INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 192 DE 2012 CÁMARA, 16 DE 2012 SENADO

por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia.

Bogotá, D

Bogotá, D. C.,

Doctor

GUSTAVO HERNÁN PUENTES DÍAZ

Presidente Comisión Primera

Honorable Cámara de Representantes

Ciudad

Asunto: Presentación informe de ponencia para primer debate en segunda vuelta al Proyecto de Acto Legislativo número 16 de 2012 Senado, 192 de 2012 Cámara, por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia.

En nuestra condición de ponentes del Proyecto de Acto Legislativo número 16 de 2012 Senado, 192 de 2012 Cámara, por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia, nos permitimos presentar ponencia positiva para primer debate en la Comisión Pri mera de la honorable Cámara de Representantes.

 

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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN SEGUNDA VUELTA AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 16 DE 2012 SENADO, 192 DE 2012 CÁMARA

por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la designación que hiciera la Mesa Directiva de la honorable Comisión Primera de la Cámara de Representantes, nos permitimos presentar informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Acto Legislativo número 16 de 2012 Senado, 192 de 2012 Cámara, por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia.

La aprobación en primera vuelta al proyecto de acto legislativo evidencia el respaldo mayoritario, entusiasta y decidido del Congreso de la República a esta iniciativa del Gobierno Nacional, que pretende brindar a la Fuerza Pública colombiana las garantías de seguridad jurídica que requiere su accionar y su compleja misión institucional.

Por cuenta de ese propósito, el proyecto ha sido objeto de un hondo y constructivo debate a lo largo de su trámite en la Cámara de Representantes y el Senado de la República, materializado en un texto conciliado en primera vuelta los días 12 y 13 de junio de 2012. El articulado, si bien guarda algunas diferencias con el aprobado por esta honorable Corporación en primer y segundo debate, mantiene el espíritu de la reforma y recoge en últimas el clamor de la Fuerza Pública por unas reglas claras para la investigación y juzgamiento de sus miembros, mayores garantías en el proceso y, en general, por el fortalecimiento de la Justicia Penal Militar.

Ahora bien, el pasado 30 de agosto se surtió una audiencia pública citada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, para la cual se hizo una amplia convocatoria a la ciudadanía en general, al Gobierno Nacional, representantes de la sociedad civil y diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos.

El primero en intervenir fue el doctor Gustavo Gallón, Director de la Comisión Colombiana de Juristas, quien presentó algunos reparos a la propuesta legislativa. En concreto, el doctor Gallón cuestionó la lista de delitos excluidos del conocimiento de la Justicia Penal Militar, al considerarla restrictiva y arbitraria, y controvirtió que sea esta jurisdicción la encargada de conocer de las graves infracciones al DIH, excluyendo la competencia de la justicia ordinaria. A continuación, manifestó su preocupación por la propuesta de armonización, vía ley estatutaria, entre la legislación interna y el DIH, pues considera que esto puede flexibilizar y desnaturalizar los mandatos y restricciones de esas normas, incorporadas al bloque de constitucionalidad.

Posteriormente, los Generales (R) Jaime Ruiz y Rodrigo Quiñónez, Presidente y miembro de la ACORE respectivamente, destacaron que este proyecto no busca generar de modo alguno impunidad. En ese sentido, hicieron un llamado a proteger a la Fuerza Pública y brindarle herramientas de seguridad jurídica para acometer su labor. El General Quiñónez hizo a su vez una distinción entre acto del servicio y actos en relación con el servicio, para explicar la inconveniencia de una lista cerrada de delitos en la Constitución.

Luego, intervino el general (R) José Arturo Camelo, decano de la Facultad de Derecho de la Escuela Militar de Cadetes quien expresó, entre otras, su inconformidad con la lista de conductas excluidas del conocimiento de la Justicia Penal Militar y reiteró la conveniencia de preservar, tal como está en la Constitución Política, el artículo 221.

