional para el Fondo Nacional de Financiación Política, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del financiamiento del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, con destino a aquellos declarados en oposición al Gobierno nacional, quienes internamente garantizarán el manejo de los recursos asignados de acuerdo a los principios constitucionales y legales rectores del presente Estatuto. Esta partida se distribuirá en partes iguales entre todos ellos.

Parágrafo. Las autoridades competentes deberán adelantar las medidas necesarias para asegurar la financiación en los términos del presente artículo a partir del veinte (20) de julio de 2018.

Artículo 13. Acceso a los medios de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espectro electromagnético. Sin perjuicio de los espacios institucionales para la divulgación política otorgados a to dos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la Autoridad Electoral asignará entre las organizaciones políticas con representación en las corporaciones públicas de elección popular que se declaren en oposición, espacios adicionales en medios de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espectro electromagnético. Para radio y televisión, se hará de la siguiente manera:

a) Asignará, en cada canal de televisión y emisora, al menos 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía;

b) Determinará la duración, frecuencia y fechas de emisión de los espacios, con el apoyo técnico de la Autoridad Nacional de Televisión y del Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, según sea el caso;

c) Para el ejercicio de la oposición al Gobierno nacional, se asignarán solamente en medios de comunicación con cobertura nacional. Para el ejercicio de la oposición a nivel territorial, se asignarán espacios de acuerdo a la cobertura y correspondencia de los medios con el nivel territorial;

d) El cincuenta por ciento (50%) del tiempo se asignará en partes iguales, y el otro cincuenta por ciento (50%) con base en el número de escaños que tenga cada organización en el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos municipales o distritales, según corresponda;

f) El costo de los espacios será asumido con cargo al Presupuesto General de la Nación, para lo cual se apropiarán anualmente las partidas necesarias;

g) Para las concesiones o títulos que se asignen, renueven o prorroguen a partir de la vigencia de esta ley, los tiempos necesarios para el cumplimiento de lo aquí ordenado constituye una obligación especial del servicio a cargo de los concesionarios u operadores;

h) En los espacios otorgados para divulgación política en los medios de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espectro electromagnético, las organizaciones políticas deberán garantizar la participación paritaria entre hombres y mujeres;

i) La Autoridad Electoral reglamentará la materia.

Artículo 14. Acceso a medios de comunicación en instalación del Congreso. En la instalación de las sesiones del Congreso por parte del Presidente de la República, luego de la transmisión oficial, las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional tendrán un tiempo de veinte (20) minutos para presentar sus observaciones y dar a conocer los planteamientos alternativos, en los mismos medios de comunicación social utilizados para la transmisión oficial. De no ser posible construir un acuerdo entre las organizaciones políticas declaradas en oposición, el tiempo será distribuido en proporción a su representación en el Congreso.

Parágrafo. La Autoridad Electoral reglamentará la materia, así como las condi ciones en que este derecho pueda extenderse al ejercicio de la oposición a las administraciones departamentales, distritales y municipales, siempre garantizando condiciones de equidad y proporcionalidad en relación espacios, tiempos y medios utilizados por los gobiernos locales.

Artículo 15. Acceso a medios de comunicación en alocuciones presidenciales. Cuando el Presidente de la República haga alocuciones oficiales en medios de comunicación que usan el espectro electromagnético, las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional, tendrán en el transcurso de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas, en los mismos medios, con igual tiempo y horario, espacios para controvertir la posición del gobierno. Esta opción tendrá un límite de tres veces en el año. De no ser posible construir un acuerdo entre las organizaciones políticas declaradas en oposición, el tiempo será distribuido en proporción a su representación en el Congreso.

Parágrafo. La Autoridad Electoral reglamentará la materia, así como las condiciones en que este derecho pueda extenderse al ejercicio de la oposición a las administraciones departamentales, distritales y municipales.

Artículo 16. Acceso a la información y a la documentación oficial. Las organizaciones políticas que se declaren en oposición tendrán derecho a que se les facilite, en forma preferencial y con celeridad, la información y documentación oficial, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud.

Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 258 de la Ley 5ª de 1992.

Artículo 17. Derecho de réplica. Las organizaciones políticas que se declaren en oposición tendrán el derecho de réplica en los medios de comunicación social del Estado o que utilicen el espectro electromagnético, frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por el Presidente de la República, ministros, gobernadores, alcaldes, secretarios de despacho, directores o gerentes de entidades descentralizadas y por cualquier otro alto funcionario oficial. En tales casos la organización política interesada en ejercer este derecho, podrá responder en forma oportuna, y con tiempo, medio y espacio por lo menos iguales al que suscitó su ejercicio, y en todo caso que garanticen una amplia difusión.

Cuando los ataques mencionados se produzcan en alocuciones o intervenciones oficiales, haciendo uso de los espacios que la ley reserva para este tipo de funcionarios en los medios de comunicación social del Estado o que utilicen el espectro electromagnético, se solicitará la protección del derecho en los términos establecidos en esta ley y se concederá en condiciones de equidad para que el representante de la organización de oposición pueda responder en forma oportuna, y con tiempos y medios similares, y que en todo caso garanticen una amplia difusión.

Cuando los ataques mencionados por una intervención o declaración de los funcionarios enunciados, transmitida en los noticieros y programas de opinión que se emitan en los medios de comunicación social del Estado, que utilicen el espectro electromagnético, el medio de comunicación donde se emitió la declaración deberá dar la oportunidad a la organización de oposición afectada de responder y controvertir el ataque. Cuando el medio de comunicación en el cual se haya emitido el ataque haya dado oportunidad de respuesta, no procederá en ningún caso el derecho de réplica.

