Suprime y reforma regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios en la Administración Pública. El decreto consta de dos partes, una general que incluye el reconocimiento de personerías jurídicas, licencias de funcionamiento, de urbanismo y construcción, supresión del registro estatal de títulos profesionales y contratación pública; y una especial que establece principios para adelantar trámites específicos en cada ministerio y departamento administrativo. La normatividad va encauzada a facilitarle las diligencias al ciudadano en el sector público, y a buscar  transparencia, eficiencia y agilidad en el mismo.

Funcionario que incumpla las disposiciones del decreto estará sujeto a las sanciones contempladas para estos casos en el Código Disciplinario Único.

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