Finalmente el doctor Luis Manuel Neira, Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional afirmó que lo que se busca es una reforma integral a la Justicia Penal Militar que brinde a la Fuerza Pública un marco legal claro para acometer su misión institucional, y no del fuero, al señalar que el actual inciso 1° del 221 constitucional no se modifica por cuenta de esta reforma. En ningún momento con la iniciativa, afirma, se genera impunidad o se afecta el núcleo esencial de los derechos fundamentales, ya que dicho núcleo, desde la óptica del DIH, resulta igualmente restrictivo. Nunca, recalca el funcionario, so pretexto de este proyecto podría un abuso sexual volverse un acto del servicio o una habilitación para bombardear casas de civiles, máxime si se reconoce el respeto que la Fuerza Pública profesa por los Derechos Humanos y el esfuerzo histórico que el Ministerio ha hecho para inculcar, difundir y consolidar esa doctrina.

Por otra parte, y con el ánimo de recaudar otros conceptos sobre la iniciativa, se convocó una nueva audiencia pública llevada a cabo en la Segunda Brigada del Ejército de la ciudad de Barranquilla, el pasado 7 de septiembre.

El primero en intervenir en dicho evento fue el doctor Guillermo Polo, Alto Consejero para la Seguridad de la Gobernación del Atlántico, quien evidenció la necesidad de apoyar a la Fuerza Pública con un marco normativo que le permita acometer con éxito su tarea. En el mismo sentido se pronunció el doctor Ricardo Plata de Fundesarrollo, quien respaldó el esfuerzo del Congreso por sacar adelante este proyecto de acto legislativo.

Acto seguido, intervino el doctor César Suárez, Director Seccional de Fiscalías quien sobre el Tribunal de Garantías expresó, entre otras consideraciones, que este debería ser un Tribunal de Garantías Penales Militares, sin función preferente sobre el ámbito penal de Justicia Ordinaria. A su vez resaltó que dar al citado Tribunal la función de dirimir conflictos de competencia sustrae al Consejo Superior de la Judicatura de una función asignada a esta corporación en la Constitución Política.

Posteriormente, el doctor Efraín Largo, en representación de ¿Empresas Jurídicas Prepagadas¿ cuestionó el fondo de defensa técnica por estimar que vulnera el principio de igualdad, al otorgar a la Fuerza Pública un tratamiento especial, e impide el libre ejercicio de la profesión de abogado, toda vez que permitirá acceder a una defensa pública, restringiendo el campo de acción de entidades como la que él representa.

Hechas esas intervenciones el señor Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, se dirigió a los asistentes para recordar que el proyecto de acto legislativo en estudio no promueve en ningún sentido la impunidad, sino que propende por el fortalecimiento de la Justicia Penal Militar y por otorgar herramientas jurídicas y técnicas a los casos en que se vean inmersos los miembros de la Fuerza Pública. A su vez, resaltó la importancia de preservar la defensoría técnica y los centros especiales de reclusión, y destacó la importancia que ha adquirido la Justicia Penal Policial, por cuenta de la transformación del conflicto. El General Alejandro Navas Ramos, Comandante General de las Fuerzas Militares reiteró ese sentir y agradeció al Congreso y a la Comisión Primera de la Cámara por su disposición para sacar adelante esta iniciativa.

Finalmente, los Representantes Óscar Bravo y Alfonso Prada manifestaron su apoyo al proyecto de acto legislativo y resaltaron la necesidad de (1) brindar a la Fuerza Pública la seguridad jurídica que requiere. (2) Crear un Tribunal de Garantías Especializado. (3) Preservar la Comisión Mixta como ente de coordinación entre la Justicia Penal Militar y la Justicia Ordinaria. (4) Instituir los centros especiales de reclusión, y (5) Establecer una defensoría técnica especializada a cargo del Estado, que no genera desigualdad en razón a que esta provendrá de la misma Constitución Política.

Escuchados esos argumentos y hecho un sosegado estudio de la visión y alcance de esta propuesta legislativa, los designados ponentes, convencidos de la necesidad de avanzar en este proceso, presentaremos nuestra visión frente al texto aprobado en primera vuelta e insistiremos en ajustar algunas disposiciones aprobadas en la honorable Cámara de Representantes que, por cuenta de la natural discusión y debate, sufrieron variaciones durante el trámite en el honorable Senado de la República.