Si el medio no concede la oportunidad de responder al afectado y quien así se considere contacta al medio de comunicación, dentro de los tres días siguientes a la emisión de las declaraciones, y este se niega a permitir su intervención, la organización de oposición afectada podrá acudir a la acción de protección de los derechos de oposición en los términos del artículo 28 de la presente ley.

En todo caso, la réplica se otorgará con base en el principio de buena fe y de forma oportuna, y con tiempo y medio proporcionales, y en un espacio por lo menos similar al que suscitó su ejercicio, y en todo caso que garantice una difusión amplia con respeto por la libertad del noticiero o espacio de opinión para elaborar la respectiva nota informativa o de opinión. Los contenidos completos de la réplica deben estar disponibles en la versión electrónica de los medios de comunicación.

Artículo 18. Participación en Mesas Directivas de Plenarias de corporaciones públicas de elección popular. Las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la correspondiente corporación pública, tendrán participación a través de al menos una de las posiciones de las Mesas Directivas del Congreso de la República, las asambleas departamentales, los concejos distritales o municipales. Los candidatos para ocupar la plaza que le corresponda a la oposición solo podrán ser postulados por dichas organizaciones.

La organización política que hubiese ocupado este lugar en las Mesas Directivas no podrá volver a ocuparlo hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan.

Esta representación debe alternarse en períodos sucesivos entre hombres y mujeres.

Artículo 19. Participación en la Agen da de las Corporaciones Pública. Los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la respectiva corporación pública de elección popular, según sus prioridades y de común acuerdo entre ellos, tendrán derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria y Comisiones Permanentes, tres (3) veces durante cada legislatura del Congreso de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución Política, y una (1) vez durante cada período de sesiones ordinarias de la asamblea departamental, concejo distrital o municipal, según corresponda. El orden del día podrá incluir debates de control político. La Mesa Directiva deberá acogerse y respetar ese orden del día.

Cuando en una sesión no se hubiere agotado el orden del día señalado para esta, hasta máximo en la siguiente se continuará con el mismo orden.

El orden del día que por derecho propio determinan los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición, sólo podrá ser modificado por ellos mismos.

Parágrafo. Será considerada falta grave la inasistencia, sin causa justificada, por parte del funcionario del Gobierno nacional o local citado a debate de control político durante las sesiones en donde el orden el día haya sido determinado por las organizaciones políticas declaradas en oposición.

Artículo 20. Participación en la Comisión de Relaciones Exteriores. Para la selección de los miembros del Senado de la República en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se elegirá al menos un principal y un suplente de las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional y con representación en dicha cámara, de los cuales uno será mujer. Los candidatos solo podrán ser postulados por dichas organizaciones.

Artículo 21. Derecho a participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular. Las organizaciones políticas con representación en las corporaciones públicas de elección popular declaradas en oposición tendrán derecho a una participación adecuada y equitativa en los programas de radio, televisión, publicaciones escritas y demás herramientas de comunicación que estén a cargo de la respectiva corporación pública de elección popular.

Artículo 22. Transparencia y rendición de cuentas en el Plan de Desarrollo y Planes Plurianuales de Inversión. En el marco de la aprobación de los planes plurianuales de inversiones de los Planes de Desarrollo del nivel nacional, departamental y municipal, el respectivo Gobierno deberá hacer público en los portales web institucionales los programas y proyectos que se pretendan ejecutar. Además, deberán publicarse las modificaciones o adiciones a su articulado presentadas en el trámite de la construcción de dichos planes plurianuales y los congresistas, diputados y/o concejales autores de las mismas.

Los gobiernos nacionales, departamentales, distritales y municipales realizarán audiencias públicas para que la ciudadanía pueda conocer los proyectos de inversión en el marco de los planes plurianuales y puedan presentar propuestas de priorización de las respectivas inversiones. Para el caso del Gobierno nacional estas audiencias deberán realizarse por departamentos, en los Gobiernos Departamentales deberán adelantarse en sus respectivos municipios y en los gobiernos distritales o municipales se realizarán, según el caso, por localidades, comunas o barrios.

Igualmente, antes de finalizar cada año del período constitucional, el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes dist ritales y municipales, presentarán a la respectiva corporación pública de elección popular, un informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión.

Los gobiernos deberán poner a disposición de la ciudadanía el informe en la página web y demás canales digitales que para tal efecto disponga cada entidad.

El informe será debatido en plenaria dentro de los treinta (30) días siguientes de su radicación. Para ello, las organizaciones políticas declaradas en oposición y en independencia tendrán derecho a que se realice una sesión exclusiva en la respectiva corporación pública de elección popular para exponer sus posturas y argumentos frente a dicho informe. La presencia del gobierno será obligatoria.

Parágrafo. Para el caso del Gobierno nacional, en el informe deberá especificarse el cumplimiento de metas sobre el Plan de Desarrollo y el monto total de la inversión que se realizó en cada departamento y región, la distribución sectorial de la inversión a nivel departamental, los programas que se implementaron en cada sector y la entidad competente de su ejecución.

Para el caso de los departamentos, en el informe deberá especificarse el cumplimiento de metas sobre el Plan de Desarrollo y el monto total de la inversión que se realizó en cada municipio, la distribución sectorial de la inversión a nivel departamental, los programas que se implementaron en cada sector y la entidad competente de su ejecución.

Para el caso de los municipios y distritos, en el informe deberá especificarse el cumplimiento de metas sobre el Plan de Desarrollo y el monto total de la inversión que se realizó en el municipio, en los corregimientos, comunas o localidades, la distribución sectorial de la inversión, los programas que se implementaron en cada sector y la entidad competente de su ejecución.

