Por medio de esta ley que modifica la Ley 9a. de 1989 y la Ley 3a. de 991, se busca además establecer los mecanismos que permitan el ordenamiento territorial, uso equitativo y racional del suelo, prevención y defensa del sistema ecológico y cultural, garantizar que la utilización del suelo se ajuste a la función social de la propiedad. Esta reforma, basada en el ordenamiento territorial, que es al mismo tiempo una función pública, busca posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructura de transporte y demás espacios públicos, propender al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y fomentar la participación ciudadana en las acciones urbanísticas a través de la conciliación.