Tribunal de Garantías

El texto aprobado en primera vuelta es el siguiente:

Artículo 1º. Adiciónese el artículo 116 de la Constitución Política con los siguientes incisos:

Créase un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal, y ejercerá las siguientes funciones:

1. De manera preferente, servir de Juez de Control de Garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública.

2. De manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral.

3. De manera permanente, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar.

4. Las demás funciones que le asigne la ley.

El Tribunal de Garantías estará integrado por ocho (8) Magistrados, cuatro (4) de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por las Salas de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en Pleno. Los miembros de la Fuerza Pública en retiro de este Tribunal, serán elegidos de cuatro (4) ternas que enviará el Presidente de la República.

Una ley estatutaria establecerá los requisitos exigidos para ser Magistrado, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el mecanismo de postulación de candidatos, el procedimiento para su selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales.

El Tribunal de Garantías Penales ha sufrido importantes modificaciones que ¿como ya se ha dicho a lo largo del debate¿ propenden por la coherencia y armonía en el sistema de garantías para los investigados, la unidad en los criterios de interpretación en las dos jurisdicciones y la aplicación uniforme del derecho a los sujetos implicados en casos idénticos o similares.

En ese sentido, el Senado de la República da al Tribunal la función de ejercer, de manera preferente[1][1], el control de los presupuestos materiales de la acusación, pues, en su sentir, es necesario que se asegure que cualquier acusación contra un miembro de la Fuerza Pública esté adecuada y suficientemente sustentada para ir a un juicio oral.

Por otra parte, se faculta al Tribunal de Garantías Penales para dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre las dos jurisdicciones, al incluir una potestad permanente para que este órgano especializado defina a cuál de ellas corresponde el conocimiento de la investigación y juzgamiento de una presunta conducta punible, cometida por un miembro de la Fuerza Pública.

En su momento, los ponentes de la iniciativa en el honorable Senado de la República afirmaron para justificar su respaldo a esta previsión lo siguiente:

¿En virtud del artículo 256 de la Constitución, es el Consejo Superior de la Judicatura quien tiene la competencia para dirimir este tipo de conflictos. Sin embargo, la experiencia ha enseñado que la especialidad de los casos que atañen al actuar de la Fuerza Pública requiere de un conocimien to más específico y un trámite más expedito y garantista. No se trata de vaciar de competencia al órgano encargado de esta función, sino de crearla para los asuntos concretos que, en virtud de este acto legislativo, deba conocer el Tribunal de Garantías Penales¿.

A más de esa argumentación, la propuesta del honorable Senado resultaba coherente con lo aprobado hasta ese momento en la denominada reforma a la justicia, en la cual se eliminaba el Consejo Superior de la Judicatura, en la medida en que, por cuenta de ello, no había lugar a la sustracción tácita de funciones a otro órgano de creación constitucional. Empero, y dada la suerte que corrió ese proyecto de reforma, el artículo 256 de la Constitución se mantuvo incólume.

En virtud de lo anterior, los ponentes consideramos necesario evitar que, por cuenta de este artículo, se llame a confusión en cuanto al órgano encargado de dirimir la competencia en casos en los que estén inmersos los miembros de la Fuerza Pública, en razón a que dos normas de rango superior contemplarían una misma función, en cabeza de dos Tribunales diferentes.

En consecuencia, se propone preservar la citada función en el Consejo Superior de la Judicatura y, por esa vía, eliminar el numeral 3 del inciso 1° del artículo 1° del proyecto de acto legislativo.

Por otra parte, el texto conciliado privilegia la fórmula de paridad en la conformación del Tribunal y difiere a una ley estatutaria los requisitos para ser Magistrado y demás aspectos para la organización y funcionamiento del Tribunal.

Esta definición desde la Constitución de la composición del Tribunal frente al texto aprobado en Cámara es de buen recibo, en la medida en que garantiza equilibrio en las decisiones que se adopten, sin desmedro de los mecanismos de desempate a que haya lugar, y que la ley en su momento tendrá la oportunidad de regular. Así mismo, se comparte la definición desde la Norma Superior de los nominadores para las plazas de Magistrado, en cada caso.