Artículo 23. Derechos de oposición en las Juntas Administradoras Locales. Las organizaciones políticas declaradas en oposición a los gobiernos municipales y distritales, y con representación en las Juntas Administradoras Locales, tendrán dentro de ellas los siguientes derechos: participación en la Mesas Directivas de Plenarias, participación en la agenda de la corporación pública en los término de esta ley y a participar en las herramientas de comunicación de la corporación pública.

Artículo 24. Curules en Senado y Cámara de Representantes. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República y otra en la Cámara de Representantes, durante el periodo de estas corporaciones. Terminados los escrutinios electorales, la autoridad electoral les expedirá las respectivas credenciales.

Quienes resultaren elegidos mediante esta fórmula, serán miembros adicionales de las actuales comisiones constitucionales permanentes del Senado de la República y de la Cámara de representantes y, con la organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 6º de esta ley y harán parte de bancada de la misma organización política.

Artículo 25. Curules en las corporaciones públicas de elección popular de las entidades territoriales. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales respectivos, durante el periodo de estas corporaciones. Con la organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 7º de esta ley y harán parte de la misma organización política.

Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador, Alcalde Distrital y Municipal y previo a la de las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo puesto en votación, deberán manifestar por escrito ante la comisión escrutadora competente, su decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, la autoridad electoral les expedirá, previa aceptación, las credenciales como diputados y concejales distritales y municipales a los que ocuparon los segundos puestos en la votación para los mismos cargos y aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución para la distribución de las curules restantes de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

Si no hay aceptación de la curul se aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de todas las curules de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales por población.

CAPÍTULO III

De las Organizaciones Políticas Independientes

Artículo 26. Organizaciones Políticas Independientes. Las organizaciones políticas que cuentan con representación en las corporaciones públicas de elección popular, que no hacen parte del gobierno, ni de la oposición, deberán declararse como independientes. Sin perjuicio de los que le asisten a toda organización política, tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular;

b) Postular los candidatos a las Mesas Directivas de los cuerpos colegiados previstos en este Estatuto, en ausencia de organizaciones políticas declaradas en oposición, o de postulaciones realizadas por estas últimas;

c) Para la selección de los miembros de la Cámara de Representantes en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se elegirá al menos un principal y un suplente de las organizaciones políticas declaradas como independientes y con representación en dicha cámara, de los cuales uno será mujer. Los candidatos solo podrán ser postulados por dichas organizaciones.

Si la organización modifica su declaración política, las corporaciones públicas de elección popular elegirán nuevo miembr o de la Mesa Directiva y se remplazará la participación en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en caso de ser procedente.

Artículo 27. Protección a la declaración de independencia. No podrán ser designados en cargos de representación política, ni directores, gerentes o jefes de entidades públicas en el gobierno, ni dentro de los seis meses siguientes a su retiro de la organización política, mientras se mantenga la declaración de independencia:

a) Quienes sean o hayan sido integrantes de los órganos de dirección, gobierno, control y administración de las organizaciones políticas declaradas en independencia, tanto de los niveles nacional, departamentales, distritales y municipales;

b) Quienes hayan sido candidatos a cargo de elección popular avalados por ellos, elegidos o no.

Los afiliados a estas organizaciones, distintos a los mencionados, que acepten estos cargos podrán ser sancionados de conformidad con sus estatutos y demás normas internas.

CAPÍTULO IV< /p>

De los mecanismos de protección de los derechos  de la oposición

Artículo 28. Acción de Protección de los Derechos de Oposición. Para la protección de los derechos que se consagran en esta ley, las organizaciones políticas que se declaren en oposición tendrán una acción de carácter especial ante la Autoridad Electoral, con las siguientes características:

a) Se instaurará dentro de un término que permita establecer una relación de inmediatez, oportuna y razonable, con los hechos que vulneran el derecho respectivo;

b) La solicitud será suscrita por el representante de la respectiva organización política en el que se indicará contra quien se dirige, la conducta objeto de reproche, los hechos, las pruebas y fundamentos de derecho que la sustentan y la medida que, a su juicio, debe tomar la Autoridad Electoral para proteger el derecho;

c) La Autoridad Electoral someterá a reparto la solicitud en las veinticuatro (24) horas siguientes a su recibo. El inicio de la actuación administrativa será comunicado a las partes;

d) El ponente podrá convocar a las partes a audiencia para asegurar el derecho de contradicción y contrib uir a la pronta adopción de la decisión, la que podrá notificarse en estrados, caso en el cual el recurso deberá interponerse y sustentarse inmediatamente. La audiencia podrá suspenderse y reiniciarse en caso de ser necesario;

e) En caso en que no se convoque a dicha audiencia, el accionado podrá ejercer su derecho de defensa por escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación del inicio de la actuación;

f) Tratándose del derecho de réplica la audiencia será obligatoria y deberá realizarse dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al reparto de la solicitud. La decisión se notificará en estrados;

g) La Autoridad Electoral está facultada para tomar todas las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho vulnerado, incluida la adopción de medidas cautelares;

h) Si se protege el derecho, se ordenará su cumplimiento dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes;

i) La Autoridad Electoral sancionará a toda persona natural o jurídica, o entidad pública, que incumpla las órdenes emitidas, con multas entre diez (10) y mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 29. Protección de la declaratoria de oposición. No podrán ser designados en cargos de representación política, ni directores, gerentes o jefes de entidades públicas en el gobierno, ni dentro de los seis meses siguientes a su retiro de la organización política, mientras se mantenga la declaración de oposición:

a) Quienes sean o hayan sido integrantes de los órganos de dirección, gobierno, control y administración de las organizaciones políticas declaradas en oposición, tanto de los niveles nacional, departamentales, distritales y municipales;

b) Quienes hayan sido candidatos a cargo de elección popular avalados por ellos, elegidos o no.

