Esta publicación contiene dos leyes por medio de las cuales se dictan normas para la extinción del dominio sobre los bienes adquiridos de forma ilícita, por una parte; y por otra parte, normas tendientes a combatir la delincuencia organizada. La ley 333 define el concepto y la naturaleza de la acción de extinción de dominio, del debido proceso y derechos de terceros, procedimientos y competencias, suspensión del poder dispositivo y se crea el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado, al cual irán los bienes objeto de sanción. La Ley 365 establece las normas para combatir la delincuencia organizada, y para ello modifica varios artículos del Código Penal, Código de Procedimiento Penal, la Ley 30 de 1986, y del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, incluyendo desde la cancelación de personarías jurídicas hasta sanciones por lavado de activos.