Sin embargo, dada la decisión de este grupo de ponentes de sustraer del Tribunal la función de ser órgano permanente de definición de competencia, se estima pertinente que dicha conformación se ajuste a las realidades y desafíos que ese Cuerpo Colegiado habrá de enfrentar.

En ese sentido, se propone reducir a seis (6) el número de miembros del Tribunal de Garantías Penales.

Igualmente, con miras a dar mayor claridad desde el texto constitucional al mecanismo de elección de los Magistrados del Tribunal, se establecerá una modificación al inciso 2° del artículo. Así, se estipulará que cada una de las Cortes (Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional) elegirá a dos de los Magistrados del Tribunal, siendo uno de ellos miembro en retiro de la Fuerza Pública. Así mismo, se precisará que, en el caso del Consejo de Estado, la elección estará a cargo de la Sala de Gobierno de esta corporación.

Finalmente, en este apartado los ponentes destacan la inquietud de algunos altos oficiales en retiro de la Fuerza Pública quienes consideran importante establecer, desde el proyecto de acto legislativo, la factibilidad de homologar su tiempo de servicio con la experiencia profesional de abogado requerida para ser magistrado del Tribunal. De esa manera, su experticia y práctica en el derecho operacional, como base jurídica para la toma de decisiones, podría ser aprovechada.

No sin antes dejar constancia de su pertinencia y valía, los ponentes consideramos innecesario hacer la citada precisión, en la medida en que el texto aprobado en segundo debate en el honorable Senado de la República y preservado en la conciliación ¿cuya redacción compartimos¿ difiere a la ley estatutaria el establecimiento de requisitos para ser Magistrado, sin estipular las calidades específicas para serlo. (Hasta antes del segundo debate en Senado se contempló que para ser Magistrad o del Tribunal se debían tener las mismas calidades que para ser Magistrado de Altas Cortes).

Vale la pena, entonces, que la ley que desarrolle el citado inciso tenga en cuenta esta previsión; esto es, que contemple la posibilidad de establecer una homologación (eventualmente transitoria o por fases) de la experiencia profesional de los miembros de la Fuerza Pública en retiro, que aspiren a ser Magistrados del Tribunal de Garantías Penales.

En este orden de ideas, y vistos los anteriores considerandos, el artículo 1° del proyecto de acto legislativo quedará así:

Artículo 1º. Adiciónese el artículo 116 de la Constitución Política con los siguientes incisos:

Créase un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal, y ejercerá las siguientes funciones:

1. De manera preferente, servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública.

2. De manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral.

3. De manera permanente, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar.

4. Las demás funciones que le asigne la ley.

El Tribunal de Garantías estará integrado por seis (6) Magistrados, tres (3) de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro. Dos (2) miembros serán elegidos por las Salas de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, dos (2) por la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y dos (2) por la Corte Constitucional en Pleno. Los miembros de la Fuerza Pública en retiro de este Tribunal serán elegidos, uno (1) por cada Corte, de tres (3) ternas que enviará el Presidente de la República.

Una ley estatutaria establecerá los requisitos exigidos para ser Magistrado, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el mecanismo de postulación de candidatos, el procedimiento para su selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales.

Ley estatutaria

El texto aprobado en primera vuelta es el siguiente:

Artículo 2º. Adiciónese al artículo 152 de la Constitución Política un literal g), así:

g) Las materias expresamente señaladas en los artículos 116 y 221 de la Constitución, de conformidad con el presente acto legislativo.

Para mayor claridad y conforme a esta ponencia, se resaltan a continuación las materias objeto de desarrollo estatutario:

¿ Tribunal de Garantías (artículo 1°).

¿ Armonización del DIH y el Derecho Penal Interno (artículo 3° inciso 3°).

¿ Comisión Mixta (artículo 3° inciso 4°).

¿ Garantías de autonomía e imparcialidad de la Justicia Penal Militar (artículo 3° inciso 6°) por las razones a expresar más adelante.

Las demás disposiciones previstas en el presente acto legislativo que requieran un desarrollo normativo posterior, se regirán por el trámite de una ley ordinaria.