Los afiliados a estas organizaciones, distintos a los mencionados, que acepten estos cargos podrán ser sancionados de conformidad con sus estatutos y demás normas internas.

Artículo 30. Procuraduría Delegada para la Protección de los Derechos Políticos y de la Oposición. La Procuraduría General de la Nación contará con una Procuraduría Delegada para la Protección de los Derechos Políticos y de la Oposición en la forma que este organismo lo determine.

En el mes de marzo de cada año, el Procurador General presentará un informe a cada una de las cámaras del Congreso de la República sobre el grado de observancia de los derechos contemplados en este Estatuto, el cual deberá incorporarse al orden del día para su debate, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de las sesiones ordinarias.

El informe deberá contener un balance del ejercicio del derecho fundamental a la oposición en el nivel nacional, departamental y municipal así el nivel de cumplimiento de los derechos consagrados en el presente Estatuto.

Parágrafo transitorio. Para asegurar el correcto ejercicio de lo señalado en este artículo, concédase precisas facultades al Presidente de la República, por el término de seis (6) meses, para reformar la Procuraduría General de la Nación en los aspectos estrictamente necesarios para la entrada en funcionamiento de la Procuraduría Delegada para la Protección de los Derechos Políticos y de la Oposición.

Artículo 31. Seguridad para los miembros de las organizaciones políticas que se declaren en oposición. En el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el Gobierno nacional estructurará programas de protección y seguridad con enfoque diferencial y de género para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición.

CAPÍTULO V

Disposiciones finales

Artículo 32. Pérdida de derechos de la oposición. Los derechos reconocidos en esta ley a las organizaciones políticas se mantendrán mientras esté vigente la declaración de oposición. En caso contrario se perderán.

En consecuencia, la Autoridad Electoral cancelará el correspondiente registro como organización política de oposición, reliquidará la financiación correspondiente y reasignará los espacios en radio y televisión. Las corporaciones públicas de elección popular elegirán nuevo miembro de la Mesa Directiva y se remplazará la participación en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

Artículo 33. Vigencia y derogaciones. La presente ley rige a partir del veinte (20) de julio de 2018 y deroga todas las disposiciones que le sea contrarias, en especial los artículos 32 a 35 y 50 de la Ley 130 de 1994.

De los honorables Senadores,

 

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Bogotá, D. C., 16 de marzo de 2017

Doctor

CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE

Presidente Honorable Comisión Primera

Senado de la República

Ciudad

Señor Presidente:

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio del Interior, de manera atenta y conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del Acto Legislativo número 01 de 2016, avala las propuestas incluidas en el pliego de modificaciones de la ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley Estatutaria número 003 de 2017 Senado y 006 de 2017 Cámara, por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las Agrupaciones Políticas Independientes - Procedimiento Legislativo Especial.

Atentamente,

 

CONSULTAR NOMBRE Y FIRMA EN ORIGINAL IMPRESO O EN FORMATO PDF

 

De conformidad con el inciso segundo del artículo 165 de la Ley 5ª de 1992, se autoriza la publicación del presente informe.

 

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TEXTO APROBADO POR LAS COMISIONES PRIMERAS DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA Y DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 003 DE 2017  SENADO, 006 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se adopta el Estatuto  de la Oposición Política y algunos derechos  a las Organizaciones Políticas Independientes.

El Congreso de Colombia, en virtud del procedimiento legislativo especial para la paz,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. La presente ley estatutaria establece el marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y algunos derechos de las organizaciones independientes.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, entiéndase por organizaciones políticas a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, así como a los grupos significativos de ciudadanos, las agrupaciones políticas y movimientos sociales con representación en las corporaciones públicas de elección popular.

Por Gobierno entiéndase, según corresponda, al nacional encabezado por el Presidente de la República, y a las administraciones departamentales, distritales y municipales, encabezadas por el respectivo gobernador, alcalde distrital o municipal.

Por Autoridad Electoral se entiende al Consejo Nacional Electoral o la entidad que haga sus veces.

Por réplica se entiende el derecho que le asiste a las organizaciones políticas declaradas en oposición a responder y controvertir declaraciones que sean susceptibles de afectarlas por tergiversaciones graves y evidentes en los términos establecidos en el artículo 17 de la presente ley.

Artículo 3°. Derecho fundamental a la oposición política. De conformidad con los artículos 40 y 112 de l a Constitución Política, la oposición es un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas.

Artículo 4°. Finalidades. La oposición política permite proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de gobierno, mediante los instrumentos señalados en el presente Estatuto, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras leyes.

Artículo 5°. Principios rectores. Las normas que establece el presente Estatuto deben interpretarse a partir, entre otros, de los siguientes principios:

a) Construcción de la Paz Estable y Duradera. El Estatuto de Oposición aquí consagrado se soporta en el reconocimiento de la legitimidad de la oposición política como elemento central de la resolución pacífica de las controversias.

b) Principio democrático. El derecho fundamental a la oposición e independencia política es una condición esencial de la democracia participativa y debe realizarse reconociendo los valores de la convivencia, la tolerancia, la deliberación pública y el respeto a las diferencias.

c) Participación política efectiva. El Estado garantizará a todas las organizaciones políticas el ejercicio de la oposición, incluyendo la movilización y la protesta social.

d) Ejercicio pacífico de la deliberación política. El proceso de reincorporación política de los actores en armas requiere el respeto efectivo del derecho a la oposición política.

e) Libertad de pensamiento y opiniones. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan del debate democrático.

f) Pluralismo político. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan del debate democrático.

g) Equidad de género. Las organizaciones políticas declaradas en oposición compartirán el ejercicio de los derechos que le son propios entre hombres y mujeres, de manera paritaria, alternante y universal.

h) Armonización con los convenios y tratados internacionales. Los derechos establecidos en este Estatuto se interpretarán de conformidad con los tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia. Dicha interpretación se hará de la manera más amplia posible en función de garantizar el ejercicio de los derechos políticos.