Delimitación de competencias entre Justicia Ordinaria y Justicia Penal Militar.

El texto aprobado en primera vuelta señala:

En ningún caso la Justicia Penal Militar o policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violencia sexual, y reclutamiento o uso de menores. Las Infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales.

Esta fórmula, sustentada por el honorable Senado en la necesidad de precisar desde la Norma Superior que la Justicia Penal Militar no podrá en ningún caso investigar o juzgar a un miembro de la Fuerza Pública cuando se presenten ciertas conductas ajenas al servicio, fue abordada con visión diferente en su paso por la honorable Cámara de Representantes.

Los suscritos ponentes, con sustento en la argumentación plasmada en las ponencias para primer y segundo debate en la honorable Cámara de Representantes, esto es para lograr flexibilidad, precisión y claridad en el proceso normativo de armonización entre el Derecho Interno y el DIH, y consolidar por esa vía las garantías procesales y seguridad jurídica deseadas para el operador judicial, el investigado y las víctimas, reafirmamos la inconveniencia de incluir desde la Constitución un listado cerrado, taxativo y pétreo de conductas ajenas al marco de la justicia castrense.

Así las cosas, con base en la redacción aprobada en primera vuelta apostaremos por preservar los delitos de lesa humanidad y genocidio ¿como lo hiciera en su momento la Plenaria la honorable Cámara¿ y sumaremos a estos dos la desaparición forzada, por su doble connotación de delito de Lesa Humanidad y Violación a los Derechos Humanos, de conformidad con la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, ratificada por Colombia mediante Ley 707 de 2001.

En conclusión, se modifica el inciso 2° del artículo 3° del proyecto de acto legislativo, el cual quedará así:

En ningún caso la Justicia Penal Militar o Policial conocerá de los crímenes de Lesa Humanidad, ni de los delitos de genocidio y desaparición forzada. tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violencia sexual, y reclutamiento o uso de menores. Las Infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales.

Marco jurídico aplicable al conflicto armado

El texto aprobado en primera vuelta indica:

Cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública en relación con un conflicto armado sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el Derecho Internacional Humanitario. Una ley especificará sus reglas de interpretación y aplicación, y determinará la forma de armonizar el Derecho Penal con el Derecho Internacional Humanitario.

En aras de preservar el espíritu de este inciso a lo largo de las cuatro ponencias y debates llevados a cabo en primera vuelta, se resaltará que será una ley estatutaria la que especifique las reglas de interpretación y aplicación del DIH y determine la forma de armonizar el derecho penal con el Derecho Internacional Humanitario.

En ese sentido, el inciso 3° del artículo 3° del proyecto de acto legislativo quedará así:

Cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública en relación con un conflicto armado sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el Derecho Internacional Humanitario. Una ley estatutaria especificará sus reglas de interpretación y aplicación, y determinará la forma de armonizar el Derecho Penal con el Derecho Internacional Humanitario.

Comisión Mixta

El texto aprobado en primera vuelta dispone:

Si en desarrollo de una acción, operación o procedimiento de la Fuerza Pública, ocurre alguna conducta que pueda ser punible y exista duda sobre la competencia de la Justicia Penal Militar, excepcionalmente podrá intervenir una Comisión Técnica de coordinación integrada por representantes de la Jurisdicción Penal Militar y de la Jurisdicción Penal Ordinaria, apoyada por sus respectivos órganos de policía judicial. La ley estatutaria regulará la composición y funcionamiento de esta comisión, la forma en que será apoyada por los Órganos de Policía Judicial de las jurisdicciones ordinarias y penal militar y los plazos que deberá cumplir.

En este punto, el grupo de ponentes respalda el alcance que a lo largo de los debates se ha dado a la Comisión Mixta, como Cuerpo Técnico y Especializado integrado por las dos jurisdicciones, que apoyaría al Tribunal de Garantías en caso de incertidumbre o duda en la definición de competencia entre la justicia ordinaria y la penal militar.

Dicho esto, se preserva la redacción aprobada en primera vuelta.