Artículo 6°. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, las organizaciones políticas deberán optar por:

1. Declararse en oposición.

2. Declararse independiente.

3. Declararse organización de gobierno.

Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no podrán acceder a los derechos que se le reconocen a las organizaciones políticas de oposición o independientes, en la presente ley.

Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República y otra en la Cámara de Representantes, durante el período de estas corporaciones. Terminados los escrutinios electorales, la autoridad electoral les expedirá las respectivas credenciales.

Quienes resultaren elegidos mediante esta fórmula, serán miembros adicionales de las actuales Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y, con la agrupación política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en este artículo y harán parte de la bancada de la misma agrupación política.

Artículo 7°. Niveles territoriales de oposición política. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán declararse en oposición, en cualquiera de los niveles de gobierno de que trata el artículo 2° de esta ley.

Los grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales con representación en las corporaciones públicas de elección popular podrán declararse en oposición al correspondiente nivel gobierno así:

1. Las que tengan representación en el Congreso de la República lo podrán hacer frente al Gobierno nacional.

2. Las que tengan representación en las asambleas departamentales lo podrán hacer frente a la respectiva administración departamental.

3. Las que ostenten representación en los concejos municipales y distritales lo podrán hacer frente a la respectiva administración municipal o distrital.

Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales respectivos, durante el periodo de estas corporaciones. Con la agrupación política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en este artículo y harán parte de la bancada de la misma agrupación política.

Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador, Alcalde Distrital y Municipal, y previo a la de las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales, respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo puesto en votación, deberán manifestar por escrito ante la comisión escrutadora competente, su decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

Si no hay aceptación de la curul, se aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de todas las curules de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, la autoridad electoral les expedirá las credenciales como diputados y concejales distritales y municipales a los que ocuparon los segundos puestos en la votación para los mismos cargos y aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de las curules restantes de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

Artículo 8°. Competencia para efectuar la declaración política. En el caso de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la declaración política o su modificación se adoptará, en cada nivel territorial, de conformidad con lo establecido en sus estatutos.

Cuando se trate de grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales con representación en corporaciones públicas de elección popular, la decisión se adoptará por los miembros de la bancada en la correspondiente corporación pública.

Parágrafo transitorio. Mientras los estatutos de los partidos y movimientos políticos con personería definen el mecanismo o autoridad competente para realizar la declaración política o su modificación, le corresponderá a la bancada de la corporación pública realizar respectiva declaración.

Artículo 9°. Registro y publicidad. La declaración política deberá registrarse ante la correspondiente Autoridad Electoral, que la inscribirá en el registro único de partidos y movimientos políticos. A partir de la inscripción se harán exigibles los derechos previstos en esta ley.

La Autoridad Electoral publicará y actualizará en su página web las respectivas declaraciones.

Artículo 10. Representación de las organizaciones políticas para el ejercicio y protección de los derechos de oposición e independientes. Para el ejercicio de los derechos derivados de la declaración de oposición e independencia, y para activar los mecanismos de protección, se tendrán como representantes de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, a las autoridades territoriales y nacionales que definan sus estatutos.

Tratándose de grupos significativos de ciudadanos con representación en corporaciones públicas de elección popular, se tendrá a su comité promotor y a los miembros de la bancada.

Tratándose de movimientos sociales con representación en corporaciones públicas de elección popular, se tendrá a quienes figuren como representantes legales de las mismas y a los miembros de las correspondientes bancadas.

CAPÍTULO II

De los derechos de la oposición política

Artículo 11. Derechos. Las organizaciones políticas declaradas en oposición de que trata la presente ley, tendrán los siguientes derechos específicos:

a) Financiación adicional para el ejercicio de la oposición;

b) Acceso a los medios de comunicación social del Estado o que hacen uso del espectro electromagnético;

c) Acceso a la información y a la documentación oficial;

d) Derecho de réplica;

e) Participación en Mesas Directivas de Plenarias de las corporaciones públicas de elección popular;

f) Participación en la Agenda de las Corporaciones Públicas;

g) Garantía del libre ejercicio de los derechos políticos;

h) Participación en la Comisión de Relaciones Exteriores;

i) Derecho a participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular;

j) Derecho a la sesión exclusiva sobre el Plan de Desarrollo y presupuesto.

Artículo 12. Financiación adicional para el ejercicio de la oposición. Se apropiará una partida adicional para el Fondo Nacional de Financiación Política, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del financiamiento del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, con destino a aquellos declarados en oposición al Gobierno nacional. Esta partida se distribuirá en partes iguales entre todos ellos.

Artículo 13. Acceso a los medios de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espectro electromagnético. Sin perjuicio de los espacios institucionales para la divulgación política otorgados a todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la Autoridad Electoral asignará entre las organizaciones políticas con representación en las corporaciones públicas de elección popular que se declaren en oposición, espacios adicionales en medios de comunicación social del Estado y los que hac en uso del espectro electromagnético. Para radio y televisión, se hará de la siguiente manera:

a) Asignará, en cada canal de televisión y emisora, al menos 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía;

b) Determinará la duración, frecuencia y fechas de emisión de los espacios, con el apoyo técnico de la Autoridad Nacional de Televisión y del Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, según sea el caso;

c) Para el ejercicio de la oposición al Gobierno nacional, se asignarán solamente en medios de comunicación con cobertura nacional. Para el ejercicio de la oposición a nivel territorial, se asignarán espacios de acuerdo a la cobertura y correspondencia de los medios con el nivel territorial;

d) El cincuenta por ciento (50%) del tiempo se asignará en partes iguales, y el otro cincuenta por ciento (50%) con base en el número de escaños que tenga cada organización en el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos municipales o distritales, según corresponda;

f) El costo de los espacios será asumido con cargo al Presupuesto General de la Nación, para lo cual se apropiarán anualmente las partidas necesarias;

g) Para las concesiones o títulos que se asignen, renueven o prorroguen a partir de la vigencia de esta ley, los tiempos necesarios para el cumplimiento de lo aquí ordenado constituye una obligación especial del servicio a cargo de los concesionarios u operadores;

h) En los espacios otorgados para divulgación política en los medios de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espectro electromagnético, las organizaciones políticas deberán garantizar la participación paritaria entre hombres y mujeres;

i) La Autoridad Electoral reglamentará la materia.

Artículo 14. Acceso a medios de comunicación en instalación del Congreso. En la instalación de las sesiones del Congreso por parte del Presidente de la República, luego de la transmisión oficial, las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional tendrán un tiempo de veinte (20) minutos para presentar sus observaciones y dar a conocer los planteamientos alternativos, en los mismos medios de comunicación social utilizados para la transmisión oficial. De no ser posible construir un acuerdo entre las organizaciones políticas declaradas en oposición, el tiempo será distribuido en proporción a su representación en el Congreso.

Parágrafo. La Autoridad Electoral reglamentará la materia, así como las condiciones en que este derecho pueda extenderse al ejercicio de la oposición a las administraciones departamentales, distritales y municipales, siempre garantizando condiciones de equidad y proporcionalidad en relación espacios, tiempos y medios utilizados por los gobiernos locales.

Artículo 15. Acceso a medios de comunicación en alocuciones presidenciales. Cuando el Presidente de la República haga alocuciones oficiales en medios de comunicación que usan el espectro electromagnético, las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional, tendrán en el transcurso de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas, en los mismos medios, con igual tiempo y horario, espacios para controvertir la posición del gobierno. Esta opción tendrá un límite de tres veces en el año. De no ser posible construir un acuerdo entre las organizaciones políticas declaradas en oposición, el tiempo será distribuido en proporción a su representación en el Congreso.

Parágrafo. La Autoridad Electoral reglamentará la materia, así como las condiciones en que este derecho pueda extenderse al ejercicio de la oposición a las administraciones departamentales, distritales y municipales.

Artículo 16. Acceso a la información y a la documentación oficial. Las organizaciones políticas que se declaren en oposición tendrán derecho a que se les facilite, en forma preferencial y con celeridad, la información y documentación oficial, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud.

Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 258 de la ley 5ª de 1992.

Artículo 17. Derecho de réplica. Las organizaciones políticas que se declaren en oposición tendrán el derecho de réplica en los medios de comunicación social del Estado o que utilicen el espectro electromagnético, frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por el Presidente de la República, ministros, gobernadores, alcaldes, secretarios de despacho, directores o gerentes de entidades descentralizadas y por cualquier otro alto funcionario oficial. En tales casos la organización política interesada en ejercer este derecho, podrá responder en forma oportuna, y con tiempo, medio y espacio por lo menos iguales al que suscitó su ejercicio, y en todo caso que garanticen una amplia difusión.

Cuando los ataques mencionados se produzcan en alocuciones o intervenciones oficiales, haciendo uso de los espacios que la ley reserva para este tipo de funcionarios en los medios de comunicación social del Estado o que utilicen el espectro electromagnético, se solicitará la protección del derecho en los términos establecidos en esta ley y se concederá en condiciones de equidad para que el representante de la organización de oposición pueda responder en forma oportuna, y con tiempos y medios similares, y que en todo caso garanticen una amplia difusión.

Cuando los ataques mencionados por una intervención o declaración de los funcionarios enunciados, transmitida en los noticieros y programas de opinión que se emitan en los medios de comunicación social del Estado, que utilicen el espectro electromagnético, el medio de comunicación donde se emitió la declaración deberá dar la oportunidad a la organización de oposición afectada de responder y controvertir el ataque. Cuando el medio de comunicación en el cual se haya emitido el ataque haya dado oportunidad de respuesta, no procederá en ningún caso el derecho de réplica.

Si el medio no concede la oportunidad de responder al afectado y quien así se considere contacta al medio de comunicación, dentro de los tres días siguientes a la emisión de las declaraciones, y este se niega a permitir su intervención, la organización de oposición afectada podrá acudir a la acción de protección de los derechos de oposición en los términos previstos en el artículo 28 de la presente ley.

En todo caso, la réplica se otorgará con base en el principio de buena fe y de forma oportuna, y con tiempo y medio proporcionales, y en un espacio por lo menos similar al que suscitó su ejercicio, y en todo caso que garantice una difusión amplia con respeto por la libertad del noticiero o espacio de opinión para elaborar la respectiva nota informativa o de opinión. Los contenidos completos de la réplica deben estar disponibles en la versión electrónica de los medios de comunicación.

Artículo 18. Participación en Mesas Directivas de Plenarias de corporaciones públicas de elección popular. Las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la correspondiente corporación pública, tendrán participación a través de al menos una de las posiciones de las Mesas Directivas del Congreso de la República, las asambleas departamentales, los concejos distritales o municipales. Los candidatos para ocupar la plaza que le corresponda a la oposición solo podrán ser postulados por dichas organizaciones.

La organización política que hubiese ocupado este lugar en las Mesas Directivas no podrá volver a ocuparlo hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan.