Justicia Penal Policial

La norma aprobada es la siguiente:

La ley podrá crear juzgados y tribunales penales policiales, la ley podrá adoptar un Código Penal Policial.

En este punto los ponentes consideran preferible regresar a la redacción propuesta en el proyecto de acto legislativo radicado, respaldada en su momento por la honorable Cámara de Representantes, en el sentido de aclarar que será una ley ordinaria, y no estatutaria, la que regule la creación de los Juzgados y Tribunales Penales Policiales. Del mismo modo se mejora la redacción del inciso, el cual quedará así:

La ley ordinaria podrá crear juzgados y tribunales penales policiales, la ley podrá y adoptar un Código Penal Policial.

Estructura de la Justicia Penal Militar

La propuesta fue aprobada en primera vuelta, en los siguientes términos:

La ley desarrollará las garantías de autonomía e imparcialidad de la Justicia Penal Militar. Además, regulará una estructura y un sistema de carrera propio e independiente del mando institucional.

Las garantías de autonomía e imparcialidad son el sustento de la credibilidad y eficacia de la Justicia Penal Militar, al cimentar el pilar en el que se sostiene el debido proceso y demás derechos de cualquier afectado con una decisión judicial.

Sobre esto, L.M Singhvy, relator especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y protección de minorías de la ONU afirma2:[2][2]

¿Los principios de imparcialidad e independencia constituyen en todos los Estados, los rasgos distintivos del fundamento y la legitimidad de la función judicial. Los conceptos de imparcialidad e independencia del poder judicial postulan tanto a atributos individuales como a condiciones institucionales (¿) La imparcialidad e independencia del poder judicial no son tanto privilegios del poder judicial, como Derechos Humanos de los destinatarios de la justicia¿.

Conforme a lo anterior, y en concordancia con el texto radicado por el Gobierno Nacional y aprobado por la honorable Cámara de Representantes, se aclarará que las garantías de autonomía e imparcialidad de la Justicia Penal Militar ¿connaturales a la esencia de los Derechos Humanos¿ serán desarrolladas por una ley estatutaria, conforme al artículo 152 de la C. N.

Entretanto, y precisado lo anterior, los ponentes consideramos que la creación de una unidad administrativas especial que regule la estructura y sistema de carrera propio independiente de la Justicia Penal Militar, fundamentado en las garantías de autonomía e imparcialidad a desarrollar en una ley especial, son materias propias del trámite legislativo ordinario.

En consecuencia, el inciso 6° del artículo 3° del proyecto de acto legislativo quedará así:

La ley estatutaria desarrollará las garantías de autonomía e imparcialidad de la Justicia Penal Militar. Además, una ley ordinaria regulará una estructura y un sistema de carrera propio e independiente del mando institucional.

Defensa técnica especializada

Se conserva el texto aprobado, en los siguientes términos:

Créase un fondo destinado específicamente a financiar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública, en la forma en que lo regule la ley, bajo la dependencia, orientación y coordinación del Ministerio de Defensa Nacional.

Por otra parte, los ponentes comparten el alcance dado a esta importante previsión en el honorable Senado de la República, encaminado a dar al Presidente de la República facultades extraordinarias para poner en marcha el fondo de defensa técnica y especializada. Por esa vía, los propósitos que esta disposición persigue entrarán a aplicarse en el corto plazo, y constituirán un franco espaldarazo a la ardua labor de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública Colombiana.

En ese sentido, se respalda la inclusión en primera vuelta del artículo 5° transitorio, el cual quedará así:

Artículo 5º. Transitorio. Facúltese por tres (3) meses al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para poner en marcha el Fondo de Defensa Técnica y Especializada de que trata el presente acto legislativo. Los decretos expedidos bajo esta facultad regirán hasta que el Congreso expida la ley que regule la materia.

Centros de Reclusión Especial

Texto aprobado:

Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan. Cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la Fuerza Pública.

Se preserva esta disposición, encaminada a proteger la vida e integridad de los miembros de la Fuerza Pública privados de la libertad y acatar (como se expresó en la ponencia para primer debate en la Comisión Primera de la honorable Cámara) lo dispuesto en la Sentencia T-153 de 1998, que al declarar el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario, insistió en la obligación de mantenerlos separados de los demás internos y garantizarles condiciones dignas orientadas a la resocialización.

Artículo 4° transitorio

El texto aprobado es el siguiente:

Artículo 4° transitorio. Los procesos penales que se adelanten contra los miembros de la Fuerza Pública enunciados en el artículo 3° del presente acto legislativo y que se encuentren en la justicia ordinaria, continuarán en esta. Los demás delitos continuarán en la justicia ordinaria hasta que se expida la ley estatutaria.

Los ponentes reconocen la importancia de preservar la intención de este artículo a lo largo de su trámite legislativo, para reiterar, de conformidad con esta ponencia, que la existencia de procesos iniciados en la Justicia Ordinaria contra miembros de la Fuerza Pública por los delitos de genocidio, lesa humanidad y desaparición forzada no podrán, en ningún momento, ser de conocimiento de la Justicia Penal Militar.

Así mismo, en la medida en que el inciso 2° del artículo 3° aprobado en primera vuelta no cont empla la remisión o el desarrollo posterior de dicha norma, se elimina la expresión ¿Los demás delitos continuarán en la justicia ordinaria hasta que se expida la ley estatutaria.

Así las cosas, el artículo 4° transitorio quedará así:

Artículo 4° transitorio. Los procesos penales que se adelanten contra los miembros de la Fuerza Pública por los delitos expresamente excluidos del conocimiento de la Justicia Penal Militar en el inciso 2° del artículo 3° del presente acto legislativo y que se encuentren en la justicia ordinaria, continuarán en esta. Los demás delitos continuarán en la justicia ordinaria hasta que se expida la ley estatutaria.

Proposición

En consideración a los argumentos expuestos, proponemos a la honorable Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar primer debate en segunda vuelta al Proyecto de Acto Legislativo número 16 de 2012 Senado, 192 de 2012 Cámara, por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia.

De los honorables Congresistas,

 

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PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 16 DE 2012 SENADO,

192 DE 2012 CÁMARA

por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia.

1. Se elimina el numeral 3 del inciso 1° del artículo 1 del proyecto de acto legislativo, que asigna al Tribunal de Garantías Penales la función permanente de dirimir conflictos de competencia entre las Jurisdicciones Ordinaria y Penal Militar.

2. Se modifica el inciso 2° del artículo 1°, para indicar que serán seis (6) los miembros del Tribunal de Garantías Penales, estipular parámetros para su elección y precisar que, para el caso del Consejo de Estado, será la Sala de Gobierno la encargada de la elección.

3. Se modifica el inciso 2° del artículo 3°, en el sentido de eliminar la lista de delitos excluidos del conocimiento de la Justicia Penal Militar, preservando los de Lesa Humanidad, Genocidio y Desaparición Forzada.

4. Se incluye la palabra ¿estatutaria¿ en el inciso 3° del artículo 3°, para resaltar que será una ley de esa naturaleza la que especificará las reglas de interpretación y aplicación del DIH, y determinará la forma de armonizar el Derecho Penal con el Derecho Internacional Humanitario.

5. Se modifica el inciso 5° del artículo 3°, con miras a aclarar que la creación de Juzgados y Tribunales Penales Policiales se hará mediante una ley ordinaria, y se mejora la redacción.

6. Se modifica el inciso 6° del artículo 3°, en el sentido de indicar que será una ley estatutaria la que establezca las garantías de autonomía e imparcialidad de la Justicia Penal Militar, y se aclara que su estructura y sistema de carrera serán propias del trámite legislativo ordinario.

7. Se modifica el artículo 4° transitorio, para armonizarlo con la norma propuesta en el inciso 2° del artículo 3°.

8. Se aclara la redacción del artículo 5° transitorio.

TEXTO PROPUESTO AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 16 DE 2012 SENADO, 192 DE 2012 CÁMARA

por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia.