Esta representación debe alternarse en períodos sucesivos entre hombres y mujeres.

Artículo 19. Participación en la Agenda de las Corporaciones Pública. Los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la respectiva corporación pública de elección popular, según sus prioridades y de común acuerdo entre ellos, tendrán derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria y comisiones permanentes, tres (3) veces durante cada legislatura del Con greso, y una (1) vez durante cada período de sesiones ordinarias de la asamblea departamental, concejo distrital o municipal, según corresponda. El orden del día podrá incluir debates de control político. La Mesa Directiva deberá acogerse y respetar ese orden del día.

Cuando en una sesión no se hubiere agotado el orden del día señalado para esta, hasta máximo en la siguiente se continuará con el mismo orden.

El orden del día que por derecho propio determinan los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición, sólo podrá ser modificado por ellos mismos.

Artículo 20. Participación en la Comisión de Relaciones Exteriores. Para la selección de los miembros del Senado de la República en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se elegirá al menos un principal y un suplente de las organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional y con representación en dicha cámara, de los cuales uno será mujer. Los candidatos solo podrán ser postulados por dichas organizaciones.

Artículo 21. Derecho a participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular. Las organizaciones políticas con representación en las corporaciones públicas de elección popular declaradas en oposición tendrán derecho a una participación adecuada y equitativa en los programas de radio, televisión, publicaciones escritas y demás herramientas de comunicación que estén a cargo de la respectiva corporación pública de elección popular.

Artículo 22. Debate sobre el Plan de Desarrollo y Presupuesto. Antes de finalizar cada año del período constitucional, el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales, presentarán a la respectiva corporación pública de elección popular, un informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión.

Los gobiernos deberán poner a disposición de la ciudadanía el informe en la página web y demás canales digitales que para tal efecto disponga cada entidad.

El informe será debatido en plenaria dentro de los treinta (30) días siguientes de su radicación. Para ello, las organizaciones políticas declaradas en oposición y en independencia tendrán derecho a que se realice una sesión exclusiva en la respectiva corporación pública de elección popular para exponer sus posturas y argumentos frente a dicho informe. La presencia del gobierno será obligatoria.

Parágrafo. Para el caso del Gobierno nacional, en el informe deberá especificarse el cumplimiento de metas sobre el Plan de Desarrollo y el monto total de la inversión que se realizó en cada departamento y región, la distribución sectorial de la inversión a nivel departamental, los programas que se implementaron en cada sector y la entidad competente de su ejecución.

Para el caso de los departamentos, en el informe deberá especificarse el cumplimiento de metas sobre el Plan de Desarrollo y el monto total de la inversión que se realizó en cada municipio, la distribución sectorial de la inversión a nivel departamental, los programas que se implementaron en cada sector y la entidad competente de su ejecución.

Para el caso de los municipios y distritos, en el informe deberá especificarse el cumplimiento de metas sobre el Plan de Desarrollo y el monto total de la inversión que se realizó en el municipio, en los corregimientos, comunas o localidades, la distribución sectorial de la inversión, los programas que se implementaron en cada sector y la entidad competente de su ejecución.

Artículo 23. Derechos de oposición en las Juntas Administradoras Locales. Las organizaciones políticas declaradas en oposición a los gobiernos municipales y distritales, y con representación en las Juntas Administradoras Locales, tendrán dentro de ellas los siguientes derechos: participación en las Mesas Directivas de Plenarias, participación en la agenda de la corporación pública en los términos de esta ley y a participar en las herramientas de comunicación de la corporación pública.

Artículo 24. Curules en Senado y Cámara de Representantes. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República y otra en la Cámara de Representantes, durante el periodo de estas corporaciones. Terminados los escrutinios electorales, la autoridad electoral les expedirá las respectivas credenciales.

Quienes resultaren elegidos mediante esta fórmula, serán miembros adicionales de las actuales comisiones constitucionales permanentes del Senado de la República y de la Cámara de representantes y, con la organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 6º de esta ley y harán parte de bancada de la misma organización política.

Artículo 25. Curules en las corporaciones públicas de elección popular de las entidades territoriales. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales respectivos, durante el periodo de estas corporaciones. Con la organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 7º de esta ley y harán parte de la misma organización política.

Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, la autoridad electoral les expedirá, previa aceptación, las credenciales como diputados y concejales distritales y municipales a los que ocuparon los segundos puestos en la votación para los mismos cargos y aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución para la distribución de las curules restantes de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

Si no hay aceptación de la curul se aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de todas las curules de Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales por población.

CAPÍTULO III

De las Organizaciones Políticas Independientes

Artículo 26. Organizaciones Políticas Independientes. Las organizaciones políticas que cuentan con representación en las corporaciones públicas de elección popular, que no hac en parte del gobierno, ni de la oposición, deberán declararse como independientes. Sin perjuicio de los que le asisten a toda organización política, tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular;

b) Postular los candidatos a las Mesas Directivas de los cuerpos colegiados previstos en este Estatuto, en ausencia de organizaciones políticas declaradas en oposición, o de postulaciones realizadas por estas últimas;

c) Para la selección de los miembros de la Cámara de Representantes en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se elegirá al menos un principal y un suplente de las organizaciones políticas declaradas como independientes y con representación en dicha cámara, de los cuales uno será mujer. Los candidatos solo podrán ser postulados por dichas organizaciones.

Si la organización modifica su declaración política, las corporaciones públicas de elección popular elegirán nuevo miembro de la Mesa Directiva y se remplazará la participación en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en caso de ser procedente.