El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1º. Adiciónese el artículo 116 de la Constitución Política con los siguientes incisos:

Créase un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal, y ejercerá las siguientes funciones:

1. De manera preferente, servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública.

2. De manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral.

3. Las demás funciones que le asigne la ley.

El Tribunal de Garantías estará integrado por seis (6) Magistrados, tres (3) de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro. Dos (2) miembros serán elegidos por las Salas de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, dos (2) por la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y dos (2) por la Corte Constitucional en pleno. Los miembros de la Fuerza Pública en retiro de este Tribunal serán elegidos, uno (1) por cada Corte, de tres (3) ternas que enviará el Presidente de la República.

Una ley estatutaria establecerá los requisitos exigidos para ser Magistrado, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el mecanismo de postulación de candidatos, el procedimiento para su selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales.

Artículo 2º. Adiciónese al artículo 152 de la Constitución Política un literal g), así:

g) Las materias expresamente señaladas en los artículos 116 y 221 de la Constitución, de conformidad con el presente acto legislativo.

Artículo 3º. El artículo 221 de la Constitución Política quedará así:

De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

En ningún caso la Justicia Penal Militar o policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio y desaparición forzada. Las Infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales.

Cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública en relación con un conflicto armado sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el Derecho Internacional Humanitario. Una ley estatutaria especificará sus reglas de interpretación y aplicación, y determinará la forma de armonizar el Derecho Penal con el Derecho Internacional Humanitario.

Si en desarrollo de una acción, operación o procedimiento de la Fuerza Pública, ocurre alguna conducta que pueda ser punible y exista duda sobre la competencia de la Justicia Penal Militar, excepcionalmente podrá intervenir una Comisión Técnica de coordinación integrada por representantes de la Jurisdicción Penal Militar y de la Jurisdicción Penal Ordinaria, apoyada por sus respectivos Órganos de Policía Judicial. La ley estatutaria regulará la composición y funcionamiento de esta comisión, la forma en que será apoyada por los Órganos de Policía Judicial de las Jurisdicciones Ordinarias y Penal Militar y los plazos que deberá cumplir.

La ley ordinaria podrá crear juzgados y Tribunales Penales Policiales, y adoptar un Código Penal Policial.

La ley estatutaria desarrollará las garantías de autonomía e imparcialidad de la Justicia Penal Militar. Además, una ley ordinaria regulará una estructura y un sistema de carrera propio e independiente del mando institucional.

Créase un fondo destinado específicamente a financiar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de l a Fuerza Pública, en la forma en que lo regule la ley, bajo la dependencia, orientación y coordinación del Ministerio de Defensa Nacional.

Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan. Cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la Fuerza Pública.

Artículo 4° transitorio. Los procesos penales que se adelanten contra los miembros de la Fuerza Pública por los delitos expresamente excluidos del conocimiento de la Justicia Penal Militar en el inciso 2° del artículo 3° del presente acto legislativo y que se encuentren en la justicia ordinaria, continuarán en esta.

Artículo 5º. Transitorio. Facúltese por tres (3) meses al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para poner en marcha el Fondo de Defensa Técnica y Especializada de que trata el presente acto legislativo. Los decretos expedidos bajo esta facultad regirán hasta que el Congreso expida la ley que regule la materia.

Artículo 6º. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación.

De los honorables Congresistas,

 

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[1][1]        La ponencia para primer debate en el honorable Senado de la República afirma en este punto que ¿la posibilidad de que (el Tribunal) tenga competencia preferente frente a la jurisdicción penal militar y a la jurisdicción ordinaria es consecuente con la propuesta integral contenida en el proyecto de acto legislativo en la medida en que la definición clara de competencias entre jurisdicciones a la cual apunta la propuesta, implica que las investigaciones a miembros de la Fuerza Pública podrá darse en una jurisdicción como en la otra, según la naturaleza del delito o su relación con el servicio, y de ahí se desprende la necesidad de precisar a nivel constitucional que el Tribunal tendrá la capacidad de actuar, cuando lo considere necesario, en las dos jurisdicciones de manera preferente, esto es, sobre los órganos coexistentes que también serían competentes para asumir como juez de control de garantías, con los claros fines y alcances contenidos en la propuesta¿.

 

[2][2]2      Documento de la ONU E/CN.4/Sub.2/1985/18, párrafo 75.