Artículo 27. Protección a la declaración de independencia. No podrán ser designados en cargos de representación política, ni directores, gerentes o jefes de entidades públicas en el gobierno, ni dentro de los seis meses siguientes a su retiro de la organización política, mientras se mantenga la declaración de independencia:

a) Quienes sean o hayan sido integrantes de los órganos de dirección, gobierno, control y administración de las organizaciones políticas declaradas en independencia, tanto de los niveles nacional, departamentales, distritales y municipales;

b) Quienes hayan sido candidatos a cargo de elección popular avalados por ellos, elegidos o no.

Los afiliados a estas organizaciones, distintos a los mencionados, que acepten estos cargos podrán ser sancionados de conformidad con sus estatutos y demás normas internas.

CAPÍTULO IV

De los mecanismos de protección de los derechos  de la oposición

Artículo 28. Acción de Protección de los Derechos de Oposición. Para la protección de los derechos que se consagran en esta ley, las organizaciones políticas que se declare n en oposición tendrán una acción de carácter especial ante la Autoridad Electoral, con las siguientes características:

a) Se instaurará dentro de un término que permita establecer una relación de inmediatez, oportuna y razonable, con los hechos que vulneran el derecho respectivo;

b) La solicitud será suscrita por el representante de la respectiva organización política en el que se indicará contra quien se dirige, la conducta objeto de reproche, los hechos, las pruebas y fundamentos de derecho que la sustentan y la medida que, a su juicio, debe tomar la Autoridad Electoral para proteger el derecho;

c) La Autoridad Electoral someterá a reparto la solicitud en las veinticuatro (24) horas siguientes a su recibo. El inicio de la actuación administrativa será comunicado a las partes;

d) El ponente podrá convocar a las partes a audiencia para asegurar el derecho de contradicción y contribuir a la pronta adopción de la decisión, la que podrá notificarse en estrados, caso en el cual el recurso deberá interponerse y sustentarse inmediatamente. La audiencia podrá suspenderse y reiniciarse en caso de ser necesario;

e) En caso en que no se convoque a dicha audiencia, el accionado podrá ejercer su derecho de defensa por escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación del inicio de la actuación;

f) Tratándose del derecho de réplica la audiencia será obligatoria y deberá realizarse dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al reparto de la solicitud. La decisión se notificará en estrados;

g) La Autoridad Electoral está facultada para tomar todas las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho vulnerado, incluida la adopción de medidas cautelares;

h) Si se protege el derecho, se ordenará su cumplimiento dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes;

i) La Autoridad Electoral sancionará a toda persona natural o jurídica, o entidad pública, que incumpla las órdenes emitidas, con multas entre diez (10) y mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 29. Inhabilidades. No podrán ser designados en cargos de representación política, ni directores, gerentes o jefes de entidades públicas en el gobierno, ni dentro de los seis meses siguientes a su retiro de la organización política, mientras se mantenga la declaración de oposición:

a) Quienes sean o hayan sido integrantes de los órganos de dirección, gobierno, control y administración de las organizaciones políticas declaradas en oposición, tanto de los niveles nacional, departamentales, distritales y municipales;

b) Quienes hayan sido candidatos a cargo de elección popular avalados por ellos, elegidos o no.

Los afiliados a estas organizaciones, distintos a los mencionados, que acepten estos cargos podrán ser sancionados de conformidad con sus estatutos y demás normas internas.

Artículo 30. Procuraduría Delegada para la Protección de los Derechos Políticos y de la Oposición. La Procuraduría General de la Nación contará con una Procuraduría Delegada para la Protección de los Derechos Políticos y de la Oposición en la forma que este organismo lo determine.

En el mes de marzo de cada año, el Procurador General presentará un informe a cada una de las Cámaras del Congreso de la República sobre el grado de observancia de los derechos contemplados en este Estatuto, el cual deberá incorporarse al orden del día para su debate, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de las sesiones ordinarias.

Parágrafo transitorio. Para cumplir las funciones relacionadas con este artículo, concédase facultades al Procurador General para reformar la entidad en los aspectos necesarios, así como en todos los asuntos relacionados con la implementación de los acuerdos de paz, en esta materia.

Artículo 31. Seguridad para los miembros de las organizaciones políticas que se declaren en oposición. En el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el Gobierno nacional estructurará programas de protección y seguridad con enfoque diferencial y de género para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición.

CAPÍTULO V

Disposiciones finales

Artículo 32. Pérdida de derechos de la oposición. Los derechos reconocidos en esta ley a las organizaciones políticas se mantendrán mientras esté vigente la declaración de oposición. En caso contrario se perderán.

En consecuencia, la Autoridad Electoral cancelará el correspondiente registro como organización política de oposición, reliquidará la financiación correspondiente y reasignará los espacios en radio y televisión. Las corporaciones públicas de elección popular elegirán nuevo miembro de la Mesa Directiva y se remplazará la participación en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

Artículo 33. Vigencia y derogaciones. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sea contrarias, en especial los artículos 32 a 35 y 50 de la Ley 130 de 1994.

En los anteriores términos fue aprobado Proyecto de Ley Estatutaria número 003 de 2017 Senado, 006 de 2017 Cámara de 2017, por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las Organizaciones Políticas Independientes, como consta en la sesión del día 7 de marzo de 2017, Acta número 04 Sesiones Conjuntas ¿ Periodo Legislativo para la Paz.

Ponentes:

 

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[1][1]   Constitución Política de Colombia.

[2][2]   Artículo 5° del Acto Legislativo número 2 de 2015.

 

[3][3]   Sentencia C-089 de 1994.

 

[4][4]   Los últimos tres incisos hacen parte del artículo 1° del Acto Legislativo número 2 de 2015. Subrayados por el Ministerio del Interior.

 

[5][5]   Las sesiones tuvieron lugar en las instalaciones del Congreso de la República.